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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2008-04-17 a horas: 23:42:18

Continuará el saneamiento de tierras en la provincia Cordillera, asegura el gobierno

Comisiones de diputados y de la sociedad civil investigan casos de servidumbre en haciendas de Alto Parapetí

Redacción Bolpress

Investigarán casos de servidumbre y cautiverio de indígenas guaraníes en haciendas del chaco boliviano una comisión multipartidaria integrada por los diputados Bernabé Paredes (MAS), Willman Cardozo (Podemos), Milton Becerra (UN), Willams Chávez García (MAS), Ronald Moreno (Podemos), Jhonny Torrez (MNR) y Gualberto Choque (MAS); y una delegación de la sociedad civil conformada por representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Iglesia metodista, gremios de prensa y, probablemente, de la Iglesia Católica.

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La revuelta terrateniente en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz evidencia que la “revolución agraria” impulsada por el gobierno de Evo Morales es apenas un slogan impracticable. Pero al mismo tiempo, la violencia que ejercen los hacendados renuentes al pacto despierta el interés público en torno al grado de concentración de la propiedad de la tierra en el chaco cruceño, el trasfondo del referéndum autonómico del 4 de mayo en Santa Cruz, y la penosa situación de miles de indígenas guaraníes super explotados por sus patrones.

Los acontecimientos en Cordillera pusieron a prueba el compromiso social de la Iglesia Católica; la sensibilidad y los valores cristianos de la clase media (que se indigna cuando los indios cercan el Congreso y golpean diputadas); y la ética de ganaderos y hacendados de Santa Cruz. Podría decirse que la opinión pública está pendiente de los próximos pasos de los propietarios que concentran más la mitad de las tierras de Alto Parapetí, quienes podrían resolver pacíficamente el conflicto cediendo parte de sus propiedades en beneficio de miles de familias guaraníes sin tierra.

El grado de violencia alcanzado en la provincia Cordillera ha sensibilizado a muchas organizaciones del país y del extranjero, las cuales se convencieron de que las familias guaraníes cautivas se liberarán de la servidumbre sólo cuando reciban tierra del Estado. Ya no queda duda de que el plan de los terratenientes de la zona es defender a bala sus haciendas hasta el 4 de mayo, con la seguridad de que después serán intocables.

"Se conforma la Comisión Especial con facultad de cabeza del Ministerio Público para que investigue los hechos suscitados en Alto Parapeti, región del Chaco boliviano sobre las denuncias de vulneración de derechos humanos, sociales laborales, su condición de servidumbre, cautiverio, torturas, maltrato, agresiones, desapariciones de ciudadanos bolivianos y extranjeros", indica la resolución de la Cámara Baja aprobada este jueves.

Al término de la investigación, la comisión presentará un informe al pleno camaral para su consideración o remisión a las autoridades judiciales en caso de comprobarse actos delictivos.

El diputado Cardozo todavía no se convence de la existencia de guaraníes en condición de servidumbre y prefiere hablar de indígenas “explotados laboralmente”.Las instituciones sociales reiteran que familias guaraníes de Alto Parapetí y de otras zonas de la provincia Cordillera viven en relaciones servidumbrales desde hace muchos años, como lo ratifican decenas de investigaciones realizadas en los últimos años por la OEA, OIT y otros organismos.

Por eso, uno de los objetivos de la comisión social que viajará en los próximos días a Alto Parapetí es acompañar el proceso de saneamiento de tierras suspendido temporalmente.

En un informe presentado hoy a la Comisión de Trabajo y Derechos Laborales de la Cámara de Diputados, el ministro de Trabajo Walter Delgadillo explicó que más de 1.000 familias guaraníes del chaco boliviano son sometidas a un indigno sistema servidumbral caracterizado por “relaciones de dominación cargadas de discriminación e injusticia, por la pérdida del libre albedrío y del derecho a tener un destino propio…”. Las investigaciones de organismos internacionales, de la Defensoría del Pueblo y otras entidades, además de los testimonios y registros recogidos por anteriores gobiernos son prueba suficiente de que la servidumbre es un problema no resuelto que “mella la dignidad de todo el país y provoca la permanente interpelación de los organismos al Estado boliviano, el cual no puede calificarse de democrático si arrastra este estigma”, afirma Delgadillo.

El ministro y decenas de activistas e investigadores opinan la solución integral y definitiva de este problema depende de la redistribución de la propiedad agraria y de la dotación de tierras a las familias guaraníes explotadas.

El vocero de la Presidencia Iván Canelas aclaró que el retorno del viceministro de Tierras Alejandro Almaraz a la ciudad de La Paz no significa que el proceso de saneamiento tierras se haya detenido.

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