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Área: Sociedad >> Sociedad
Actualizado el 2008-04-14 a horas: 17:17:22

En la Carta Pastoral “Tierra, madre fecunda para todos”, afirma que la concentración en pocas manos en tierras bajas genera “situaciones de dependencia y opresión”

Iglesia Católica condena el “escandaloso” e “injusto” latifundio; pide a productores no dejarse usar por “traficantes de tierras”

“Con qué felicidad se derrama la suciedad entre nosotros, se nos habla de que hay lugares llenos de esclavos; pues nadie está de acuerdo con eso, pero que nos muestren la verdad, que nos digan dónde los encontramos. No es posible que sigamos condenándonos sólo con slogans y palabras ofensivas”, dijo el domingo el cardenal Julio Terrazas en una homilía. El viceministro de Tierras Alejandro Almaraz no cree que el ánimo de la máxima autoridad de la Iglesia Católica boliviana haya sido proteger el latifundio y esconder a los indígenas cautivos en haciendas del chaco.

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El dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Wilson Changaray criticó al cardenal por defender a los terratenientes de Santa Cruz y le invitó a visitar el chaco para comprobar que los terratenientes de Santa Cruz mantienen a los indígenas en cautiverio en pleno Siglo XXI. Un sacerdote de la localidad de Cuevo, en su calidad de "buen pastor que permanece junto a su pueblo", confirmó que los patrones del chaco cruceño mienten y que existen familias indígenas explotadas laboralmente.

Este lunes, organizaciones de derechos humanos y funcionarios de gobierno corrigieron a Terrazas: En haciendas de la zona chaqueña de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, existen indígenas “cautivos” sometidos a un régimen de “servidumbre”, como observan con preocupación varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, del Defensor del Pueblo, de la Organización Internacional del Trabajo, e inclusive del departamento de Estado de Estados Unidos.

Las familias guaraníes de Alto Parapetí, como otras de la provincia Cordillera, Luís Calvo, Hernando Siles, O´Connor y Gran Chaco, de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, viven en condición servidumbral desde hace muchos años. Se dice que son esclavos modernos porque que los someten a formas de explotación laboral no convencionales, precisa un pronunciamiento difundido hoy por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Los informes internacionales citados más arriba exigen al Estado liberar a familias indígenas “cautivas” que no reciben salario sino retribuciones en especie por su trabajo de hasta 15 horas diarias. Muchos de estos cautivos y empatronados son figurativamente esclavizados por deudas heredadas de sus padres, y son víctimas de castigos corporales. Semejante relación laboral entre el patrón y sus peones vulnera todas las normas internacionales de derechos humanos, enfatizan informes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial contra la Tortura y otras.

La Iglesia está con el pueblo

Almaraz tiene plena certeza de que la palabra solidaria de la Iglesia Católica animará a las autoridades a lograr justicia para todos, especialmente para los grupos humanos más desvalidos del Chaco, es decir las comunidades guaraníes, ya que en marzo del año 2000 la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) llamó a todos los bolivianos a sensibilizarse sobre este tema a través de la Carta Pastoral “Tierra, madre fecunda para todos”, en la que plantea que la tierra es una fuente de solidaridad y no una mercancía o instrumento de opresión y servidumbre.

Dicho mensaje episcopal está inspirado en el documento “Para una mejor distribución de la tierra: El reto de la Reforma Agraria”, publicado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano el 23 de noviembre de 1997, en el que se pide a los gobiernos del mundo emprender reformas agrarias que restablezcan el derecho de los pobres y excluidos a gozar de la tierra, patrimonio común.

En su carta pastoral, la Iglesia Católica afirma que la mala distribución y el uso inadecuado de la tierra es una de las principales causas del hambre y miseria de amplios sectores sociales. Observa que desde la reforma de 1953 y en adelante, en el oriente del país un “sector minoritario pero pudiente logró apropiarse de grandes extensiones de tierras baldías del Estado por dotación gratuita o por acaparamiento más allá de lo titulado, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas del contorno”.

La Iglesia afirma que las políticas de libre mercado, generalizadas desde 1985, profundizaron la brecha en pequeños y grandes propietarios de tierras. Sin dudar, la carta pastoral afirma que persiste la injusticia en la distribución, el acceso y propiedad de la tierra a casi cincuenta años de iniciada la Reforma Agraria.

Existe, por un lado, una extrema parcelación de la propiedad agraria en la zona andina, que es además el área donde reside la mayor parte de la población campesina pobre; y, por otro, una tendencia a la concentración en pocas manos en la región oriental donde se encuentra el mayor potencial agropecuario del país.

La Iglesia recuerda que diversos informes de oficias de la Pastoral de la Tierra, de instituciones privadas de desarrollo, centros de investigación y de organismos internacionales coinciden en destacar como “grave” la desigualdad en la distribución y uso de la tierra en Bolivia, como se constata por la pervivencia de grandes latifundios en tierras bajas.

Hoy en día continúan los privilegios asegurados por el latifundio, “provocando contrastes escandalosos que generan situaciones de dependencia y opresión e impiden garantizar los beneficios y frutos de la tierra para un sector significativo de los bolivianos”.

La Iglesia afirma que las tierras más codiciadas de la región amazónica y chaqueña fueron entregadas “sin sentido de proporción ni equidad”, de modo que la mitad más rica se quedó con casi todo y la otra mitad, de pobres inmigrantes, con sólo una mínima parte. Más aún, los tamaños de las mayores propiedades agrarias del Oriente superan los límites legales permitidos”.

Critica a grupos poderosos que manipulan las leyes para que no se afecten sus intereses “poco solidarios”. Hay incluso presiones por parte de sectores terratenientes para eliminar de nuestra Constitución Política del Estado el concepto de función social de toda propiedad y para desvirtuar el criterio también constitucional de que la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad es el trabajo”, dice la carta pastoral Tierra, madre fecunda para todos.

La Iglesia entiende que la concentración de la tierra es “un escándalo porque está en neta oposición con la voluntad y el designio salvífico de Dios, porque niega a una gran parte de la humanidad los beneficios de los frutos de la tierra", provocando "conflictos que dañan las bases de la convivencia civil" y llevando a "la destrucción del tejido social y el deterioro del medio ambiente".

Por todo ello, la Iglesia condena explícitamente el latifundio, definido como “grandes propiedades mediocremente cultivadas o reservadas baldías para especular con ellas”. Considera que el latifundio es “intrínsecamente ilegítimo e injusto”, en neto contraste con el principio de que la tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos.

El mensaje de la Iglesia

Con humildad pero con firmeza, la Iglesia recuerda a los gobernantes que su obligación es buscar mayor claridad y decisión en la legislación de la tierra en pos del objetivo irrenunciable del bien común, y alienta al Poder Ejecutivo a asegurar la implementación de la ley ante quienes quisieran lograr una legislación más favorable a los intereses de los más poderosos.

En su carta pastoral, la Iglesia pide a los grandes propietarios que recuerden que la tierra es un bien universal cada vez más escaso que Dios ofreció a todos sus hijos. “Desde una perspectiva cristiana, el mayor acceso a la tierra y otros recursos sólo se justifica siempre que se los haga producir de manera sostenible, racional y cumpliendo una función social. Miren constantemente, a la luz de los principios evangélicos, si ésta es su realidad”.

La Iglesia insta a todos los medianos y grandes productores a continuar sin desvelos su genuina iniciativa empresarial, fomentando el potencial productivo y pagando a sus trabajadores salarios justos de acuerdo con las universales normas laborales. “Pero no permitan que los especuladores y traficantes de tierras les utilicen a ustedes como escudo para sus ilícitos negocios”.

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