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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2008-04-11 a horas: 14:47:40

Un enviado de Naciones Unidas recuerda a las autoridades cruceñas que su obligación es mantener el estado de derecho y castigar a quienes violan el derecho a la tierra de los guaraníes

Hacendados declaran guerra por la tierra hasta el 4 de mayo y piden a la ONU que no se meta

Hacendados, agroindustriales y políticos de derecha descalifican diversos informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Defensoría del Pueblo de Bolivia y de otras instituciones nacionales y extranjeras que ratifican la existencia de indígenas semiesclavizados en haciendas. Ganaderos y hacendados exigen a los observadores extranjeros que no se metan en asuntos internos. El movimiento patronal manda a sus grupos de choque a apedrear, balear, hostigar e insultar a las autoridades que intentan liberar a los cautivos, y ordena a sus representantes en el Congreso que interpelen a los ministros masistas que quieren redistribuir la tierra.

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En la última década, veedores de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, entre otros comisionados, constataron con preocupación que comunidades guaraníes sobreviven en situación de servidumbre en tres departamentos de Bolivia como resultado del despojo histórico de sus territorios y de la concentración de la tierra en latifundios generalmente ilegales.

Están documentadas serias violaciones de los derechos humanos. Esta gente trabaja entre 10 y 12 horas al día sin recibir salario, sin beneficios sociales y sin seguro de salud. Entregan a sus hijos a los patrones por un año en calidad de “criados” para que los inscriban en la escuela a cambio de sus servicios.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas Rodolfo Stavenhagen visitó el país del 4 al 25 de noviembre del 2007 para observar personalmente la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Su diagnóstico alarma.

Según Stavenhagen, es grave el rebrote de expresiones de racismo, más propio de una sociedad colonial que de un Estado democrático moderno. Le preocupa que funcionarios públicos, políticos y grupos de presión inciten a la violencia y a la discriminación de indígenas, sobre todo mujeres indígenas; las frecuentes expresiones de contenido racista anti indígena en algunos medios de comunicación masiva, “que con frecuencia sacrifican los principios de objetividad e imparcialidad en pos de intereses partidarios”.

Los numerosos casos documentados de agresión y ataques en contra de líderes indígenas y de defensores de derechos humanos, con el apoyo de los poderes económicos y políticos locales, constituyen un fenómeno preocupante que refleja lo difícil que es construir una sociedad plural y democrática en Bolivia.

Stavenhagen reconoce los avances en los procesos de saneamiento y titulación de tierras en el marco de la nueva Ley de tierras, pero todavía hay muchos obstáculos. La negación del acceso a la tierra y el territorio sigue siendo la principal preocupación de las comunidades indígenas del país y la principal fuente de los abusos a sus derechos.

El relator censuró las agresiones de un grupo de hacendados y políticos al Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y otros funcionarios públicos en la región del Chaco de Santa Cruz que, en cumplimiento de la ley, intentan sanear los territorios ancestrales del pueblo guaraní, “muchos de cuyos integrantes continúan viviendo en situación de servidumbre”.

Stavenhagen recordó a las autoridades del departamento de Santa Cruz que tienen “la obligación de velar por mantener el estado de derecho y evitar y castigar todo acto de violencia que vulnera la solución pacífica de los ancestrales problemas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas a su libertad, autonomía y tierras”.

El Relator manifestó su preocupación por el referéndum “unilateral sobre la autonomía departamental al margen de la Constitución Política del Estado”, y por el proyecto de estatuto autonómico “que incluye algunas disposiciones de tinte racista altamente lesivas para los derechos humanos de los pueblos indígenas de este departamento, concretamente en el proyectado artículo 161”.

El artículo observado señala que "de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el Convenio de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el pueblo cruceño reconoce con orgullo su condición racial mayoritariamente mestiza, y, en esa medida, su obligación de conservar la cultura y promover el desarrollo integral y autónomo de los cinco pueblos indígenas oriundos del departamento: Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Mojeño, de conformidad a lo establecido en este Estatuto”.

Stavenhagen recordó que los derechos humanos de los pueblos indígenas están garantizados por las leyes nacionales que ratifican el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, los cuales deben ser respetados por todos los niveles de gobierno, especialmente en el marco del debate sobre las autonomías. El relator de la ONU llamó a las autoridades y al pueblo cruceño a no permitir que se vulneren los derechos humanos de los pueblos indígenas de Santa Cruz en el nombre de la legítima aspiración a la autonomía departamental.

Que no se metan en nuestros asuntos

Los grupos de poder y sus representantes políticos minimizan las múltiples críticas que les llegan desde el exterior y del interior del país, o simplemente las descalifican. El presidente de Senado Oscar Ortiz (legislador de Podemos y represente director de la burguesía agroindustrial cruceña) dijo que ningún funcionario extranjero tiene derecho a opinar sobre la legalidad o ilegalidad de lo que se hace en el país. Su camarada de partido, el diputado ganadero Antonio Franco, rechazó de plano la existencia de indígenas cautivos, descalificó decenas de investigaciones de “extranjeros que no conocen la realidad nacional” y declaró que no aceptará que “vengan extranjeros a decirnos cómo vivir”.

La brigada parlamentaria de Podemos prepara una interpelación a la ministra de Desarrollo Rural Susana Rivero, al Viceministro de Tierras, al Director Nacional de Tierras, al Director Nacional del INRA, al Ministro de Trabajo, al Viceministro de Trabajo y al Defensor del Pueblo para que expliquen por qué el gobierno quiere dar una TCO a los guaraníes en la zona más rica. Podemos exige a las autoridades que muestren a 500 familias cautivas en las haciendas del chaco.

Los legisladores de derecha defienden a los patrones en el plano mediático. Los hacendados recurren a la acción directa para evitar que se entregue a los indígenas guaraníes las reservas más grandes de gas y agua de la región. El hacendado norteamericano Ronald Larsen disparó al vehículo de Almaraz para intimidarlo y emboscó dos veces a una comisión del INRA que se dirigía a la localidad de Alto Parapetí para iniciar el saneamiento de la TCO.

En la noche del jueves 10 de abril, aproximadamente 300 personas al mando de hacendados y ganaderos cercaron el hotel donde se alojan la ministra Rivero y el viceministro Almaraz en la ciudad de Camiri. Armada con palos y piedras, y gritando consignas racistas contra “collas” e indígenas, la muchedumbre quiso expulsar a ambas autoridades de la provincia Cordillera y así detener el saneamiento.

En la turba habían soldados de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista al mando del ganadero Juan Carlos Santiesteban, autodenominado presidente de la Unión de Productores Agropecuarios del Sur, el más duro de todos y dueño de 1.885 hectáreas. Santiesteban declaró en Unitel que Almaraz es un “cobarde”.

En la ciudad de Santa Cruz, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) Mauricio Roca convocó a los agropecuarios a movilizarse en defensa de sus tierras hasta el 4 de mayo, día del referéndum en el que se aprobará un estatuto autonómico que establece que “la tierra y el desarrollo agropecuario son competencias exclusivas del departamento y del futuro gobierno departamental”.

La reveladora declaración de Roca confirma lo que muchos observadores vienen diciendo desde hace meses: la patronal de Santa Cruz impulsa la autonomía para proteger sus intereses, principalmente sus tierras. Según Roca, “lo que estamos viendo en (la provincia) Cordillera son los últimos pataleos del centralismo” porque después del 4 de mayo él y los suyos serán “autónomos”.

Los ganaderos de Cordillera iniciaron un paro indefinido con bloqueo de caminos a las cero del viernes. Comenzaron a reunir miles de caballos para movilizarse a todos los puntos de bloqueo desde la media noche. Declararon que no tienen nada que negociar con las autoridades; los más radicales están dispuestos a iniciar la “revolución” contra el gobierno del “indio” Evo Morales.

Comanda el “levantamiento terrateniente” en la provincia Cordillera un pequeño grupo de propietarios que comienza a perder los hilos del poder regional. Al momento de cierre de este reporte, sólo 100 de los 30 mil habitantes de la ciudad de Camiri vivaban la “autonomía” en las puertas del hotel de Rivero y Almaraz.

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