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Actualizado el 2008-04-09 a horas: 23:22:22

El pueblo indígena guaraní es el menos favorecido por el saneamiento iniciado en 1996; la comunidad internacional horrorizada exige liberar a las familias cautivas entregándoles tierra

12 años esperando una TCO guaraní en Alto Parapetí

(UPIC-Tierra).- Hace 12 años comunidades indígenas guaraníes pidieron tierra al Estado en la localidad de Alto Parapetí del chaco cruceño, un territorio ocupado y defendido por el pueblo guaraní desde hace más de 400 años. Según los demandantes, su consolidación como pueblo con derecho a la libre determinación, y la liberación de miles de indígenas sometidos a la servidumbre en las haciendas de la zona depende de la recuperación de al menos de un pedazo del extenso territorio guaraní fragmentado y privatizado durante la colonia y la república.

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El 17 de septiembre de 1996, líderes indígenas de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija solicitaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la dotación y titulación de tierras comunitarias de origen en el Chaco boliviano. Los dirigentes Nicolás Moreno, Bonifacio Barrientos, Rogelio Aireyu, Valerio Mena, Arucayu Catuari Guayiri, Bonifacio Rivera, Calixto Guachama y Dionisio Vivarico, respaldaron su demanda de TCOs en los artículos 1 y 171 de la Constitución Política del Estado, la Ley 1257 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los decretos supremos 23110, 23111 y 23112 de 1992.

Las autoridades admitieron la demanda el 10 de enero de 1997 y el 18 de julio de ese año la Resolución Administrativa N. RAI-TCO-0017 inmovilizó un área de 54.387 hectáreas ubicada en el departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera, Sección Primera, cantones Lagunillas y Aquio (Ipati), la cual fue declarada como área de saneamiento de TCO el 21 de noviembre de ese año mediante resolución administrativa N. R-ADM-TCO 004-97.

Pero este trámite iniciado por el pueblo guaraní se convirtió en un caso único por su adversidad. De las 20 TCO reclamadas, muy pocas son de gran superficie y el porcentaje de titulación es dramáticamente pequeño, entre el 5 y 10 por ciento de lo solicitado.

Una resolución del Defensor del Pueblo de 2005 [1] observó que el saneamiento de tierras que se llevó adelante desde 1996, un proceso poco transparente y parcializado con hacendados y ganaderos, consolidó la inequitativa distribución de tierras en el país y no favoreció al pueblo guaraní.

Varios estudios e investigaciones realizadas por instituciones nacionales y extranjeras desde 1996 coinciden en que la distribución inequitativa de la tierra es la causa principal de que en pleno siglo XXI miles de indígenas guaraníes continúen sometidos a un régimen laboral de servidumbre y empadronamiento en varias haciendas del chaco.

Indígenas cautivos

Decenas de informes e investigaciones de instituciones como el Defensor del Pueblo de Bolivia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, entre otras, observan con preocupación la situación de cientos de familias indígenas que sobreviven en un régimen feudal como ciervos de la gleba, sin tierra, sin salario ni educación, atados a grandes haciendas de las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O’Connor y Gran Chaco de los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

El Decreto Supremo 28159 del 17 de mayo de 2005 reconoció oficialmente la existencia de comunidades cautivas que “trabajan por cuenta ajena, en condición de subordinación y dependencia, en labores propias de la actividad agropecuaria en espacios histórica y ancestralmente ocupados por ellas, y que no tienen tierra en propiedad”. [2]

Los guaraníes con predios propios que viven fuera de las haciendas también dependen del hacendado. Esta gente “empatronada” es empleada temporal o permanentemente en haciendas para trabajos agrícolas o ganaderos. Por lo general, las mujeres trabajan en la casa del patrón cocinando, lavando ropa y cuidando niños, mientras que los menores de edad acarrean agua y crían gallinas, chanchos, chivas y otros animales.

Muchas familias indígenas cautivas y empatronadas viven esclavizadas por deudas heredadas. Los bajísimos salarios que perciben en especie (ropa usada, aceite, alcohol…), en dinero y en remuneración mixta no alcanzan para cubrir el costo de los alimentos que los mismos hacendados les venden con sobreprecio, ni las deudas por la coca y el alcohol que les proporcionan al fiado.

La única manera de liberar a esta gente es entregarle tierras. Comprarles predios, como quiso hacer el gobierno en 2005, minimiza la lucha ancestral y legítima de las comunidades por el acceso a un territorio, legaliza la distribución inequitativa de la tierra y no elimina la servidumbre, opina el Defensor del Pueblo.Los informes citados coinciden en que se pondrá fin a la violación de los derechos humanos de familias guaraníes y se erradicará el flagelo de la servidumbre en el chaco cuando se reconozca la posesión histórica sobre la tierra que tienen las familias y comunidades cautivas y empatronadas, y cuando se les dote de predios fiscales y áreas revertidas a latifundios improductivos.

Hora de pagar una deuda histórica

En 2006, el Viceministerio de Tierras se comprometió con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) a dotar suficiente tierra a todas las comunidades de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca para asegurar su desarrollo con identidad y pagar la enorme deuda histórica.

El 14 de julio de 2007, José Yamangay y Leonardo Guarupachi Mayaregua, responsables de Tierra y Territorio de la Capitanía del Alto Parapetí y de la Asamblea del Pueblo Guaraní, respectivamente, presentaron a la Dirección Nacional del INRA un memorial demandando la titulación de la TCO Guaraní Alto Parapetí de 203.352 hectáreas.

Los antecedentes del caso llegaron a la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz el 30 de agosto de 2007 y el 14 de septiembre la jefatura de Saneamiento sugirió admitir la demanda por la totalidad de la superficie solicitada. El 16 de noviembre de ese año el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente dictó y remitió al INRA el Registro de Identidad del Pueblo Indígena demandante MDRA y MA/UT/ADPIB/CTO/IT N. 21/07.

El 7 de diciembre de 2007, el informe técnico legal de diagnóstico N. 012/2007 de la brigada SAN-TCO Alto Parapetí recomendó inmovilizar toda el área demandada en precaución de los riesgos latentes y posibles conflictos en el área.

El área solicitada por la Asociación de Comunidades Indígenas Guaraníes de la Capitanía de Alto Parapetí abarcaba a propiedades de terceros ubicadas en la provincia Cordillera, cantón Lagunillas, Aquio, Gutiérrez, Choreti, Camiri y Cuevo, Sección Primera, Cuarta, Quinta y Sexta, respectivamente, además de los cantones Ticucha, Villa Vaca Guzmán, e Iguembe de la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca.

A fin de regularizar el derecho a la propiedad se vio por conveniente ejecutar el saneamiento de un área de 157.094 hectáreas, entre las cuales se identificaron 43 predios sometidos a saneamiento bajo la modalidad de SAN SIM. El 17 de diciembre de 2007 se dictó la resolución determinativa JAJ-DD-SC N.078/2007 que declaró como área priorizada de saneamiento de la TCO Alto Parapetí una superficie de 157.094,2980 has dividida en cuatro polígonos.

Al año siguiente, la resolución determinativa de área de saneamiento de la TCO AP N. 0029/2008 del 12 de febrero de 2008 anuló la resolución 078/2007 y modificó la modalidad de saneamiento simple (SAN SIM) a Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) del área demandada por la Capitanía Alto Parapetí.

El predio se ubica en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, en las provincias Cordillera y Luis Calvo, respectivamente, secciones Primera, Cuarta, Quinta y Sexta, Cantones Camiri, Lagunillas, Aquio, Gutiérrez, Choreti, Cuevo, Ticucha, Villa Vaca Guzmán e Iguembe.

El área colinda al norte con las comunidades Iguasurenda, Itaimi, Tenta Piau-Lagunillas, Curupaiti y Kuruyuqui. Al sur con Río Cuevo, los predios El Piritial, Parapetí, Yaguagua y con la comunidad Santa Rosa de Cuevo. Al este limita con la TCO Kaami y al oeste con la comunidad Santa Rosa de Cuevo, Tierra fiscal, Quebrada Itacua, Río Caraparí y el predio Santa Bárbara.

Dentro del área existen 43 predios con procedimiento de saneamiento en etapa de campo. Se excluyen de área SAN TCO Alto Parapetí las áreas predeterminadas en las modalidades de SAN TCO Iupaguasu, CAT-SAN Chuquisaca y SAN SIM de oficio que se encuentran en etapas de saneamiento posteriores al trabajo de campo. Como medida precautoria, la resolución 0029/2008 dispuso la inmovilización de las 157.094 hectáreas de la TCO Alto Parapetí.

El 12 de febrero de 2008, el INRA emitió la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen N. 029/2008 y el 26 de febrero la Resolución de Inicio de Procedimiento RA-ST 0034/2008, disponiendo que brigadas técnicas comiencen a recolectar información con miras a titular la TCO demandada por indígenas de Alto Parapetí.

Datos preliminares del INRA muestran que de un total de 98.875 hectáreas en Alto Parapetí, 51.512 hectáreas se concentran en 14 predios categorizados como empresas (52% de la tierra); 28 medianas propiedades abarcan una superficie de 34.183 hectáreas (34,6%) y 40 pequeñas propiedades suman una superficie total de 7.755 hectáreas (7,8%).

[1] N. RD/SCR/00002/2005/DH

[2] Según una investigación multidisciplinaria realizada por la Cruz Roja Suiza y el Ministerio de Justicia en 2006, en Alto Parapetí existen 10 comunidades indígenas “cautivas”: Yaiti, Yapui, Yapumbia, Recreo, Itakuatia, Huaraka, Bajo Karapari, Alto Karapari, La Colorada y Tartagalito. Se estima que en esta zona perviven relaciones laborales servidumbrales en 26 haciendas.

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