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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2008-04-08 a horas: 23:48:46

Procesarán a los patrones que defienden sus haciendas con grupos de choque armados

Camiri: hacendados van al paro sin apoyo popular

Redacción Bolpress

Este miércoles, terratenientes y ganaderos de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz intentarán paralizar Camiri y obstruir la ruta internacional a Paraguay y Argentina exigiendo la suspensión del saneamiento de tierras y contra la titulación de un territorio indígena guaraní. La patronal no tiene apoyo de los movimientos sociales aglutinados en el Comité Cívico de Camiri y sus representantes directos en entidades cívicas provinciales, Consejos Provinciales y Departamentales fueron desconocidos por el pueblo camireño. Un terrateniente extranjero irá a juicio por levantarse en armas contra la autoridad.

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El presidente de la Asociación de Ganaderos de Camiri Javier Antunes y otros líderes regionales vinculados al civismo de la ciudad capital y a Podemos de Tuto Quiroga anunciaron que se instalarán puntos de bloqueo en la carretera Santa Cruz - Argentina – Paraguay de manera “espontánea”.

Las organizaciones sociales y el Comité Cívico paralizaron la región nueve días exigiendo la refundación de YPFB y la nacionalización “real” de los hidrocarburos. La región peleó entonces por un objetivo de interés nacional y en bien de Bolivia toda; no bloqueará ahora una carretera internacional para que se vaya el Viceministro de Tierras y no se saneen las tierras de una decena de familias de terratenientes.

“Rechazamos toda posible medida de presión a llevarse a cabo en las próximas horas en nuestro pueblo, por no responder a una demanda legítima que satisfaga el interés común de Camiri y de la provincia Cordillera; más al contrario, el mismo solo busca deslegitimar nuestro movimiento y los logros alcanzados tratando de confundir a la opinión pública nacional”, dice un pronunciamiento difundido el martes por el Comité Cívico que lleva las firmas de Carmen Palenque y Héctor Sánchez Caballero, presidente del Comité de Huelga.

El movimiento popular de Camiri firmó un pacto de unidad y hermandad con el pueblo guaraní y respalda su demanda de tierras. Censura las acciones violentas de algunos hacendados que impiden el inicio de saneamiento organizando grupos de choque armados y la insensibilidad de algunos propietarios que se niegan a liberar a indígenas sometidos a un régimen de servidumbre en sus haciendas.

El civismo popular de Camiri descalifica de forma “contundente” las declaraciones del diputado de Podemos Ronald Moreno García, personaje que se atribuye competencias para hablar a nombre de Camiri sin tener atribución alguna (el sábado dio 24 horas de plazo para que el viceministro Almaraz y su comitiva abandonen Camiri); sus “posiciones francamente reaccionarias, fascistas y racistas muestran una vez más aquella práctica demagógica y politiquera de quienes intentan confundir a la población buscando réditos políticos en un conflicto que debe ser resuelto sobre la base del cumplimiento de la legislación nacional”.

Los camireños desconocieron al presidente del Comité Cívico Provincial Franz Michel Torrico por traicionar los intereses de Camiri, y a los consejeros de la provincia Cordillera, cuyo mandato feneció. Por tanto, su “representación es ilegal y sus actos son nulos de pleno derecho”.

Los cívicos de Camiri censuran a los hacendados Juan Carlos Santiesteban y Mario Malpartida y condenan la actitud violenta de los súbditos extranjeros Ronald y Duxton Larsen, hacendados norteamericanos que en dos oportunidades agredieron con armas de fuego y piedras al viceministro de Tierras y al director nacional del INRA en inmediaciones de la hacienda Caraparicito, a 80 kilómetros de Camiri.

El ministro de Gobierno Alfredo Rada investigará la situación legal de este extranjero llegado al país en 1968, quien deberá responder por el cerco armado a autoridades de gobierno, por obstruir el cumplimiento de la ley, por violar el derecho de los indígenas a circular por su propio territorio y por evitar el saneamiento de tierras en Alto Parapetí.

El diputado del MAS Gustavo Torrico comentó que Larsen no tendría derecho a poseer grandes extensiones de tierras (más de 15 mil hectáreas sólo en la provincia Cordillera), ni mucho menos a instigar a la violencia ni atacar a autoridades nacionales. “Si es un ciudadano radicado se tendría que quitarle la radicatoria y deportarlo, como nos hacen a nosotros”. Torrico y su colega Jorge Silva sugirieron al ministro Radaque expulse del país a todos aquellos extranjeros que alteran el orden social y se oponen al cumplimiento de la ley.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y otras instituciones pidieron a las autoridades adoptar todas las disposiciones necesarias para acabar con la campaña de terror y violencia en contra de la población indígena de la región, identificando, enjuiciando y sancionando a los autores intelectuales y materiales de estos actos delictivos. El Defensor del Pueblo demanda prevenir, sancionar y erradicar definitivamente la vergonzosa y cruel práctica de la esclavitud, la servidumbre y otras formas de explotación laboral. Se exigió a diputados y senadores parcializados con los grupos de poder que no interfieran en el proceso de saneamiento. Se denunció a la comunidad internacional, a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y a las organizaciones de derechos humanos internacionales que se están conculcando los derechos humanos del pueblo guaraní en Bolivia.

Este miércoles llega a Camiri la ministra de Desarrollo Rural Susana Rivero para apoyar al viceministro Almaraz en el inicio del saneamiento de tierras en Alto Parapetí y para presentar una demanda contra Larsen ante el Ministerio Público. El director de Tierras Cliver Rocha anunció que se iniciarán demandas penales contra quienes traten de impedir el proceso de saneamiento de tierras en Bolivia.

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