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Área: Política >> Ejecutivo
Actualizado el 2008-04-07 a horas: 22:22:18

No es el pueblo sino un puñado de propietarios de la provincia Cordillera los que rechazan el saneamiento de tierras

Almaraz a los hacendados: “No nos hemos ido ni nos vamos a ir de Camiri”

(UPIC-Tierra).- No fue el pueblo de Camiri sino algunos ganaderos, terratenientes y cívicos de la provincia Cordillera de Santa Cruz los que el sábado dieron 24 horas de plazo a una comisión del Viceministerio de Tierras y el INRA para que abandonen la región y desistan de iniciar el saneamiento de tierras. Este lunes, organizaciones y movimientos sociales de Camiri manifestaron su apoyo al proceso agrario, y el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz reiteró que no abandonará esa ciudad hasta concretar el saneamiento como manda la Ley.

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En varias oportunidades, las autoridades intentaron dialogar con los empresarios y ganaderos de la región para informarles sobre el proceso de saneamiento, pero éstos respondieron a los llamados con violencia. Los empresarios conformaron grupos armados para defender sus propiedades, intervinieron la oficina del INRA en Camiri, echaron a sus funcionarios; secuestraron y amenazaron de muerte al Viceministro y al Director del INRA, dos veces atacaron con piedras y armas de fuego a brigadas oficiales y emitieron votos resolutivos advirtiendo que las autoridades “no tenía pisada” en la región. Los ganaderos amenazan con bloquear caminos desde las cero horas del miércoles en toda la provincia.

Los empresarios despliegan una intensa campaña de desinformación para confundir a la población, conscientes de que sus acciones contra el saneamiento perjudican a la gran mayoría de propietarios agrarios, entre ellos 10 mil familias de pequeños propietarios, cuyos predios son “inexpropiables”, y también a comunidades indígenas guaraníes que obtendrán una TCO en Alto Parapetí.

“No nos hemos ido, ni nos vamos a ir. Nos iríamos si es que todo el territorio de la provincia Cordillera fuese la propiedad privada de los hacendados que nos han exigido irnos. Pero no lo es. Ellos tendrán sus haciendas -que entre paréntesis deben sanear y regularizar-, pero sus haciendas no son la provincia Cordillera. Probablemente nos iríamos si el pueblo de Camiri y de la provincia Cordillera nos lo exigiera, pero entendemos que no es así, que la representatividad de los señores que han exigido nuestra partida no es la del pueblo de toda la provincia…”, dijo Almaraz en una conferencia de prensa ofrecida este lunes en la plaza principal 12 de Julio de Camiri.

Cumplido el plazo de 24 horas de los hacendados, “estamos aquí en la plaza principal de Camiri el Director Nacional del INRA, miembros de las brigadas del INRA y del Viceministerio de Tierras, absolutamente firmes en la decisión de cumplir nuestra función legal, el mandato de la ley y del gobierno nacional de ejecutar el proceso de saneamiento para darle una solución institucional pacifica y democrática al problema de la tierra, en este caso de la TCO de Alto Parapetí”, dijo la autoridad.

La autoridad insistió en que se cumplirá el mandato de la ley y del pueblo boliviano, y que se hará el saneamiento, reconfortado por el apoyo de la gente trabajadora y del pueblo de Camiri al proceso agrario. 200 jóvenes camireños se reunieron en la plaza central para manifestar su apoyo al saneamiento, en tanto que algunos comerciantes y transportistas aclararon que son unos pocos ganaderos los que quieren echar a las autoridades.

“No han sido las organizaciones vivas y populares de Camiri las que siquiera se han pronunciado sobre este tema… No son los del combativo Comité Cívico quienes se han pronunciado en contra del proceso agrario; no son los campesinos, los obreros o los gremiales; quienes nos piden que nos vayamos son un grupo de ganaderos que perseveran una actitud sediciosa y de desacato al marco normativo en vigencia. Lo peor es que mantienen relaciones de servidumbre en sus haciendas sometiendo a los indígenas guaraníes”.

Almaraz llamó a la sensatez, a la tranquilidad y a la solidaridad en este momento en el que los bolivianos pueden hacer justicia ayudando a que comunidades indígenas recuperen una parte de todo lo que fue su territorio.

A pesar del hostigamiento armado de los hacendados, el viceministro Almaraz y el director de Tierras Cliver Rocha informaron por separado que el gobierno continuará con el proceso de saneamiento, un proceso que podría demorar aproximadamente dos meses.

Apoyo popular

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), sindicatos mineros, fabriles, colonizadores y otras organizaciones sociales repudian las acciones de las “logias” del oriente y exigen al gobierno que ejerza su autoridad y ponga a raya a la “oligarquía empresarial, latifundista y usurera”.

La APG repudió la agresión latifundista en la hacienda Caraparicito, se declaró en emergencia y convocó a las 26 capitanías a sumarse a la lucha por la reconstitución territorial y la liberación de indígenas cautivos en el chaco cruceñoLa APG censuró al diputado de Podemos Ronald Moreno; al subprefecto Marcelino Apurani; al alcalde de Camiri Gonzalo Moreno; a los consejeros departamentales de la provincia Cordillera y al representante cívico provincial Franz Michel porque sacan cara por los patrones y le dan la espalda al pueblo.

La organización exigió al gobierno cumplir la normativa agraria vigente y los convenios internacionales que protegen los derechos humanos de los pueblos indígenas.

El líder de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Adolfo Chávez informó que una comisión viajará al chaco cruceño y convocó a todos los indígenas de Cordillera para que apoyen a sus compañeros del municipio de Lagunillas, y refuercen la movilización por el saneamiento en Alto Parapetí.

Los recientes hechos en el chaco cruceño pusieron al descubierto que las elites políticas y empresariales de la ciudad capital no sólo respaldan el levantamiento armado de los terratenientes del chaco sino que mantienen estrechas relaciones con ellos, especialmente con Ronald Larsen, el norteamericano que protagonizó los dos hechos violentos en contra de las autoridades de gobierno.

En los últimos días, los grandes propietarios de tierra de la provincia Cordillera han declarado con insistencia que la “autonomía” que se aprobará el 4 de mayo en Santa Cruz no es una “bandera” más sino una herramienta legal que preservará sus intereses.

En ese contexto, el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni pidió al gobierno “mano dura” contra la oligarquía empresarial latifundista que emprende una gran ofensiva para recuperar todo el poder político que perdió en las luchas sociales de 2003 y 2005.

Los mineros de Huanuni aseguran que “sólo la aplicación de las agendas de 2003 y 2005 garantizará la desarticulación y derrota de la oligarquía”, y exigen al gobierno medios y recursos para derrotar el estatuto autonómico tramposo elaborado a gusto de los latifundistas y transnacionales, y el referéndum del 4 de mayo impuesto con “chantaje, prebendalismo y terror”.

A su turno, las principales organizaciones sociales de la ciudad de El Alto anunciaron que “defenderán el proceso de cambio y al gobierno” y que velarán “por la unidad de Bolivia por encima de cualquier interés sectario o personal de grupos mezquinos, que solo cuidan su bolsillo, y especula con los precios de alimentos que llegan desde el oriente (aceite, azúcar, carne y otros)”.

“Esos grupos de poder económico --señala el documento firmado por la FEJUVE, COR y otras organizaciones—que se favorecieron con grades extensiones de tierras entregadas gratis como favor político por gobiernos de facto y por gobiernos neoliberales pretender imponer una autonomía de facto de manera completamente ilegal”.

La Federación de Colonizadores de Bolivia dio un ultimátum al Prefecto cruceño hasta el 19 de abril para que suspenda su referéndum.

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