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Área: Sociedad >> Regiones
Actualizado el 2008-03-18 a horas: 15:13:07

Impedirán por la fuerza el saneamiento de tierras y resistirán la Ley; no quieren más TCOs indígenas en el departamento; los radicales piensan que ha llegado la hora de “definir las cosas con sangre”

Prefectura, cívicos y hacendados de Santa Cruz conforman un “frente de defensa” del latifundio

Redacción Bolpress

La Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz sellaron un pacto político con autoridades municipales, ganaderos y hacendados de la provincia Cordillera con el objetivo de evitar el saneamiento de tierras en el Chaco cruceño, e impedir la creación de nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) demandadas por comunidades indígenas guaraníes.

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Hasta hace poco, el movimiento autonomista cruceño evitaba intervenir directamente en conflictos por la tierra, intentando no contaminar su imagen de “movimiento ciudadano”. Sin embargo, a principios de marzo, las autoridades de la Prefectura y los cívicos dieron un giro y asumieron públicamente su papel de defensores del empresariado departamental.

El 8 de marzo, la elite político empresarial cruceña y los ganaderos de la provincia Cordillera se reunieron en la localidad de Lagunillas para tomar acciones conjuntas en defensa de “sus territorios”, “contra el saneamiento” y contra la creación de la TCO Alto Parapetí.

Participaron en la inédita reunión el director de Medioambiente de la Prefectura de Santa Cruz Neco Aguilera, ex ministro de Desarrollo Sostenible; el subprefecto regional Marcelino Apurani, hombre del prefecto Rubén Costas; el Vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz y el capitán grande de Alto y Bajo Isosog Bonifacio Barrientos, desconocido por las capitanías indígenas por traficar con tierras de TCOs.

Días después, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz Guido Nayar, ex militante del ultraderechista ADN, ofreció su respaldo público a sus similares del Chaco en la defensa de “su territorio”. Náyar recordó que los ganaderos son gente aguerrida y valiente, y no va a permitir que le quiten su propiedad.

De esta manera, la Prefectura y el Comité Cívico pro Santa Cruz tomaron como bandera propia la defensa de los intereses de los ganaderos del Chaco, y conformaron una especie de “frente de defensa” de la gran propiedad cruceña, sobre la base del estatuto autonómico que concede al gobierno regional absoluto dominio de la tierra.

Latifundistas dispuestos a levantar las armas

Las asociaciones de ganaderos de Macharetí, Gran Chaco, Camiri, Boyuibe, Cuevo, Lagunillas, Cabezas, Gutiérrez, Huacareta, Villa Guzmán, Ingre y Monteagudo comienzan a tomar acciones de hecho en defensa de sus haciendas. Por ejemplo, crean “comités de defensa” de la tierra y levantan “trancas de control” en la zona para impedir el paso de funcionarios del Viceministerio de Tierras y de las brigadas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) encargadas del saneamiento.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Camiri Javier Antúnez declaró al diario El Deber que no se permitirá ninguna reversión, expropiación o “confiscación de propiedades privadas”, y tampoco la creación de nuevas TCO para que el Estado reparta tierras a “gente del occidente”. Advirtió que “cualquier enfrentamiento que pueda suscitarse será responsabilidad del gobierno”.

No fue la primera vez que los grandes propietarios de la provincia Cordillera amenazaron con acciones de hecho. Recientes sucesos confirman que los latifundistas están dispuestos a defender sus propiedades, inclusive, recurriendo a las armas.

El 27 de febrero, un grupo de 50 ganaderos y sus peones echaron a técnicos del INRA de Camiri y cerraron las oficinas. Al día siguiente, el viernes 29 de febrero, ganaderos y algunos líderes políticos tomaron como rehenes al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, al director Nacional del INRA Juan Carlos Rojas y a otros funcionarios públicos que se dirigían al Chaco cruceño en comisión oficial para supervisar el inicio del saneamiento en la jurisdicción de Alto Parapetí.

Las autoridades nacionales fueron detenidas a la entrada de la hacienda “Caraparicito”, de propiedad de Ronald Larsen, quien los esperaba armado con una carabina y un revolver. El hacendado y sus guardaespaldas no solo amenazaron de muerte a los funcionarios sino que dispararon a las llantas de uno de sus vehículos.

A principios de marzo, un grupo de hacendados, el subprefecto Marcelino Apurani, el consejero de la subprefectura Bernardo Suárez y algunos guardaespaldas interrumpieron una reunión en la que el director Nacional del INRA Juan Carlos Rojas informaba a un propietario de la zona sobre el trámite de saneamiento de su predio ubicado en la TCO Kaami.

Uno de los terratenientes reclamó que el INRA “no debería estar en la zona porque así lo habían decidido” los ganaderos. Los empresarios expresaron varias veces que no se harán responsables “si es que le pasa algo al personal del INRA”. “¿O ustedes están esperando como autoridades que haya algún muerto para que recién entre el Ejército y la Policía, y de esa manera quieran proceder con el saneamiento?”, cuestionó otro hacendado.

Las mentiras

La campaña de resistencia al saneamiento de los sectores conservadores de Santa Cruz está basada en mentiras y en hacer cundir el miedo para evitar la repartición de tierras a los indígenas y perpetuar el latifundio, observa el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

La propaganda cívico empresarial dice básicamente que todos los propietarios de la provincia Cordillera “serán barridos” por el saneamiento, que al gobierno avasallará las tierras productivas de la región, cercenará los territorios municipales, arrebatará regalías a las alcaldías y se apoderará de las reservas petroleras, acuíferas y gasíferas.

En primer lugar, explica el gobierno, no se quiere atropellar los derechos de ningún productor sino hacer justicia con indígenas guaraníes históricamente expoliados y hoy sometidos a un sistema de esclavitud y explotación laboral en algunas haciendas, una penosa realidad reconocida por la Organización de Estados Americanos (OEA), por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y hasta por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Los hacendados del Chaco se niegan a compartir la tierra con comunidades guaraníes de Alto Parapetí, y por tanto liberar a cientos de familias guaraníes cautivas, con el argumento de que ellos son legítimos y centenarios dueños de extensas propiedades en la provincia Cordillera.

Lo cierto es que las haciendas del Chaco aparecieron en el siglo XVIII y se expandieron desde la primera mitad del siglo XIX hasta el siglo XX, favorecidas por infinidad de leyes y normas republicanas e inclusive por la reforma agraria nacionalista de 1953. Sin embargo, varios textos de los cronistas coinciden en que el pueblo indígena guaraní conquistó las tierras de la mítica “Cordillera” en el siglo XV, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles.

En segundo lugar, es un hecho que el saneamiento en la provincia Cordillera favorecerá a los pequeños agricultores y ganaderos porque consolidará su derecho propietario y dará seguridad jurídica a aquellos que cumplen la Función Económico Social (FES), que pagan un salario justo a sus trabajadores y que no se benefician con el trabajo esclavo de los guaraníes.

El director del INRA Juan Carlos Rojas aseguró que el saneamiento 157 mil hectáreas en la provincia beneficiará a más de 10 mil familias que tienen menos de 500 hectáreas, las cuales recibirán títulos ejecutoriales de sus predios. No hay que olvidar que en el procedimiento de saneamiento se verifica el cumplimiento de la FES de las propiedades mayores a 500 hectáreas; en cambio, las pequeñas propiedades sólo deben cumplir Función Social (FS), es decir que es suficiente que sus propietarios la habiten y trabajen para que sean reconocidos como dueños legítimos.

En tercer lugar, el saneamiento de tierras de Alto Parapetí de ninguna forma perjudicará a las siete secciones municipales de la provincia Cordillera en lo que respecta a los ingresos que perciben por Coparticipación Tributaria Municipal, recursos del HIPC II (producto de la condonación de la deuda externa) y por los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

No hay que olvidar que la TCO constituye una forma de propiedad de la tierra y no una institución pública o privada receptora de recursos públicos. Los beneficios generados por la explotación de los recursos naturales (mineros, hidrocarburíferos, forestales, etc.) son regulados por la normativa de coparticipación tributaria o IDH, y distribuidos a través de los municipios, prefecturas y universidades. Por tanto, las TCOs no están consideradas dentro de la distribución de la regalías del IDH y tampoco son receptoras de otros ingresos municipales.

Las TCOs son espacios geográficos que aseguran el hábitat de comunidades indígenas y originarias, y sea cual fuese su superficie, no incluye la propiedad de los recursos naturales, los cuales se encuentran bajo dominio directo del Estado.

Entonces, queda claro que la titulación de la TCO Alto Parapetí en beneficio de indígenas guaraníes no reduce ni un solo centavo de los ingresos de los municipios de la Provincia Cordillera.

Desacato y sedición

Los recientes acontecimientos en la provincia Cordillera permiten afirmar que ha comenzado una suerte de “levantamiento terrateniente” en Santa Cruz liderado por cívicos, empresarios y dirigentes políticos de la Prefectura, que, en interpretación del viceministro Almaraz, actúan como “una sola unidad sociopolítica”.

Este movimiento empresarial no sólo niega el derecho a la tierra a miles de indígenas guaraníes, sino que está dispuesto inclusive a dividir el país con la aprobación de un estatuto autonómico diseñado expresamente para proteger enormes latifundios ilegales, como las haciendas de presidente cívico Branco Marinkovic de más de 26 mil hectáreas de extensión.

“Si es injusto impedir el saneamiento y el derecho a la tierra de los guaraníes, es más injusto empujar a la confrontación sangrienta entre bolivianos y poner el país al borde de la división sólo para proteger intereses particulares”, afirma Almaraz.

Marinkovic y sus representantes políticos en la Prefectura departamental convocaron a desobedecer y desconocer al gobierno “comunista” de Evo Morales, electo democráticamente, pese a que el régimen demuestra total respeto a la propiedad privada. Esta actitud gubernamental ha provocado no pocas críticas de la izquierda radical, que interpreta que el régimen de Evo es mucho más conservador que el nacionalismo del MNR de 1952, ya que la nueva Constitución oficialista garantiza la propiedad privada y la gran propiedad agraria.

En realidad, los latifundistas rechazan de plano cualquier intento de democratización del acceso a la tierra por más reformista que sea. La Federación de Ganaderos de Santa Cruz impugnó la Ley de Reconducción Comunitaria de la Tierra y todos los decretos agrarios de Morales ante el Tribunal Constitucional, como lo hizo 10 años antes con la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

En octubre de 1996, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y sectores empresariales declararon “persona no grata” al ex presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, e instruyeron “a todos los sectores productivos de la región no enviar productos agropecuarios a la sede de gobierno” como medida de protesta por la aprobación de la Ley INRA.Diez años después, los mismos protagonistas cívicos y empresariales reaccionan igual frente a la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y acusan al gobierno de atentar contra la propiedad privada. En noviembre de 2006, las fuerzas políticas y empresariales cruceñas amenazaron con replegar a sus parlamentarios y con restringir la venta de carne beniana en los departamentos de occidente si es que el gobierno se empeñaba en aprobar la nueva normativa de la tierra.

En esta nueva etapa de la centenaria confrontación por la tierra en Bolivia, los latifundistas suben el tono de sus discursos. Ahora no sólo convocan abiertamente a la resistencia civil y al desacato de leyes sino que amenazan con aplicar “justicia comunitaria” a las autoridades nacionales. Los terratenientes más radicales opinan que ha llegado el momento de “definir las cosas con sangre”.

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