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Área: Sociedad >> Sociedad
Actualizado el 2008-03-12 a horas: 23:31:02

La Corte Interamericana de Derechos Humanos enviará a Bolivia una comisión para apoyar la liberación de familias guaraníes semi esclavizadas y la redistribución de tierras, iniciativas rechazadas por algunos hacendados y cívicos de Santa Cruz

OEA: Puede ser necesario restringir el derecho a la propiedad privada particular para preservar identidades culturales colectivas

Redacción Bolpress

“… La restricción que se haga al derecho a la propiedad privada de particulares pudiera ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista en el sentido de la Convención Americana; y proporcional, si se hace el pago de una justa indemnización a los perjudicados, de conformidad con el artículo 21.2 de la Convención”, recomienda un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que decidió enviar a Bolivia en el corto plazo una comisión especial con la misión expresa de evaluar las acciones que está tomando el Estado nacional para atender las demandas de tierra del pueblo indígena guaraní del Chaco.

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El Informe de la CIDH denominado “Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”, un documento que es resultado de la visita de una misión de la OEA al país a fines de 2006, observa con “profunda preocupación” la continuidad de diversas formas de servidumbre por deudas, análogas a la esclavitud, con algunos elementos de trabajo forzoso prohibidos por tratados internacionales que Bolivia ha prometido cumplir. [1]

El documento en cuestión se refiere a la miseria absoluta de al menos 600 familias indígenas guaraníes que viven en condiciones infrahumanas y sometidas a situaciones de servidumbre en haciendas del chaco boliviano en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca como consecuencia de la falta de reconocimiento y titulación de sus tierras y territorios ancestrales.

“Esta situación viene de décadas atrás y consiste, en términos generales, en el excesivo trabajo físico de personas de todas las edades, incluyendo niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, en algunos casos bajo la amenaza de aplicación de castigos corporales (…)”. La Comisión tomó conocimiento e incluso recibió testimonios relacionados con eventos de maltrato físico mediante azotes por “desobediencia”, situación que fue corroborada por diversos propietarios que comentaron que los guaraníes no tienen iniciativa para nada y que hay que “aguijonearlos” para que trabajen.

Las mujeres realizan principalmente trabajos de cocina y deben llevar la comida a los hombres que trabajan a kilómetros de distancia. Además, llevan a cabo otras labores como pelar maní, escarmenar lana, limpiar las haciendas, cuidar gallinas y lavar ropa. Trabajan desde las 4 am hasta las 6 pm, y aún así, el concepto que se tiene de la mujer guaraní entre los hacendados es que es una “mujer floja y descuidada”. Por su parte, las labores que realizan los hombres dependen de la temporada y su jornada comienza a las 7 am y termina a las 6 pm. Los niños y adolescentes de padres guaraníes, dependiendo de la edad, trabajan a cambio de alimentación, techo o estudio. Si están en edad escolar, algunos pueden asistir a la escuela pero en la tarde trabajan junto a sus padres cumpliendo ciertas labores. En otros casos los niños no asisten a la escuela y se someten a la educación impartida por el patrón.

Los patrones pagan por este trabajo en especie y/o a través de mínimas sumas de dinero que no compensan las largas jornadas laborales y bajo ninguna circunstancia cubren las necesidades básicas de subsistencia de los trabajadores. Correlativamente a la insuficiencia de la contraprestación, se genera una situación de endeudamiento permanente y sucesivo con los hacendados por la provisión de víveres, ropa y otros productos, “que puede llegar a ser vitalicia e incluso heredarse”, dice el informe de la CIDH.

La Comisión de la OEA deploró la continuidad de estas prácticas en pleno Siglo XXI, que además suponen violaciones a otros derechos humanos como la integridad personal, tanto física como psíquica y moral; condiciones mínimas de vida digna; educación y acceso a la justicia, todos derechos consagrados por la Constitución Política e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La Comisión reconoció la intención del gobierno actual de darle prioridad a esta situación y tomó nota del impulso que se le dio al Proyecto de Ley de Regulación del Trabajo Asalariado Rural, cuya aprobación implicaría, al menos en términos legales, la obligación en cabeza de los hacendados de pagar los salarios y beneficios sociales respectivos.

Según la CIDH, esta problemática está estrechamente relacionada con la estructura de la tenencia de tierra y la distribución de la misma en las regiones afectadas. Por ejemplo, en la región de Huacareta del departamento de Chuquisaca, las familias de los patrones detentan la propiedad de grandes extensiones de tierra en contraste con las familias guaraníes que no tienen ni una hectárea de tierra en propiedad.

La Comisión observó con preocupación la precaria situación de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en cuanto al acceso a la tierra y a los territorios que les pertenecen por su uso u ocupación ancestral, en el caso de los primeros; o en virtud de su trabajo con la tierra, en el caso de las segundas.

Como referencia histórica, la Comisión recordó que la reforma agraria de 1953 fue implementada únicamente en la región andina, mientras que en el oriente la hacienda tradicional fue declarada “inafectable” tanto en su extensión como en su régimen laboral. Esto exacerbó la concentración de los poderes económicos, políticos y sociales en una pequeña elite regional que ha venido negando hasta la actualidad el derecho a la propiedad de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

Luego de una fuerte movilización social de diversos sectores rurales, en 1996 se aprobó la Ley 1715 de 18 de octubre de 1996 conocida como la “Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria”, mediante la cual se estableció un proceso de saneamiento y titulación de tierras con la finalidad de desconcentrar la tierra y redistribuirla entre quienes no la tienen o la poseen insuficientemente, además de devolver los territorios ancestrales a los pueblos indígenas de las tierras altas y bajas del país.

La Comisión de la OEA resaltó el generalizado sentimiento de frustración en Bolivia en cuanto a la implementación de esta norma, pues aunque se pretendía sanear el 100% de la tierra hasta 2006, sólo se avanzó en un 13%, debido principalmente a la corrupción de funcionarios del INRA y del Tribunal Agrario Nacional. La burocracia validó documentos de propiedad fraudulentos de los terratenientes; alteró procedimientos de pericias de campo establecidos por ley sustituyéndolos por la recepción de documentos falsos; y obstaculizó la redistribución de tierras a favor de pueblos indígenas y comunidades interesadas.

La Corte Interamericana indicó que al “desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros”.

La Comisión observó que existen diversas posiciones sobre la Ley 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria modificatoria de la Ley INRA aprobada el 28 de noviembre de 2006. Sin embargo, concluyó que esta norma es percibida por la mayoría de los sectores de la sociedad como una esperanza en cuanto a las posibilidades reales de acceso a la tierra de los grupos históricamente excluidos.

En tal sentido, la Comisión comentó que esperaba que la nueva Ley se constituya en un verdadero instrumento que permita el reconocimiento y la titulación y/o devolución de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, derecho colectivo que, tal como ha sido señalado por la Corte Interamericana, se encuentra incluido en el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana.

La Asamblea del Pueblo Guaraní y otras organizaciones sociales demandaron el saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen, pero esta iniciativa es resistida violentamente por ganaderos y hacendados en complicidad con autoridades locales como alcaldes, subalcaldes, prefectos, subprefectos, corregidores, jueces, policías y oficiales de registro civil.

Es hora de corregir las inequidades

La CIDH asumió el papel de vigilante activo del proceso de liberación de familias indígenas guaraníes semi esclavizadas y de la redistribución de tierras que se ejecuta en Bolivia en el marco de la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria, la cual es saboteada y fuertemente combatida por algunos hacendados y dirigentes cívicos del departamento de Santa Cruz.

El organismo internacional tomó esa decisión luego de que Justo Molina Barrancos, representante Consejo de Capitanes guaraníes de Chuquisaca, denunciara que familias cautivas del Chaco, sus dirigentes y asesores son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por algunos latifundistas afectados por la política de reconstitución territorial del pueblo guaraní.

En una audiencia celebrada el 10 de marzo en Washington en el marco del 131 período ordinario de sesiones de la CIDH, Molina denunció que las acciones violentas de reducidos grupos de propietarios, asesorados directamente por el Comité Cívico y la Prefectura de Santa Cruz, ponen en riesgo la continuidad del proceso agrario en el país.

Molina Barrancos y sus asesores solicitaron la audiencia para informar a la CIDH de los graves peligros a los que se exponen en su lucha reivindicativa por la tierra.

Asistieron a la audiencia como representantes del Estado boliviano el embajador representante de Bolivia ante la OEA Reinaldo Cuadros Anaya; el embajador de Bolivia ante Estados Unidos Gustavo Guzmán; el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y Luís Rojas de la Cancillería. Además, participaron los comisionados de la CIDH Florentín Meléndez, Luz Patricia Mejía y Felipe Gonzáles.

Los representantes del gobierno ratificaron las denuncias de los indígenas e informaron de las acciones que cumplen en el marco del proceso de reconstitución territorial del pueblo guaraní con el propósito específico de dotarle de tierras suficientes y liberar del régimen servidumbral a sus comunidades.

Al final de la audiencia, los peticionarios y los representantes del gobierno firmaron un acta en la cual el Estado boliviano se compromete a proteger la integridad de todas las familias guaraníes que todavía viven en las haciendas, de sus dirigentes y de sus asesores.

Ambas partes acordaron que es necesario que la CIDH de seguimiento a la aplicación del proceso agrario en Bolivia y pidieron que la comisionada Luz Patricia Mejía, relatora para Bolivia, y el comisionado Víctor Abramovich, relator sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, visiten el país en el plazo más corto posible para constatar los hechos denunciados que amenazan el proceso de reforma agraria.

El gobierno formalizó la invitación a la Comisión Interamericana, la cual fue recibida con beneplácito por la CIDH. Los funcionarios del organismo esperan que esta iniciativa se concrete en el corto plazo y valoran positivamente la disposición de las partes para encontrar soluciones a la problemática guaraní. Esperan que la voluntad gubernamental se traduzca en la distribución de tierras y en la prevención de violaciones de derechos humanos, todo en el marco de la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria.

Los representantes del gobierno boliviano se comprometieron a informar periódicamente sobre las medidas adoptadas y los avances logrados en el proceso de reconstitución territorial; y prometieron adoptar las medidas necesarias para garantizar que el Tribunal Agrario Nacional resuelva en forma expedita acciones interpuestas relacionadas con el proceso guaraní.

[1] La Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud de Naciones Unidas define como prácticas análogas a la esclavitud la servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda; si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios.

La servidumbre de la gleba es la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición.

El artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: “1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. 2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”.

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