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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2008-03-03 a horas: 22:01:57

Un grupo reducido de no más de 20 hacendados soliviantan con mentiras a productores de la provincia Cordillera en Santa Cruz, según el Viceministerio de Tierras

El saneamiento de tierras en Alto Parapetí no afectará a propietarios de menos de 500 hectáreas

El saneamiento de 157 mil hectáreas de tierra en la zona Alto Parapetí, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, no afectará a los pequeños ganaderos y agricultores, es decir al grueso de productores de la región que poseen menos de 500 hectáreas. Al contrario, esta gente, que según la ley actual no tienen la obligación de cumplir la Función Económica Social (FES) en sus predios, se verá favorecida porque el saneamiento pondrá en regla sus derechos propietarios.

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El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) emitió la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen N. 029/2008 el 12 de febrero de este año y la Resolución de Inicio de Procedimiento RA-ST 0034/2008 el 26 de febrero de 2008, disponiendo que brigadas técnicas comiencen a recolectar información con miras a consolidar la TCO demandada por indígenas guaraníes de Alto Parapetí.

El jueves 28 de febrero, un grupo de ganaderos intervino las oficinas del INRA de Camiri, expulsó a los funcionarios de esa localidad encargados del trabajo de campo y anunció que no permitirá el saneamiento de tierras en Alto Parapetí. Esta acción de hecho motivó el viaje inmediato de una comisión oficial de gobierno para supervisar el inicio del saneamiento.

En la madrugada del viernes 29 de febrero, el viceministro de Tierras Alejando Almaraz, el director Nacional del INRA Juan Carlos Rojas, el director departamental del INRA Santa Cruz Miguel Aragón y el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Wilson Changaraya, entre otros que conformaban la comisión oficial, fueron interceptados y tomados como rehenes durante varias horas por un grupo de ganaderos armados.

“Para evitar tensiones y susceptibilidades fuimos sin apoyo policial y por supuesto desarmados, pero encontramos gente armada con actitud injustificadamente agresiva que disparó a las llantas de los vehículos. Algunos nos intimidaron con armas de fuego e hicieron especial despliegue de agresividad. Una persona pintoresca que disparaba las armas (Ronald Larsen, propietario del predio Caraparicito de más de 6 mil hectáreas) decía que era de Estados Unidos, de Montana, del far west”, relató el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

Almaraz y las autoridades del INRA sostuvieron ese día una larga reunión con ganaderos, autoridades municipales y dirigentes cívicos de la región en la localidad de Lagunillas. El subprefecto de la provincia Cordillera Marcelino Apurani intentó forzar una ruptura y un desenlace conflictivo. Expresó que él y sus representados (productores, ganaderos, autoridades, etc.) no tenían nada de qué hablar con el gobierno, rechazaba frontalmente el proceso de saneamiento y exigía su postergación hasta después del referéndum autonómico del 4 de mayo en Santa Cruz.

Como si la provincia Cordillera fuese de su propiedad, Apurani cuestionó a las autoridades por visitar la zona sin pedirle permiso, y aseguró que su presencia en la reunión era sólo para “despedir a los funcionarios de la provincia”.

En la reunión quedó en evidencia que un grupo reducido de propietarios que no cumplen la FES en sus extensos predios promueven acciones de hecho contra la demanda guaraní de acceder a tierras y liberar a comunidades y familias sometidas a un régimen servidumbral por algunos hacendados de la zona.

En complicidad con autoridades municipales (alcaldes y concejales), comités cívicos de la provincia, consejeros provinciales y departamentales de la provincia Cordillera, y diputados, senadores y constituyentes de Podemos, este grupo de no más de 20 propietarios, desinforma e instrumentaliza a los productores pequeños.

“Les han hecho creer que todos los propietarios pequeños de Cordillera serán barridos y que no se les reconocerá sus derechos. Otra gran mentira es que dicen que la TCO impediría al municipio percibir regalías por los hidrocarburos que existen en la región. Está visto que la campaña de resistencia al saneamiento de la tierra de los sectores conservadores de Santa Cruz está basada en mentiras y en hacer cundir el miedo para evitar la repartición de tierras y perpetuar el latifundio”, comentó Almaraz.

En la reunión en Lagunillas, Almaraz explicó por qué muchos productores se beneficiarán con el saneamiento, un proceso que no sólo sirve para dotar tierra a los indígenas sino también para dar seguridad jurídica a los auténticos productores que cumplen FES, a los que pagan salario a sus trabajadores y no se benefician del trabajo servidumbral. A los pequeños productores desinformados les aseguró que el saneamiento reconocerá plenamente sus derechos y la seguridad jurídica para que trabajen con tranquilidad.

A pesar de la acción agitadora de algunos líderes regionales y activistas cívicos que responden a los grupos de poder, la reunión en Lagunillas fue muy provechosa, observó Almaraz, porque el grueso de productores de Cordillera acordaron con el gobierno una reunión para el 15 o 16 de marzo en la que se concertará un cronograma de ejecución del saneamiento en Alto Parapetí, lo que significa una aceptación implícita del proceso.

En los próximos días, guaraníes de la capitanía de Alto Parapetí se reunirán con los productores y dirigentes cívicos sin la presencia estatal. Si en algún momento las autoridades cívicas de Santa Cruz aspiraron al liderazgo “moral” de toda la sociedad cruceña, en las negociaciones de Lagunillas quedó claro que sólo representan a los patrones. Cuando se definió quiénes asistirían a esta primera reunión, por un lado quedó la Capitanía del Alto Parapetí como representante de los primeros cruceños, es decir los indígenas chiriguanos, guarayos, chiquitanos y ayoreos, y por el otro lado la dirigencia Cívica como representante de los empresarios.

El 15 y 16 de marzo se celebrará una reunión general con autoridades de gobierno para concertar el cronograma y la planificación del saneamiento sobre la base de una mayor información del proceso. Los aspectos operativos se definirían a partir de los consensos.

“Todos compartimos en que el saneamiento sea un proceso participativo, con plenas garantías y que nos de cómo resultado la titulación de la tierra guaraní y la seguridad jurídica para los productores (…) El saneamiento se hará y no existe la más remota posibilidad de que se postergue hasta después del referéndum autonómico”, enfatizó Almaraz.

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