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Área: Política >> Ejecutivo
Actualizado el 2008-01-28 a horas: 17:40:00

Comienza el saneamiento relámpago en Santa Cruz para liberar a indígenas cautivos

Evo expropia 180 mil has y revierte 2.600 has en el Chaco en beneficio de los guaraníes

Redacción Bolpress

El gobierno entregó hoy 30 títulos de tierras que abarcan una extensión de 373 mil hectáreas; presentó un decreto para la expropiación con indemnización de 180 mil hectáreas; anunció la reversión de aproximadamente 2.600 hectáreas sin indemnización en la localidad de Huacareta en Chuquisaca, y anunció el inicio del saneamiento de tierras en la localidad de Alto Parapetí, donde todavía habitan pueblos indígenas cautivos. El Presidente Evo Morales presentó hoy este conjunto de medidas en beneficio del pueblo guaraní en la localidad de Ivo, en el aniversario de la histórica batalla de Kuruyuki.

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La lucha del pueblo guaraní en defensa de su territorio y sus recursos naturales es un caso ejemplar en la historia nacional. La firmeza de este pueblo y el valor de sus guerreros (kereimbas) permitieron que su territorio se mantuviera prácticamente infranqueable para los españoles durante todo el período de conquista y en la mayor parte de la colonia. A pesar de las continuas estrategias empleadas por el poder colonial –expediciones militares, instauración de misiones religiosas, establecimiento de relaciones comerciales, fundación de villas y pueblos aledaños y asentamiento paulatino de haciendas– el núcleo territorial guaraní de la “Cordillera” se consolidó como una frontera mítica dentro la geografía colonial.

Durante el dominio colonial se libraron innumerables batallas, en la mayoría de las cuales salieron victoriosos los bravos Kereimbas guaraníes, y aún después de la instauración de la República boliviana los intentos por usurpar el territorio guaraní por parte de militares y hacendados enfrentaron la férrea resistencia de este pueblo. Después de cuatro siglos de defensa de su territorio, los guaraníes enfrentaron la última arremetida militar. En 1892, se encendió la mecha de la insurrección guaraní en torno al líder Hapiaoeki-Tumpa, el cual llegó a convocar a unos 6000 guerreros provenientes de diferentes lugares del territorio guaraní. Los indígenas tomaron diversas haciendas y estancias en el área de conflicto hasta que el 28 de enero de 1892 en Kuruyuky, después de ocho horas de combate, cayeron derrotados frente al ejército Karaí. Luego sobrevino un largo periodo de represiones, persecución y castigo, que resultaron en la muerte de miles de guaraníes y en la usurpación de su territorio.

La batalla de Kuruyuki es un símbolo de la historia de resistencia y defensa del territorio guaraní frente al poder colonial y a la oligarquía republicana. En el aniversario de la mítica batalla, el gobierno de Morales lanzó un conjunto de medidas para reconstituir el territorio guaraní, defender sus derechos colectivos y preservar sus principios y valores de vida que se resumen en el “ivi-marae” “tierra sin mal”, la vida plena.

La deuda histórica

El proceso de saneamiento de las tierras del pueblo guaraní es único por su adversidad. Por un lado, en las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O’Connor y Gran Chaco de los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, comunidades guaraníes enteras sobreviven en el régimen feudal en pleno siglo XX, como ciervos de la gleba que nacen y mueren sin tierra, sin salario ni educación, y atados a grandes haciendas. Por otro lado, los guaraníes son los indígenas menos beneficiados por los planes de redistribución y saneamiento de tierras de los últimos años.

El Decreto Supremo 28159 del 17 de mayo de 2005 definió por primera vez a las comunidades cautivas como aquellas que “trabajan por cuenta ajena, en condición de subordinación y dependencia, en labores propias de la actividad agropecuaria en espacios histórica y ancestralmente ocupados por ellas, y que no tienen tierra en propiedad”.

Los guaraníes con predios propios que viven fuera de las haciendas también dependen del hacendado, pues sus tierras magras y erosionadas les obligan a emplearse en la hacienda. Estas familias “empatronadas” son empleadas temporal o permanentemente en haciendas para trabajos agrícolas o ganaderos. Por lo general, las mujeres trabajan en la casa del patrón cocinando, lavando ropa y cuidando niños, mientras que los menores de edad acarrean agua y crían gallinas, chanchos, chivas y otros animales. La población empatronada aumenta en periodos de cosecha. Todas las familias guaraníes del Alto Parapetí dependientes de las haciendas de una u otra manera terminan siendo empatronadas.

Muchas familias indígenas cautivas y empatronadas viven esclavizadas por deudas heredadas de sus abuelos. Los bajísimos salarios que perciben en especie (ropa usada, aceite, alcohol, coca… alguna vez); en dinero y en remuneración mixta no alcanzan para cubrir el costo de los alimentos (que los mismos hacendados venden con sobreprecio) ni las deudas por la coca y el alcohol que les proporcionan al fiado. A la hora de hacer cuentas, el indígena iletrado siempre pierde frente al patrón, y se ve obligado a trabajar en la hacienda otro periodo más hasta pagar su deuda.

De las 20 Tierras Comunitarias de Origen (TCO) demandadas por el pueblo guaraní, muy pocas son de gran superficie y el porcentaje de titulación es dramáticamente pequeño, entre el 5 y 10 por ciento. Por ejemplo, si piden al Estado 100 mil ha, reciben de 5 a 10 mil hectáreas, mientras que los demás pueblos indígenas consiguen la titulación de más del 50 por ciento de los territorios que demandan al Estado, como los yuracarés de Cochabamba o los ayoreos, que lograron titular del 95 por ciento del territorio que solicitaron.

¿A qué se debe el saneamiento insuficiente para el desarrollo de este pueblo indígena? Hay dos razones, explica el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz: la primera relacionada con la matufia política que favoreció a terceros, y la segunda más estructural. Las haciendas ganaderas del Chaco aparecieron en los siglos XVII y XVIII y se expandieron desde la primera mitad del siglo XIX hasta el XX. Esto quiere decir que se consolidaron en cientos de años y en diferentes momentos históricos. Favorecieron a los hacendados las leyes republicanas y la reforma nacionalista de 1953 que entendió que la hacienda ganadera no era latifundio y permitió que el Consejo Nacional de Reforma Agraria hiciera excepciones en las tierras bajas bolivianas.

En 2006 el Viceministerio de Tierras se comprometió con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) a dotar suficiente tierra a todas las comunidades de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca para asegurar su desarrollo con identidad y pagar la deuda histórica. Las autoridades comienzan cumplir su promesa en el departamento de Chuquisaca, donde ya se hizo el saneamiento, y ahora preparan un proceso de saneamiento relámpago de tierras cruceñas.

Las medidas del gobiernoEl gobierno ha tomado tres medidas para cumplir sus compromisos con la APG. En primer lugar, emitió un decreto supremo que establece la necesidad pública de expropiar 180 mil hectáreas en las provincias del Chaco Luis Calvo y Hernando Siles a favor de los guaraníes, argumentando que el saneamiento no fue suficiente en cantidad y calidad productiva de la tierra.

Uno de los aportes de la ley de Reconducción agraria es que legaliza la expropiación por causal de agrupamiento de pueblos indígenas que no son dotados en cantidad y calidad suficiente para asegurar su reproducción étnica. A esto se denomina “reconocimiento territorial suficiente”.

La expropiación con indemnización, predio por predio, no supondrá disponibilidad inmediata de la tierra, pero es un proceso irreversible. Hay que precisar que el proceso de expropiación no afectará a campesinos ni a pequeños propietarios. Los hacendados afectados pelean en el Tribunal Agrario, pero no anunciaron recursos contra el decreto por no exponerse al desprecio general. Los empresarios no pueden oponerse a la expropiación y enfrentarse a un pueblo indígena tan importante como el guaraní.

En segundo lugar, el gobierno emitió las primeras tres resoluciones de reversión de tierras sin indemnización –más simbólicas porque representan poco más de 2.600 hectáreas– que se fundamentan en el incumplimiento de la Función Económica Social (FES). En el reglamento de la Ley se menciona que la FES obliga al hacendado a cumplir un interés colectivo y a anular relaciones servidumbrales. Esto quiere decir que si un solo indígena es sometido a un régimen de servidumbre, no se reconoce la FES en el predio aunque en él existan 10 mil vacas. En la anterior norma, sólo el no pago de impuestos era considerado incumplimiento de la FES.

En tercer lugar, se ha dispuesto la dotación de algo más de 100 mil hectáreas de tierras fiscales a los pueblos indígenas del Chaco. Con todas estas dotaciones, más las tierras ya tituladas y lo que se planea seguir recortando a los particulares, el gobierno calcula que podría atender la demanda guaraní en Chuquisaca que asciende a 700 mil hectáreas.

El siguiente paso que dará el gobierno será el saneamiento de otras zonas donde habitan indígenas cautivos, como el Alto Parapetí en la provincia Cordillera de Santa Cruz. El plan es realizar un saneamiento relámpago en cuatro meses apelando a la "determinación" y a la "fuerza" necesarias.

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