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Actualizado el 2007-12-07 a horas: 23:56:54

La tierra, el telón de fondo del movimiento autonómico cruceño

Miguel Lora Fuentes

El 6 de diciembre, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Branco Marinkovic Jovicevic envió una carta al Presidente Evo Morales para informarle que se sumaba a la huelga de hambre “por la democracia y la libertad y contra la dictadura”, iniciada cuatro días antes en la plaza central de Santa Cruz. En la misiva, el empresario le dice a Evo que su referéndum revocatorio es solo una “aventura” política para solucionar sus problemas políticos personales y para aferrarse al poder. Marinkovic anuncia que Santa Cruz hará un referéndum para aprobar su Estatuto Autonómico “que será una ley boliviana para organizar la autonomía en la cual queremos vivir; una autonomía de unidad, de solidaridad, de progreso y de empleo (…).

Miguel Lora Fuentes

Es periodista. Trabajó en los matutinos Presencia, La Prensa, Los Tiempos y el semanario Pulso. Fue profesor en la Universidad Pública El Alto. En la actualidad es editor de Bolpress.com

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Marinkovic es duro con el Presidente: “Con respecto le digo lo siguiente: desde hace 15 años, usted vive de la política; vive de hacer campañas, elecciones y promesas. Y por eso, hoy usted quiere hacer un Referéndum. Quiere hacer más política… El único boliviano que tiene un problema político grave y que intenta solucionarlo con un Referéndum es usted Presidente. Su problema político, Presidente, es que usted quiere gobernar violando la ley y para beneficiar sólo a unos sectores”. El Referéndum autonómico departamental no será “para atender los problemas políticos y personales de ningún personaje”, enfatiza Marinkovic en su carta, aunque el origen y la naturaleza del movimiento cívico empresarial del oriente tienen mucho que ver con un asunto que atañe a un reducido grupo de personas: la tierra.

La oligarquía cruceña con rasgos feudales tiene su razón de ser en la tenencia de grandes extensiones de tierra. Adquirió cada vez más poder desde que el ex dictador Hugo Banzer dio gran impulso a la agroindustria vinculada a la producción de arroz y azúcar.

La concentración de la tierra es más notoria en el departamento de Santa Cruz, el más extenso del país. Una buena parte de los latifundios cruceños se construyó con la ayuda de funcionarios y políticos corruptos de viejos partidos políticos extinguidos como ADN y MIR, y en proceso de desaparición como el MNR, después de que se aprobó la “segunda reforma agraria” en 1996.

Las sucesivas alianzas de partidos políticos neoliberales emitieron varios decretos para sanear haciendas improductivas y convertir concesiones forestales en latifundios con derecho propietario perpetuo. La tristemente célebre megacoalición (MIR, MNR, NFR) promulgó en 2003 la ley 2493 que permitió a los latifundistas consolidar grandes propiedades sin necesidad de demostrar sus derechos en pericias de campo. Con esa ley, el saneamiento perdió su eficacia para identificar tierras ociosas. [1]

Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2005 concluyó que no más de cien familias de poderosos terratenientes, con fuertes lazos con el poder político y económico, acumulaban predios en el oriente y disponían de cinco veces más tierra que los campesinos pobres. Hace tres años, el INRA calculó que en las provincias cruceñas de Guarayos, Chiquitos y Cordillera existían 800 mil hectáreas de tierras reversibles en manos de no más de 500 personas. [2]

En la historia reciente, los terratenientes de esta región demostraron estar dispuestos a defender sus predios con las armas si es necesario. En los últimos años estallaron enfrentamientos en las provincias Ichilo, Guarayos, Obispo Santiestéban y Velasco. Uno de los conflictos más sonados ocurrió en la hacienda Yuquises, donde los hacendados abandonaron las vías judiciales para defender sus propiedades formando grupos irregulares armados.

Cuando asumió la presidencia Evo Morales, el Comité Cívico de Santa Cruz propuso crear un Instituto Departamental de Tierras con autonomía de gestión y pidió que las autoridades y los sectores productivos de Santa Cruz sean parte de la elaboración y definición de la política redistributiva de la tierra. El nuevo gobierno les respondió que la instancia llamada por ley a cumplir esa misión era la Comisión Agraria Nacional, mientras que el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz no descartó usar la fuerza para desalojar a los latifundistas improductivos.

El Presidente Evo Morales anunció que el Estado recuperaría algo más del 10% de la tierra (entre 11 y 14 millones de hectáreas), y prometió que no intervendría los latifundios saneados y productivos. Sólo los empresarios que obtuvieron tierras ilegalmente o que acumularon predios de “engorde” debían preocuparse por la inminente expropiación, principalmente en Santa Cruz, Beni y Pando.

La reacción de las entidades empresariales fue inmediata y contundente. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se declaró en emergencia y los latifundistas comenzaron a organizar un sólido bloque con la burguesía agroindustrial, que hizo de la reivindicación autonómica la bandera perfecta para retener al menos el poder el poder regional tras la pérdida de influencia política en el aparato estatal.

Después de 20 años de democracia pactada, este es el primer gobierno en el que los grupos de poder de Santa Cruz no administran directamente el aparato estatal y el INRA. Por eso la tierra se convierte en un fuerte elemento movilizador y cohesionador.

El comando autonomista

Empresarios, políticos de partidos tradicionales y algunos profesionales de clase media articularon un sólido bloque capaz de movilizar a multitudes, con el apoyo decidido del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de la burguesía en pleno: la CAO, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Federación de Empresarios y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).

En el estado mayor del incipiente bloque de derechas destacaba Oscar Ortiz, gerente de la Cainco en ese entonces y hoy senador de Podemos, partido vástago del fascista ADN del ex dictador Hugo Banzer; el presidente de Fegasacruz Antonio Franco (actual legislador de Podemos) y Branco Marinkovic, presidente de la Federación de Empresarios en ese entonces y hoy presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Franco tiene propiedades en Guarayos y en la Chiquitanía, y está vinculado al Banco Ganadero, el sector especulativo de la burguesía cruceña. En su momento propuso encarcelar a los responsables de ONGs que apoyan a los movimientos indígenas.

Marinkovic dirige Industrias Oleaginosas Limitada (IOL). Es el ideólogo del bloque de la "media luna" empresarial. Se destacó por su incondicional defensa de los intereses de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, gremio petrolero afiliado a la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Se lo conoce como el más lúcido del movimiento empresarial.

En la división ciudadana del naciente frente autonomista descollaba el presidente del Comité Cívico Rubén Costas, hoy prefecto del Departamento de Santa Cruz. El ex diputado mirista Carlos Dabdoub figuraba como el ideólogo del movimiento en gestación. En la actualidad, Dabdoub es secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz.

Dabdoub fue vicepresidente y dos veces presidente del Comité Pro Santa Cruz; formó parte del gobierno del MIR como diputado y Ministro de Salud. Costas viene de sectores moderados de la “izquierda” del MBL y saltó de la dirigencia universitaria al civismo. Aunque no es representante directo de los sectores burgueses, lidera a la clase media próspera como un mediano empresario vinculado al comercio. Tiene propiedades medianas en El Choré.

Desde el principio, apoyaron al movimiento con su medios los empresarios latifundistas y banquetos Ivo Kuljis (dueño de la Red UNO) y Oswaldo "Pato" Monasterios (propietario de UNITEL), que fue senador por el MNR. Kuljis es empresario ganadero dedicado al sector del comercio a través de las cadenas de supermercados Hipermaxi, de capital chileno.

Los intereses de Marinkovic

El líder cívico Marinkovic, que asegura que la lucha autonómica de Santa Cruz no tiene móviles políticos ni obedece a intereses personales “de ningún personaje”, es el primer latifundista que podría ser perjudicado por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.

El Viceministerio de Tierras y el INRA intentan revertir al Estado las haciendas Yasminka (12.587 hectáreas) y Laguna Corazón (14.364 hectáreas) ubicadas en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. El predio Laguna Corazón es propiedad de Branco y Yasminka pertenece a su hermana Yasminka Catarina.

El saneamiento irregular de ambas haciendas ejemplifica cómo gente poderosa de Santa Cruz se apoderó de miles de hectáreas en el oriente del país con la complicidad de ex autoridades del INRA, jueces y dirigentes indígenas sobornados, violentando leyes y alterando datos de sus expedientes agrarios.

Una parte de la hacienda Yasminka está dentro de la tierra comunitaria de origen reclamada por el pueblo indígena guarayo y el 100 por ciento del predio Laguna Corazón se encuentra dentro de la Reserva Forestal de Guarayos creada por decreto supremo 08660 de 1969, que prohíbe expresamente asentamientos humanos.

Las haciendas Laguna Corazón y Yasminka no son las únicas propiedades de los Marinkovic en Santa Cruz. Según los archivos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la familia tiene al menos otros nueve predios en las provincias de Guarayos, Chiquitos, Ñuflo Chávez, Sarah y Obispo Santiestéban.

[1] El ex presidente Carlos Mesa aprobó el DS 28140 que crea la propiedad forestal no reconocida por la ley; el DS 28148 que descentraliza el INRA en nueve oficinas debilitando severamente el control del saneamiento, y el DS 28160 que mercantiliza la tierra. El ex presidente Eduardo Rodríguez derogó varios de los decretos de Mesa, pero consolidó grandes latifundios y legalizó la fragmentación de predios para disimular la tenencia de grandes extensiones y evitar el pago de tributos.

[2] No pocos ex ministros y legisladores abusaron de su poder para acaparar tierras como el ex presidente del Senado Sandro Giordano y su esposa, o la familia de Luis Fernando Saavedra Bruno.

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