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Área: Sociedad >> Sociedad
Actualizado el 2007-11-13 a horas: 15:19:40

Carlos Crespo:

El “experimento” del control social en la gestión del agua ha fracasado

(PIEB).- Los dirigentes del movimiento nacional del agua han sido cooptados por “las prácticas clientelistas y corruptas del Estado”, afirma Carlos Crespo, coordinador del Área Medio Ambiente en el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

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Crespo fue uno de los panelistas del Seminario Internacional “Modelos de Gestión del Agua en Ciudades y Comunidades de los Andes”, donde planteó que el movimiento nacido para reivindicar la dotación de ese recurso fue asimilado por el Gobierno y ahora apoya políticas incluso contrarias a sus intereses.

Crespo realizó una investigación que reconstruye el proceso de conformación, a partir de la gestión 2000, del Movimiento Nacional de Agua, como una red de resistencia a la mercantilización (privatización y comercialización) del recurso y una “ruptura” con formas de acción colectiva como la Central Obrera Boliviana. Según dijo, “Evo Morales es producto de eso de alguna manera”.

Una vez terminada la “guerra del agua”, las organizaciones de regantes que al principio eran visibles sólo en Cochabamba se expandieron en todo el territorio. Ahora existen desde comités de defensa del río Pilcomayo hasta cooperativas vecinales en Santa Cruz.

“Estas capacidades importantes demostradas por el movimiento en estos años –comentó Crespo– se han visto frustradas con su decisión de apoyar e incorporarse al proceso de reformas y, lo que llamo, un proceso hegemónico estatal del Gobierno de Evo Morales. Esta articulación al proyecto ha sido producto de un proceso de cooptación que ha hecho el Gobierno actual; hay dirigentes que son funcionarios en el Ministerio (del Agua) y en otras instancias, pero al mismo tiempo este movimiento nacional está legitimando medidas y políticas del sector (…) que contradicen esto que se llama la agenda social del agua”.

Las políticas contradictorias son, según Crespo, que el Gobierno haya negociado la salida de Aguas del Illimani pagando 5,5 millones de dólares de compensación y asumiendo sus deudas, cuando tenía información capaz de dejar en desventaja a esa empresa incluso en un juicio internacional. Por otra parte, está el hecho de que la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) aún funciona como privada como fue denunciado esta semana. También que hay una Ley de Riego “que va a generar más desigualdad y conflictos, además de que se impulse una política de saneamiento con base en la donación y el crédito. Y, finalmente, que se apoye las actividades industriales y extractivas con graves impactos ambientales.

La cooptación, planteó Crespo, neutralizó al movimiento del agua que ahora “está legitimando con su silencio” este proceso.

¿Cabe un verdadero control social en ese contexto? El investigador y activista asegura que no. En el caso del Servicio Municipal de Agua Potable de Cochabamba (SEMAPA), que es el “experimento del control social”, con representantes ciudadanos elegidos por voto universal que se incorporan al directorio de la empresa”, el resultado es que “muy rápidamente se ha articulado a la estructura de corrupción” interna porque las mismas organizaciones sociales mantienen prácticas caudillistas, autoritarias, clientelistas y reproductoras del carácter corrupto que tiene el Estado.

Sin embargo, Crespo abrió el beneficio de la duda a la base social del movimiento, donde “tal vez” a nivel del comité de agua o la asociación de riego micro haya un control hacia el dirigente y una verdadera práctica democrática.

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