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Área: Economía >> Minería
Actualizado el 2007-10-26 a horas: 21:07:09

Conclusiones del seminario “Agua Industria y Comunidades Locales"

Carlos Crespo

Lo que sigue son algunas reflexiones a propósito del Seminario Nacional “Agua Industria y Comunidades Locales”, realizado en la ciudad de La Paz, el 18 de octubre del presente, organizado por el CGIAB, con el apoyo del FOBOMADE. No pretende resumir lo conversado sino, apuntar aspectos que me llamaron la atención, para futuras discusiones.

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UNO. Vivimos un periodo de auge en la explotación de recursos naturales (RRNN) en el país; con los precios altos de los hidrocarburos, minerales y la creciente demanda de energía, se han abierto nuevas áreas de explotación (incluyendo zonas de conservación como parques nacionales, glaciares en el petróleo y minería, o en áreas urbanas como sucede en la actividad minera). Pero, los costos sociales y ambientales, vinculados particularmente con el acceso/uso disponibilidad de recursos hídricos y sus servicios, y los impactos sobre estos, en general son asumidos por las comunidades locales, como se han observado en los casos presentados, dentro los tres problemáticas discutidas (hidroenergía, hidrocarburos, minería). Esta vuelta de tuerca en la presión sobre los RRNN, en el marco del capitalismo global, vulnera todas las capacidades de la naturaleza, establecidas por los principios de sustentabilidad: la capacidad de la naturaleza de proveer recursos, de asimilar residuos y de proveer servicios ambientales (Jacobs, 1997).

DOS. No es solo el sector privado el que genera degradación ambiental, también el Estado en el pasado fue causante de impactos sociales y ambientales, solo recordar a la COMIBOL y a YPFB previo a la privatización, y sobre el cual no se habla mucho. Hoy, que el Estado nuevamente está incrementando su participación en la actividad industrial, es preciso recordar este pasado poco honorable, aprender de los errores y promover una política de explotación de los RRNN tomando en cuenta las múltiples funciones de la naturaleza para reproducir la vida.

TRES. Un instrumento constantemente mencionado por los expositores ha sido la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y lo que se observa es, primero suelen ser documentos de difícil acceso público, particularmente para las comunidades locales; por otro lado, se ha observado la deficiente calidad de estos estudios. Estos antecedentes, que muestran la ineficacia del EIA para reducir los impactos en estos sectores productivos, llevan a pensar que, por lo menos en el caso boliviano, la EIA constituye un formalismo burocrático ante el Estado, que solo legitima la deficiente performance de las empresas, como se ha observado en el sector petrolero. En ese sentido cumple el mismo rol de “greenwash” o barniz blanco, que el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (Gavaldá, 2005).

CUATRO. Los casos presentados han evidenciado las limitaciones del marco legal y regulatorio, que no favorecen a las comunidades afectadas, como la Ley de Medio Ambiente (No 1333), quienes requieren probar la contaminación para ser consideradas como denuncia, cuando estas carecen de medios materiales para hacerlo (K´ori Kollo, CODERIP, Madera).

CINCO. Los impactos producidos por las actividades hidrocarburíferas, mineras e hidro-energéticas, cuyos mayores afectados son comunidades locales pobres, así como la reducción en el acceso y/o uso del agua y sus servicios, generan problemas y conflictos, pues estas comunidades y sus organizaciones sociales deciden resistir, también como acto de dignidad; pero, los objetivos son diferentes, pues mientras algunos buscan compensaciones acorde al impacto (CODERIP), otros desean modificar marcos legales/regulatorios, como el código minero, la Ley de Medio Ambiente (hidrocarburos, petróleo), hasta aquellos que apuestan por la “nacionalización” del recurso (Zongo). Estas resistencias conjuncionan una diversidad de tácticas, una de ellas es recurrir al Convenio 169 de la OIT, y últimamente a la resolución de NNUU sobre pueblos indígenas, como dispositivo eficaz para estructurar la defensa de sus derechos sociales y ambientales; pero también supone crear formas organizativas específicas, de defensa de sus derechos sociales, ambientales, como el CODERIP, OCIMAC, CODIRUP, Movimiento Social en Defensa de la Cuenca del Madera y de la Región Amazónica. La resistencia, expresada en conflictos sociales y ambientales, constituye un mecanismo de presión para las comunidades, para obligar al sector privado a asumir los costos ambientales e “internalice las externalidades”, y al Estado a asumir su rol regulador y fiscalizador. Estas resistencias pueden ser consideradas como movimientos de “justicia ambiental” (Harvey, 1999) o “ecologismo popular” (Martínez Alier, 1994[1]), pues son sectores desaventajados de la sociedad, afectados directamente por los impactos sociales y ambientales, quienes asumen la oposición a las actividades industriales contaminantes, pues sienten la reducción en el acceso y/o uso a sus medios de vida y a recursos naturales. Estas acciones y movimientos de resistencia matizan el juicio generalizado de que “los pobres venden barato su medio ambiente”.

SEIS. Una práctica común de los actores más poderosos, sea Estado, sector privado u otro, es que estos utilizan la cooptación para resolver los conflictos, esto es no enfrentar las causas de los conflictos (sea la contaminación de aguas y zonas de vida, la pérdida de acceso y/o uso al agua y sus servicios), sino que se discuten compensaciones, donde normalmente salen perdiendo las comunidades locales. El caso de las explotaciones mineras de San Cristóbal y K’ori Kollo son casos representativos, sin duda.

SIETE. Otra práctica de la que se quejan las comunidades y organizaciones sociales afectadas por impactos de actividades industriales, es el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades estatales y sector privado. Asimismo, observan que las autoridades gubernamentales normalmente están aliadas o son subordinadas al poder de las empresas.

OCHO. A nivel de las políticas públicas, de los casos presentados en el evento, se ha evidenciado la escasa estabilidad institucional como factor para la escasa capacidad del Estado para regular estas actividades económicas, y en general manejar los conflictos emergentes de estos impactos. Cada autoridad que llega modifica lo hecho por la gestión anterior, y a empezar de nuevo. Fortalecer estas capacidades implica poder realizar o encargar auditorias ambientales independientes a las empresas, y aplicar las normas vigentes efectivamente. Asimismo involucra obligar al sector privado asumir los costos ambientales que genera. El gobierno de Evo Morales tiene el desafío de modificar estas políticas y prácticas, del cual hasta el momento solo se ha visto la tendencia a reproducir el enfoque de gobierno neoliberales previos, de “exportar o morir”; asimismo, el gobierno de Morales debe enfrentar el creciente poder de las prefecturas en sus departamentos, que no necesariamente tienen políticas ambientales adecuadas.

NUEVE. Los testimonios de los representantes sociales nos han mostrado la contradicción existente entre conservación y crecimiento económico, donde este último al final se impone. El ejemplo clásico son las áreas y zonas protegidas, territorios indígenas, donde se ha encontrado petróleo; allá la decisión es la que establece la Constitución Política del Estado: al ser un recurso estratégico clave para el desarrollo nacional, se impone su explotación frente a cualquier demanda de conservación.

DIEZ. Definitivamente la información, es decir su producción, acceso, uso, distribución, constituye una fuente de conflictos en varios de los casos estudiados (Pilcomayo, San Cristóbal, Madera). Forma parte del sistema de transparencia de la gestión ambiental, y sobre el cual ninguno de los actores estatales y privado dan la importancia estratégica que supone. Más aún, el Estado carece de medios para producir información ambiental propia sobre la performance de las empresas; el caso paradigmático es San Cristóbal, donde la información manejada por el gobierno y la que difunde a los medios de prensa, es la provista por la empresa. Asimismo, parte de los conflictos presentados están relacionados con diferente información técnica e interpretación de los impactos, que manejan las empresas (normalmente minimizando estos), en relación a las organizaciones sociales y comunidades locales afectadas.

ONCE. El principio de transparencia, por el cual Todos los actos públicos, ejercidos por los funcionarios y representantes en todas las instituciones estatales (centrales, descentralizadas, locales, autárquicas y autónomas) y en todas las instancias organizativas de la sociedad civil, deben ser obligatorias e inmediatamente publicadas y accesibles a través de todos los medios técnicos disponibles, sin que medie solicitud alguna. Debe estar garantizada la accesibilidad irrestricta a toda la información legal, contable, administrativa, cartográfica, estadística, comunicacional, técnica, financiera (Soto, 2004:1).

Así como el Principio de rendición de cuentas, “Todo representante y todo funcionario en todos y cada uno de los niveles de la administración pública, (estatales, centrales, descentralizadas, locales, autárquicas y autónomas), debe presentar periódicamente -al menos dos veces al año- informes detallados de sus actividades, a través de todos los medios disponibles. Del mismo modo se debe proceder en todas las organizaciones sociales y en todos sus niveles organizativos” (Idem, 2004:1), no se cumple, incrementando por tanto el riesgo de conflictos.

DOCE. El ing. Guillermo Mariaca (exfuncionario de YPFB) hablaba en el evento acerca de la valoración económica de los impactos ambientales en el sector hidrocarburos (aunque el análisis se aplica a los tres sectores debatidos), como una herramienta de gestión ambiental; como nos enseña la economía ecológica se debe tener cuidado con estos ejercicios de valoración, que asumen los RRNN como bienes económicos, por tanto susceptibles de ser valorizados con precios de mercado, siguiendo por tanto, un enfoque de mercantilización de la naturaleza. Cual es el valor de un bofedal en el altiplano o de una fuente de agua en el Chaco?

TRECE. Los casos presentados visibilizan que, en forma creciente, los conflictos tienen un carácter supranacional, sea porque involucra más de un estado nación, como es el caso del Madera (Brasil, Perú, Bolivia), o porque está involucrada una empresa multinacional (como COBEE en Zongo, Apex Silver Mines en San Cristóbal, Repsol en el Chaco, etc).

Por tanto, para que sean eficaces, las resistencias también se plantean en estos escenarios globalizados, como nos ha enseñado la “Guerra del Agua” de Cochabamba (Crespo, Fernández, 2004).BibliografíaCrespo, C. Fernández, O & Peredo, C (2004) Presión social y negociación. Los regantes de Cochabamba en la guerra del agua. Cochabamba: CESU-UMSS.Gavaldá, Marc (2006) Privatizaciones en América Latina. Reportaje a Marc Gavaldà; http://www.voltairenet.org/article124494.html. (último ingreso 23/X/07)Jacobs, Michael (1997) La Economía verde: medio ambiente, desarrollo sostenible y la política del futuro. Barcelona: ICARIA: FUHEM.Soto, Gustavo (2004) Cuatro principios para fundar otra Bolivia posible. 2 pp. Mimeo.Harvey, David (1999) “The Environment of Justice”, in Frank Fischer & Maarteen A. Hager (edit) Living Justice. Environmental politics as cultural discourse, Oxford: Oxford Univesity Press. Martínez Alier, Joan (1994) De la economía ecológica al ecologismo popular; Barcelona: ICARIA. Otero, Marcelo (2007) La mercantilización del agua y el ecologismo popular. La Ley de exportación de aguas del suroeste de Potosí; tesis para obtener el grado de Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo sostenible; Cochabamba: CESU-UMSS; 142 pp. [1] Otero (2007) ha estudiado el movimiento de oposición en el sudoeste potosino, a la exportación de aguas al norte de Chile, como una expresión de “ecologismo popular”.

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