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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2007-08-23 a horas: 13:44:24

Un tribuno se niega a ser procesado

(ABI).- El magistrado del Tribunal Constitucional, Walter Raña, desconoció el inicio de juicio de responsabilidades por prevaricato en su contra y reconoció como válida la resolución calificada de ilegal de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados que extingue el caso por considerar que el Parlamento no tiene competencia para juzgarlos.

"La Constitución Política del Estado nos protege, se ha determinado que nosotros continuemos en nuestras funciones, además de ello la disposición legal contenida en la Ley de enjuiciamiento a altas autoridades del Poder Judicial ha determinado el archivo de obrados, eso significa que ha cobrado autoridad y es cosa juzgada", dijo.

Según Raña, significa que en ningún momento puede ser revisado el archivo de obrados, lo que implica que continúan como magistrados en el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Antonio Sánchez, fue enfático al manifestar que la notificación de la Comisión de Derechos Humanos a los magistrados no surtió causa jurídica porque se pronunció antes de recibir toda la documentación que se requería para que se pronuncie.

Y que pese a su ilegalidad la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Mery Zabala, la presentó con el único propósito de impedir se vote por la autorización del juicio de responsabilidades o por el archivo de obrados.

Dijo que una segunda irregularidad se sustenta en el artículo 18 de la Ley Nro. 2623 Procesal para el Enjuiciamiento de Altas Autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la República establece que "recibido el informe en conclusiones, su tramitación se sujetará a lo establecido en el artículo 14 de esta ley y se pronunciará por la acusación o el sobreseimiento del imputado, sin recurso ulterior".

En ese marco Sánchez dijo que una vez que las conclusiones del informe fueron remitidos y leídos en el pleno de la Cámara de Diputados, desde ese momento la Comisión de Constitución pierde toda competencia.

"Pero lo fundamental es que no se remitieron actuados, obrados a la Comisión de Derechos Humanos, está en pleno trámite el aspecto de la apelación, vamos a cumplir con todos los trámites y la elevaremos a la comisión de Derechos Humanos", dijo.

"Por lo que la Comisión de Derechos Humanos se ha precipitado en una forma nada lógica con la entrega de notificación, hemos leído los artículos de la ley 2623 y es muy clara en el artículo 33 que indica que una vez que se reciba toda la documentación y antecedentes a nivel de la Comisión de Derechos Humanos deberá recién procederse, pero no ha habido eso, por lo que la resolución que puedan haber votado no es legítima, no es legal ni es válida", aseguró el diputado Sánchez.

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