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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2007-07-25 a horas: 20:24:34

Los regantes y la agenda social del agua

(Federación de Regantes de Cochabamba - Fedecor).- Recientemente hemos conocido un artículo publicado por el señor Carlos Crespo en Bolpress, realizando una serie de críticas a la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento (ANARESCAPYS); las observaciones vertidas en su articulo titulado “Los Regantes: de la resistencia a la cooptación”, nos exigen realizar las siguientes aclaraciones y comentarios:

Sobre la Crisis del Ministerio del Agua (MdA)1) Entre diciembre de 2006 y enero de 2007, las organizaciones sociales del agua (en particular ANARESCAPYS y la Coordinadora Nacional del Agua que agrupa a cooperativas, comités y usuarios de agua potable) nos dedicamos a diseñar el Ministerio del Agua (MdA), planteando una estructura, funciones y objetivos por Viceministerio y realizando las gestiones para su creación. La constitución del MdA en su momento no implicó en absoluto disputas de poder, mucho menos cuoteos, nuestro objetivo central era implementar la agenda social del agua; por lo que las supuestas disputas de fracciones masistas que Crespo cree ver alrededor del ministerio no son mas que ficciones resultantes de una mirada distante. Lamentablemente hoy en día el MdA manifiesta una grave crisis generada por ineficiencia, falta de visión y sustitución de un proyecto de estado por un proyecto personal. Sobre la Agenda Social del Agua2) ¿Cuál es la agenda social del agua que pretendimos implementar con el MdA? De manera resumida algunos de los puntos centrales de esta agenda planteados por la Coordinadora Nacional del Agua y la ANARESCAPYS son los siguientes: 1)Construcción de una Ley General de Aguas ; 2) Construcción de una Ley de Agua Potable; 3) Funcionamiento del Consejo Técnico Social del Ministerio del Agua como entidad con participación social que guía al MdA (consejo que no ha sido convocado por mas de 12 meses); 4) Implementación de la Ley de Riego, sus Reglamentos e institucionalidad (hoy saboteada por el MdA); 5) Regularización de los servicios de agua potable y de los sistemas de riego a través de Licencias, Autorizaciones y Registros, brindando de esta manera seguridad jurídica a las fuentes de agua y los activos asociados a los servicios; 6) Creación de los Comités Técnicos de Registros y Licencias (CTRL) como entidades con participación social que tengan un rol protagónico en el proceso de regularización de derechos y de regulación de los servicios de agua potable; 7) Sustitución de la SISAB por una entidad de regulación descentralizada y con participación social; 8) Construcción concertada de una Política Financiera sectorial en agua potable para viabilizar financiamientos y aliviar las sobrecargas por endeudamiento de prestadores de servicio; 9) modificación de la Fundación para el Desarrollo de Saneamiento Basico (FUNDASAB) como entidad del estado, incluyendo en ella la participación social en niveles decisorios y promoviendo el fortalecimiento institucional y el apoyo técnico a las entidades de prestación de servicios de agua potable; 10) Construcción e implementación de una política tributaria y de tarifas de electricidad para los sistemas de agua potable y riego creando una categoría especial y determinada exención de impuestos; 11) construcción de normas e institucionalidad para resolver la creciente contaminación de la fuentes de agua, con mecanismos de regulación por cuencas con participación social y mecanismos coactivos respecto a los contaminadores; 12) sustitución de las Sociedades Anónimas Mixtas en el sector de agua potable creando Entidades (EPSA) Mancomunitarias Sociales como un nuevo modelo que incluya a municipios y población beneficiaria; 13) emprendimiento de una vigorosa campaña de inversiones.Esta agenda estratégica ha sido definitivamente abandonada por el MdA, y lo poco en lo que se ha logrado avanzar ha sido producto de gestiones de organizaciones sociales. Es el esfuerzo de cabildeo, presión y proposición de las organizaciones sociales que ha permitido: a) la promulgación de los decretos reglamentarios de la ley de riego; b) el funcionamiento aún limitado de la institucionalidad de riego (los servicios nacional y departamental de riego, SENARI y SEDERI), c) la aprobación de la Ley de EPSA Mancomunitaria Social (cuyo reglamento está trancado por falta de voluntad y liderazgo del MdA); d) la regularización de prestadores de servicios de agua potable a través de una Guía de Tramite recientemente aprobada por la Superintendencia de Saneamiento (SISAB) a instancias nuestras; e) la creación de los CTRL para promover la regularización y la regulación de los servicios; f) la elaboración de proyectos de ley y de decretos supremos como el caso de agua potable y la política financiera sectorial, abandonadas sin embargo por el MdA; g) la modificación de FUNDASAB logrando incluir participación social, hoy saboteada sin embargo por el MdA.Si algo caracteriza hoy al MdA es la falta de visión estratégica, la ausencia de voluntad para impulsar o al menos para entender la agenda social del agua, la incapacidad para gestionar fondos y ejecutarlos en particular en saneamiento básico; el inmovilismo y la retardación burocrática; la priorización de pocas obras estrella (que no terminan de ejecutarse y que son herencia del pasado) y anuncios de supuestos financiamientos conseguidos (que tampoco se procesan de manera expedita para su ejecución) para generar impacto propagandístico.Estas son las razones por las que la ANARESCAPYS y la Coordinadora Nacional del Agua hemos planteado la urgente necesidad de un cambio de fondo en el MdA. Reducir la problemática del agua y del MdA en Bolivia a pugnas políticas o planes de ONGs, ponen en evidencia la limitada visión de Crespo, que sustituye el análisis con percepciones subjetivas.La Estrategia de los Regantes y las Organizaciones Sociales del Agua

3) Se pregunta Crespo. ¿Cuál es la estrategia de los regantes y si tienen una estrategia sustentable, equitativa, etc., de agua? Los regantes sí tenemos una estrategia con la que somos consecuentes desde mucho antes de la guerra del agua. Ya en abril del 2000 habíamos planteado como una de nuestras reivindicaciones ante el avance de políticas de privatización de fuentes de agua y servicios de agua potable que era necesario trabajar en una legislación que proteja jurídicamente nuestras fuentes e inversiones. Precisamente por ello propusimos y conquistamos el REGISTRO (sobre fuentes de agua y activos asociados al servicio) en la nueva ley 2066 de agua potable resultante del conflicto; los artículos 49 y 50 son expresión de esa conquista. De inmediato nos pusimos a trabajar en una norma legal que ampare también nuestros usos agropecuarios, dando continuidad a la misma línea de reforma, estableciendo el REGISTRO en la Ley de Riego y luego en su reglamentación. También hemos planteado la creación de una institucionalidad de riego expresada en el Servicio Nacional de Riego y los Servicios Departamentales (SENARI y SEDERI), porque queremos construir un nuevo tipo de institucionalidad pública (descentralizada y social), que perdure y genere condiciones para las inversiones en riego, la planificación de las mismas, el apoyo en proyectos de riego y la otorgación de derechos de agua para riego. Por otra parte, hemos apoyado plenamente a las entidades urbanas de agua potable en su objetivo de asegurar jurídicamente sus fuentes de agua y sus activos asociados al servicio, promoviendo también la Licencia de agua potable y la Autorización de uso de fuentes de agua. ¿En qué norma legal? En la Ley de Agua Potable 2066 (arts. 34, 44 al 47, entre otros), el año 2000, en un proceso difícil de concertación en el cual el señor Crespo participó como investigador y asesor. Lamentamos que hoy en día reniegue y se desdiga de lo avanzado.

Regulación de Sistemas de Agua Potable con Licencias y Registros

4) Recientemente en el mes de julio, hemos logrado en el marco de talleres de concertación durante varios meses junto a miembros de la Coordinadora Nacional del Agua, la aprobación del procedimiento de Licencias y Registros en Agua Potable, nunca aplicadas no obstante estar en la Ley 2066 desde el año 2000. Esta Guía establece el procedimiento y los requisitos, y crea los Comités Técnicos de Registros y Licencias (CTRL) con participación social. Para sorpresa nuestra, el analista que durante los siete años de debate del tema hizo esporádicas presencias en los eventos del proceso de redacción y negociación con los distintos gobiernos, ahora embiste contra la “forma” de implementación de la otorgación de licencias y registros. ¿Habrá leído el señor la Guía correspondiente aprobada por Resolución Administrativa? ¿Con qué criterio establece el analista que “su manejo (de la Guía) involucra instancias supracomunales” y otros actores relacionados con el sector regante? Por supuesto que hay instancias supracomunales, de nivel departamental, pero con participación de organizaciones sociales representativas. ¿Qué tiene de malo que existan niveles institucionales que no sean estrictamente comunales de base, máxime si esas instancias están articuladas a las comunidades y responden a ellas?

No obstante existir organismos departamentales (los CTRL) es en el nivel local que deben darse los acuerdos entre los sistemas de agua potable, delimitando su áreas de prestación de servicios y ubicando sus fuentes de agua, estableciendo con claridad sus derechos, los mismos que serán luego presentados en dialogo con los CTRL.Es imprescindible impulsar las licencias en el área urbana. Existen varias cooperativas pequeñas de agua potable que hoy están concesionadas en el marco de la Ley 2066, la misma que establece que concluido el plazo de concesión el área de servicio de las concesiones es licitada a terceros no pudiendo participar el titular cesante, lo que equivale a una confiscación del patrimonio colectivo. Algunas cooperativas en Santa Cruz fueron concesionadas por 15 años (precisamente para provocar su muerte y favorecer a grandes prestadores) y hoy están a menos de 9 para la culminación de su plazo. Ley de Riego, Economía Campesina y Seguridad sobre Fuentes de Agua5) ¿Qué la ley de Riego fortalece a una élite campesina? ¿Qué creará diferenciación económica pasando el control del agua a los campesinos con riego?Según los datos del propio ex Programa Nacional de Riego (datos que probablemente subestiman la realidad) las personas que dependemos del riego superamos el millón, de un universo de mas de tres millones de población rural. Con la implementación del Plan Nacional de Riego, el número de beneficiarios superará los 2 millones de personas; por lo que resultamos siendo, a ojos del analista, una élite bastante numerosa. El riego crea mejores condiciones económicas y de vida a los productores agropecuarios, precisamente por ello es importante promoverlo, construir infraestructura de riego, pero también acompañar este proceso otorgando seguridad jurídica sobre las fuentes de agua. Operadores Mineros, Hidroeléctricos e Industriales requieren fuentes de agua y las disputan con regantes y sistemas de agua potable, entre estos dos últimos sectores también existen disputas por agua. La intención expresada en la Ley de Riego es proveer un régimen de derechos para proteger las fuentes de agua de los que tienen conflictos. No tiene porque aplicarse en todo el país de un día para el otro. Serán los propios interesados quienes manifiesten su voluntad y necesidad de ampararse en REGISTROS y AUTORIZACIONES. Nadie está obligado a tramitar derechos de aguas, el régimen es voluntario.Efectivamente los regantes participan de manera mayoritaria en los directorios de SENARI y SEDERI, pero también participan las organizaciones sindicales campesinas y los empresarios. La paradoja es que los votos sociales y los estatales son equivalentes, es decir, el número no se impone, ambas partes están obligadas a concertar, incluyendo a los representantes empresariales. Dirigencia Regante y Democracia Sindical

6) No haremos mayor debate sobre la acusación del analista de que los dirigentes de los regantes no son regantes, así como no hemos debatido la misma falacia, extrañamente coincidente con los discursos de los grupos de poder político ligados a cierta prefectura. Para información del investigador, los dirigentes de la FEDECOR y ANARESCAPYS fueron elegidos por las organizaciones de regantes; ratificados, reiteradamente o no, lo cierto es que de manera democrática se eligió a los que hoy los representan. Precisamente en esos eventos, en los que sí existió la posibilidad de revocatoria de mandato, se rindieron cuentas y se presentaron informes. Si Crespo tiene abundante experiencia en investigación, debería saber que para sacar conclusiones debe basarse en información verídica, por lo visto está mal informado.

Ley de Riego y Temas Ambientales

7) Que la Ley de Riego tiene escasa atención al tema ambiental, a la conservación de aguas, etc., es posible. La Ley se construyó desde el 2001 hasta el 2005 en innumerables talleres, donde participó ocasionalmente Crespo; hubiera sido interesante contar con sus opiniones en ese momento. Pero estas reacciones críticas a destiempo no contribuyen a un ambiente constructivo. Nos parece que seria altamente productivo que el analista hiciera al menos una propuesta. Nunca es tarde para mejorar las normas legales o la implementación de ellas, lo que necesitamos es voluntad de construir además de criticar.

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