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Actualizado el 2007-07-19 a horas: 10:48:43

A propósito de las Resoluciones del Congreso Extraordinario de la ANARESCAPYS

Los regantes: de la resistencia a la cooptación

Carlos Crespo

Las resoluciones del último congreso extraordinario de la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable (ANARESCAPYS) reflejan, entre otros aspectos, las disputas de las fracciones al interior del MAS y sus aliados, por el control del ministerio del agua: por un lado Abel Mamani, ministro del agua junto a Walter Valda, viceministro de cuencas, y por el otro los regantes, asesorados por ONG’s, que pretenden capturar el ministerio para implementar su propia agenda. Mamani fue invitado por Evo Morales como símbolo de la lucha alteña por la recuperación de los hidrocarburos y contra la concesión de Aguas del Illimani, mientras que Valda es cuota del MAS chuquisaqueño; pero ambos, desde el inicio de la gestión masista, nunca tuvieron el apoyo de la otra fracción. Hoy, los errores de la gestión ministerial (tema de otro análisis), han creado el ambiente propicio para lanzar la ofensiva y capturar el ministerio del agua.

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Las resoluciones, asimismo, visibilizan la preocupación del MAS para neutralizar el creciente poder de las prefecturas, tema particularmente grave en el caso de Cochabamba, bastión de los regantes, donde Manfred Reyes Villa esta haciendo “competencia” al gobierno central en inversiones en el sector riego, por contar con recursos económicos provenientes de las regalías petroleras, y por tanto minando el poder del gobierno central y de su organización social funcional, la FEDECOR. No debemos olvidar que el MAS aceptó en el parlamento ese nuevo escenario, pero no calcularon el desastre electoral en las prefecturas, donde la oposición ganó las elecciones prefecturales. Ahora deben cargar con ese fardo, y como en el caso de Cochabamba, al no aceptarlo, conspiran contra el prefecto y buscan neutralizar su poder.

Pero, ¿cuál es la estrategia de los regantes? ¿Es que tienen una propuesta nacional para la gestión sustentable, equitativa y democrática del agua y sus servicios ambientales? No, y el haberlo señalado, como académico y activista del agua, junto a los colegas Rocío Bustamante y Humberto Gandarillas, nos ha provocado la condena autoritaria, no de los compañeros regantes de base, la gran mayoría de los cuales seguramente no sabe quien es Carlos Crespo, sino de una dirigencia cooptada y clientelista del sector regante, algunos de los cuales ni siquiera son regantes, pues no tienen mitas o derechos de agua, sino que, parafraseando a Juan Perelman, “trabajan de regantes”.

Nos acusan de tergiversar contribuyendo “a que los grupos de poder político pretendan descalificar nuestra Ley y a nuestras organizaciones nacionales y departamentales de regantes, saboteando su aplicación” (pp. 8). No sabía que tenía tal capacidad de influencia, ojala fuera cierto. Pero, ¿que hemos dicho para ser pasados por el torquemada de la mal llamada democracia sindical? Básicamente cinco argumentos:

1. La ley de riego defiende eficazmente los derechos de los agricultores regantes, y sus “usos y costumbres”, pero los campesinos e indígenas actualmente sin acceso al agua, es decir los más pobres, quedan vulnerables y/o excluidos; más aún, dependen de la buena (o mala voluntad) de la dirigencia regante para tener acceso al recurso hídrico, en la medida que ellos controlan hegemónicamente las instancias de toma de decisión como el viceministerio de riego, el SENARI y los SEDERIs.

2. Este hecho, dijimos, puede profundizar los procesos de diferenciación socioeconómica en la economía campesina, y fortalecer una elite económica dentro la pequeña producción agropecuaria, alrededor del sector regante. A pesar de ello, hemos llamado la atención, la dirigencia regante y sus asesores técnicos, tienen la tendencia de (auto) definirse como campesinos pobres y hasta indígenas, categorías útiles como discurso político para ganar aliados o canalizar proyectos, pero que no reflejan la realidad del sector. En este país, lastimosamente declararse pobre “vende”.

3. Más aún, la forma como se implementará la otorgación de licencias y registros potencialmente puede generar nuevos escenarios de conflictos intercomunales dentro las cuencas, y donde en muchos casos los sistemas tradicionales de manejo de conflictos, como parte de los “usos y costumbres”, serán inadecuados para su manejo porque involucra instancias supracomunales y otros actores no relacionados con el sector regante.

4. Hemos argumentado, basados en nuestro conocimiento de la experiencia cochabambina, que en su dirigencia máxima, a diferencia de lo que sucede en el nivel de la organización de base, no se aplican principios básicos de transparencia, rendición de cuentas, revocabilidad de mandato, rotación de cargos, lo cual hará aún menos transparente la aplicación del marco jurídico del sector. Democratizar las estructuras de poder de las organizaciones sociales hoy es el fundamento para la gestión transparente del agua.

5. Nuestra preocupación por la escasa atención al tema ambiental y la conservación del recurso también ha sido señalado con vehemencia, pues la ley de riego y sus reglamentos no tienen instrumentos eficaces para ello; la idea de que los “k’aras” han destruido los recursos naturales en este país y ahora es el tiempo de los indios para hacer lo mismo no cabe en un razonamiento sensato.

En suma, son argumentos e ideas expresadas públicamente, que la dirigencia regante y sus asesores se negaron a debatir, y por el contrario, aprovechando la impunidad que establece el poder de gobierno, nos combatieron, amenazaron y condenaron. ¿Esta es la “democracia indígena y popular” que se nos avecina? La fortaleza de la lucha por la recuperación de los recursos hídricos, desde la “guerra del Agua”, fue su carácter plural, heterogéneo, democrático; es desde nuestras diferencias que logramos articular la resistencia a la mercantilización y privatización del agua. Trágicamente, la dirigencia regante y sus intelectuales orgánicos, al condenarnos por pensar diferente, reproducen las prácticas de una izquierda, hoy arropada con una ideología indigenista del resentimiento, que solo llevó a la derrota permanente de la emergencia autónoma de movimientos sociales en el país, los últimos cincuenta años.

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