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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2007-06-25 a horas: 10:00:03

La mezquindad de la clase dominante

El trasfondo de los movimientos autonomistas

Miguel Lora Ortuño

La disputa que surge entre el gobierno y la media luna radica en que el primero incorpora, junto a las autonomías departamentales y con el mismo rango, también las autonomías de los pueblos originarios --García Linera dice “como recompensa a los 500 años de exclusión”--; por su parte, la media luna oriental exige el respeto al referéndum autonómico que, en ningún momento tomó como tema las autonomías de los pueblos originarios. Sin embargo, los cívicos orientales no descartan este derecho de los originarios pero subordinado a las autonomías departamentales.

Miguel Lora Ortuño

Es maestro y dirigente sindical.

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El trasfondo de esta disputa radica en quién controla la mayor parte de los ingresos del país. Habla de 22.915,9 millones de bolivianos anuales que ingresa al TGN por concepto de impuestos de diferente tipo y por regalías. Actualmente las regiones perciben el 18.8 % de esos ingresos y con las autonomías lograrán el 70 %. El Estado, a su vez, hace desesperados esfuerzos por retener la mayor parte de la torta con el argumento de que sigue asumiendo la responsabilidad de financiar los servicios (educación, salud y otros), el pago de rentas a los jubilados y el pago de sueldos a todos los dependientes del Estado.

Esta lucha por el control de los ingresos del país va aparejada al interés de controlar también el poder político. Las regiones se empoderarían políticamente con las autonomías departamentales favoreciendo a la clase dominante oriental. El gobierno central, hoy en manos del MAS, no quiere perder el papel de seguir siendo árbitro de la vida política nacional.

Esta disputa mezquina deja de lado el interés general de la clase dominante de consolidar un Estado nacional burgués estable y poderoso como una garantía de sus intereses materiales de clase; para garantizar el principio de la intangibilidad de la propiedad privada de los medios de producción en todas sus formas, la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras, el papel de la policía y del ejército como guardianes de la propiedad privada, etc.

La actual constituyente debería cumplir con la tarea de tratar de reconfigurar, en el marco de la política burguesa, el actual Estado en debacle como expresión del agotamiento político de la clase dominante. La consigna masista de “refundar una nueva Bolivia” nunca dejó de ser una consigna demagógica para engañar a la mayoría nacional.

Oportunamente hemos señalado que el Estado, como fenómeno superestructural, refleja un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas y no es posible estructurar uno moderno sobre una base material donde sobreviven formas de propiedad y producción precapitalistas. En esta medida hemos anticipado que el destino de la actual constituyente es fracasar. Además, oportunamente hemos advertido que, por la vía de la constituyente, por la vía de las reformas puramente legales, no es posible la transformación del país y del Estado. Hemos señalado que el único camino expedito para transformar Bolivia es acabar con la gran propiedad privada de los medos de producción y estructurar un nuevo Estado sobre la propiedad social; esta tarea sólo puede cumplir la revolución social dirigida políticamente por el proletariado.

Lo que está ocurriendo en la constituyente es la confirmación de lo que ya dijimos. La clase dominante chata y agotada políticamente ya no atina a sobrevivir. La lucha que se desarrolla al interior de la asamblea entre las diferentes expresiones de la política burguesa señala que ésta ya no puede plantearse una política global que le permita sobrevivir. Lo lamentable es que no aparece nítida la política revolucionaria del proletariado capaz de ponerse a la cabeza de los explotados del país para definir el actual escándalo de la constituyente hacia la revolución social.

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