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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2007-06-10 a horas: 13:28:38

Una sentencia constitucional manchada por la institucionalidad política

Víctor Hugo Escobar H.

El siguiente análisis es estrictamente jurídico. No persigue defender o atacar intereses políticos, sean oficialistas o de la oposición, tampoco persigue defender o atacar la situación embarazosa en la que aparecen los cuatro magistrados interinos. Lo único que persigue es establecer si el fallo que se analiza ha sido pronunciado respetando o no las normas y el marco de la competencia que le atribuye la ley al Tribunal Constitucional.

I El hecho Mediante la S.C. Nº 0018/2007 de 9 de mayo de 2007, el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad planteado por los senadores Oscar Miguel Ortiz Antelo y Luis Angel Vásquez Villamor, declarando Constitucional el D.S. 28993 de 30 de diciembre de 2006, mediante el cual se designaron con carácter interino a cuatro Ministros de la Corte Suprema de Justicia. I.1 El recurso era manifiestamente improcedente. El Art. 7.-I-1) de la Ley 1836 establece que es atribución del Tribunal Constitucional, conocer y resolver conforme a la Constitución y la presente ley: “1) Los recursos directos o abstractos de inconstitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones de cumplimiento general no vinculadas a un proceso judicial o administrativo.” El Art. 58 de la misma Ley, en cada uno de sus cinco parágrafos, se refiere expresamente a la ley, decreto o resolución de alcance general, lo que permite poner en claro que uno de los requisitos básicos que ha establecido el legislador para que una ley, decreto o resolución pueda ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad, es que ese instrumento sea de cumplimiento y alcance general, es decir, que sea normativo. El D.S. 28993 impugnado por los senadores Ortiz Antelo y Vásquez Villamor, no es normativo, no es de cumplimiento o alcance general; es simplemente un acto administrativo de designación de cuatro funcionarios públicos. Un funcionario público, según la función que se le encomienda, puede ser designado mediante un decreto supremo, un decreto presidencial, una resolución ministerial, un decreto prefectural, municipal o un simple memorándum expedido por autoridad competente. Cualquiera que sea el medio empleado para la designación, ese acto es pura y simplemente un acto administrativo, sin contenido normativo. El instrumento legal mediante el cual se designa a un funcionario público, cualquiera sea este, no es parte del ordenamiento legal normativo del país; por lo mismo, al no ser de alcance y cumplimiento general, no puede ser impugnado por la vía de un Recurso de Inconstitucionalidad. Al Tribunal Constitucional le correspondía rechazar in límine el recurso planteado por los nombrados senadores, por su manifiesta improcedencia. I.2 La Sentencia 18/2007 contiene un pronunciamiento “extra petita”. Como el Tribunal Constitucional no quiso reparar en la improcedencia manifiesta del recurso y decidió admitirlo y tramitarlo, le correspondía pronunciar sentencia respetando el marco y los alcances que le fija de modo preciso el Art. 58 de la Ley 1836, declarando la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del Decreto Supremo impugnado. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional no agotó su sentencia con esa declaratoria, como correspondía en estricto derecho. Rompiendo el marco de la competencia que le fijan los artículos 54 y 58 de la Ley 1836, se apartó del contenido de la demanda e ingresó a conocer de oficio – extra petita – vinculando al fallo el análisis y la decisión sobre un caso concreto, incurriendo en abierta violación del Art. 54 citado, que, a la letra, preceptúa: “Artículo 54.- Procedencia.- El recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad procederá contra toda ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, contraria a la Constitución Política del Estado como acción no vinculada a un caso concreto.” El recurso planteado por los senadores Ortiz y Vásquez es muy claro y preciso: sobre la base de una amplia fundamentación jurídico-legal solicitan exclusivamente se declare la inconstitucionalidad del DS 28993 de 3º de diciembre de 2006, con el efecto abrogatorio que señala el art. 58-III de la Ley del Tribunal Constitucional. Los recurrentes no pidieron – ni podían pedir por la naturaleza del recurso – ningún pronunciamiento sobre la situación personal de los ministros que fueron designados mediante ese Decreto Supremo, porque de haberlo hecho habrían provocado la improcedencia de su recurso al vincularlo a un caso concreto. En el momento en que el Tribunal Constitucional admitió el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad, fijó el marco y el límite de sus atribuciones. Cuando puso en conocimiento del recurso al Presidente Constitucional de la República, cumpliendo el mandato del Art. 57-I de la Ley 1836, éste también circunscribió su alegato, como correspondía, al contenido abstracto de la demanda. Queda claro que en el recurso de inconstitucionalidad no se demandó la declaratoria de cesación de funciones de los Ministros designados interinamente mediante el DS. 28993 ni la aplicación de la Ley de 2 de octubre de 1911. Ambas cuestiones fueron introducidas por el Tribunal Constitucional, de oficio, tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva de la Sentencia 0018/2007. Ese acto resulta absolutamente ilegal porque vincula el recurso de inconstitucionalidad a un caso concreto, en franca violación a lo preceptuado por el Art. 54 de la Ley 1836. II Finalidad del recurso de inconstitucionalidad. Cualquiera que sea la vía a través de la cual el Tribunal Constitucional haya tomado conocimiento de un recurso de inconstitucionalidad (directa o indirecta), una vez que abre su competencia debe ingresar al examen de la norma impugnada en un nivel general y abstracto, como un caso legislativo. Cuando el recurso ha sido planteado por la vía directa o abstracta, sólo puede ser admitido cuando no está vinculado a un caso concreto. Cuando el recurso de inconstitucionalidad ha sido planteado por la vía indirecta o incidental, es decir como un incidente surgido dentro de un proceso judicial o administrativo en el que se discute un caso concreto vinculado a derechos subjetivos de las personas, a partir del momento en que el recurso es admitido por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, este debe quedar despojado de todo vínculo o referencia con el caso concreto que le dio origen y debe ser tratado como un caso legislativo, en un nivel general y abstracto, eliminando cualquier referencia a los intereses particulares que se discuten ante el juez o la autoridad administrativa. En el recurso de inconstitucionalidad no se discuten los intereses o la situación de las partes, el conflicto no se da entre las partes, el conflicto se da entre la norma legal que ha sido denunciada de inconstitucional y el precepto constitucional que se considera infringido. El caso es de orden público y de naturaleza legislativa y la sentencia que se pronuncie afecta al ordenamiento jurídico del país, del mismo modo que afectaría una ley dictada por el Poder Legislativo que derogue o abrogue alguna norma legal hasta ese momento vigente. III La Sentencia Constitucional 0018/2007 de 9 de mayo está viciada. Cuando el Tribunal Constitucional admitió el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad planteado por los Senadores Ortiz y Vásquez, quedó abierta su competencia para examinar en un nivel abstracto – como acción no vinculada a un caso concreto – si el Decreto Supremo Nº 28993 de 30 de diciembre de 2006 fue dictado vulnerando alguna norma constitucional o si fue dictado por el Presidente de la República en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución, o, si se quiere, en palabras del mismo Tribunal, efectuando un control objetivo de la disposición legal impugnada “para establecer su compatibilidad con los principios, declaraciones, preceptos y normas de la Constitución Política del Estado, con el objeto de realizar una depuración del ordenamiento jurídico del Estado”. La Sentencia 18/07 cumple con ese objetivo en su primera parte y establece que el Decreto Supremo Nº 28993 es constitucional. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional ingresa, seguidamente, al examen de un hecho concreto, vinculado a derechos subjetivos de los cuatro Ministros designados con carácter interino mediante el D.S. 28993, actuando de oficio, extra petita, porque se trata de un punto no contemplado ni tangencialmente en el recurso de inconstitucionalidad. Esta actitud oficiosa, extra petita, ha lesionado los siguientes derechos y garantías constitucionales: a) El derecho a la legítima defensa, porque: 1) el Presidente de la República no tuvo oportunidad de incorporar a su alegato la respuesta a la que tenía derecho sobre el plazo de duración de las designaciones interinas; 2) los Ministros interinos han sido abruptamente cesados de sus funciones, sin haber tenido oportunidad alguna de defenderse y de ser escuchados; b) La garantía del debido proceso, porque incurriendo en abuso de poder, se ha pronunciado sobre una cuestión no demandada y que sólo podía llegar a su conocimiento por otra vía - como el recurso directo de nulidad, o el recurso de amparo – que podía ser planteada en demanda dirigida contra esos magistrados, por cualquier persona natural o jurídica que se encuentre legitimada. IV La ley de 1911 ha sido mal aplicada La sentencia 18/07, al pronunciarse extra petita sobre la cesación de funciones de los Ministros designados interinamente mediante D.S. 28993, invoca la Ley de 2 de octubre de 1911, que establecía, de modo general, que las designaciones interinas que haga el poder ejecutivo de puestos públicos tendrán efecto por el tiempo de tres meses. Para desgracia del Tribunal Constitucional, esa no es la norma aplicable al caso porque está referida a designaciones interinas en cargos públicos en general dentro el poder ejecutivo. La norma aplicable es la Ley especial de 30 de noviembre de 1883, que está referida específicamente a las designaciones efectuadas con carácter interino por el Presidente de la República de Ministros de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la atribución que le confiere el Art. 95.16ª de la Constitución, en los casos en que el Congreso Nacional se encuentra en receso, estableciendo que los designados interinamente ejercerán funciones hasta el momento en que el Congreso Nacional designe a los Ministros titulares. Como se ve, la Ley de 30 de noviembre de 1883 es expresa y terminante y la Ley de 2 de octubre de 1911 no la abrogó porque legisla una situación distinta, referida a designaciones interinas que se efectúan dentro el poder ejecutivo, por autoridades de diferente rango. Este segundo error en que incurre el Tribunal Constitucional agrava su posición, porque además de pronunciarse sobre una cuestión no demandada: a) su sentencia está fundada en una ley inaplicable al caso, y, b) ignora una ley expresa y terminante que regula con total claridad el tiempo de duración del interinato de las personas designadas interinamente en la función de Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

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