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Actualizado el 2007-05-25 a horas: 15:53:09

Según el TC víctimas de torturas en gobiernos neoliberales no deben ser resarcidos

Fallo del Tribunal Constitucional provoca denuncia contra el Estado Boliviano

Redacción Bolpress

Un fallo del Tribunal Constitucional que negó el pago de resarcimiento económico a las víctimas de la violencia política durante los gobierno democráticos provocó una denuncia contra el Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de Drechos Humanos.

La Sentencia Constitucional No. 74/2006 de 5 de septiembre de 2006, declaró constitucionales algunos artículos de la Ley 2640 y el decreto 28015, promulgados en el gobierno de Carlos Mesa, que establecen resarcimiento económico únicamente a victimas de violencia política dentro del periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982, olvidando las violaciones a los derechos humanos anteriores y posteriores a éste periodo.

La demanda contra el Estado boliviano fue presentada el 20 de febrero por Rolando de la Rosa Villareal. Jorge Mostajo, abogado del demandante dijo que el Estado boliviano será notificado en julio.

Según Mostajo, entre las autoridades consideradas como violadores de derechos humanos se encuentran los expresidentes Hernán SIles Suazo, Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga Rámirez, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.

Siles Suazo y Paz Estenssoro, ya fallecidos, son acusados de la creación de órganos paramilitares de represión, someter a civiles a la jurisdicción militar, asesinato, tortura y genocidio de pueblo de Huachacalla, ubicado en el norte de Potosí donde murieron 113 de sus pobladores el año 1956 y la tortura de dirigentes sindicales en el estado de sitio de 1986.

Paz Zamora es demandado haber fomentado la tortura de activistas políticos opositores entre los cuales se encuentra el actual vicepresidente de la República Álvaro García Linera.

Sánchez de Lozada es demandado por las muertes violentas en la represión a las marchas contra la capitalización y erradicación de coca, mas los luctuosos hechos de enero, febrero y octubre del año 2003.

Sobre Banzer Suárez, también ya fallecido, pesan denuncias por violaciones a Derechos Humanos en su dictadura y su participación en el golpe de estado del 17 de julio de 1980. A estas se añaden las violaciones a los Derechos Humanos en la represión a manifestantes del altiplano el año 2000 que incluyen casos de tortura, represión y muerte de cocaleros en el Chapare en la gestión 1997-2001.

Quiroga Ramírez es acusado por violaciones a derechos humanos y tortura en su gobierno de 2001-2001 en la represión a cocaleros.

Mesa Gisbert y Rodríguez son acusados por su complicidad en no esclarecer e investigar estas conductas y menos aun dictar normas para que se resarza económicamente a las victimas de violencia política en periodos de la democracia neoliberal.

En la denuncia están incluidos los magistrados del Tribunal Constitucional Elizabeth Iñiguez de Salinas, la vocal relatora en el caso, Martha Rojas Álvarez y Walter Raña Arana, quienes firmaron y homologaron estos actos del poder basándose en el libro de historia de Carlos Mesa "Historia de Bolivia" que establece que en los gobiernos no incluidos en la Ley 2640 no se cometieron violación a los derechos humanos.

Las victimas de violencia política de estos periodos de gobierno adelantaron la idea de formar la "Asociación de Víctimas de Gobiernos Autoritarios y Neoliberales" para hacer valer sus derechos no reconocidos por el Tribunal Constitucional ante la Comisión y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos o su caso ante la Corte Penal Internacional.

Esta denuncia se suma a la presentada por el jurista Jörg Stippel sobre la tortura sufrida por miembros del Ejercito Guerrillero Túpac Katari, en el gobierno de Jaime Paz, la cual fue originalmente planteada el año 2001 y fue admitida en el 12 de octubre de 2005.

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