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Actualizado el 2007-05-22 a horas: 19:00:17

Suma y sigue el auto descrédito de la administración de justicia

El Tribunal Agrario Nacional viola el derecho de las comunidades

Javier Aramayo Caballero

Por imperio de la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia, la Sala Primera del Tribunal Agrario Nacional (TAN), a tiempo de dictar en fecha 31 de enero de 2007 el Auto (autodescrédito) de Admisión de la demanda contenciosa-administrativa que fue presentada por Carlos Alberto Paz Hurtado, debió disponer de oficio se notifique a la Comunidad Campesina Agroecológica "Pueblos Unidos", pero no actuó así, incurriendo en una gravísima omisión que atenta y vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso.

Arbitrariamente, los Vocales pretenden ignorar que la Resolución de Dotación y Titulación No. RES-DTF 003/06 de 14 septiembre de 2006 se constituye en la fuente esencial del interés legítimo e irrenunciable que ampara a la comunidad y a las 628 familias campesinas sin tierra que la integran. Resulta absolutamente extraño que al ser dicha demanda admitida, se sustancia el proceso y, actualmente, se encuentra con dúplica, es decir, no falta más que ingrese para sentencia y se dicte la misma, sin que hasta la fecha se haya subsanado ésta flagrante violación. Es necesario que sea de conocimiento de la sociedad y de los órganos del Estado, que dentro del proceso en cuestión, el Tribunal Agrario tiene la insoslayable obligación y mandato constitucional de cumplir básicamente con las siguientes fases: Demanda, Admisión, Notificación al INRA Nacional y simultáneamente a la Comunidad, réplica, dúplica y sentencia. Sin embargo, desde la presentación de la demanda han transcurrido más de cinco (5) meses sin interesarles que la subsistencia de esa irregularidad es causal de nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo. Al respecto, la Sentencia Constitucional SC-No. 1351/2003 de 16 de septiembre de 2003, establece: ". La notificación debe practicarse, sin que la naturaleza sumaria del recurso y el principio de celeridad que lo informa sirvan de pretexto al Juez o Tribunal para desarrollar y culminar el trámite a espaldas de alguna de las partes o de los terceros interesados; dado que, si esto ocurre, se produce una evidente vulneración del inviolable derecho a la defensa, determinando la nulidad de lo tramitado".Los Vocales de la Sala Primera del TAN que suscriben el Auto de Admisión, Dr. Esteban Miranda Terán y Dr. Gonzalo Castellanos, se constituyen en los autores materiales e intelectuales que conscientemente violan, en primer orden, su propia línea jurisprudencial trazada en otros casos que han sido resueltos con anterioridad a éste y, en segundo orden, vulneran la jurisprudencia constitucional.Si se produce la provocación de la nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo, ¿a quién más beneficia?, ¿al demandante, al demandado o a la comunidad?; Claro, a ésta última porque pese a agotar los caminos de la institucionalidad, después de varios años, continuará pasando otros años con evidente perjuicio en su proceso de titulación.Irónico resulta que los Señores Vocales de la Sala Primera del TAN que gozan de la experiencia y trayectoria, ésta vez, en el Auto de Admisión, disponen: ".cítese a Fremiot Freddy Salazar propietario del predio "La Madre" en calidad de tercero interesado, debiendo expedirse orden instruida encomendando su ejecución al Sr. Juez Agrario de Santa Cruz". En este caso, corresponde preguntarse, ¿Porqué la Sala Primera del TAN dispone se cite al Señor Fremiot Freddy Salazar y no a la comunidad? y, además, ¿porqué los Vocales al disponer la citación se refieren al Señor Freddy Salazar como propietario del predio La Madre, siendo que el INRA en ejercicio de su competencia que le asigna la Ley No. 1715 como resultado del proceso de saneamiento del Polígono No. 108, lo ha declarado a dicho Señor, como poseedor ilegal sujeto a desalojo?, ¿se trata de un lapsus fruto de la inexperiencia o simplemente un juicio de valor anticipado o un globo de ensayo? Y, afirmar esto, no es para poco, porque entre el término propietario y el de poseedor ilegal hay una clara distancia técnica jurídica.Por eso, es también un acto de discriminación que se disponga la citación de unos y se excluya a otros, siendo una aberración procedimental no haber efectivizado la citación de oficio a la Comunidad Campesina Agroecológica Pueblos Unidos, más aún, si ésta es, como está demostrado, la beneficiaria de la Resolución de Dotación y Titulación No. RES-DTF 003/2006 de 14 de septiembre de 2006, por cuya norma administrativa ejecutoriada se genera un efecto jurídico directo, cual es, el interés legítimo en el resultado que emerja del contencioso-administrativo que se sustancia, máxime si la decisión final del Tribunal pudiera afectar los derechos de la Comunidad Campesina Agroecológica "Pueblos Unidos". Los Vocales del Tribunal Agrario Nacional, Sala Primera, al analizar el expediente, conocen perfectamente que del contenido de la demanda contenciosa impetrada, así como de la contestación realizada por el Director Nacional del INRA Juan Carlos Rojas, meridianamente se extractan cuatro razones esenciales que les debió motivar ineludiblemente se disponga la notificación a la comunidad y son: a).- La Resolución No. 07/2006 de autorización provisional de asentamiento; b).- La posesión de la comunidad realizada el 05 de septiembre de 2006; c).- La existencia de la Resolución de Dotación y Titulación No. 003/2006 de 14 de septiembre de 2006 y, d).- Las resoluciones de desalojo No. 010/2006 y No. 020/2006, que son el antecedente de ésta controversia. En concordancia con la afirmación anterior, el Tribunal Constitucional, en la misma Sentencia No. 1351, ha interpretado que se debió ". extraer de los hechos que motivan el recurso, si existen terceros con interés legítimo y, en consecuencia, debe disponer su notificación". Por tanto, corresponde enfatizar que de la simple lectura de la demanda y de la contestación, se deduce que con derechos adquiridos existe la Comunidad Campesina Pueblo Unidos y cumple la condición perfecta de tercero interesado, en consecuencia, se debió notificar de oficio dentro del contencioso-administrativo. La situación y perspectiva de la Comunidad Agroecológica "Pueblos Unidos" de ningún modo puede pasar desapercibida porque la naturaleza contextual y socio-jurídica que la fundan confluyen vinculadas las siguientes características: - "Pueblos Unidos" se constituye en el primer asentamiento humano de Bolivia en Tierra Fiscales, luego que el Presidente de la República Juan Evo Morales Ayma, haya puesto en vigencia a los pies del Monumento El Chiriguano en Santa Cruz, un paquete de Decretos Agrarios, que a decir del Poder Ejecutivo marcan el inicio de la Revolución Agraria y Democrática. En ese marco, el actual Presidente de la República, se hizo presente el 20 de octubre de 2006 en ésta comunidad promoviendo la consolidación de la nueva política agraria.- Por su parte, "Pueblos Unidos", conformada por familias campesinas sin tierra, se encuentran en tierras fiscales dotadas legalmente al haberse sustanciado una demanda extraordinaria y que como producto de la aplicación de dicho procedimiento, el INRA dio posesión legal el 05 de septiembre de 2006, incluso con la presencia de autoridades del Ministerio Público.- Esta especial trayectoria de la comunidad también tiene que ver con la adopción de una estrategia de reconducción identitaria del MST, la misma que se traduce en que las familias campesinas sin tierra asumen la decisión orgánica e histórica de reivindicar el acceso a la tierra, el territorio y los recursos naturales mediante la presentación al Estado Nacional de demandas de dotación, con lo cual, y por ahora, se deja de lado las acciones de hecho como sucedía de forma particular en el departamento de Santa Cruz, en años anteriores, con la toma de latifundios por citar: "San Cayetano" (2003), "La Luna" (2003), "España" (2004), "Los Yuquises" (2004), que habían elevado peligrosamente los niveles de tensión en la cuestión agraria nacional.- La nueva estrategia jurídico-social del Movimiento de los Trabajadores Campesinos e Indígenas Sin Tierra, visibiliza y exige procesos de saneamiento agrario transparente, con fiscalización y control social directo en campo y gabinete; la identificación de tierras fiscales y procesos expeditos de dotación de tierras junto a la readecuación normativa que implica proponer y participar de reformas a la legislación agraria, buscando superar el problema de la injusta tenencia y su estructura dual minifundio-latifundio, los que constituyen verdaderos problemas sociales, que condicionan el desarrollo humano y territorial de la población nacional. - Desde el año 2004 pese a las infundadas afirmaciones que suelen realizar los representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente CAO y del Comité Cívico, el MST en Santa Cruz no ha participado de tomas de tierras directa ni indirectamente, en concordancia con su nueva estrategia que reafirma la identidad del MST-Boliviano, que en sus orígenes, se encargó de emular al MST-Brasilero en su triada: tomar, resistir, producir; pese a esto, las entidades agrogremiocorporativas del oriente, no han desperdiciado todos los escenarios posibles para expresar su rotunda negativa y ferviente obstaculización a las demandas de campesinos sin tierra, aún éstas sean como sucede, planteadas en el marco de la legalidad e institucionalidad, para lo cual, están dispuestos a emplear todos sus vínculos con los factores reales de poder que inciden en la cuestión agraria boliviana como son y han sido: el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Judicatura Agraria, el Ministerio Público y los medios masivos de comunicación, entre otros, tradicionalmente relacionados y servidores a los intereses de los grupos de poder que reproducen injustas relaciones sociales en el agro, con subyugación de masivos sectores que perviven y aún buscan independizarse del pongueaje político y hasta del estado semiservidumbral que persiste en la amazonía, el oriente y el gran chaco boliviano. - Es sin duda equivocado denegar los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades sean campesinas o indígenas originarias, más aún cuando todo bloqueo y oposición que se realiza es únicamente porque quienes demandan tierras en dotación, son pobres y han participado anteriormente en tomas de tierras. El mas liberal de los propósitos que impulsa el Banco Mundial (BM), como es la compra de tierras que por cierto, lleva la experiencia del fracaso en Latinoamérica, y que en Bolivia fue viabilizado por el expresidente Carlos D. Mesa y, parcialmente continúa vigente hoy, en su momento, planteo que no serán beneficiarios del programa del Banco, quienes hayan participado de tomas de tierras incorporando esto para satisfacción de los grupos de poder. Así, es igual absolutamente equivocado continuar obstaculizando o siendo útiles en ese cometido de negar los derechos de las comunidades sin tierra o postergarlos. No se puede perder más tiempo, se requieren respuestas rápidas de la institucionalidad y de sus operadores por un sentido de derecho humano, de justicia y equidad y por ser respetuosos del sentimiento nacional que añora mejores días para todos los bolivianos y bolivianas dentro de la democracia y el estado de derecho. - Pero también toda acción que retarde el proceso de consolidación legal de Pueblos Unidos ejercida desde los poseedores ilegales o por el Tribunal Agrario y a su turno por el Tribunal Constitucional o las Cortes Superiores de Justicia de La Paz y de Santa Cruz, instancias a las que han recurrido y no dudarán en recurrir, será también una oposición nítida a la Ley de Reconducción Comunitaria No. 1715 y otras disposiciones legales, en suma es una oposición con efectos globales al proceso de distribución de tierras fiscales identificadas y por identificar, especialmente, en el departamento de Santa Cruz, Tarija y el Beni.A instancias del Tribunal Agrario también se han producidos Sentencias dignas de mencionar pero, también otras que armonizan con el interés de quienes detentan tierras ociosas o improductivas como ha sucedido en su momento con la retardación innecesaria de la consolidación legal de las Comunidades Palmitos Timboy, Chirimoyal y Timboytiguasu en la provincia Gran Chaco.La experiencia de la Comunidad Agroecológica "Pueblos Unidos" que hoy reflexionamos, también sea una modesta contribución al escenario constituyente, sobre todo, en momentos en que la Asamblea desarrolla su trabajo de redacción de un nuevo texto constitucional siendo obligación de sus miembros el alumbrar nuevos rumbos en la configuración del Estado. Finalmente, convoco al Tribunal Agrario Nacional, a sus respectivos Magistrados en distintas Salas a actuar con el honor, la ética y la justicia que significa no solo valorar el proceso en sentido de puro derecho, sino, también su razón histórica-contextual, lo contrario, es ahondar el descrédito de la sociedad en la administración de justicia agraria y, porque no decir del poder judicial en su conjunto. Obrar como debe ser, es urgencia nacional, sino, sencillamente rayará en el absoluto cinismo la propia exigencia que junto al Tribunal Constitucional hace el Tribunal Agrario Nacional a través de medios de prensa escrita, luego de las críticas realizadas por el Poder Ejecutivo sobre sus actuaciones.*Abogado. Miembro del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS y actual Presidente del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo-FOBOMADE

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