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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2007-05-14 a horas: 21:58:06

Por prevaricato y usurpación de funciones

Podrían enjuiciar a los magistrados del Tribunal Constitucional

Los miembros del Tribunal Constitucional incurrieron en una “gravísima contradicción” al declarar la constitucionalidad del Decreto Supremo N. 28993 a través del cual se designó interinamente como ministros de la Corte Suprema de Justicia a Zacarías Valeriano, Bernardo Bernal Callapa, Jaime Villarroel y Wilfredo Ovando, y a la vez cesarlos en sus funciones, usurpando funciones que no le competen. Por esas faltas y por presunto prevaricato, los magistrados podrían ser sometidos a un juicio de responsabilidades, advirtió el gobierno de Evo Morales.

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El Tribunal Constitucional violó las leyes al cesar a los magistrados, pues este órgano sólo tiene la potestad de declarar constitucional o inconstitucional una norma, explicó el viceministro de Coordinación Gubernamental Héctor Arce. Los magistrados podrían ser enjuiciados por emitir una resolución contraria a la Constitución y por usurpación de funciones.

El defensor del Pueblo Waldo Albarracín coincidió con Arce al comentar que el Tribunal se excedió en sus funciones porque su atribución era pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto en cuestión tras la presentación del Recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad interpuesto por los senadores de Podemos Oscar Ortiz y Luís Vásquez Villamor.

"Ese fallo habría que asumirlo con respeto en el entendido de que los magistrados son autoridades especializadas en el tema, y de hecho el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto; sin embargo creemos que actuó mal", dijo Albarracín.

El Tribunal hizo referencia a una ley de 1911 para emitir su fallo, la cual fue derogada por la Constitución de 1938. También se refirió a la Ley de Estatuto del Funcionario Público y aplicó el artículo 5º, que rige para las suplencias de autoridades administrativas de cuarto nivel para abajo, y que jamás puede aplicarse a una autoridad judicial que se acoge a un régimen legal especial.Además, añadió Arce, existen normas especiales que tienen preferencias sobre las normas generales, como la Ley del Consejo de la Judicatura y la Ley de Organización Judicial. También existe una ley de 1880 que tiene efectividad jurídica en nuestros días. Según esa norma, cuando un magistrado ejerce un interinato debe hacerlo hasta que la autoridad titular sea nombrada, recordó la autoridad.Un atropello con razones políticas

Según Arce, la decisión de los miembros del Tribunal es un "atropello por razones políticas para favorecer a quienes los eligieron, y por un acto de consecución política a esos fines contrarios al interés nacional es que se han dictado este fallo".

Para el viceministro, el fallo político del Tribunal Constitucional busca proteger intereses vedados y oscuros de personas que se encuentran sometidas a juicio de responsabilidades por hechos de corrupción, de masacre y genocidio en el país.

"Con seguridad que esta determinación es para evitar las audiencias que estaban programadas para esta semana dentro del juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada", aseguró, ya que en la sala penal donde operaban los magistrados que fueron cesados en sus funciones no queda nadie, lo que obligará a suspender las audiencias.Durante el gobierno del ex presidente Carlos Mesa, el Tribunal también declaró inconstitucional el nombramiento de autoridades interinas, pero dejó a éstas en el cargo por 60 días y dio el mismo plazo al Congreso para que designe nuevas autoridades. En el caso actual, declara legal el decreto, pero cesa en sus funciones a los interinos.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional rechazó la complementación y enmienda solicitada por el presidente Evo Morales respecto a la sentencia del 9 de mayo.Designaciones públicas

El Defensor del Pueblo recordó al Congreso Nacional que tiene la obligación de actuar con rapidez, renunciar a sus ambiciones políticas y nombrar a los mejores profesionales para la Corte Suprema de Justicia.

Se prevé que este jueves 17 de mayo el Congreso intente en una sesión pública designar a los cuatro ministros para la Corte Suprema y al Fiscal General de la República. El Vicepresidente Álvaro García Linera confirmó que la sesión conjunta de Diputados y Senadores comenzará a las 10.00 con el propósito de conseguir los dos tercios de voto para aprobar las designaciones.García llamó a terminar con la clásica forma de elegir a las autoridades judiciales en los pasillos del Parlamento y en reuniones partidarias que terminan siempre en cuoteo político.

"Esos acuerdos los vamos a buscar de cara a ustedes (medios de comunicación) sin acuerdos previos, sin reuniones previas, sin amarres políticos, ni condicionantes previas, sino de cara al pueblo. Ahí vamos a ver cómo cada partido defiende la idoneidad del candidato por el cuál votan o eligen", enfatizó el Segundo Mandatario.

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