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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2007-05-08 a horas: 14:21:39

Aprobarán la norma en tiempo récord con la complicidad de los dirigentes pro oficialistas

La nueva ley educativa: etnocentrista, subjetivista y retrógrada

Miguel Lora Ortuño

(URMA - Cochabamba).- La nueva ley educativa “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” que se analiza en el Parlamento es etnocentrista, subjetivista y retrógrada. Es esencialmente antidocente porque convierte a los maestros y directores en verrugas del control “comunitario”, y hace concesiones vergonzosas a la educación privada y al clero.

Miguel Lora Ortuño

Es maestro y dirigente sindical.

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Por la premura que tiene el gobierno en promulgar la nueva ley, se presume que será aprobada en cualquier momento “con voto unánime” y cantando el himno nacional, así como se hizo con los contratos petroleros.

Esta ley nos la imponen con la complicidad de los dirigentes del magisterio (urbano y rural). El cuento de que la norma ha sido “consensuada” con todos los sectores es una impostura. Se trata del mismo documento que Félix Patzi hiciera aprobar en el congreso educativo de Sucre, con algunos adornos para hacerla potable.

Sigue siendo un documento subjetivo porque hace abstracción de la realidad económica y social compleja y contradictoria del país; es unilateralmente etnocentrista porque pretende imponer los saberes, usos y costumbres del precapitalismo (atraso) a los centros urbanos; es retrógrado porque, a título de intra e interculturalidad, subordina todo el desarrollo de la ciencia universal a los “saberes ancestrales”; y conculca conquistas educativas fundamentales como la autonomía universitaria y los derechos profesionales del magisterio, etc.

El documento no toca para nada el problema de la crisis universal de la educación y está muy lejos de identificar y superar las causas que la originan. El problema de la naturaleza del conocimiento como producto de la acción transformadora del hombre sobre la realidad (unidad de teoría y práctica) está ausente y, en esta medida, no plantea una respuesta coherente para superar la crisis.

Subyace en todo el documento el espíritu de la reforma educativa del Banco Mundial (Ley 1565) encubierto con adornos indigenistas:

1. Exacerba el concepto de descentralización educativa llevándola más allá de los municipios hasta las comunidades, los ayllus, marcas y unidades educativas.

2. Exacerba el concepto neoliberal de la participación popular con el nombre de “comunitaria” dando poder de decisión unilateral a los “consejos educativos comunitarios populares”. La administración educativa y el maestro se convierten en apéndices de los “concejos”, a tal punto que –en un proyecto de reglamento que circula—define el nombramiento de directores y docentes en las unidades educativas. Los consejos tienen poder para evaluar a los maestros y para decidir si se quedan o se van, violentando completamente el Escalafón Docente.

3. La única novedad del documento es la incorporación del Título II (Disposiciones Generales) donde se hace concesiones a la educación privada, reconociendo su vigencia en todos niveles y modalidades del sistema educativo; reconoce la vigencia indefinida de los convenios educativos, entre ellos los de la Iglesia con el Estado. Se dice que se respetará el Escalafón docente, la inamovilidad y el derecho a la sindicalización de los maestros, aunque todo el espíritu de la Ley lo niega y es esencialmente antidocente.

La reforma educativa “mordaza” indigenista significará la destrucción del escalafón del magisterio fiscal y el desconocimiento de la autonomía universitaria. Estas conquistas siempre estuvieron en la mira de los gobiernos dictatoriales y de la reforma educativa del Banco Mundial, que una y otra vez intentaron abolirlos y siempre fracasaron debido a la terca resistencia de los sectores afectados.

Esta ley y sus reglamentos que se aprueben posteriormente (reglamento de participación comunitaria, reglamento de administración escolar, malla curricular, etc.) deben ser estudiados detenida y críticamente por el magisterio para defender los derechos profesionales, económicos y sociales que inevitablemente serán conculcados.

Así, el gobierno del MAS y el stalinismo se muestran de cuerpo entero, como los portavoces de las corrientes más reaccionarias del país y como vulgares agentes del imperialismo. Llegará la hora de ajustar cuentas con los traidores que le han tendido la alfombra a la nueva ley educativa indigenista.

Dirigentes desmovilizan a las bases

Federico Pinaya desvirtúa el verdadero sentido de la lucha del magisterio y desmoviliza a las bases al inventar la teoría de que hay que abandonar la lucha salarial para dedicarse exclusivamente a la abrogatoria de la Ley de Pensiones. El demagogo no se cansa en señalar que se busca una “renta digna para los jubilados”.

Él y su camarilla cumplen el papel de agentes del gobierno y de su ministro de educación. En el último paro todos los directores defensistas (Frente de Defensa del Partido Comunista) han impedido que sus maestros acaten la medida aprobada por la Conferencia Nacional.

No se cansan de amenazar al magisterio y, cuando la prensa les preguntan si sancionarán a los maestros que hacen huelgas, sin dudar señalan que harán cumplir la ley y se descotará al 40% que ha acatado el paro (según los falsarios, el 60% no ha parado).

Todos los días hacen campaña para volcar a los padres de familia y a la opinión pública contra el magisterio y la autonomía universitaria. Evo Morales ha anunciado que, por petición de los padres de familia, se verá obligado a declarar al magisterio profesión libre. Organizan a los “silvadores” en las calles de La Paz toda vez que salen los maestros en marcha.

Mienten cínicamente cuando sostienen que los incrementos de sueldos recibidos por el magisterio rebasan la subida de los precios en los artículos de consumo.

Sorprende ver aparecer, como hongos cuando cae la lluvia, a los oportunistas que calculan dónde se inclina la balaza para sumarse entusiastas a las fuerzas dominantes que les garanticen medrar y escalar a cargos jerárquicos gracias a su servilismo. Unos lo hacen disimulada y solapadamente y, los más sinvergüenzas aparecen como los entusiastas corifeos de los dueños del poder.

Los que hasta la víspera se mostraban como sacrificados y leales compañeros de lucha, de pronto empiezan a encontrarle virtudes al gobierno y a la ley educativa indigenista; reniegan de las consignas fundamentales del magisterio y terminan sumándose al coro de los dirigentes oficialistas.

Esta vez los oportunistas no tendrán un largo período para sentirse cómodos en el carro oficialista porque este gobierno está fatalmente condenado a chocar con el magisterio debido a la aplicación de una política educativa y económica antidocente. Este es el momento de identificarlos para que mañana no nos vuelvan a tomar el pelo con el cuento de que siempre fueron “consecuentes en la lucha”.

Las demandas de los maestros

Los maestros de base ratificamos que nuestros objetivos de lucha se sustentan sobre tres pilares: económico, social y educativo. En el especto económico, rechazamos el miserable incremento del 6% y exigimos el cumplimiento del bono de 520 Bs. Exigimos un sueldo que cubra todas las necesidades vitales del maestro y que éste suba automáticamente en la misma medida en que suben los precios de los artículos de consumo.

En el aspecto educativo rechazamos la ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” que está a punto de aprobarse en el Parlamento por ser etnocentrista, subjetivista, retrógrada y enemiga mortal del escalafón docente. Reclamamos el efectivo respeto al Escalafón docente para impedir que los gobiernos de turno sigan pisoteando los derechos del maestro y sigan manipulado los procesos de institucionalización.

En el aspecto social exigimos la inmediata abrogatoria de la Ley de capitalización individual, y una nueva ley de pensiones que garantice rentas que permitan vivir al trabajador en su tercera edad en condiciones humanas. El patrón y el Estado deben aportar para las rentas de invalidez, vejez y muerte.

El proyecto oficial está hecho a la medida del patrón y del Estado porque las rentas de invalidez, vejez y muerte están exclusivamente subvencionadas por el aporte laboral; la patronal y el Estado no aportan un solo centavo. Por otra parte, este proyecto libera al Estado de su obligación de pagar a los jubilados con rentas en curso de pago, transfiriendo también esta pesada carga a las espaldas del trabajador.

El problema más grave es que, en las condiciones en que se encuentra la situación laboral como consecuencia de la aplicación del 21060, sólo aquellos sectores que en los últimos 20 años han tenido un trabajo permanente podrían acceder al beneficio de la jubilación; estamos hablando del magisterio, los trabajadores de salud y un pequeño sector de empleados del Estado que han trabajado en condición de institucionalizados.

Los demás sectores víctimas de la libre contratación prácticamente se verían marginados del régimen de pensiones. Existen trabajadores fabriles, mineros y de otros sectores que, en su generalidad, no llegan a calificar ni 60 aportes en los últimos veinte años, cuando el proyecto establece 240 aportes y la edad de 55 años para acceder a la renta mínima del 70 % del promedio de los últimos 12 sueldos.

Un rápido examen de la actual situación laboral nos confirma que no hay ninguna posibilidad de que el gobierno garantice fuentes de trabajo permanentes y seguros hacia el futuro; por tanto, grandes masas de trabajadores seguirán marginados del derecho a la jubilación.

Por todo lo dicho, el proyecto laboral encuentra una dura resistencia en los sectores laborales. En las condiciones actuales, toda modificación de la actual ley de pensiones de capitalización individual pasa por la necesidad de imponer al patrón (empresa privada y transnacionales) y al Estado la obligación de pagar para las rentas de invalidez, vejez y muerte.

Urge que el magisterio y las universidades públicas organicen una lucha unitaria desde las bases superando a sus direcciones reformistas y reaccionarias. Maestros y universidades, enarbolando un programa revolucionario, deben convertirse en la cabeza de la resistencia antimasista en las ciudades. El gobierno, debido a su política burguesa, está condenado a chocar frontalmente con las masas radicalizadas.

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