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Actualizado el 2007-04-17 a horas: 10:11:01

Informe de la comisión laboral para el estudio de una nueva ley de pensiones

Una propuesta proempresarial y antiobrera

Miguel Lora Ortuño

La clave para tener un sistema de pensiones sólido y sustentable en el tiempo es asegurar un financiamiento que garantice rentas que permitan vivir en condiciones humanas a los trabajadores en su vejez. Conceptualmente, quienes se han beneficiado de la plusvalía que ha generado el trabajador durante toda su vida productiva (fuente de la acumulación del capital) deberían asumir la responsabilidad total del mantenimiento de la fuerza de trabajo en su tercera edad.

Miguel Lora Ortuño

Es maestro y dirigente sindical.

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Ya es una concesión reformista eso de consagrar el financiamiento tripartito de la seguridad social, premisa conceptual básica del Código de la Seguridad Social boliviano. Los aportes laboral y estatal en la mayoría de las legislaciones sociales del mundo tienen la finalidad de preservar las utilidades del patrón, cargando los costos de las pensiones sobre las espaldas de la sociedad (del Estado que financia sus aportes con los impuestos que paga la población) y del trabajador.

Esta tendencia de liberar al patrón y al Estado, que deja de ser dueño de empresas productivas y se limita a la función normativa (fábrica de leyes para proporcionar seguridad jurídica a las transnacionales) de su obligación de financiar las rentas de los jubilados se exacerba con la Ley 1732. Según esta disposición legal, las rentas deben sustentarse exclusivamente en el aporte individual del trabajador y la tasa de rendimiento de la inversión de ese aporte (capitalización individual). Se trata de la respuesta imperialista – patronal a la crisis estructural del sistema porque la fuerza de trabajo debe dejar de ser una carga social para preservar las ganancias del patrón. Es una de las manifestaciones bárbaras del capitalismo en su decadencia.

En este marco es fácil comprender cómo los llamados representantes laborales (COB, delegados mineros, fabriles y maestros) reunidos en una comisión para estudiar una nueva ley de pensiones que sustituya a la 1732, lejos de partir de una concepción revolucionaria – proletaria de la seguridad social, empiezan acomodándose ya ni siquiera al viejo Código de Seguridad Social reformista sino a la concepción neoliberal impuesta con la capitalización individual. Con este propósito hacen sesudos estudios matemático actuariales para seguir cargando las falencias del pago de las rentas sobre las espaldas del trabajador. El cuadro de financiamiento de las rentas que nos propone la comisión es el siguiente:

REGIMENES PATRONAL LABORAL

Vejez y muerte -- 10 %

Riesgos profesionales 1.71 --

Invalidez -- 1.71

Administración -- 0.5

TOTAL 1.71 12.21

Según este cuadro, todo el peso de las rentas de invalidez, vejez y muerte, además de la administración del sistema, se carga sobre las espaldas de los trabajadores. La patronal (transnacionales, empresa privada y el Estado para sus dependientes) aportan un miserable 1.71 %.

Seguridad social administrada por los obreros

Durante la aplicación del Código de la Seguridad Social, hasta 1996, fecha en que separan los seguros a largo plazo (Ley de Pensiones) y corto plazo (Caja Nacional de Salud), toda la seguridad social ha sido administrada por el Estado con fiscalización de los directores laborales. La experiencia ha sido desastrosa. Bien pronto la seguridad social ha sido atrapada por la burocratización y se ha convertido en un elefante blanco que termina estrangulando administrativa y financieramente la institución; los patrones y el Estado, agentes de retención de los aportes laborales, han terminado apropiándose los aportes del trabajador y, con mayor razón, se han convertido en deudores históricos de sus propios aportes. Los negociados, la corrupción, el nepotismo, etc, han sido los flagelos de la institución que la han conducido a una crisis insostenible hasta llevarla al borde la quiebra.

A partir de la promulgación de la Ley 1732, la administración de los aportes laborales ha pasado a manos de instituciones privadas (AFPs). Los trabajadores aportan el 0.5% de sus sueldos para sustentar esta administración que no sólo debe preservar los ahorros individuales del trabajador sino garantizar inversiones rentables para asegurar, según dicen, mejores rentas de los mismos.

Como ocurre con todas las empresas capitalistas, las AFPs han convertido en un jugoso negocio la administración del régimen de rentas y las inversiones que han realizado no han sido del todo favorables para el trabajador, tales los casos, por ejemplo, el 47% de las acciones en el LAB o la compra de bonos y letras del TGN (el 76% del Fondo de Capitalización Individual está en manos del Estado) con el interés mínimo del 5%.

El proyecto de la Comisión Laboral propone la creación del “Instituto Nacional de Seguridad Social” “…órgano rector dependiente de la presidencia de la República con facultad de regulación, fiscalización, planificación, dirección técnica, control y coordinación de los seguros a corto plazo (cajas de salud) y largo plazo, incluyendo la participación ciudadana a través de comisiones de asegurados”.

Dependiente del Instituto, funcionará la “Tesorería General de la Seguridad Social” (encargada de la gestión de los recursos financieros) y la “Administradora Nacional de Pensiones” (responsable de la gestión de prestaciones de los seguros a largo plazo).

De este modo, la Comisión está planteando retornar a la experiencia inicial donde el Estado burgués ha hecho escarnio de la institución aseguradora y la fiscalización laboral ha terminado como un apéndice del poder de corrupción de la burocracia.

Los trabajadores deben luchar porque toda la administración del sistema de seguridad social pase a sus manos. Esta administración laboral debe estar asentada en la participación directa de las bases. Los delegados laborales en los directorios no deben percibir sueldos y dietas preferenciales sino ganar solamente el sueldo de un trabajador de base. Finalmente, deben ser revocados en cualquier momento. Se está planteando un control colectivo y no individual para evitar la burocratización de la administración laboral.

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