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Área: Internacional >> Latinoamérica
Actualizado el 2007-04-13 a horas: 10:39:34

Ministro de Economía uruguayo promueve participación privada en sector del agua

(Radio Mundo Real).- El gobierno uruguayo e inversionistas privados están trabajando en la elaboración de planes de desarrollo e inversión para mejorar la infraestructura del país mediante asociaciones público-privadas.

Algunos de los proyectos incluye por ejemplo el mejoramiento de la infraestructura para proveer servicios de agua y saneamiento, que en Uruguay no pueden ser privatizados, de acuerdo a la Constitución.

El ministro de Economía nacional, Danilo Astori, dijo al medio BNamericas que son varias las áreas en las que el gobierno quiere implementar progresos con la ayuda del capital privado. El jerarca destacó que hay que invertir especialmente en el desarrollo de mejoras en las instalaciones de puertos y aeropuertos, en las carreteras, vías férreas y puentes, entre otros, y en el sector del agua y la energía.

Aunque algunos servicios no pueden ser privatizados en Uruguay porque así lo indica la Constitución de la República, no son necesarias modificaciones legales para impulsar asociaciones público-privadas, dijo Astori.

El ministro ya había realizado algunas declaraciones en la misma dirección a BNamericas a fines de 2006. En esa oportunidad Astori había señalado que el gobierno, presidido por Tabaré Vázquez, estaba abierto a la participación de empresas privadas en los trabajos de rehabilitación y expansión de los servicios de agua potable y saneamiento.

Esos servicios son prestados en Uruguay por la empresa estatal OSE (Obras Sanitarias del Estado), que es "enteramente pública y lo continuará siendo", aclaró Astori.Sin embargo, eso "no nos prohíbe que por lo menos parte de los trabajos sean realizados con participación privada", explicó.

La población uruguaya decidió en un plebiscito realizado el 31 de octubre de 2004, que los servicios de agua potable y saneamiento del país deben ser prestados por empresas públicas. El 65 por ciento de los votantes apoyó esa opción y se modificó la Constitución en ese sentido.

Las organizaciones agrupadas en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que impulsó la realización de la consulta popular, han manifestado su preocupación por las declaraciones realizadas por Astori. Esas entidades rechazan la participación de empresas privadas en el sector del agua y saneamiento y reclaman al gobierno que la Constitución sea respetada debidamente.

Los promotores de la "reforma del agua" han afirmado además que no aceptan las asociaciones público-privadas para la prestación de servicios de agua y saneamiento, por considerar que son una forma de privatización enmascarada que contraría la Carta Magna y perjudica los intereses de la población.

No obstante, en Uruguay conocen la experiencia de la asociación público-privada en el sector del agua. En septiembre de 2006 se concretó la venta al Estado uruguayo de la participación accionaria del grupo francés Suez en la empresa Aguas de la Costa, que opera en el departamento de Maldonado, situado al sur del país. El retiro de la empresa francesa fue parte del proceso de avance en el cumplimiento de lo estipulado en la Constitución.

Sin embargo, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida denunció que Aguas de la Costa quedó en manos de una asociación público-privada, porque el 40 por ciento de las acciones de esa empresa pertenecen a la compañía Seinco, propiedad de empresarios uruguayos.

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