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Actualizado el 2007-04-11 a horas: 11:58:28

Fundamentos legales del voto de los bolivianos en el exterior

Mauricio Ochoa Urioste

El mes de septiembre de 2005 interpuse un juicio de amparo constitucional en representación de ciudadanos bolivianos residentes en el extranjero contra el ex Presidente del Congreso Nacional, Sandro Giordano. En su resolución, el Tribunal de Amparo, concordante con la recomendación del representante del Ministerio Público, exhortó al Parlamento boliviano aprobar la ley reglamentaria del voto de los bolivianos residentes en el exterior.

“La justicia ordena el voto en el exterior” titulaba el diario matutino “La Razón” el 9 de septiembre de 2005; mientras el mismo día la Red UNO de Bolivia, en su noticiero central, refería el logro como una “Victoria de emigrantes bolivianos” a momento de informar que “la Sala Penal II de la Corte Superior de Justicia, declaró procedente el Amparo Constitucional planteado por la comunidad boliviana en la Argentina”. Pese a esta legítima conquista ciudadana, ciertas personalidades del mundo de la política pretenden una y otra vez desconocer el fallo de la justicia constitucional y politizar el ejercicio de este derecho fundamental mediante argumentos impropios.

A continuación reproduzco los fundamentos legales del voto de los bolivianos en el exterior presentados en aquél histórico juicio de amparo constitucional, los mismos que sirvieron de base para la resolución dictada por el Tribunal de Amparo el día 8 de septiembre de 2005.

Fundamentos legales del voto de los bolivianos en el exterior

La soberanía popular establecida por el art. 2 de la Constitución Política del Estado (CPE), basamento de la democracia representativa-participativa se expresa o se realiza justamente a través del ejercicio de dicha soberanía por el pueblo a través de su participación. De ahí que el artículo 219 de la CPE ordene que: “El sufragio constituye la base del régimen democrático representativo y se funda en el voto universal, directo e igual, individual y secreto, libre y obligatorio; en el escrutinio público y en el sistema de representación proporcional”, en efecto, el derecho que este art. regula no es, por tanto, un derecho o libertad pública más, sino la auténtica vertiente subjetivizada de toda la estructura democrática del Estado: Un derecho público subjetivo (Derecho frente al Estado). Derecho que a decir del constitucionalista argentino Quiroga Lavie “se trata de una exigencia directa (protegida jurídicamente) y no de un simple beneficio otorgado por el Estado como reflejo del cumplimiento de sus fines públicos”, además agrega, que éste derecho “es el único que encuentra un fundamento anterior al Estado, pues constituyen al Estado…y ello no puede ser desconocido” (QUIROGA LAVIE, Humberto, Derecho Constitucional, Edit. Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 174 y 175).

Por tanto, la configuración constitucional del voto, como un derecho subjetivo público y no como un mero principio jurídico estructural permite evitar toda duda en orden a la posibilidad de exigencia de tutela jurisdiccional contra las acciones tendentes a privar, limitar o amenazar dicho derecho.

Esta norma constitucional es concordante con el art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el art. 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 25 b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y más actualmente el art. 23 b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica.

En ese contexto, el voto es un derecho, deber y función pública que habilita al elector a participar en la constitución de las autoridades electivas y en los referendos. Es junto a la patria potestad la única institución en que coinciden derecho, deber y función.

El voto tiene las siguientes características: es universal, directo, individual, obligatorio, secreto e igual. Específicamente, la universalidad del voto significa que todos los ciudadanos de ambos sexos desde los 18 años cumplidos sin más requisito que su inscripción en el Registro Electoral, tienen el derecho de sufragar. Contemporáneamente, la universalidad del voto no se restringe al país donde residen los elegidos, por el contrario, alcanza a todos los ciudadanos del país ya sea que residan dentro del territorio de un Estado o fuera de él. Esto se explica así porque la universalidad del voto se deriva del principio de igualdad ante la ley expresivo del art. 6 de la CPE y el art. 3 b) del Código Electoral (CE). El art. 6 de la CPE, prescribe que “todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las Leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera”; siendo así que el régimen electoral previsto en el art. 3 b) del CE tiene como principio la igualdad, esto es, que todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos y garantías consagrados por la Constitución Política del Estado y las Leyes. Este reconocimiento de la igualdad de los electores, se expresa positivamente en el art. 220.I de la CPE que reconoce como “electores a todos los bolivianos mayores de dieciocho años de edad, cualquiera sea su grado de instrucción y ocupación, sin más requisito que su inscripción obligatoria en el Registro Electoral”.

Junto al principio constitucional de la igualdad de los electores, vemos que el voto de los bolivianos en el extranjero es un elemento consustancial de su ciudadanía. En efecto, la ciudadanía es una institución jurídica - política, que habilita para el ejercicio de todos los derechos políticos, y comporta deberes y responsabilidades correlativos con respecto al Estado. Así, el art. 41 de la CPE establece que “son ciudadanos todos los bolivianos varones y mujeres mayores de dieciocho años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta” y que “la ciudadanía consiste en el derecho que tiene cada ciudadano de concurrir sea como elector o elegible a la formación o el ejercicio de los poderes públicos” (art. 40.1 CPE). Estos artículos son concordantes con el art. 219 de la CPE que establece que “el sufragio constituye la base del régimen democrático representativo y se funda en el voto universal, directo e igual, individual y secreto, libre y obligatorio;…” Siendo electores, de esta manera, todos los bolivianos mayores de 18 años (art. 220 CPE). Asimismo el artículo 42 de la CPE, establece las causas por las cuales el derecho de ciudadanía se suspenden, y en ninguna de ellas se consiga como causal de suspensión el hecho de residir fuera del territorio nacional.

Es más, el derecho al voto de los ciudadanos bolivianos en el extranjero, ha sido fortalecido con la última Reforma Constitucional contenida en la Ley 2631 de 20 de febrero de 2004 que establece en su art. 39 que “la nacionalidad boliviana no se pierde por adquirir nacionalidad extranjera…”.

Por otra parte, el derecho al voto de los ciudadanos bolivianos en el extranjero desarrolla el principio esencial de soberanía popular que halla su referente en el art. 2 de la CPE concordante con el art. 3 a) del CE, cuando expresa que “la soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; y su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo. Ejecutivo y Judicial…” De esta manera, el voto de los bolivianos en el extranjero es la expresión de la soberanía popular al que se hallan incorporados sus dos elementos sustanciales: a) la inalienabilidad del voto, esto es, que nadie podrá impedir, coartar o perturbar el ejercicio del mismo; b) la imprescriptibilidad, es decir, que el transcurso del tiempo no extingue este derecho y puede ser ejercitado por el ciudadano en ejercicio durante toda su existencia.

Por esta razón el art. 21.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) prescribe que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder político, sin el cual no es posible contrario sensu ejercer el mismo. Esta voluntad se expresa, de acuerdo a la DUDH mediante elecciones auténticas, esto es, elecciones que legitimen el poder político, prohibiendo de esta manera la restricción del voto a los ciudadanos en ejercicio y la conservación del sufragio universal, igual y secreto. En el caso boliviano, una elección auténtica sólo es posible mediante el voto de los bolivianos en el extranjero, cuyo universo electoral es preponderante para legitimar el poder político considerando que según las cifras oficiales más de dos millones de bolivianos residen fuera del territorio nacional.

En suma, todo converge a hacer efectiva la legitimidad de origen, como dependiente de la forma y manera en que los gobernantes acceden al poder de acuerdo a la ley, y no por la fuerza.

El sistema jurídico boliviano incorpora, como norma derivada del derecho al voto y de sus derechos y principios conexos el art. 97 del Código Electoral (CE), que prescribe que “los ciudadanos bolivianos en ejercicio, residentes en el extranjero, podrán votar para elegir a Presidente y Vicepresidente en las elecciones generales. Una ley expresa regulará este derecho”.

Nótese que el derecho al voto se halla reconocido con anterioridad al CE en la reforma de la CPE de 1967. Es así que el art. 97 del CE sólo traspone el derecho constitucionalmente reconocido del derecho al voto de los ciudadanos bolivianos en el extranjero, con la finalidad expresa que ellos voten para elegir al Presidente y Vicepresidente a partir de su entrada en vigor, esto es, a partir de la promulgación del CE de 25 de junio de 1999. De esta manera, el derecho al voto de los bolivianos en el extranjero se constituye como una norma jurídica de contenido obligatorio, sin la cual no es posible llevar adelante la elección de Presidente y Vicepresidente de Bolivia.

Así, corresponde al legislador con carácter previo al sufragio para la elección de Presidente y Vicepresidente del país, incorporar dentro del sistema jurídico boliviano una ley expresa que garantice el ejercicio de este derecho constitucional y legalmente reconocido, y paralelamente la legalidad del proceso electoral.

Más aún, la doctrina científica de manera uniforme entiende que aún no existiendo reglamentación para el voto, esto no puede ser un óbice para su ejercicio. En efecto, tal como señala el constitucionalista argentino Néstor Sagüés “... la ley podrá reglamentar ese derecho, pero no establecer proscripciones electorales irrazonable (esto es, impedir arbitrariamente que alguien no sufrague), ni coartar la libertad de elección de cada votante” (SAGÜÉS, Néstor, Elementos de derecho constitucional, Tomo 2, Edit. Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 859). Así, la Corte Suprema Argentina reconoció la base constitucional al derecho de sufragar y le dio naturaleza jurídica de función pública, por cuanto el voto da sentido al principio de que el pueblo, como titular de la soberanía, es la fuente originaria de todos los poderes. Estos poderes cumplen funciones confiadas a órganos elegidos por medio del sufragio e investidos de autoridad en virtud de la representación que se les atribuye. Esto hace que el sufragio adquiera carácter funcional, ejercido en interés no del ciudadano individualmente considerado sino de la comunidad política.

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