A través del Decreto Supremo 29062, el Ejecutivo dispuso una pausa en el cumplimiento de la Función Económica y Social (FES) en los predios en proceso de saneamiento o reversión que fueron afectados por las inundaciones, “hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas que permitan reiniciar operaciones y actividades productivas en cada predio”.
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El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no verificará el cumplimiento de la FES, pero en ningún caso suspenderá el desarrollo de los procesos iniciados o por iniciar que deberán tramitarse y concluirse conforme a las normas vigentes sobre la materia.
La norma se apoya en el artículo 29 de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que modifica a la Ley INRA y prevé los casos de desastres o catástrofes naturales. Este Decreto tiene carácter transitorio hasta la finalización del Reglamento de la Ley, que se encuentra en elaboración en el Viceministerio de Tierras, en concertación con organizaciones sociales y los sectores productivos.
Este decreto transitorio no establece un límite de tiempo para la pausa en la verificación de la FES en los predios afectados, ya que existen sectores que se rehabilitarán muy pronto, pero habrá otros que tardarán en recuperar las condiciones mínimas para reanudar las operaciones y actividades productivas.
Agroindustriales y ganaderos del oriente demandaron una pausa por cinco años no sólo de la verificación de la FES sino de la aplicación misma de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Algunos agrorindustriales sugirieron la declaratoria de desastre nacional en todo el país a causa de El Niño, lo que fue interpretado por el Ejecutivo como un intento de frenar la reversión de tierras ociosas.El presidente del Senado, José Villavicencio sugirió ayer al gobierno que sea “considerado” con los afectados por las inundaciones y suspenda la aplicación de la ley en todo el país, pero el ministro de Gobierno Alfredo Rada ratificó que “la verificación de la función económico-social de la tierra sólo se suspenderá por un tiempo y en las zonas más afectadas” por las intensas lluvias. Santa Cruz y Beni son las regiones más castigadas y también donde se concentran los mayores latifundios.La ministra de Desarrollo Rural Susana Rivero comentó que los productores que piden cinco o más años de pausa en el fondo no quieren la aplicación de la ley o que se reviertan tierras no trabajadas.
Según Rivero, la Confederación Agropecuaria del Oriente (Confeagro) no tiene voluntad de reunirse con el gobierno, pese a que el gobierno les ofreció apoyo financiero a través de una línea de crédito.Rivero dijo que se realiza un trabajo técnico, con imágenes satelitales para verificar las zonas de desastre. “Ya no es como antes, que la CAO decía son tantas miles de hectáreas dañadas y se procedía. Hoy existe verificación técnica”, aseguró. El INRA determinará geográficamente las áreas y predios afectados y elaborará en los próximos 30 días un mapa con la ayuda de satélites.
“La ley establece que la tierra es para quien la trabaja, el que está trabajando sus tierras y no tuvo inundación no tiene que temer, este gobierno garantiza seguridad jurídica para el que trabaja, para el que produce y aporta”, puntualizó Rivero.
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