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Área: Internacional >> Latinoamérica
Actualizado el 2007-03-14 a horas: 22:00:32

Suspenden definitivamente la privatización del agua en Quito

La Coalición de Defensa del Agua de Ecuador desde el año 2003 inició una campaña para denunciar el proceso de privatización del agua en la ciudad de Quito, iniciado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Quito EMAAP-Q. El miércoles 7 de marzo de 2007 el Alcalde expresó que la suspensión de la privatización del agua es definitiva.

La privatización contemplaba la concesión del agua de la zona denominada Parroquias Orientales y del 50% de la Gestión Comercial de la EMAAP-Q. Durante este tiempo se investigó y analizó la documentación que sustentaba la privatización, y mediante diferentes acciones públicas y audiencias con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito MDMQ y la EMAAP-Q se logró elaborar una sólida defensa del agua como bien público colectivo, y evidenciado y cuestionando los débiles argumentos que pretendían justificar la privatización.

La Coalición presentó en las audiencias públicas y en las reuniones con la EMAAP-Q, el Concejo de la Ciudad y con el Alcalde un análisis de los escenarios económicos realizados por la misma Pricewaterhause, empresa responsable de realizar los estudios base para los procesos de concesión del agua potable en Parroquias Orientales del Distrito Metropolitano de Quito.

Los escenarios analizados evidenciaron claramente que el argumento central utilizado por la EMAAP-Q como justificativo para impulsar la concesión - falta de fondos públicos para afrontar la inversión- no tiene ningún sustento.

Se demostró también que, vía subsidios, el municipio entregaría a la concesionaria casi 20 millones de dólares en los primeros cinco años. En cambio, la concesionaria o empresa mixta, forma bajo la cual se traspasaría al sector privado el agua de Parroquias Orientales, cuando estuviese operando asumiría el compromiso de invertir el modesto monto de 7 millones de dólares durante esos mismos primeros cinco años. Adicionalmente, a partir del sexto año, los ingresos producidos por el cobro del servicio de agua potable producirían una ganancia que alcanzaría 226 millones de dólares en 30 años.

Esto demuestra que el proceso significaba un pésimo negocio para la EMAAP-Q de Quito y un gran negocio para la empresa privada. El monto por el que se entregaría control sobre el recurso agua, infraestructura, garantizando una ganancia absoluta al privado alcanzaría a 7 millones de dólares, mientras la EMAAP-Q invertiría 20 millones mediante subsidios.

Así mismo, se puso al descubierto que la concesión de los servicios de agua potable implicaba también un proceso de privatización del mismo recurso agua en tanto lo entrega en uso y control exclusivo del privado. Luego de estudiar el contenido, este hecho fue reconocido por el Alcalde quien inmediatamente manifestó su posición contraria a este procedimiento dado que implicaba traspaso al sector privado.

Argumentos tan sólidos llevaron al Alcalde a decidir en la reunión sostenida con la Coalición el 5 de septiembre del 2006 que permanezca detenido el proceso de concesión en Parroquias Orientales. Es fundamental indicar que en esta reunión, públicamente el Alcalde subrayó que se anula todo el proceso prelicitatorio llevado hasta el momento.

El miércoles 7 de marzo el Alcalde, ante una manifestación de la Federación de Barrios de Quito y ante una periodista de El Comercio, expresó que la suspensión de la privatización del agua es definitiva. Esto es una victoria de todos y todas las personas y organizaciones que aportaron a este proceso. Es una victoria de todos y todas quienes creen en la posibilidad de una ciudad equitativa e incluyente.

La Coalición por la Defensa del Agua se mantiene activa para lograr que estos procesos privatizadores que continúan en el resto de ciudades del país sean detenidos y para que en conjunto con otras organizaciones se logre que en la Asamblea Constituyente el agua sea considerada como un derecho humano fundamental, prime el principio de interés social en su gestión y no el de lucro y no sea entregado el manejo de los sistemas de agua potable públicos al sector privado mediante la concesión, asociación pública privada, empresa mixta o alguna figura similar.

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