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Actualizado el 2007-03-03 a horas: 15:52:55

Represión y derecho a la comunicación en Guatemala

Señores feudales en los medios

Alfonso Gumucio D.

Para nadie es un secreto en América Latina que Guatemala sigue siendo un país feudal. A los propios guatemaltecos les cuesta entenderlo y aceptarlo, pero es cierto. El país es un feudo que está en manos de familias de empresarios (cuando no narcotraficantes) que se lo han repartido como quien cuartea una vaca en el matadero. En el mapa de Guatemala está bien definida la zona cafetalera, la zona azucarera, la zona maderera, la zona petrolera, la zona bananera… todas ellas controladas por unas cuantas empresas que además manejan lo principal del comercio interior y exterior. Lo que queda del país, lo ocupan los mayas, más del 60% de la población que carece de poder de decisión, y una clase media empobrecida sumida en la violencia desde hace varias décadas.

Alfonso Gumucio Dagron

Alfonso Gumucio Dagron

Escritor, cineasta, periodista, fotógrafo y especialista en comunicación para el desarrollo. Ha trabajado en programas de comunicación para el cambio social en África, Asia, América Latina y el Caribe, con agencias de Naciones Unidas, con fundaciones internacionales y ONGs.

Fue miembro de la redacción del Semanario "Aquí" y ha publicado en un centenar de diarios y revistas de Bolivia, América Latina, Europa, Norteamérica, África y Asia. Dirigió películas documentales en varios países. Es Coordinador del Grupo Temático de Comunicación para el Cambio Social en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).

Ha publicado más de veinte libros de poesía, narrativa, testimonio, y estudios sobre literatura, cine y comunicación, entre ellos: Historia del Cine Boliviano (1982); Cine, Censura y Exilio en América Latina (1979); Luis Espinal y el Cine (1986); Las Radios Mineras de Bolivia (1989) en colaboración con Lupe Cajías; Comunicación Alternativa y Cambio Social (1990); La Máscara del Gorila (1982) Premio del Instituto Nacional de Bellas Artes de México; Haciendo Olas: Comunicación Participativa para el Cambio Social (2001), Antología de Comunicación para el Cambio Social (2008).

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Hay otro sector estratégico que también está controlado como un feudo: las telecomunicaciones. Es un sector menos visible, menos tangible, no se ve en el mapa, pero sufre las mismas consecuencias de ese poder feudal casi absoluto. El espectro radioeléctrico es otra pieza del botín de las empresas, que se reparten las licencias de radio y televisión, pues estas han sido puestas al alcance del mejor postor, en subasta, a pesar de ser un recuso natural y un patrimonio de la humanidad, como lo definió la Organización Internacional de las Telecomunicaciones (ITU) en el Tratado de Torremolinos y en el artículo 33 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones.

Lo de las subastas es una arbitrariedad que contradice de frente las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en uno de sus informes señala claramente: “Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades en el acceso (…) Las subastas que contemplen criterios únicamente económicos son incompatibles con un sistema democrático y con el derecho a la libertad de expresión y de información garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Se da en Guatemala una situación absurda en los medios de información: un pequeño grupo de acaparadores se reparte la mayoría de las frecuencias de radio. Y cuatro de los seis canales de televisión pertenecen a una sola persona: Ángel González, un mexicano afincado en Miami, que además tiene otras inversiones en medios de difusión de América Central, y recientemente, de Argentina. Casi todos los candidatos a la presidencia, van religiosamente a visitar a González a Miami, para obtener su certificado de buena conducta. Incluso Álvaro Colom que es supuestamente el candidato “de izquierda”, ha peregrinado a Miami para visitar al “Ángel” de los medios guatemaltecos.

González tiene es propietario en Guatemala de los canales 3, 7, 11 y 13 y de once estaciones de radio, encabezadas por Radio Sonora; en Nicaragua tiene los canales 4 y 10, y cuatro emisoras de radio; en Costa Rica, los canales 4, 6 y 11, y seis emisoras; en Ecuador, los canales 4 y 5 y siete radios; en Perú, los canales 9 y 13; en Chile, los canales 4 y 2; en Paraguay, los canales 5 y 9. Es en Guatemala donde comenzó la construcción de su imperio mediático, en arreglos con gobiernos militares o empresariales.

Sin lugar a equivocarnos, Guatemala es el país más atrasado de América Latina en cuanto al derecho a la comunicación. La mayoría de la población guatemalteca no tiene el derecho de tener sus propios medios de información y comunicación. Las radios comunitarias, que las comunidades indígenas establecen con muchas dificultades y esfuerzo, son perseguidas y clausuradas violentamente. Se las tilda de “piratas” y se las criminaliza. Se las persigue con mayor virulencia con que se persigue a los traficantes. En un país violento donde se trafica cotidianamente con droga, animales exóticos, madera fina, piezas arqueológicas, inmigrantes y hasta bebés, no parece haber peor crimen que el derecho a la comunicación.

Los oligopolios empresariales de los medios ejercen presión sobre el gobierno para que clausure humildes radios comunitarias que tienen como radio de influencia las propias comunidades indígenas, y que sobreviven apenas con equipos artesanales de bajo costo. El propio Fiscal encargado de proteger la libertad de expresión es quien envía a la policía contra las emisoras comunitarias. El Ministerio Público actúa como brazo represor. En las radios de las redes privadas se insta abiertamente al gobierno a “clausurar las radios comunitarias, apresar a los directores y secuestrar los equipos”. Esa violencia sistemática contra las radios comunitarias no se ha conocido en ningún otro país de la región.

En países como Brasil y Chile la ley restringe la potencia o el alcance de las emisoras comunitarias; en otros, se limita el tiempo que pueden transmitir espacios publicitarios o se les exige, como en México, cumplir con largas listas de requisitos. Pero en casi todos los países de la región se las reconoce y en algunos se las promueve. La UNESCO a contribuido en la instalación de emisoras comunitarias en Haití, así como en países de África y Asia. El gobierno colombiano ha puesto a disposición de las comunidades cerca de 500 licencias para radios comunitarias.

La legislación es favorable a las emisoras comunitarias en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay, entre otros. En Perú hay más de cuatro mil emisoras, y varios centenares en Ecuador o Bolivia. Los gobiernos democráticos han entendido que uno de los derechos humanos fundamentales es la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Y han entendido también que las comunidades que desarrollan su propia capacidad de comunicar, progresan mejor, porque la gente participa y se compromete con su desarrollo. Más aún, las radios comunitarias se convierten en medios que estimulan la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades frente a la población local. En España las emisoras locales, municipales, cuentan incluso con el apoyo de los municipios, que ven en una mayor participación social un vehículo de desarrollo humano.

No así en Guatemala, donde bajo la presión de los oligopolios que se niegan a aceptar el principio de la responsabilidad social de los medios, el gobierno acaba de aprobar un Acuerdo Gubernativo que, según su título, pone fin a las radios “ilegales”.

Naturalmente que muchas radios comunitarias son ilegales en la medida en que los gobiernos las discriminan y no les permiten funcionar legalmente, pero no son clandestinas ni piratas. Son radios abiertas a la comunidad, que promueven el desarrollo social y cultural. Cosa que no hacen las radios comerciales, cuyo único objetivo es el lucro salvaje.

El acuerdo impulsado por los oligopolios guatemaltecos no toma en cuenta los alcances de la mesa de diálogo (en la que el gobierno se abstuvo de participar). La reacción de las redes de emisoras comunitarias de Guatemala y organizaciones el tercer sector no se hizo esperar: “Una política pública que busque solucionar un conflicto por la vía de la sanción y penalización resulta contraproducente cuando se trata de marcos de actuación provocados por situaciones de violación de derechos humanos.”

El documento señala también las inconsistencias del Acuerdo Gubernativo: “En primer lugar, ratificamos el carácter caduco y antidemocrático de la actual Ley General de Telecomunicaciones, que mercantiliza el acceso a un bien público como son las frecuencias radioeléctricas, reconocidas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En segundo lugar, y por todo lo anteriormente expuesto, las organizaciones del tercer sector abajo firmantes manifestamos nuestro rotundo rechazo a una política pública elaborada en solitario por el ejecutivo, desconociendo todos los acuerdos y compromisos contraídos con la CIDH en el marco de la Mesa Nacional de Diálogo.”

En la 9ª Asamblea General de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), en Amman, Jordania, se emitió una resolución de condena a las autoridades guatemaltecas por el trato discriminatorio y represivo que dan a las radios comunitarias. Varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en el mismo sentido, recomendando al gobierno de Guatemala una apertura y un manejo más equilibrado del recurso.

Las violaciones al derecho a la comunicación y a la libertad de expresión ocurren cotidianamente en Guatemala y por supuesto, apenas merecen unas líneas en los diarios, mucho menos en la televisión y en las radios comerciales. A fines de enero, por ejemplo, la sede de Comunicarte, un grupo de video que trabaja por los derechos humanos, fue allanada por razones claramente políticas. Equipos y materiales por valor de varias decenas de miles de dólares fueron secuestrados, así como un valioso archivo de filmaciones de las exhumaciones de fosas comunes que son la triste secuela de las masacres ejercidas durante décadas por las dictaduras militares. Las dictaduras de Lucas García y Ríos Montt (que sí aparece en la televisión y anda libre por las calles), fue responsable por 200 mil muertos y desaparecidos, lo cual deja como niños de teta y meros aprendices de genocidas, a Pinochet y a Videla.

De Guatemala a Guatepeor, la situación de los medios es crítica en vísperas de las elecciones generales. Los políticos no quieren tocar el tema de los medios masivos para poder contar con el apoyo de estos en sus campañas. Pero el país sufre por esa postergación permanente de los derechos de las mayorías.

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