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Actualizado el 2007-02-26 a horas: 17:08:08

Contratos por 30 años

Andrés Solíz Rada

De modo casi providencial, las leyes que, el 3 de diciembre pasado, aprobaron los contratos con las petroleras retornarán al Congreso Nacional, a fin de “resolver cuestiones de forma”. Lo anterior, obliga a 130 diputados y 27 senadores a enmendar enormes errores y llenar vacíos que afectarán al país por las próximas tres décadas.

Andrés Solíz Rada

Andrés Solíz RadaAbogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.

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Petrobrás, a través de su presidente Sergio Gabrielli, ha afirmado que tiene el derecho a inscribir como suyo el valor de las reservas que explotará en Bolivia. Añadió que, de acuerdo al anexo “f”, ha suscrito contratos de producción compartida y no contratos de operación, como reiteró el Presidente Evo Morales, en su mensaje de primer año de gobierno (23-01-07). Lo anterior, explica Petrobrás, le da derecho a participaciones (y no sólo a retribuciones) sobre la producción que deben figurar en sus balances primero y en las bolsas de valores después.

Es obvio que el ejemplo del ente brasileño, en el que el Estado sólo tiene el 32 por ciento de acciones, pero cuenta con el 56 % de votos en el directorio, será imitado por el resto de las compañías. Por otra parte, si las petroleras tienen derecho a anotar como propias el valor de las reservas, ¿de qué nacionalización de los hidrocarburos estamos hablando?

El Presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, en declaraciones periodísticas, ha negado esa posibilidad, en cumplimiento del punto 4.3 de los supuestos contratos de operación. ¿Quién tiene razón? ¿No es el momento de dilucidar esta duda mediante una adenda redactada por el Congreso, a ser incluida en esos documentos? Recordemos que si YPFB anota a su nombre el valor de las reservas, las que alcanzan a alrededor de 200 mil millones de dólares, le permitirá financiar los grandes proyectos de industrialización existentes y los gasoductos internos que requiere Bolivia.

Los contratos tienen vacíos descomunales. En efecto, si se está entregando a las petroleras campos descubiertos (casi todos por YPFB), que se encuentran en operaciones, con reservas probadas y mercados asegurados (los de Brasil y Argentina), ¿cómo no exigirles a cambio que abastezcan el mercado interno a precios actuales y se comprometan a realizar las inversiones necesarias para cumplir ambos objetivos. El gobierno de Perú, por ejemplo, acaba de lograr que la argentina Pluspetrol abastezca su mercado interno a un dólar el millón de BTU. No estamos hablando, en consecuencia, de un hecho fuera de lo común

Lo cierto es que después de suscribir los contratos, las exigencias de las petroleras son cada vez mayores. Petrobrás, Repsol, British Gas y Total sostienen que abastecerán el mercado interno sólo si se les paga precios internacionales, con la consiguiente subvención estatal, o, en su defecto, a través del incremento de tarifas del GLP, diesel, gasolina y demás derivados del gas y del petróleo, que recaerá sobre los empobrecidos consumidores nacionales. De manera paralela, pretenden presentar planes de operaciones, los que, en caso de no ser aceptados a ciegas por nuestra entidad estatal, quedarán indefinidamente paralizados.

Esto quiere decir, por ejemplo, que si Petrobrás calcula en 40 millones de dólares la perforación de un nuevo pozo en “San Alberto” (cuyo costo real puede llegar a la mitad), YPFB se halla en la disyuntiva de aceptar el abuso o, dejar que el trabajo quede paralizado. Los “costos recuperables”

que se autorizan a las petroleras son de tal magnitud que YPFB no tendrá recursos para desarrollarse. Estos son temas que deben ser modificados en los contratos.

Para colmo, YPFB está reducida a piel y huesos. La Ley 3058, de 17-05-05, le ha arrebatado todo ingreso, ahora destinado a prefecturas, alcaldías y universidades públicas, en la totalidad del 50 % que beneficia al país. El 32% adicional, obtenido por el decreto de nacionalización, será eliminado a partir de la protocolización de los contratos, pero debe pagar el bono “Juancito Pinto” (en beneficio de los escolares) en forma indefinida y sin tener esos recursos. Además, desembolsará una parte sustancial del Bonosol (bono destinado a los ancianos), que antes lo hacían las AFPs, socias de las capitalizadas del sector petrolero. Como corolario, las regiones siguen empeñadas en descoyuntar a la empresa estatal en vicepresidencias y regiones dispersas en todo el territorio nacional.

El país requiere de una estrategia adecuada frente a la negativa de las compañías de precisar los textos de los contratos. Ella puede consistir en promover la alianza YPFB con ENARSA, la empresa argentina, que podrá desarrollar los campos que se nieguen a hacerlo las transnacionales, como ofreció el Presidente Néstor Kirchner. De modo simultáneo, se requiere un gran acuerdo de YPFB con la venezolana PDVSA, a fin de liberarnos del asfixiante dominio transnacional. Estos son caminos que cumplen el decreto de nacionalización y no de los posteriores contratos que han abandonado su contenido.

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