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Actualizado el 2006-12-12 a horas: 09:01:22

Cívicos-empresarios se oponen a ella con falsas poses democráticas, progresistas y ecologistas

Nueva Ley Inra es respetuosa con el espíritu gonista de la vieja ley

El contingente de señores combatientes por la tierra ahora tiene su caballito de batalla en el argumento de que el gobierno del MAS con su nueva ley nos encamina al comunismo. Si analizamos la nueva ley ese argumento cae por su base porque es una ley conservadora.

Hay que anotar que su aprobación se dio en el marco de un conflicto parlamentario resuelto por el MAS con el apoyo de senadores suplentes pertenecientes a la oposición. Esto es muy similar al caso del gobierno de Lula en el Brasil, denunciado en su anterior mandato por comprar parlamentarios para aprobar leyes. Petras, economista norteamericano, comentó que Lula compró parlamentarios de derecha para sancionar leyes de derecha. Como Evo.La vieja ley INRA reformada no destruye la propiedad privada y es anticomunistaLa vieja Ley INRA reformada y presentada por el MAS como “Nueva Ley de Tierras” no tiene para nada sentido u orientación comunista como dicen los empresarios porque se preocupa de desarrollar el comunitarismo indígena, pero no destruye la propiedad privada sobre la tierra. Más bien es un afinamiento osado, encubierto con demagogia indigenista, de la antigua Ley INRA promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada, conservando su espíritu de respeto a la propiedad privada, neoliberal y de apertura a las inversiones extranjeras.Con ella el MAS, de manera caprichosa, mezclando ideas indigenistas y neoliberales, intenta convencer a los empresarios privados y trasnacionales agroindustriales ubicadas en el oriente, que es necesario y posible transparentar el manejo de la tierra y los recursos forestales en el marco del Estado burgués, para defender la propiedad privada; al mismo tiempo que hace creer a pueblos indígenas y originarios que se respeta y reivindica sus demandas de tierra.A pesar de esto el MAS tropieza con la militante resistencia de parte de los empresarios del agro cruceño muy ligados a los sectores más radicales, fanáticos y racistas del movimiento cívico autonomista y a grandes empresarios privados extranjeros. En los hechos, Evo Morales comprueba que los empresarios que él califica de “honestos” (que está seguro existen en el país) también se oponen a su reforma haciendo bloque común e indivisible con traficantes y acaparadores de tierras. El gobierno afirma que la nueva Ley INRA satisface las demandas enarboladas por las marchas campesinas que llegaron a la ciudad de la Paz desde distintos puntos del país, entre ellas las de la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y que exigían al Senado la aprobación de una nueva ley de tierras que favorezca y priorice la dotación de tierras a las comunidades indígenas mediante la expropiación de áreas forestales concedidas de forma dudosa a empresas privadas madereras, extranjeros y petroleras; o revirtiendo las grandes extensiones de tierras agrícolas privadas que no cumplan con la Función Económica Social (FES) todo sin necesidad de afectar propiedades privadas, esas tierras de engorde para arrendamiento principalmente a extranjeros u obtenidas en base a la usurpación de tierras a las comunidades indígenas. A pesar de que el MAS declaró que con esta ley se acababa automáticamente el latifundio en el oriente, despertando algarabía en los marchistas campesinos del CIDOB y del CONAMAQ que se dieron cita en la plaza Murillo el pasado 28 de noviembre, en los hechos estamos ante una ley que no acabará con el latifundio porque garantiza su permanencia bajo la condición hipócrita de “cumplir con la Función Económica Social”. Por eso no es revolucionaria, peor comunista. La nueva Ley de Tierras al igual que la antigua de Goni, tampoco resolverá el problema de la división de la economía entre campo y ciudad, no transformará el agro pues no lo va a mecanizar en gran escala limitándose a entregar pequeños tractores de forma individual o comunitaria a los campesinos, no va a modernizarlo pero sí se propone sostener formas de producción diminutas, de corte precapitalista, junto a la gran producción agrícola nacional y transnacional. Incluso, va más allá y establece que el Estado busque inversiones en el extranjero para la explotación agrícola y forestal. O sea que hace al Estado su propio verdugo. ¿A eso llaman comunismo los empresarios?Mantener el capitalismo atrasado en el paísLa ley del MAS es el intento de materializar la teoría utópica y retrógrada de solucionar la crisis que atraviesa el país, el atraso y el hambre, preservando y armonizando, precisamente el carácter combinado y atrasado del capitalismo. O sea, las transnacionales y sus socios los empresarios criollos “honestos” viviendo en bonanza y produciendo con lo más moderno de la tecnología, por un lado; los pequeños productores precapitalistas viviendo también en bonanza con su pequeña y paupérrima producción, por otro lado; y finalmente las comunidades indígenas y originarias viviendo en “bonanza” pero en condiciones del pasado pretérito, de acuerdo al fanático indigenismo, en comunidades de recolectores y cazadores, o pequeños agricultores, ajenos al mercado y al progreso, languideciendo humanamente. Esta teoría la expresó el sofista Álvaro García Linera, luego de asumir la Vicepresidencia de la República, como esquema general del programa de gobierno del MAS y que a más de uno dejó con la boca abierta porque creyeron estar escuchando la última profecía de las sibilas en cuanto a planteamientos de la “nueva izquierda” cuando en realidad se trata de una justificación retórica para mantener el status quo, anticipada confesión de la impotencia de los nuevos gobernantes para transformar el país y clara prueba de que ellos no son el cambio que la gente espera.Las acusaciones de comunismo contra el MAS no tienen fundamentoLa nueva ley de tierras, que con las correcciones y aditamentos introducidas por el gobierno de Evo Morales mantiene casi un 80% de la estructura de la Ley INRA promulgada por Goni, en ningún punto establece que desde ahora está prohibida la propiedad privada sobre la tierra que es la base del latifundio. Tampoco establece que desde ahora la tierra es propiedad exclusiva del Estado, ya sea bajo control colectivo de trabajadores asalariados del campo u otras formas. Acusaciones y declaraciones llenas de terrorismo verbal de la oposición (PODEMOS y los cívicos cruceños), en sentido de que con esta nueva norma se viene el comunismo, son falsas y buscan provocar alarma y pánico entre la clase media cruceña, particularmente la urbana, tan racista. Las sindicaciones de comunismo contra el MAS buscan impedir que los cívicos empresarios se queden solos en una lucha sectorial por defender su propiedad privada y sus grandes negocios con tierras en el oriente. Establece y garantiza la gran propiedad privada agrícola y las inversiones privadas en la explotación de recursos forestales cumpliendo una serie de condiciones para no ser declaradas ilegales y revertidas. Pero de llegarse a ese extremo se el Estado procederá a indemnizar. La nueva ley presenta dos mecanismos de indemnización que a todas luces no significarán mayor daño para los dueños de los predios revertidos e incluso pueden terminar siéndoles más favorables y, por otro lado, lesivos para los intereses del Estado. En realidad la ley del MAS es conservadora y anticomunista. No fortalece al Estado burgués tan debilitado y casi destruido, no le entrega el control de la producción agrícola pues no elimina la propiedad privada sobre la tierra, más bien busca transparentarla en un intento utópico. Nueva Ley de Tierras es más benévola que la ley INRA de Goni En comparación con la ley de Goni, presenta un especial cuidado en no usar demasiado la palabra “expropiación” y se refiere más a la “reversión de tierras” bajo condiciones establecidas y siempre con indemnización. El texto en la antigua Ley INRA era más directo estableciendo la expropiación con indemnización pero sólo en caso de incumplimiento de la FES y de normas vigentes para la explotación de áreas forestales. En cambio, la nueva ley da vueltas retóricas fijando la expropiación sólo para caso de áreas forestales que sean declaradas ilegalmente explotadas y reversión para los predios agrícolas que no cumplan con la FES. La causa es que “expropiación” es una mala palabra para el gobierno dizque socialista de Evo Morales como ya se ha visto en sus negociaciones con las petroleras sobre sus nuevos contratos. Los puntos de oposición de los empresarios a la nueva leyLa nueva ley dispone que la Función Económica Social (FES) de las tierras agrícolas en manos de privados deba ser revisada cada 2 años y si se verifica que no se está cumpliendo la FES parcial o totalmente, los predios observados deberán revertirse con indemnización. Esto no tiene nada de comunismo o revolución porque con esta norma se respeta la propiedad privada, se indemniza y hay un respeto hacia el propietario y sus inversiones. ¿Por qué tanto conflicto entonces? Los cívicos empresarios del agro se oponen a los dos años y proponen cinco años para la revisión de la FES. Afirman que la producción y las inversiones en el agro están en riesgo pues con los dos años no se toma en cuenta que la producción de un predio agrícola, indistintamente de su extensión, puede verse parcial o totalmente interrumpida por varias temporadas debido a inundaciones, sequías, pestes, plagas o a los problemas provocados por el inseguro y oscilante mercado para la producción agropecuaria; tampoco creen que tal norma pueda efectivizarse con todas las tierras pero creen que servirá para revertir aquellas que le dé la gana al gobierno como forma de escarmentar a los opositores. Aunque el texto de la nueva ley indica que al momento de elaborarse el reglamento de aplicación deben tomarse en cuenta las catástrofes y desastres naturales declaradas y reconocidas vía decreto supremo de la presidencia, los empresarios afirman que esto no es garantía porque hay zonas, como en los departamentos de Beni y Pando, dedicadas a la ganadería, que sufren inundaciones naturales y continuas, y que por ello, no serían tomadas en cuenta en las declaratorias de desastres naturales. También sostienen que con los dos años hay inseguridad jurídica porque los propietarios de tierras no podrán usarlas como garantía para obtener créditos bancarios o con sus proveedores de insumos, semillas o maquinarias. También temen, aunque de manera exagerada, que con la nueva ley no lograrán que los procesos de saneamiento sean a su favor, como con la anterior legislación que en 10 años llegó a sanear apenas un poco más de un cuarto del total de tierras con vocación agrícola en el país.¿Tiene sentido lo que dicen aquí los agroindustriales y los agropecuarios cruceños aglutinados en PODEMOS? Sí, tiene. Su visión es preservar a toda costa la propiedad privada, sus inversiones y la libertad de negocios con la tierra. Para ellos es conveniente que la revisión de la FES sea cada cinco años, porque quieren un control laxo sobre la tenencia y el negocio libre de las tierras agrícolas por su concepción neoliberal. Sin embargo la nueva ley es tan benevolente con ellos como la anterior. De descubrirse que algún empresario tiene en su posesión predios que los negocia libremente y sin control o los explota contraviniendo a lo que establece la nueva Ley de Tierras, el Estado revertirá dichos predios pero indemnizará al empresario en base al monto que este último declare como inversión. O sea que al que lo encuentren en lo ilegal lo indemnizarán si es que sus actividades “ilegales” con la tierra le han exigido gastos o inversión. Esto tampoco puede ser comunismo. De manera implícita los empresarios le piden al MAS políticas de mayor subvención, protección y apoyo al agro, que necesariamente implica facilidades para sortear o flexibilizar más aún las revisiones de la FES, también legalización y respeto de todas las tierras, incluso de aquellas ilegalmente adquiridas y aprovechadas. Esto es debido a la intima relación que hay entre la explotación legal e ilegal de la tierra, entre productores y acaparadores, relación que el MAS caprichosamente niega al hablar de la existencia de empresarios puros y honestos como situados en una urna de cristal. En ocasión de una asamblea de la cruceñidad, durante el gobierno de Carlos Mesa, se escuchó decir a uno de los voceros de los agropecuarios que ellos jamás habían estado mejor que con Gonzalo Sánchez de Lozada, porque estaban protegidos y subvencionados por el estado boliviano. En la nueva ley ven todo lo contrario en tanto que con la autonomía ven abierta la posibilidad de volver a vivir ese auge y esa subvención añorada para afrontar las crisis, ya sean las propias de su actividad o las provenientes de la economía mundial, disponiendo de los recursos de las prefecturas autónomas sin ningún obstáculo.El “sector productivo” y su “modelo productivo” se revelan así como sumamente frágiles. Esta burguesía es extremadamente débil para desarrollar de manera global la producción del país. El modelo productivo cruceño asentado en el agro, que tanto hace alarde de pujanza, tiene pies de barro, tanto así que consideran que el intento utópico del gobierno del MAS de transparentar la propiedad privada agraria aplicando dos años para la revisión de la FES complica sus potencialidades y sus inversiones. Debido a esto denuncian comunismo y un “boicot y odio a Santa Cruz”.Pequeños productores aliados a sus enemigosSí, es muy posible que los pequeños propietarios de muy escasa capacidad económica, pudieran verse perjudicados con la revisión bianual de la FES. Ellos apenas sobreviven a la competencia con los grandes empresarios y las transnacionales, sin beneficiarse con ninguna política seria y profunda de parte del Estado que los inserte a la gran producción moderna, que los proteja de los vaivenes de la economía mundial y que los saque de su supervivencia rural paupérrima. Ahora con estas medidas más estrictas en la nueva Ley de Tierras es posible que terminen acorralados. ¿Qué orienta al MAS a impulsar los dos años para la revisión de la FES? Si bien hay una declarada intención de controlar el traspaso, compra y venta y uso de las tierras, existe también la idea de la competitividad para sacar adelante la economía, que sólo sobrevivan los competitivos que aprovechen los dos años para producir, que se hagan eficientes consiguiendo créditos y pagando puntualmente, que se distraigan completamente trabajando al máximo sus tierras. Es como decir “ahora que estarán apretados van a producir más y se esforzaran más” pero siempre con la más mínima ayuda del Estado que no pasa de la entrega de unos cuantos pequeños tractores. Esto es neoliberalismo, libre competencia, y es en ese sentido la continuidad del espíritu de la Ley INRA de Goni.Pero por estar ligados a la propiedad privada y por el racismo, en algunos casos, pequeños propietarios del oriente son arrastrados por los grandes empresarios y latifundistas hasta el punto de llevarlos a conformar un bloque común contra el gobierno, a marchar juntos desde Warnes y a repudiar la marcha de la CIDOB desde Santa Cruz a La Paz. La pequeña propiedad y la escasa experiencia política de este sector al margen de las ideas de los gruesos empresarios le impiden ver que no sólo el MAS es su enemigo por su política de estatus quo que hemos señalado más arriba, que no les garantiza mayor producción y progreso; sino que sus actuales aliados que los dirigen, los grandes empresarios, son también sus enemigos por ser fanáticos librecambistas y neoliberales quienes para no tener más competencia y no perder el monopolio de la producción agropecuaria se niegan y se negarán a que el Estado desarrolle una verdadera política antineoliberal, estatista y proteccionista que pueda garantizar la transformación del agro para sacar a los pequeños propietarios del hueco en el que se encuentran. Condimentos indigenistas de la nueva leyEstán en la disposición de que todas las tierras que sean expropiadas previo proceso legal e indemnización serán repartidas entre numerosos pueblos indígenas y originarios. Aquí también los cívicos empresarios creen oler a comunismo. Ahora ser indígena va a ser condición para tener preferencia a la hora de demandar o exigir la reversión o titulación de tierras. Esto no es comunismo sino más bien racismo, etnocentrismo, es decir indigenismo. Se sabe que la oposición, por lo menos de palabra, no se opone a la titulación de tierras para los pueblos indígenas. Pero exige dos cosas, primero, que se señale como beneficiarios a sólo cuatro pueblos diferentes de indígenas u originarios, cantidad que el MAS había propuesto al principio, y no como ahora que establece más de un centenar; y segundo, que se respete la vocación de las tierras entregadas a las comunidades indígenas. Es decir que tierras con vocación forestal o de conservación no deben ser entregadas para actividades agrícolas. Algunos empresarios, con buena dosis de racismo, plantean que se vaya más allá y que las tierras con vocación forestal no se entreguen a las comunidades indígenas, en especial si son collas, porque estos no saben aprovecharlas de manera sostenible y son depredadores. Por eso, dicen, sólo debe entregarse tierras en el oriente a los originarios del lugar porque supuestamente ellos sí conocen las potencialidades y vocación de las tierras de esta región. Esto es demagogia y un sofisma.Para la oposición y los empresarios agropecuarios la entrega de tierras a un centenar de comunidades indígenas acarreará problemas ecológicos y administrativos para el Estado fruto de la excesiva atomización de la tierra. Afirman que con esta medida se multiplicará el minifundio y esto sería un retroceso cuando de lo que se trata, afirman, es de impulsar la producción agrícola moderna que se expresa en la granja mecanizada de producción capitalista y no de autoconsumo. Sostienen que la nueva ley va a profundizar la pobreza de los propios indígenas y pequeños campesinos, que pone en riesgo no sólo la propiedad privada sino también el medio ambiente porque puede desatar una constante demanda de titulación de tierras para satisfacer la exigencia de más de un centenar de comunidades indígenas, de cientos de nuevos minifundios o parcelas de nuevos pequeños campesinos emergentes. Los empresarios del agro pronostican que esta situación, con el amparo del gobierno del MAS, puede llegar a extenderse de manera peligrosa hacia los predios privados en el oriente y sur del país, alcanzando incluso a comprometer la conservación de áreas que tienen vocación forestal y no agrícola, poniéndose en peligro áreas o bosques protegidos que deben conservarse para mantener “no solo el equilibrio ecológico del país sino también del continente” declaró, hace unos días Germán Antelo, presidente del Comité pro Santa Cruz, al ser consultado por la prensa sobre la ley en cuestión. ¿Es cierto esto? Sí, la ley del MAS de hecho tiene esta perspectiva. Si se trata de sacar al país del atraso y llevarlo a la modernidad, el problema de la tierra, del desempleo y de la pobreza no pasa por entregar tierras a pequeños propietarios, nuevos o viejos, ni a las comunidades indígenas, para que las exploten con medios arcaicos para la simple auto subsistencia, o con medios propios del precapitalismo o con escasa mecanización, sin la tecnología que impida que se opere sobre esas tierras un acelerado desgaste y provoque como consecuencia una constante demanda de tierras dejando atrás desequilibrio ecológico. Tampoco se puede creer que con la entrega de tierras o parcelas a diestra y siniestra esos pequeños campesinos o comunidades indígenas puedan volverse grandes inversionistas o empresarios y que “salgan de la pobreza”, peor si se toma en cuenta la crisis mundial de la economía, la presencia de las transnacionales y la hacienda capitalista que produce de manera intensiva, la fragilidad de la producción y del mercado para los productos agropecuarios, el desgaste del capitalismo y la incapacidad del Estado boliviano para llevar adelante una política agresiva de protección y subvención del agro que pasa por el control estatal de comercio exterior. Esto por la incapacidad de la burguesía boliviana para enfrentarse a las transnacionales y disputarles su propio espacio en la economía mundial.¿Habrá efectos destructivos sobre el medio ambiente? Sí, aunque indigenistas fanáticos afirmen que las comunidades o pueblos indígenas son superiores porque desarrollan una relación armónica con la tierra, como sus antepasados prehispánicos, y que la destrucción del medio ambiente es un mal congénito de los karas o caray. Creer que una ley del propio Estado que los oprime permitirá el resurgimiento de estas relaciones pretéritas de armonía con la tierra es idealismo puro, un intento vano de echar atrás la rueda de la historia y de negar la existencia poderosa y transformadora del capitalismo que rompe con todo tipo de barreras incluso con las tradiciones más milenarias. La presencia del capitalismo altera y destruye totalmente la relación armónica de los indígenas, sean de oriente y occidente, y de los pequeños campesinos comunarios, con la tierra y los bosques, los empuja a destruir el medio ambiente o bien para subsistir o bien impulsados por la ambición de ganancia que el capitalismo les infunde. Ellos por ejemplo, por unos buenos dólares y aprovechando sus conocimientos de los bosques y su fauna, son instrumento fundamental para el tráfico de especies en vías de extinción, que en algunos casos mueve hasta millones de dólares. ¿Tienen las comunidades indígenas la capacidad de reconocer la vocación de las nuevas tierras que ambicionan para su titulación? No, debido al apego a sus modos tradicionalistas y de producción anacrónicos que no pueden ser superados con la promulgación de una ley sino con la transformación profunda del país. ¿Pueden ellos con sus modos de producción, poco mecanizados, o precapitalistas y atrasados, salir de la pobreza, desarrollar sus parcelas con éxito y revivir el brillo de sus antepasados prehispánicos, y, al mismo tiempo, competir con la gran propiedad privada mecanizada y las transnacionales? No. Más bien la pobreza será mayor. Así no podrán competir con el capitalismo ¿Tiene todo esto algo que ver con su condición racial? No, está relacionado con su modo de producción del pasado, problema que no pudo ser resuelto por la burguesía nacional, por los liberales, los nacionalistas y tampoco será resuelto, como vemos, por los indigenistas y los cívicos neoliberales. Ahora bien ¿tienen razón y moral los cívicos empresarios para oponerse a esta ley y criticar al gobierno del MAS? No. Su critica, como se ha indicado, tienen mucho más de racismo e hipocresía. Ellos están ligados a la depredación de los bosques para extender más sus áreas ganaderas y sus negociados con barracas y madereras brasileñas, como en El Pantanal boliviano y Pando; a la biopiratería que involucra a las petroleras, transnacionales farmacéuticas y bioquímicas, e incluso a grupos amparados tras ciertas instituciones; a la explotación irracional de los recursos minerales vía la deforestación desbocada, como cuando encubrieron y algunos de ellos se involucraron en la producción de carbón vegetal para alimentar el proyecto siderúrgico del Mutún de la brasileña EBX, al uso de semillas, ahora también transgénicas, de impacto negativo para los suelos como las plantaciones soyeras y la desertificación en las tierras bajas del este.Inclusión de los indígenas al aparato estatalLa nueva Ley de Tierras define la inclusión de nuevas organizaciones campesinas a la Comisión Agraria Nacional (CAN), o sea al aparato estatal. Con esto se quiere hacer creer que los indígenas se liberan y ahora gobiernan cuando en verdad, ya la vieja ley INRA de Goni establecía la participación de organizaciones indígenas y campesinas como la CIDOB y la CSUTCB a través de un representante que sólo es un control individual.Esto nunca significó un cambio radical para la situación de los pueblos originarios y degeneró en corrupción. La inclusión de más dirigentes campesinos o indígenas en las mismas condiciones, al lado de poderosos empresarios privados, será más de lo mismo. Aquí también los miedos de empresarios y cívicos cruceños, que creen ver en esta medida señales de un emergente régimen totalitario indigenista, son infundados porque ellos más que nadie conocen bien la práctica de corromper a dirigentes o delegados campesinos. Nueva ley y autonomías departamentales a contrapelo Para intentar movilizar al pueblo cruceño contra la nueva Ley de Tierras los empresarios llaman a defender la autonomía y los resultados del referéndum del pasado 2 de Julio o sea el Sí a las autonomías que obtuvo victoria contundente.Si nos situamos históricamente las autonomías han surgido como propuesta desesperada de los señores de la tierra, empresarios y transnacionales ante el empuje de las masas insurrectas que en octubre del 2003 mostraron su potencialidad revolucionaria, como una forma alejar de esta parte del territorio boliviano ese peligro y así impedir que sus intereses sean afectados. Con la llegada del MAS al gobierno y la nueva Ley de Tierras advierten que la autonomía es más urgente porque los indios quieren inmiscuirse en sus asuntos. En realidad los cívicos se oponen a la intención confusa de revitalizar el casi desbaratado Estado por parte del pobre MAS que con sus medidas legales y en su constituyente va cediendo, entrega la victoria que las masas lograron con su lucha en las calles, esto debido a sus concepciones de corte reformista-indigenista y a sus deseos de gozar de las mieles del poder.

--- ---Marcelino_villareal@ascnoticias.com

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