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Actualizado el 2006-12-01 a horas: 18:50:36

Soberanía y autogestión en la terminación del contrato con AISA y el futuro del servicio

Carlos Crespo

Hay gran expectativa en las organizaciones sociales de la ciudad de El Alto sobre la terminación del contrato con la empresa Aguas del Illimani (AISA) y el futuro de la nueva empresa. En el marco del actual gobierno de Evo Morales, autoproclamado el "gobierno de los movimientos sociales", se espera que las salidas y alternativas tengan otro contenido.

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La Superintendencia de Agua y Saneamiento Básico (SISAB), a través de Alvaro Camacho, su máxima autoridad, ha anunciado que, en el marco de la negociación para terminar el contrato "por mutuo acuerdo", y basados en los resultados de la auditoria regulatoria, se ha establecido que AISA invirtió $US 11.3 millones de recursos propios (de los cerca de $US 120 millones gastados durante el periodo de concesión), monto que el gobierno reconoce como base de negociación con AISA. Asimismo, define esta salida "como la más ventajosa para el país y para evitar daños posteriores, como compensaciones exorbitantes". Sobre la nueva empresa afirmó que una comisión "esta tomando las previsiones para que una empresa socialestatal se haga cargo del servicio desde el primero de enero" (entrevista a Alvaro Camacho, superintendente SISAB, LP 15/XI/06).

No haré referencia a las varias infracciones identificadas por el estudio, sobre los cuales, y aplicando un principio de transparencia básico, la SISAB debiera difundir un resumen didáctico para la población que hasta ahora ha sufrido la presencia de AISA. Pero, hay algunos aspectos a destacar.

La riqueza de la auditoria regulatoria no es haber identificado el monto invertido por AISA, para saberlo no se requería una auditoria que ha costado unos cuantos cientos de miles de dolares, sino revisar los estados financieros que la empresa presenta anualmente a la SISAB, donde se puede determinar fácilmente el aporte propio del consorcio multinacional. La auditoria contiene información más importante para una verdadera defensa de los intereses del país.

Aspectos financieros. De acuerdo a los estados financieros auditados, presentados anualmente por AISA ante la SISAB (AISA, s/f), entre 1997 al 2005, la empresa tuvo una utilidad neta promedio $US 1,509 millones/año, con una rentabilidad sobre ingresos totales del 7%. Pero, como ha demostrado la auditoria regulatoria, AISA incluyó varios ítems como costos, que desde el punto de vista regulatorio no son computables, y deben ser asumidos por la empresa, esto quiere decir deducidos de sus utilidades, como ser:

El "management fee" ($US 7.361 millones) y asistencia técnica del operador ($US 3,262 millones), haciendo un total de $US 10,623 millones. Este hecho vulnera, por un lado, el punto 9.1.2. del contrato de concesión pues este servicio lo realiza una empresa vinculada al operador, y por otro el punto 15.4, pues cede sus obligaciones y responsabilidades a terceros no involucrados en el proceso de la licitación pública; todo este soporte técnico y de manejo era una obligación indelegable y debía ser parte del aporte de la empresa y en ningún caso un coste adicional. Asimismo, otros gastos de personal extranjero (23000 $US) también deben formar parte del aporte propio y no ser incluido como gasto.

Multas y sanciones, al ser costos impuestos por la SISAB por infracciones cometidas por el operador deben cargarse a las utilidades, por tanto no deben ser consideradas como costos, pues de esta manera se está cargando a los usuarios ineficiencias del concesionario.

Previsión para Gastos imprevistos, obsolescencia de inventarios y compra de terrenos. Costos que en total suman $US 6.6 millones, no son gastos efectivos y son costos previstos para futuras contingencias fruto de la terminación del contrato, por tanto es responsabilidad del accionista y no del operador asumir estas eventualidades.

Asimismo, otros ítems que aparecen como gastos, como bajas de bienes de uso, ajuste por inflación y tenencia de bienes, modificaciones a la facturación, ingresos gastos varios, ajuste de ejercicios anteriores, impuestos a las utilidades de las empresas, en muchos casos son ineficiencias del concesionario, que son cargadas al usuario.

De esta manera, de acuerdo a otro estudio encargado por la SISAB, producto de los ajustes regulatorios, la reducción de costos alcanza a 23.4 millones y el incremento de ingresos es de $US aproximadamente 35.5 millones, produciendo un incremento en los ingresos por un total de $US 58.9 millones a lo largo de la concesión. Desde este razonamiento, se calcula que la utilidad neta promedio en realidad ha sido $US 8,207 millones/anno y una rentabilidad promedio sobre ingresos totales del 33%. Más aún, si tomamos en cuenta, de acuerdo a la auditoria regulatoria, que el 43% de las inversiones de AISA no deberían ser reconocidas debido a que carecen de documentación de respaldo suficiente, la utilidad neta promedio llega a $US 10,104 millones/anno y una rentabilidad promedio sobre ingresos totales del 41%. De esta manera se demuestra que AISA, durante el periodo de la concesión (1997-2005) obtuvo mayores utilidades de las que declaró en sus estados financieros.

Aspectos de metas de expansión. La auditoria regulatoria ha identificado que en el primer quinquenio, AISA no cumplió con la meta establecida en el contrato de concesión, de instalar 71.752 conexiones de agua potable, alcanzando por tanto un incumplimiento del 26,46%. Este hecho, no solo debía ser causal de terminación del contrato por caducidad (el contrato en su cláusula 26, indica que el incumplimiento en el 25% o más de las metas de expansión es causal de revocatoria de la concesión por caducidad), sino que debió sancionarse una multa de $US 9.494.000 y la instalación de casi 23000 conexiones de AAPP para el 2002, aplicando términos del contrato referidos al incumplimiento de metas dentro el plazo establecido.

Aspectos ambientales. Ratificando las denuncias de las organizaciones sociales de El Alto y las ubicadas en el entorno al Lago Titicaca, la auditoria ha identificado los graves impactos ambientales generados por sus plantas de tratamiento, tanto en descargas de lodos, aguas residuales domésticas, industriales y lixiviados. Sus efectos sobre las poblaciones locales y el entorno ambiental, particularmente el ecosistema acuático del lago, han sido claramente verificados. Cual es el valor actual y futuro del dano ambiental (no olvidar que estos impactos persistirán luego que AISA se haya retirado del país)? Este es un ejercicio que la SISAB y el ministerio del agua deben realizar para obligar que sea AISA quien pague estos costos ambientales y no los altenos y las comunidades campesinas afectadas.

Sobre las aguas contaminadas de Milluni, usadas como fuente por AISA, el superintendente en la entrevista llama "a la conciencia" y considera injusto afirmar que haya sido fruto de "una mala operación", pues esta fuente ya era utilizada por SAMAPA. Pero, la máxima autoridad de la SISAB no hace referencia, como esta evidenciado también en la auditoria regulatoria, que AISA, en el plan de inversiones propuesto, debía cambiar de fuente, justamente por los riesgos ambientales y para la salud que supone consumir aguas de relaves mineros. Y no lo hizo. Cual es el valor de este daño ambiental? Es responsabilidad de la SISAB determinarlo.

En suma, se cuenta con un poderoso caudal de información con los cuales es posible probar que AISA debe pagar compensaciones al gobierno boliviano, tanto por incumplimiento de contrato, como por daños ambientales y sociales, cuyo monto sobrepasa el monto definido como aporte propio. Por ello, sorprende que la SISAB asuma una actitud defensiva y temerosa de "no causar ningún daño al Estado y dentro del espíritu de seguridad jurídica de los contratos y las empresas". Da la impresión que el reconocimiento a pagar de los $US 11.3 millones como inversión de AISA (y es probable que luego aparezcan otros costos enterrados), es una decisión política, no técnica; por ello, es fundamental que los resultados de la auditoria sean una herramienta de toma de decisiones para el gobierno, y evitar reproducir comportamientos de anteriores gobiernos; hoy la sociedad exige otro estilo de gestión pública, capaz de defender la soberanía del país y los intereses ciudadanos.

Respecto a la futura empresa, la experiencia boliviana muestra que, así como la forma privada de gestión del agua ha mostrado su inviabilidad en el país, particularmente en La Paz/El Alto, lo mismo se puede decir de la forma empresa pública de agua, como se mostró con la gestión de la vieja SAMAPA. Hoy, se trata de ir más allá del debate público/privado y pensar estructuras institucionales basadas en la capacidad de autogobierno y autogestión de la gente, mas aún en el agua, convertido en recurso estratégico para la vida humana y natural. Como decía un mensaje de la Coordinadora del Agua el 2000: "el problema de fondo es quien decide sobre el presente y el destino de la población, los recursos, el trabajo y las condiciones de vida. En relación al agua, nosotros queremos decidir por nosotros mismos: a eso llamamos Democracia". Dentro esta perspectiva, la FEJUVE El Alto, durante la resistencia a AISA el 2005, propuso un modelo de empresa llamado "público social", que por sus características de alta participación ciudadana, mecanismos de control social, así como por la aplicación de principios de transparencia y rendición de cuentas, fortalece estos rasgos autogestionarios. De ahí que sorprende la afirmación del superintendente Camacho, cuando afirma que desde enero funcionará una empresa "socialestatal"; se ha consultado este enfoque con las organizaciones sociales? La salida de AISA es una demanda de la población altena, no una concesión del Estado; de hecho, la superintendencia defendió a ultranza hasta el último momento al consorcio multinacional; por tanto, la legitimidad para organizar la nueva empresa la tienen los usuarios, los pobladores, no el Estado, por mas progresista que este se defina. En suma, la nueva empresa solo funcionará cuando los verdaderos protagonistas de la salida de AISA decidan el futuro de esta.

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