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Área: Economía >> Minería
Actualizado el 2006-10-24 a horas: 14:05:21

Los cooperativistas que dejaron a Huanuni como zona de desastre

Los empresarios del MAS

Miguel Lora Fuentes

Los cooperativistas de Huanuni tomaron por la fuerza el yacimiento de estaño más importante del país, provocando una inédita matanza de 16 mineros pobres el 5 y 6 de octubre. Dinamitaron vehículos, la antena de Radio Nacional Huanuni y el hospital de la zona. Volaron compresoras que dan aire a los mineros en interior mina y lanzaron “llantas bomba” a la población civil destruyendo sus viviendas. ¿Qué razón los empujó a convertir el centro minero en zona de desastre, como declaró la prefectura de Oruro?

Miguel Lora Fuentes

Es periodista. Trabajó en los matutinos Presencia, La Prensa, Los Tiempos y el semanario Pulso. Fue profesor en la Universidad Pública El Alto. En la actualidad es editor de Bolpress.com

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Fue el egoísmo individual, la maña de lucrar en beneficio personal sin pensar en el bien común, interpretó el Presidente Evo Morales. “Lo que sucedió en Huanuni fue por angurria, por codicia como dice la Biblia. Y cuando hay codicia es imparable”. “Llamen ahorita a la unidad (…) hablen a la gente (…) hay que defender al gobierno porque no les ha fallado a ustedes”, dijo el vicepresidente Alvaro García a los Asambleístas en Sucre.

Según el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Pedro Montes y otros dirigentes sindicales, en Huanuni se mataron entre hermanos por negligencia del gobierno, que confió a los cooperativistas el Ministerio de Minería, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la prefectura del departamento minero de Potosí.

¿Qué diferencia existe entre la administración actual y los gobiernos "neoliberales" que entregaron los ministerios a representantes de la burguesía nacional y extranjera que codiciaban los recursos naturales? Ninguna. Por eso algunos sindicalistas proponen abrir un juicio de responsabilidades contra el Presidente.

La pequeña burguesía minera emergente

Las cooperativas mineras proliferaron al amparo de la libre comercialización de minerales dispuesta por el 21060. La fuerza laboral expulsada de Comibol se vio forzada a conformar grupos de arrendatarios de yacimientos inactivos, o engrosar las filas de cooperativas más antiguas. Los habitantes de las ciudades intermedias que nacieron en el auge anterior de pronto se vieron directamente afectados por la crisis y crearon nuevas cooperativas.

El Estado incubó con mucho dinero estas unidades empresariales para paliar el desempleo y les apoyó con privilegios durante los peores años de la crisis minera. Cuando mejoraron los precios internacionales, el cooperativismo se convirtió en un negocio redondo, tanto que algunos potentados de la minería chica migraron a este sistema de explotación a destajo para pagar menos impuestos.

Las cooperativas explotan con un estructura de costos bajos (a costa de sobreexplotar la fuerza de trabajo eludiendo las leyes laborales), sin inversiones propias, pagando solamente el Impuesto Complementario de la Minería (ICM) y un canon de arrendamiento que es el 1% del valor neto de la producción.

En la gestión 2005 las cooperativas cancelaron por canon algo más de 605 mil dólares, cuando el valor bruto de su producción de estaño, zinc, plomo, plata, wólfram, bismuto, cobre y otros fue de 126,1 millones de dólares.Deduciendo los gastos de realización (56,7 millones de dólares), los costos de producción (22,6 millones), ICM (4 millones) y el canon de arrendamiento (605 mil dólares), las arrendatarias obtendrían una utilidad anual de 42 millones de dólares. Las cooperativas no pagan el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, y sus utilidades netas duplicarían los ingresos anuales de Comibol, que no superan los 20,7 millones de dólares.

Con semejantes ganancias no tardó en formarse una “aristocracia cooperativista” ( ) ambiciosa como cualquier otro empresario y dispuesta a matar por la propiedad privada. En Huanuni, las cúpulas cooperativistas se negaron a compartir con Comibol las ricas entrañas estañíferas del cerro Posokoni y sentenciaron: “Si no va a ser para nosotros no va a ser para nadie”.

Después de 16 reuniones infructuosas (dos por mes desde que asumió el nuevo gobierno), el gobierno propuso invitar a la norteamericana Aicobol para que invierta 500 millones de dólares en el yacimiento y genere fuentes de trabajo. Pero los pequeños propietarios querían todo el yacimiento para ellos y por ello, a las cuatro de la mañana del 5 de octubre, invadieron parajes exclusivos del Estado.

Actuaron convencidos de que era posible apoderarse de un bien público, la reserva más grande de estaño de Bolivia. Ostentaban poder político, el respaldo del Ejecutivo y mucha experiencia en lobby adquirida en décadas de convivencia con gobiernos neoliberales. Además mantenían negociaciones bastante avanzadas para comprar las acciones a los ex “capitalizadores” de la Empresa Minera Huanuni (EMH).

Dieron por descontada su victoria frente a los mineros asalariadas dada su superioridad numérica (4000 contra 1000); no calcularon que la combativa clase obrera huanuneña reaccionaría al ataque con la misma dosis de violencia.

Empoderados

Los sucesos de Huanuni se originan en parte en el empoderamiento político del cooperativismo minero. Los llamados cooperativistas adquirieron cada vez mayor poder económico y político en las últimas cuatro gestiones de gobierno y no tuvieron reparos a la hora de convertirse en la “base social” de gobiernos de derecha a cambio de favores.

El influyente cooperativismo obtuvo desde 1993 al menos 17 decretos a su favor. En su segundo mandato, Goni permitió que los cooperativistas integren el directorio de Comibol y luego Carlos Mesa les cedió el Viceministerio de Minas y la prefectura de Oruro. (Ver cuadro).

Su poder se multiplicó por 10 cuando negociaron con el MAS votos a cambio de espacios en el Ejecutivo y Legislativo (tienen tres diputados: Victor Mena, Hilarión Bustos y Alex Cerrogrande) y el protagonismo minero en el nuevo esquema del “capitalismo andino”.

Aquellos que comenzaron explotando los parajes desechados, se lanzaron a la conquista de los mejores yacimientos del Estado, primero la mina Pacuni en Colquiri (mayo de 2004), después Caracoles y luego Huanuni. Se sentían seguros y respaldados por el gobierno popular que se concentró en la nacionalización de los hidrocarburos y mantuvo un silencio cómplice respecto al gran negocio minero controlado por transnacionales y normado por un Código neoliberal.

Engañados

Entregaron la Empresa Minera Huanuni en marzo de 2000 a través de un contrato de riesgo compartido a la compañía inglesa Allied Deals Minera Huanuni (ADMH) por medio millón de dólares. La empresa se comprometió a invertir 10,25 millones de dólares en los primeros dos años. A fines de diciembre 2001, (ADMH) cambio de razón social a RBG Resources, contraviniendo el contrato, ya que debía ser Comibol la que aprobara el cambio de razón social.

En mayo de 2002, el West LB Bank de Inglaterra intervino judicialmente a RBG por quiebra fraudulenta. Dos directores de RBG, Viren Rastogi y Anand Jain, fueron hallados culpables de fraude por la más alta Corte de Justicia del Reino Unido por 345 millones de dólares. Otros directores aún son investigados por contabilidad falsa por montos de más de 300 millones de dólares. Nombraron como entidad liquidadora a la firma Grant Thornton UK con la tarea de precautelar los intereses de los acreedores de Allied Deals.

Se extinguieron los derechos de RBG por incumplimiento de contrato y Comibol apareció como la única operadora de la mina. Sin embargo, Grant Thornton decidió vender los derechos de RBG en Huanuni a una de las cooperativas por aproximadamente 2,5 millones de dólares.

Dos abogados bolivianos que trabajaron para Sánchez de Lozada hicieron creer a los cooperativistas que podían comprar las acciones de RBG, una empresa quebrada y en liquidación, y adueñarse del Posokoni, una figura absolutamente ilegal, ilegítima e irreal.

El 17 de enero de 2006, la Cooperativa Playa Verde ofreció a Grant Thornton medio millón de dólares para suscribir un contrato de opción de compra de sus acciones. En febrero de 2006, el presidente de esa cooperativa Severo Miranda Choque, en representación de las cooperativas Nueva Karazapato, La Salvadora, y Relaveros Libres, acordó negociar una compra-venta. Después de cuatro meses de negociaciones, el enviado de la Federación Regional de Cooperativas Mineras de Huanuni (Ferecomin) a Londres, Prudencio Pachecho Janco, obtuvo un “poder” para anunciar a Comibol de la “posible” transferencia de acciones de RBG a Ferecomin.

Comibol respondió: RBG tiene deuda con nosotros, el contrato se rompió hace tres años por incumplimiento; pueden comprar las acciones, pero no tenemos ningún trato con RBG. “Los cooperativistas, que se habían sentido en algún momento dueños de los yacimientos, estallaron con esa furia que se desencadenó en Huanuni”, explica el diputado del MAS José Pimentel.

“Hay que destacar que las cooperativas mineras no tienen conocimiento ni experiencia para hacer tratativas transaccionales con montos que se invierten en minería y mucho menos para hacer transacciones de tipo internacional; (por ello) contrataron a dos abogados que sí tienen esta experiencia: José Luis Galindo Nemer y José Antonio García. Nemer fue funcionario de los dos gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada. Su militancia está comprobada y por lo tanto acá hay un trasfondo político”, revela el legislador.

Esta información tuvo que frustrar las esperanzas de los cooperativistas (creyeron que el poder obtenido en Londres les daba la propiedad del yacimiento), pero algunos de sus dirigentes se comprometieron en la operación y alentaron la toma de la mina. El ex ministro de Minería Walter Villarroel es accionista de la cooperativa La Salvadora.

Cambio de rumbo

Al destituir a Villarroel, luego de la matanza en Huanuni, el Presidente reconoció que su alianza de sangre con la minería privada contradijo abiertamente su discurso nacionalista y obstaculizó la refundación de Comibol. Ante cámaras, Morales admitió que en materia minera todavía no ha cumplido con el pueblo.

Presionado por los acontecimientos y por el severo golpe político –son inéditos en la historia reciente del país enfrentamientos tan violentos entre obreros y pequeños empresarios–, Morales se vio obligado a reorientar su política minera reconfigurando el mando del Ministerio de Minería y de la Comibol.

Guillermo Dalence sustituyó al ministro cooperativista (el gato que cuidaba la carne) y Hugo Miranda Rendón reemplazó a Antonio Revollo en la dirección de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Dalence militó en el Partido Comunista, luego acompañó a Motete Zamora y, tras el rompimiento, se fue a trabajar a la Mina Matilde en 1969, participando en su nacionalización. Fue dirigente de base, secretario de organización y de conflictos de la Federación de Mineros.

Intervino en los combates de 1971 en La Paz. Luego de la muerte de Torres, en 1976 dirigió la Federación de Mineros clandestina con otros tres dirigentes (Bernal, Guillermo Carrasco, y Justiniano). Ese grupo llamó a la huelga general contra Banzer después de la huelga de hambre de cuatro mujeres mineras que tumbó al régimen.

El nuevo ministro, egresado de derecho en la década de los 80, ayudó mucho en la resistencia con García Mesa. Denunció la muerte de Julio Cosío, dirigente que murió arrastrado por un jeep en el cuartel de Uncía. Integró la Federación de mineros en el período 1982-87 hasta que lo retiraron de Matilde. Trabajó como cooperativista por un tiempo y después se fue a trabajar en La Paz (ha sido hasta chofer). Desde 1997 prestó servicios en el Cejis de Santa Cruz.

Miranda es un viejo gerente de Comibol que trabajó en la cogestión de 1984-85 y fue el primero en ser relocalizado. Ocupó la gerencia en Matilde, Viloco, Coro Coro, en el grupo Santa Fé, San José, Huanui, Unificada y Catavi. En 1984 fue nominado por la Federación de Mineros como gerente general de la Compañía. Colaboró con Andrés Solíz Rada en la investigación “La Fortuna del Presidente”.

Morales intenta mandar señales con esas designaciones y se congracia con los sindicalistas, pero sin modificar sustancialmente su política minera. En el acto de los 66 años de fundación de Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), el Presidente aseguró que su gobierno “no sólo refundará Comibol, sino que tiene la obligación de recuperar las minas para el pueblo y el Estado boliviano donde todavía no se ha invertido ni un peso; no tengo ningún miedo y vamos a realizar esto de manera conjunta con ustedes”.

Aunque no hay razón para dar luz verde a una nueva privatización de Huanuni, ya sea entregando el yacimiento a privados extranjeros o a la pequeña burguesía emergente, algunos diputados del MAS proponen no refundar la empresa estatal sino crear otra de economía "mixta" con los cooperativistas.

Huanuni es el principal distrito productor de estaño en Bolivia y su emblemático cerro Posokoni es considerado uno de los mayores reservorios de estaño del mundo. Calculan que en sus entrañas hay 948 mil toneladas de estaño valuadas en 4000 millones de dólares. Huanuni produce entre 500 y 600 toneladas mensuales; según el Instituto Nacional de Estadística, la tonelada métrica pasó de 4890 dólares en 2003 a 7385 dólares en 2005. (La Razón).

Entre 2002 y 2006, Huanuni produjo 96 millones de dólares con utilidades netas de 27 millones de dólares. El centro minero bajo control obrero se convirtió en el ejemplo perfecto -aunque casi nunca publicitado- de una buena administración en manos de los trabajadores.

Por ninguna circunstancia –prometió el Vicepresidente– el Poder Ejecutivo entregará el cerro Posokoni a los cooperativistas mineros porque sería lo mismo que privatización la EMH. El gobierno quiere que el Estado administre el distrito minero a través de Comibol porque ello significa divisas, escuelas y salud para los nueve millones de bolivianos y no ganancias para un reducido grupo de socios cooperativistas.

Sin embargo, la nacionalización de las minas, como pide la FSTMB, todavía no es parte del programa oficial del gobierno. El Presidente eludió el problema minero desde que asumió y todavía no está dispuesto a encarar a los grandes emprendimientos operados por transnacionales como Don Mario, Puquio Norte o San Cristóbal. La gran sorpresa minera que prepara Morales para fines de mes sería el anunció de “acuerdos de sociedad con empresarios mineros para captar más de 1.300 millones de dólares” necesarios para reactivar el negocio.

Con datos de

1. La confrontación de los trabajadores de la minería en torno a Huanuni, Osvaldo Guachalla H., Cedla, Bolpress.2. Dinamitas y contaminantes, Hans Möeller, PIEB, 2002.

***

Los cooperativistas recibieron Bs196 millones desde 2000, calcula Comibol

El Estado regaló dinero, máquinas y yacimientos

En el período 1987-1996, Comibol incentivó la creación de cooperativas conformadas únicamente por ex trabajadores retirados y les entregó yacimientos de estaño, zinc, plomo, plata, wólfram, cobre, cadmio, bismuto. Además les concedió equipos, maquinaria, instalaciones industriales, ingenios, talleres de servicio auxiliar, y campamentos mineros valuados en aproximadamente 30 millones de dólares. La Corporación calcula que sólo las 4950 viviendas y 924 lotes entregados a ex trabajadores en San José, Catavi, Unificada, Quechisla, Colquiri, Colquechaca, Centro Minero Bolívar y Empresa Metalúrgica Oruro (EMO) valen 23 millones de dólares. En el período 1996 – 2000 continuaron las transferencias de bienes de Comibol a manos privadas. La Ley 1786 del 19 de mayo de 1997 enajenó activos (maquinaria y equipo, repuestos, insumos y otros bienes de almacenes) a favor de mineros chicos, artesanos, agricultores, pequeños industriales en calidad de arrendamiento, venta a plazos y al contado, y regularizó las transferencias a las cooperativas. Las entregas de maquinaria y equipo en calidad de arrendamiento financiero ascenderían a 5,8 millones de dólares. Valuaron las 441 viviendas a favor de ex mineros de San José retirados en 1993 en aproximadamente 2,2 millones de dólares. Debido a la severa crisis del período 2001-2003 debido a la histórica caída de los precios internacionales de metales ( ) el gobierno favoreció a las cooperativas con varios programas de apoyo y de fomento a fondo perdido.A través del DS 26313 de septiembre de 2001, Comibol donó 5 millones de bolivianos para contratar profesionales encargados de labores técnicas. Mediante los DS 26318 y 26515 la empresa minera estatal invirtió 12,5 millones de bolivianos para limpiar galerías, acceso a bocaminas, refacción de ventilación y rehabilitación de caminos.Entre octubre de 2002 y febrero de 2004 se aprobaron cuatro decretos más ( ) instruyendo a Comibol erogar a fondo perdido 63,2 millones de bolivianos para financiar pagos a los cooperativistas y mineros chicos de hasta 0,40 bolivianos por kilo fino de zinc y 4,5 bolivianos por kilo fino de estaño.Mediante Decreto 27206 de octubre de 2003, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada obligó inconstitucionalmente a Comibol a pagar con recursos propios 896 mil bolivianos a la Caja Nacional de Salud por aportes devengados de varias gestiones que las cooperativas no cancelaron a la aseguradora a corto plazo por sus trabajadores asalariados y socios.A través del DS 27358 de octubre de 2004 se autorizó a Comibol a transferir a fondo perdido 3 millones de dólares para créditos y otros 329 mil bolivianos para sostener la planilla de sueldos de Fomin.Además de todo ello, las cooperativas arrendatarias de Comibol recibieron 24,1 millones de bolivianos en donaciones del Programa de Apoyo a la Pequeña Minería (Apemin) con respaldo de la Comunidad Europea.Las cooperativas recibieron desde la gestión 2000 aproximadamente 129,9 millones de bolivianos y otros 66,5 millones en donaciones y ventas de quipo, es decir 196,4 millones de bolivianos.Comibol empieza a registrar una cartera en mora de improbable recuperación dada la incapacidad de pago de los arrendatarios.

***

* Con movilización se arrancó al gobierno neoliberal la Ley 2400, el 24 de julio de 2002, que modifica el artículo 91 del Código Minero y permite a Comibol asumir “la dirección y administración directa, plena y definitiva de las actividades mineras y metalúrgicas” de cualquier yacimiento entregado a las transnacionales mineras bajo licitación y que hayan quebrado, cometido fraude o incumplido los contratos pactados. Esta norma abre paso a la “nacionalización” de los yacimientos de Posokoni. El 5 de junio de 2006, se levantó la intervención, para que Comibol reasumiera inmediatamente la administración y dirección plena y directa de la EMH.

* Hasta 1980 existían aproximadamente unos 17 mil cooperativistas en Huanuni, los que en 2000 aumentaron a 47.538 socios y 251.951 dependientes. Hasta el 2002 había alrededor de 2.350 cooperativistas distribuidos en cuatro cooperativas en una población de 18 mil habitantes.

* Grant Thornton envió una nota a la embajada de Bolivia anunciando su pesar por las muertes en Huanuni, pero sigue insistiendo que posee acciones de la EMH. Para la firma, la solución concertada del problema pasa por la venta de la propiedad pública a cooperativas privadas. “Tal vez la solución más racional sea que Grant Thornton levante las manos y diga que no tiene el derecho legal de vender las acciones estatales y porque no quiere precipitar un conflicto de sangre en una de las regiones más empobrecidas solamente para ganar plata fácilmente”, opina Jim Jepps, miembro de la campaña inglesa de solidaridad con Bolivia.

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