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Actualizado el 2006-10-23 a horas: 14:03:12

Informe de Cuba sobre la Resolución 60/12 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

La necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba

El genocida bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra Cuba durante más de cuatro décadas, y recrudecido durante los últimos años, ha sido condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 14 ocasiones consecutivas de manera prácticamente unánime. El pasado año, 182 Estados exigieron ponerle fin y rechazaron nuevamente su aplicación extraterritorial, en defensa de los principios y las normas del Derecho Internacional.

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El Gobierno de los Estados Unidos sigue desoyendo tales reclamos, y refuerza cada vez más el entramado de medidas y leyes dirigidas a la destrucción de la Revolución Cubana y a la negación a su pueblo del disfrute de su derecho a la libre determinación. Conviene recordar que la apetencia y las ansias de dominación de los Estados Unidos sobre Cuba tienen su origen desde el surgimiento mismo de la Unión Americana.

Desde entonces, realizaron innumerables esfuerzos por anexarse a Cuba, a través de las más disímiles vías: desde fracasados intentos de compra, pasando por el estímulo y apoyo a fuerzas anexionistas dentro de la colonia española, hasta la intervención y ocupación militar directa.

Sucesivos gobiernos norteamericanos en el siglo XIX nunca reconocieron a la República de Cuba en armas. Por el contrario, obstaculizaron e interrumpieron, siempre que pudieron, el apoyo que su pueblo y los cubanos emigrados en ese país procuraron a la causa redentora.

La intervención militar norteamericana en 1898 arrebató a los cubanos el derecho a ser libres. El atributo de soberanía, tan merecido tras 30 años de desigual batalla contra el colonialismo español, fue negado al pueblo cubano con la imposición de una caricatura de república sometida al tutelaje humillante de un apéndice constitucional - conocido como Enmienda Platt - mediante el cual el naciente Imperio estadounidense se arrogaba el reconocimiento de su potestad para invadir y ocupar militarmente a Cuba cuando así Washington lo entendiera oportuno.

Durante más de medio siglo, las administraciones estadounidenses sometieron al pueblo cubano a su dominación neocolonial y a la explotación del patrimonio nacional por sus monopolios, gracias a la complicidad y sometimiento de sucesivos gobiernos de turno y a la imposición de brutales dictaduras militares, cada vez que fue necesario acallar con sangre las justas reivindicaciones y la convicción antiimperialista del pueblo cubano.

Con la profunda revolución social llevada a cabo por el pueblo cubano a partir de 1959, los círculos de poder en Estados Unidos rápidamente percibieron el ejemplo de la Revolución Cubana como un claro desafío a su pretendida dominación hemisférica y global. Sucesivas administraciones republicanas y demócratas, han sostenido y recrudecido con el paso de los años, una guerra no declarada, destinada a reimponer su férreo control sobre los destinos de la nación cubana.

En fecha tan temprana como el 12 de febrero de 1959 comenzaron las acciones encaminadas a este fin. La primera de ellas fue la no devolución a Cuba de 424 millones de dólares de las reservas del Banco Nacional, robados por cabecillas de la dictadura batistiana en su estampida y depositados en los bancos del país que le dio cobija e impunidad.

Unas semanas después, en un memorando del Departamento de Estado de fecha 24 de junio, el Secretario de Estado Christian Herter, definió esas "acciones iniciales" como "medidas de guerra económica". [1]

En otro documento fechado el 6 de abril de 1960, la determinación imperialista de exterminio al pueblo revolucionario de Cuba se hizo más explícita. En el mismo se afirma que "debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. [... ] a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno".[2]

Ese ha sido siempre el declarado propósito y el hilo conductor de la política genocida aplicada contra Cuba por sucesivos gobiernos de los Estados Unidos e impuesta a tres generaciones de cubanos. Bajo esa política nacieron y han vivido toda la vida las dos terceras partes de la población cubana actual. Los cubanos han tenido que padecer, sobrevivir y desarrollarse en las muy difíciles condiciones que le impone la única superpotencia, que busca con esa política aniquilar la resistencia y el ejemplo de dignidad y soberanía de la nación cubana.

Diez administraciones han practicado esta guerra económica violatoria del derecho y de la moral y han obligado a otros Estados a plegarse a dicha política. Han amenazado y reprimido a ciudadanos de los Estados Unidos y de países extranjeros.

Como consecuencia del bloqueo, entre otras limitaciones, Cuba no puede exportar ningún producto a los Estados Unidos, ni importar de ese país mercancía alguna; tampoco puede comerciar con filiales de compañías norteamericanas en terceros países; no puede recibir turismo norteamericano; no puede usar el dólar en sus transacciones con el exterior; no tiene acceso a los créditos de instituciones financieras multilaterales, regionales y estadounidenses, ni puede realizar operaciones con estas; sus barcos y aeronaves no pueden tocar territorio norteamericano.

El Gobierno norteamericano aplica cada vez con mayor rigor las disposiciones con efecto extraterritorial del bloqueo, imponiéndose severas restricciones al comercio internacional, marco en el cual se arrecia el asedio de las operaciones comerciales que de alguna manera podrían estar vinculadas a Cuba.

Interminable sería la lista de ejemplos que sustentan en la práctica este permanente propósito, que ha motivado cuanta regulación, ley o plan ha aprobado el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, entre los que destacan la Ley Torricelli (1992), la Ley Helms-Burton (1996) y las versiones sucesivas y complementarias del Plan para la Anexión de Cuba formuladas por la mal llamada "Comisión de Asistencia a una Cuba Libre" - creada por el Presidente Bush con el objetivo de destruir el sistema político, económico y social refrendado por el pueblo cubano.

El ex Secretario de Estado, Colin Powell, primer presidente de la mencionada comisión, al ser preguntado sobre la política hacia Cuba, dijo que el uso de armas tales como "aislamiento, sanciones y presiones" precedía a las opciones militares; aunque aclaró que "algunas veces no existe otra solución apropiada que no sea el uso de la fuerza militar".[3]

El brutal y despiadado cerco tendido por el Gobierno de los Estados Unidos contra la economía y la sociedad cubanas, afecta todas y cada una de las esferas y ámbitos de actividades del país. Este informe analiza las principales afectaciones al pueblo de Cuba en el período comprendido entre el segundo semestre del 2005 y el primer semestre del 2006.

Muchas de estas afectaciones son resultado de la estricta aplicación de las agresivas y adicionales medidas presentadas en el citado Plan para la Anexión de Cuba, incluida la amenaza del uso de la fuerza militar y la persecución de ciudadanos y empresas no sólo cubanas, sino de los Estados Unidos y el resto del mundo.

La persecución y represalias contra ciudadanos y empresas de los Estados Unidos y del resto del mundo han sido numerosas. Se ha recrudecido el acoso financiero contra cualquier operación económica y comercial cubana en los más diversos mercados; se han endurecido las prohibiciones y restricciones a los viajes, al envío de remesas y al intercambio académico en diferentes esferas y se han agravado las acciones punitivas contra las inversiones y el turismo en Cuba.

El desempeño de la mal llamada "Comisión de Asistencia a una Cuba Libre", cuyo primer informe fuera aprobado por el presidente estadounidense el 6 de mayo de 2004, ha estado acompañado de una escalada desenfrenada e irracional en la aplicación de la política de bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. La persecución y la represión contra todos aquellos que tengan cualquier vínculo con Cuba en las más diversas regiones del mundo han alcanzado niveles sin precedentes.

En diciembre de 2005, la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, que sustituyó a Colin Powell en la dirección de la comisión anticubana creada por el presidente Bush, anunció medidas adicionales para hacer más efectivo el negativo impacto de las acciones cumplidas en virtud de la primera versión del Plan para la Anexión de Cuba. [4]

El 10 de julio de 2006 fue presentado por la Administración Bush la segunda versión del plan anticubano producido por la comisión. En el mismo, se identifican nuevas medidas que significan más sanciones económicas, más persecución a la actividad de las empresas cubanas, mayores represalias contra los que comercian con Cuba y una escalada sin precedentes en el apoyo financiero y material a las acciones dirigidas al derrocamiento del orden constitucional cubano.

En el nuevo informe de la comisión, que confirma y amplía la versión del 2004, se recomienda entre otras medidas, la creación de una Fuerza de Tarea Interagencias específica para la persecución del níquel cubano; el reforzamiento del Grupo de Persecución de Activos Cubanos; la prohibición de ventas a Cuba de equipos médicos para uso en programas de atención a extranjeros en gran escala, como la cooperación internacional en cirugía oftalmológica conocida como "Operación Milagro", en la formación de médicos o en la ayuda a otros países en ocasiones de desastres; la imposición de sanciones a las empresas que colaboren en la prospección y producción de petróleo e iniciar la aplicación a países que supuestamente apoyen a Cuba del Título III de la Ley Helms-Burton, que permitiría abrir procesos en cortes estadounidenses contra compañías y ciudadanos de terceros países.

El informe incluye en esta ocasión una cláusula secreta, con recomendaciones que no han sido publicadas a partir de supuestas razones de "seguridad nacional y ejecución efectiva". El pueblo cubano conoce perfectamente y ha sufrido por más de cuatro décadas las brutales consecuencias de este tipo de medidas y acciones "encubiertas" como las que hoy oculta la comisión anticubana. Estas propuestas "secretas" han incluido desde agresiones militares mercenarias y acciones terroristas, hasta centenares de planes de asesinato del Presidente Fidel Castro y otros líderes cubanos.

Como se ha demostrado de manera reiterada, el bloqueo califica como un acto de genocidio, en virtud del inciso (c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948 y, un acto de guerra económica, de acuerdo a lo establecido en la Conferencia Naval de Londres desde 1909. Es asimismo, un componente esencial de la política de Terrorismo de Estado desarrollada de forma sistemática e inhumana, por parte del Gobierno de los Estados Unidos contra la población cubana sin distinción de sexo, edad, raza, credo religioso o posición social.

El daño económico directo causado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo, partiendo de premisas de análisis sumamente conservadoras, supera los 86 mil 108 millones de dólares; un promedio de 1 832 millones de dólares anuales. Esta cifra no incluye los daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y actos terroristas alentados, organizados y financiados desde los Estados Unidos y que asciende a más de 54 mil millones de dólares, ni el valor de los productos dejados de producir o los daños derivados de las onerosas condiciones crediticias que se le imponen a Cuba.

En el último año, el daño económico directo ocasionado a los cubanos por la aplicación del bloqueo superó la cifra de 4 mil 108 millones de dólares.

DAÑO DIRECTO DEL BLOQUEO DE LOS ESTADOS UNIDOS ACUMULADO AL CIERRE DE 2005

- en Millones de dólares de Estados Unidos -

Ingresos dejados de percibir por exportaciones y servicios

39,427.5

Pérdidas por reubicación geográfica del comercio

19,592.0

Afectaciones a la producción y los servicios

2,866.2

Bloqueo tecnológico

8,483.2

Afectaciones al servicio a la población

1,565.3

Afectaciones monetario-financieras

8,640.2

Impacto del robo de cerebros

5,533.8

Total de las afectaciones por el bloqueo de de los Estados Unidos

86,108.2

En el año 2005, al menos 38 países se han visto afectados por las disposiciones extraterritoriales de la política de bloqueo a Cuba.

Las multas aplicadas por la Oficina para el Control de los Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control "OFAC"), a ciudadanos estadounidenses por viajar a Cuba y comprar artículos cubanos, se incrementaron en un 54 %. El pasado año el número de cubanos residentes en los EE.UU. que viajaron a Cuba directamente desde ese país disminuyó en un 54% con relación al 2003, año en que aún no se aplicaban las restricciones adicionales establecidas a partir del 30 de junio del 2004.

En el primer semestre del 2006, el 73 % de las visas solicitadas por funcionarios cubanos para viajar a los EE.UU. por diferentes motivos de trabajo no fueron otorgadas por el Departamento de Estado.

Sólo para el año fiscal 2006, el Gobierno de los Estados Unidos destinó más de 37 millones de dólares para transmisiones ilegales de radio y televisión hacia Cuba con el objetivo de incentivar la subversión interna. Esta cifra significó un incremento de alrededor de 10 millones de dólares en comparación con lo aprobado en la misma partida para el 2004 y podrá ser incrementada a partir de las acciones propuestas en la segunda versión del Plan para la Anexión de Cuba.

1. Recrudecimiento del bloqueo por parte de los Estados Unidos

1.1 Acciones emprendidas contra Cuba.

El 2 de junio de 2005, el Jefe de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, Kevin Whitaker, señaló que la "Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre", ha logrado avances muy importantes en las tareas definidas y se programan más en el futuro. Precisó que desde agosto de 2004 han disminuido los viajes de los norteamericanos a Cuba, han mermado los ingresos del país en casi un 60% y se han realizado vuelos semanales para las transmisiones de televisión, que como es conocido, van dirigidas a fomentar la subversión interna, violando los acuerdos internacionales sobre el uso del espacio radio electrónico.

El 27 de julio de 2005, el entonces Secretario Asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, destacó cínicamente el otorgamiento de 8 millones 900 mil dólares para el 2005 y 15 millones de dólares para el año 2006, para la implementación de las recomendaciones de la "Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre".

El 11 de agosto de 2005, el Departamento de Justicia dio a conocer que la Comisión de Reclamaciones de Propiedades Extranjeras estableció un segundo programa sobre Cuba para las corporaciones y ciudadanos norteamericanos que tienen nuevas reclamaciones contra el Gobierno cubano por propiedades nacionalizadas después del cierre del programa anterior, el 1ro de mayo de 1967.

El 4 de octubre del 2005, el Buró de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado publicó una nota informativa sobre las principales iniciativas desarrolladas por la Administración de Bush en el continente americano, entre las cuales se incluyó la adopción de una nueva política para denegar visas para trabajar en los EE.UU. a los artistas cubanos, cuyas actividades - según el informe - reportarían beneficios financieros al "régimen de Castro". Se ha obstaculizo aún más el intercambio cultural entre los dos pueblos.

En octubre del 2005, Caleb McCarry, designado por el Departamento de Estado como "Coordinador para la transición en Cuba" y que en la práctica es el pretendido pro-cónsul para el "cambio de régimen" en la Isla, expresó que en los meses transcurridos tras la aplicación del Plan para la Anexión de Cuba, el "reforzamiento del embargo económico provocó pérdidas al régimen de Castro por un monto de 500 millones de dólares".

El 27 de enero del 2006, la OFAC inició un proceso de auditorías a agencias de viajes que trabajan el destino Cuba, encaminadas a imponer un verdadero clima de terror y hacer aún más férrea la aplicación de las prohibiciones de viajes. La vocera de la OFAC, Molly Millerwise, anunció que esa Oficina realizaría alrededor de 25 auditorías similares cada año, "para asegurar que los proveedores de viajes cumplan con lo establecido al pie de la letra, educarlos en la necesidad de mantener las restricciones vigentes y fortalecer las disposiciones de la OFAC para el cumplimiento del programa de sanciones contra Cuba". Han sido retiradas las licencias de operación a varias agencias.

El 13 de febrero del 2006, entraron en vigor nuevas regulaciones de OFAC sobre el régimen de multas aplicable a las instituciones bancarias que violen la legislación norteamericana sobre sanciones contra distintos países, incluida Cuba. Los transgresores pueden ser objeto de investigación civil, evaluación por la OFAC de la conducta violatoria o investigación penal y enjuiciamiento. Aunque esta medida no modifica en esencia las regulaciones vigentes, presiona a los bancos en el cumplimiento de las disposiciones del bloqueo.

El 4 de mayo del 2006, la representante anticubana Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), fiel exponente de la mafia anticubana de Miami, presentó el proyecto de ley H.R. 5292 "Para no admitir en los EE.UU. a extranjeros que hayan realizado inversiones que contribuyan a la ampliación de la capacidad de Cuba de desarrollar sus recursos petroleros, y para otros propósitos". El proyecto propone la prohibición de créditos bancarios, de licencias específicas o permisos de exportación y la no concesión de préstamos a las compañías extranjeras que realicen inversiones en esta esfera evaluadas en 1 millón de dólares o más.

El 11 de mayo, el representante de la mafia anticubana en el Senado estadounidense, Mel Martínez (R-FL), introdujo el proyecto de ley S. 2795, con igual título y texto similar al H.R. 5292 presentado por la representante Ros-Lehtinen (R-FL) una semana antes.

Asedio, amenazas y sanciones a personas, instituciones y ONGS.

Se ha recrudecido la persecución y sanciones a ciudadanos y empresas, con especial énfasis en las agencias de viajes que fueron objeto de auditorías y de sanciones. También se han intensificado las presiones a organizaciones religiosas, académicas y Organizaciones no gubernamentales norteamericanas, con el fin de impedir el desarrollo de sus vínculos e intercambios con sus homólogos en Cuba.

Durante el año 2005, la OFAC, alegando la violación de distintas regulaciones del bloqueo contra Cuba, impuso multas a 8 compañías e instituciones bancarias por un monto total de 44 mil 225 dólares. Aplicó además multas por violar el bloqueo y específicamente las regulaciones sobre los viajes a Cuba, a 487 ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, por una suma total de 529 mil 743 dólares, lo que representa un incremento con relación al 2004, año en que fueron multadas 316 personas por un monto de 497 mil 780 dólares.

1.2 Persecución y represalias aplicadas a ciudadanos y empresas.

El 12 de octubre de 2005, la OFAC informó que seis ciudadanos norteamericanos fueron multados por viajar a Cuba violando las regulaciones del bloqueo por un monto de 8 mil 875 dólares. Cuatro de los ciudadanos fueron multados por el simple hecho de hospedarse, transportarse y comprar alimentos y bebidas en el país. Los otros dos fueron sancionados por introducir mercancías cubanas en los EEUU., cláusula aplicada incluso, a aquellos que ingresen al territorio de Estados Unidos con una simple botella de ron o un tabaco cubano.

En esa misma fecha, la compañía Archer Daniels Midland (ADM) fue multada por 13 mil 750 dólares, a partir de supuestas violaciones a las regulaciones del bloqueo contra Cuba que habrían sido cometidas entre febrero y marzo del año 2000. Según la OFAC, la compañía Finora Canadá Ltd., una subsidiaria propiedad de ADM radicada en Canadá, firmó contratos con una entidad del Gobierno cubano y realizó transacciones de exportación.

El 3 de enero del 2006, la OFAC informó que fueron multados cuatro ciudadanos norteamericanos por un monto de 4 mil 200 dólares como consecuencia de sus viajes a Cuba y haber realizado actividades propias de un turista en el país.

En enero de del 2006, la OFAC envió al Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) su "lista negra" actualizada, en la que pide bloquear las cuentas de empresas y personas vinculadas al narcotráfico, al financiamiento al terrorismo y al gobierno cubano, refiriendo que el Departamento del Tesoro tiene identificadas en México a 9 empresas y 9 personas vinculadas al gobierno cubano.

En febrero del 2006, la OFAC informó que fueron multadas tres personas por un monto de 3 mil dólares, a partir de supuestas transacciones relativas a viajes, además de importar bienes prohibidos provenientes de Cuba.

En abril del 2006, como parte del programa de auditorías in situ que viene aplicando la OFAC a las agencias de viajes que trabajan el destino Cuba, 16 de ellas perdieron la autorización para ofrecer viajes a la Isla en el mes de marzo y en lo que va de año, la lista asciende a 26, cuatro de ellas por considerar que realizaron "violaciones flagrantes" de las condiciones establecidas en sus licencias, a saber: Baby Envíos Travel, Fortuna Travel Services, Cubatur Express y La Estrella de Cuba.

A finales de mayo del 2006, la OFAC suspendió la licencia de tres de las principales agencias de viajes y remesas a Cuba, ellas son: La Perla del Caribe, Transeair Travel y Uno Remittance Inc., esta última especializada en el envío de remesas familiares.

Presiones a organizaciones religiosas, académicas y Organizaciones no gubernamentales norteamericanas.

En julio del 2005, funcionarios del Departamento de Aduana y Protección de las Fronteras, confiscaron las 43 cajas con equipos de computación que serían donados a los niños de Cuba como ayuda humanitaria por los caravanistas de Pastores por la Paz, organización interreligiosa norteamericana, impidiendo que esos equipos llegaran a su destino final.

El 22 de noviembre del 2005, el Departamento del Tesoro negó la renovación de la licencia para viajar a Cuba al Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos.

En diciembre del 2005, fue denegada la licencia solicitada por la ONG norteamericana USA/CubaInfoMed al Departamento de Comercio de los Estados Unidos para donar 126 computadoras que se utilizarían en labores docentes y asistenciales, en la recolección y análisis de información y para impartir tele clases en cinco hospitales del sistema de salud pública en Cuba.

En el año 2005, se agudizó la política de rechazar el otorgamiento de licencias a universidades estadounidenses para el desarrollo de acciones académicas en Cuba. Destaca el caso de la Universidad de Harvard, a la que le han negado en dos ocasiones las autorizaciones para traer grupos de estudiantes de postgrado con el objetivo de realizar investigaciones en Cuba. Debe señalarse que tales acciones en teoría estaban permitidas dentro de las draconianas medidas adoptadas a partir del 2004, pero no fueron concedidas las licencias correspondientes por la OFAC.

Cientos de miembros de la Brigada Venceremos y la Organización norteamericana Pastores por la Paz fueron amenazados por las autoridades federales estadounidenses de que serían multados por sus viajes a Cuba

1.3 Oposición al bloqueo dentro de los Estados Unidos.

A pesar de las fuertes presiones y medidas adoptadas, del incremento de los fondos federales para esos fines y del reforzamiento de la agresividad del lobby anticubano que desarrolla la mafia terrorista de Miami en contubernio con los personeros de la política de agresividad y anexión de Cuba dentro de los círculos de poder estadounidenses, las voces que promueven cambios en la política hacia la Isla en los Estados Unidos no han podido ser silenciadas. Entre los activistas del cambio aparecen destacadas personalidades políticas, sectores empresariales, gobiernos estaduales, líderes religiosos y organizaciones no gubernamentales que se manifiestan abiertamente en contra del bloqueo.

El 21 de julio del 2005, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, aprobó una enmienda a la "Ley de Asignaciones para los Departamentos de Transporte, Tesoro y Vivienda, año 2006", que prohíbe el uso de los fondos asignados para administrar o implementar la medida de la OFAC, del 22 de febrero del 2005, que reinterpretó de forma restrictiva el concepto de pago por adelantado para las compras de alimentos de Cuba a los Estados Unidos. Esta propuesta, que fue aprobada también en el Senado, no se convirtió en Ley debido a la amenaza de veto del Presidente Bush.

El 30 de junio de 2005 el líder de la minoría demócrata del Comité de Finanzas del Senado emitió un comunicado de prensa, ratificando su posición de bloquear cualquier nominación para altos cargos del Departamento del Tesoro, si la Administración continuaba imponiendo restricciones al comercio con Cuba.

El 8 de julio del 2005, como muestra del creciente interés de sectores estadounidenses en la normalización de las relaciones comerciales entre los dos países, la Asociación Comercial EE.UU.-Cuba envió una carta, firmada por 62 asociaciones nacionales, organizaciones y compañías agrícolas radicadas en 20 estados, a más de 20 senadores, incluyendo los miembros del Comité de Asignaciones, en la que los exhortaba a actuar para flexibilizar las restricciones impuestas a las ventas de productos agrícolas a Cuba.

Entre el 1 y el 5 de noviembre de 2005, viajaron a Cuba 360 empresarios de 30 estados de los Estados Unidos, para participar en la Feria Internacional de La Habana, en representación de 169 compañías. A este evento asistieron también diferentes autoridades estaduales.

El 3 de marzo del 2006, 105 congresistas enviaron una carta al Secretario del Tesoro cuestionando las medidas de ese Departamento para "detener las posibilidades de varias organizaciones religiosas de viajar a Cuba". Unos días más tarde, importantes líderes religiosos norteamericanos remitieron comunicaciones a la Secretaria de Estado y al Secretario del Tesoro en las que "expresan su profunda objeción a la nueva política de OFAC de negar la renovación de licencias a las iglesias nacionales y agencias ecuménicas para viajar a Cuba" y para exigir que se respeten los derechos que al respecto han tenido durante muchos años.

El 29 de marzo de 2006, el Consejo de la Ciudad de Detroit aprobó la "Resolución para apoyar a los Cinco", que además de pedir la liberación de los Cinco Héroes cubanos encarcelados injustamente en cárceles estadounidenses, exigió el fin del bloqueo, la restitución de los derechos de viajes y el comercio con Cuba y la extradición a Venezuela del connotado terrorista Luis Posada Carriles.

El 6 de abril del 2006, la Legislatura estadual de Alabama aprobó la Resolución Conjunta HJR "Urgiendo al Congreso a eliminar las restricciones de comercio, viajes y financieras a Cuba".

El 13 de abril del 2006, tuvo lugar en Orlando, Florida, el seminario "Haciendo negocios en Cuba", al que asistieron 54 representantes de compañías norteamericanas interesadas en iniciar o incrementar el comercio con la Isla. El evento fue organizado por la Asociación Comercial EE.UU. - Cuba (USCTA), con el objetivo de constituir oficialmente su capítulo en Florida.

Durante la 29 Conferencia Legislativa Anual del Caucus Nacional de Legisladores Estaduales Negros (NBCSL), se aprobó una Resolución que "demanda al Presidente Bush el levantamiento del embargo contra Cuba y solicita el restablecimiento de relaciones diplomáticas" con nuestro país.

El 11 de mayo del 2006, se presentó al Senado el proyecto de Ley S. 2787, "Ley de Seguridad Energética en el Hemisferio Occidental 2006", que permite a los ciudadanos norteamericanos o extranjeros residentes permanentes en los EE.UU. participar en la exploración y extracción de hidrocarburos en cualquier parte de la zona marítima económica exclusiva extranjera, contigua a la zona económica exclusiva de los Estados Unidos; exportar sin necesidad de licencias todos los equipos necesarios para la exploración y extracción de hidrocarburos y viajar desde y dentro de Cuba a personas vinculadas a las referidas actividades.

Ese mismo día se introdujo en la Cámara de Representantes el proyecto de ley H.R. 5353, "Ley de seguridad energética en el Hemisferio Occidental", que demanda también la flexibilización del bloqueo en materia de restricciones a los viajes e inversiones vinculados al sector energético en Cuba.

A pesar del incremento en las restricciones a los viajes, el Gobierno de los Estados Unidos no ha podido frenar el interés de muchos representantes políticos, hombres de negocios, religiosos y de otras áreas de visitar nuestro país y sostener un intercambio franco y desprejuiciado, basado en el respeto mutuo. En el período que comprende este informe, visitaron Cuba 2 Gobernadores, 1 Vicegobernador, 1 Senador, 1 Representante, 2 asistentes congresionales, varias personalidades estaduales y más de 360 hombres de negocios representando a más de 30 Estados.

2. La extraterritorialidad en la política de bloqueo

Durante el período continuaron las afectaciones a Estados, ciudadanos y empresas de terceros países como consecuencia de la aplicación extraterritorial de las leyes del bloqueo contra Cuba. Dicha política prohíbe:

Que subsidiarias norteamericanas que se encuentran en terceros países mantengan cualquier tipo de transacción con empresas en Cuba.

Que empresas de terceros países exporten a EE.UU. productos de origen cubano o productos que en su elaboración contengan algún componente de ese origen.

Que empresas de terceros países vendan bienes o servicios a Cuba cuya tecnología contenga más de un 10% de componentes estadounidenses, aunque sus propietarios sean nacionales de esos países.

Que entren a puertos estadounidenses buques que transporten productos desde o hacia Cuba, con independencia del país de matrícula.

Que bancos de terceros países abran cuentas en dólares norteamericanos a personas jurídicas o naturales cubanas o lleven a cabo transacciones financieras en dicha moneda con entidades o personas cubanas.

Que empresarios de terceros países realicen inversiones o negocios con Cuba en propiedades vinculadas a las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses o que, habiendo nacido en Cuba, adquirieron esa ciudadanía.

El incumplimiento de estas disposiciones conlleva la imposición de severas multas y sanciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

2.1 Persecución y acciones punitivas contra los activos financieros cubanos.

Con las nuevas regulaciones adoptadas por la OFAC a principios del 2006 a fin de materializar su acoso financiero a los activos cubanos, se estandarizó a través de los órganos reguladores bancarios de los Estados Unidos la aplicación de sanciones a terceros que violen sus disposiciones.

En el período que abarca este informe, se aprecia un marcado incremento de las presiones sobre bancos extranjeros para que cesen sus relaciones de corresponsalía con bancos cubanos. Estas acciones de carácter extraterritorial se han dirigido fundamentalmente a bancos que han mantenido relaciones estables con entidades cubanas. Ejemplo de ellas son:

En octubre de 2005, la Union Bank of Switzerland (UBS) cesó el servicio que prestaba de cuenta corriente en dólares y francos suizos al sistema bancario cubano y comenzaron a rechazar todas las operaciones con los Bancos del país, por el temor de que le fueran aplicadas nuevas sanciones estadounidenses.

El Banco HSBC de Londres, decidió unilateralmente en septiembre del 2005 cerrar la cuenta en dólares que el Banco Metropolitano mantenía con ellos. La sucursal de dicho banco en Canadá, devolvió los pagos por montos de un millón de dólares canadienses y 819 mil 900 euros enviados a través del Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), alegando las regulaciones anticubanas de OFAC. Este mismo Banco no procesó, en febrero de 2006, una transferencia de 15 mil 500 dólares canadienses hacia Cuba por las mismas razones.

El 7 de noviembre del 2005, el Natexis Banques Populaires, de Francia, informó al Banco Internacional de Comercio S.A (BICSA) que no estaba en disposición de avisar una carta de crédito no confirmada por un importe de 903 mil 900 dólares, pagadera en euros, que trajo consigo la cancelación del crédito y su traslado a otro banco.

El Republic Bank, cuya casa matriz se encuentra en Trinidad y Tobago, informó mediante llamada telefónica al BICSA que no estaba dispuesto a continuar tramitando los pagos que Cuba realiza a agricultores de los Estados Unidos, producto de las ventas de ese país hacia la Isla, lo cual afecta las transferencias que realiza la empresa importadora cubana ALIMPORT a exportadores norteamericanos bajo pagos debidamente autorizados por licencia.

El 21 de febrero del 2006, el Deutsche Bank Trust Company Americas de Nueva York, confiscó un envío de 330 dólares depositados en el Union National Bank de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, a favor de una ciudadana cubana, con el objetivo de realizar trámites de solicitud de pasaporte en la Embajada de Cuba en Egipto, alegando las disposiciones del bloqueo.

En febrero del 2006, la compañía argentina FURBIA INTERNATIONAL S.A. (Exportación-Importación) se vio obligada a cerrar sus cuentas bancarias en Discount Bank en Uruguay, así como las existentes en los EE.UU., mediante las cuales había operado durante más de 35 años. Esto ocurrió por órdenes instruidas a la entidad bancaria desde la casa central ubicada en los EE.UU. Se alegó que el nombre del Presidente de la compañía estaba registrado en la Lista de Nacionales Especialmente Designados, como resultado de sus tradicionales vínculos comerciales con Cuba.

En marzo del 2006, la sucursal jamaicana del Banco de Nueva Escocia de Canadá, comunicó a la Embajada de Cuba en Jamaica que no podría mantener la cuenta de esa Misión ni realizar transferencias de fondos en dólares estadounidenses, en franca violación de la legislación jamaicana y la de Canadá. En este último país está en vigor la Ley sobre Medidas Extraterritoriales Extranjeras (FEMA), dirigida a proteger a las compañías canadienses de las disposiciones extraterritoriales de la Ley Helms-Burton.

Una transferencia bancaria ascendente a 2 mil 154 euros, realizada por el NEDBANK (Banco namibio-sudafricano) a nombre de la empresa cubana PESPORT, del Ministerio de la Industria Pesquera, en virtud de las operaciones realizadas con la empresa Namibia DRAGNAM, fue retenida por un banco norteamericano.

El colectivo de investigación "Grupo de Ecología de Aves", de la Facultad de Biología, de la Universidad de la Habana, no pudo recibir el financiamiento que otorgaba la Whitley Fund for Nature, ONG del Reino Unido, por un monto de 30 mil libras esterlinas, que habrían sido utilizados para la continuación de un proyecto en curso. La primera transferencia bancaria por 15 mil libras esterlinas se hizo utilizando el HSBC Bank PLC de Londres, el cual envió los fondos vía Nueva York y no llegaron a su destino. El banco informó a la ONG que los mismos fueron retenidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Las contribuciones de Cuba a los organismos multilaterales también han sido sometidas a la enfermiza cacería. Durante el primer semestre del año 2006, Cuba no ha podido pagar sus cuotas a dos organismos internacionales con sede en Ginebra: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), debido a la negativa del Banco suizo UBS, que acoge las cuentas de ambas organizaciones internacionales, a recibir transferencias desde Cuba.

Asimismo, varios funcionarios internacionales de nacionalidad cubana han recibido cartas solicitándoles el cierre de sus cuentas en dólares estadounidenses bajo la amenaza de que las mismas les serían embargadas. Tal fue el caso de funcionarios contratados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otras.

Estas acciones de los bancos contra cubanos contratados como funcionarios internacionales son resultado del "Procedimiento para la aplicación de sanciones económicas a las instituciones bancarias", anunciadas públicamente por OFAC a principios del 2006.

Con estas acciones, Estados Unidos sanciona también a los Organismos Internacionales y a su personal, una evidencia más de su total desprecio al multilateralismo.

En un informe enviado por la OFAC al Congreso de los EE.UU., se informa que en el 2005 el monto de los bienes cubanos congelados en bancos norteamericanos, como consecuencia del bloqueo, ascendió a 268 millones 300 mil dólares

2.2 La extraterritorialidad en otros sectores.

En febrero del 2006, la delegación empresarial cubana que participó en la Conferencia Cuba - Estados Unidos sobre Energía, celebrada en México D.F., fue expulsada por órdenes del Departamento del Tesoro del Hotel María Isabel Sheraton, donde se alojaba. Esta instalación es propiedad de la firma norteamericana Starwood Hotels and Resorts Worlwide. La gerencia de la instalación hotelera confiscó el depósito que la misión cubana había pagado por concepto de estadía y lo envió a la OFAC, sumándolo a los fondos cubanos congelados por el Gobierno de los Estados Unidos.

Las reparaciones que fue necesario hacer a la Planta de la Empresa Moa Níckel S.A. resultaron más costosas y se retrasó su cronograma de ejecución, debido a que el suministrador brasileño Orion tuvo que retirarse del contrato para la reparación capital del Turbogenerador No.1., por ser una filial de una empresa norteamericana. En consecuencia, Cuba tuvo que recurrir a otros suministradores para que completaran el trabajo. Esta Empresa brasileña fue objeto de amenazas de represalia, que incluyeron la posibilidad de que fueran despedidas las personas que en Brasil habían participado en la negociación de este contrato con Cuba.

La negativa de la empresa canadiense Cytec a vender el reactivo extrayente (Cyanex 272) que se había decidido utilizar en la nueva tecnología para la ampliación de la refinería de níckel COREFCO[5] en Canadá, provocó una demora de 7 meses en el proyecto de ampliación de la refinería y el aumento del costo de la refinación en aproximadamente 2,20 dólares/lb de Ni + Co.

En julio del 2005, la compañía Dresser-Rand Group Inc. ordenó a su subsidiaria en Brasil, detener sus negocios con la empresa mixta cubano-canadiense Moa Nickel S.A., del sector de la minería. Esta compañía radicada en New York y fabricante de turbinas y compresores para la industria de la energía, dio a conocer públicamente en el mes de abril del 2006, que era muy probable que se le impusieran sanciones del Gobierno de los Estados Unidos, debido a negocios que su subsidiaria realizó con la empresa cubana.

Durante los meses de octubre y noviembre del 2005, las cadenas hoteleras españolas, especialmente las mallorquinas que administran o han invertido en hoteles en Cuba, comenzaron a recibir notificaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, informándoles que por ocupar supuestamente una propiedad confiscada en la Isla de Cuba y comercializarla para beneficio propio, se le prohibiría la entrada en ese país a los propietarios de la empresa, a los empleados, accionistas y familiares. El escrito estaba firmado por el coordinador de la Oficina de Asuntos Cubanos, Stephen G. McFarland.

No se pudo concretar la solicitud realizada a la empresa ALCOA en España, de 2 000 toneladas deperfiles de aluminio para laconfección de puertas y ventanas necesarias para la remodelación delos policlínicos, hospitales y escuelas cubanas, al responder la misma que no podía suministrar el material porque era una empresa con sede social en los Estados Unidos.

Las negociaciones realizadas en enero del 2006 con la sucursal canadiense de una de las cuatro principales distribuidoras discográficas independientes de los Estados Unidos, en el marco de la Feria MIDEM - Cannes, Francia - fueron interrumpidas, cuando el Departamento Legal de la compañía planteó que "requeriría una investigación muy costosa, para determinar los mecanismos y aspectos legales en lo relacionado con su posibilidad de vender el producto cubano en Canadá, y especialmente en los Estados Unidos".

El niño cubano Raysel Sosa Rojas, ganador del Concurso Mundial de Dibujo Infantil sobre el Medio Ambiente convocado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, no pudo disfrutar de su premio debido a la negativa de la empresa japonesa Nikon de entregarle una cámara digital, la cual se otorgó a los ganadores de cada región, aduciendo que se lo prohibía el bloqueo norteamericano. Tampoco ha podido recibir el importe de los 1000 dólares que le corresponden por el premio, debido a que los organizadores del concurso argumentaron que estaban estudiando la forma en que se lo harían llegar, por las dificultades que se presentarían con algunos bancos.

La extraterritorialidad del Bloqueo se observa también en las sistemáticas acciones dirigidas a impedir el acceso de nuestro país a modernas tecnologías y a los avances de la ciencia, así como a obstaculizar la superación de nuestros técnicos y profesionales:

Un especialista cubano que presta servicios en una compañía extranjera con negocios en Cuba y que fuera a recibir un adiestramiento a Canadá sobre sistemas de control automatizados PLC 5, que se aplica en su compañía, fue expulsado al segundo día de entrenamiento, al conocerse su nacionalidad. Se le explicó que su participación en este curso violaba las "Regulaciones de la Administración de los Estados Unidos para la Exportación".

La negociación del Simulador de Tránsito Aéreo, contratado para Cuba por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) a la firma Canadiense ADACEL no pudo concretarse, porque el Gerente General y el Gerente Financiero de dicha firma, de nacionalidad norteamericana, plantearon que las leyes de su país les impiden cualquier tipo de contrato con Cuba. Al no disponer del Simulador en Cuba, la Empresa Cubana Aeroportuaria y Servicios Aeronáuticos (ECASA), tiene que erogar aproximadamente 250 mil dólares anuales en la recalificación de los Controladores de Transito Aéreo en el extranjero.

La entidad holandesa que actuaba de pasarela de pago para el comercio electrónico con el nombre de ePayment-Cuba, informó en junio del 2005 que se retiraba del negocio, pues las leyes del bloqueo le impedían continuar brindando esos servicios a Cuba. Ello ocasionó la paralización de la actividad durante 3 meses, afectando las ventas en unos 10 mil dólares.

2.3 Afectaciones al comercio exterior.

En el período se evidenció una vigorización de viejos mecanismos creados para perseguir los fondos y operaciones comerciales cubanas, aún en los más distantes mercados, al calor de las recomendaciones de la llamada Comisión para una Cuba Libre, valiéndose de la naturaleza extraterritorial de las leyes y regulaciones del bloqueo.

Resulta paradójico el hecho que la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en su informe de febrero del 2006 (WT/TPR/S/160) emitido en el contexto del Examen de Política Comercial de los Estados Unidos realizado los días 22 al 24 del mismo mes, haya señalado que EE.UU. redujo o flexibilizó sus controles y restricciones al comercio con alrededor de una docena de países (varios de Europa, Irak y Libia). En el caso de Cuba, ocurrió todo lo contrario.

Como consecuencia, en el año 2005 las afectaciones al comercio exterior cubano sobrepasaron los 945 millones 320 mil dólares, cifra que marca un aumento de casi un 15% respecto al año anterior, y que en valores absolutos significa 122 millones 720 mil dólares más que la cifra registrada en el 2004. Se ha puesto a prueba de nuevo la capacidad de Cuba para mantener y desarrollar su comercio exterior a pesar de las dificultades creadas por el ensañamiento del gobierno de los Estados Unidos.

Si bien las mayores afectaciones en el 2005 se registraron por la imposibilidad de acceder al mercado de los Estados Unidos, tanto en lo que se refiere a las exportaciones como a las importaciones cubanas - con una incidencia negativa de 536 millones 790 mil dólares por este concepto - también las afectaciones financieras derivadas del alto riesgo adjudicado a Cuba por su condición de país bloqueado por los EE.UU., tuvieron por su monto una incidencia negativa muy seria en el comercio exterior cubano.

Esas últimas afectaciones superaron los 320 millones 765 mil dólares en el 2005, lo cual refleja las difíciles condiciones de financiamiento impuestas a Cuba, mediante la concesión generalmente de préstamos en términos más onerosos que los ofrecidos como promedio en el mercado internacional.

Durante el 2005, en las limitadas compras de productos agrícolas -incluidos alimentos- a los EE.UU., se produjeron afectaciones económicas por 66 millones 300 mil dólares. Se mantuvieron las restricciones y los complicados mecanismos establecidos por el Gobierno estadounidense para la venta de estos productos a Cuba, que imponen gastos adicionales por cambio de monedas, al efectuarse las transacciones a través de bancos intermediarios; demoras en la descarga de los buques, debido a dilaciones en la recepción de los pagos realizados por la entidad comercializadora cubana; y el incremento en la tarifa de fletes de aproximadamente un 20% ocasionado por la imposibilidad de utilizar la flota cubana en la transportación de estos productos y la prohibición a los buques estadounidenses o de otros países que participan en estas operaciones de tomar cargas en Cuba.

A lo anterior, se suman las dificultades inherentes a la emisión de licencias para exportar, y a la aplicación más severa de las restricciones para la emisión y renovación de licencias de viajes de los ejecutivos.

Los efectos del bloqueo se amplifican como resultado del intenso y acelerado proceso de adquisiciones de empresas, fusiones, megafusiones y alianzas estratégicas a escala mundial en el contexto de la globalización neoliberal, proceso en el cual los Estados Unidos tienen una significativa participación. Esta situación agudiza el impacto del bloqueo en el ya reducido espacio económico externo de Cuba, haciendo cada vez más difícil el mantenimiento estable de nuestras relaciones comerciales y la búsqueda de nuevos suministradores. Sólo en el período que abarca el informe, Cuba se vio afectada al menos por la adquisición de 16 empresas de terceros países por compañías de los Estados Unidos, con la consecuente pérdida para nuestro país de mercados en 8 países, a los cuales no podremos volver a acceder.

2.4 La Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Consolidadas Suplementarias y de Emergencia de los Estados Unidos de 1999 y las nuevas agresiones en el tema marcario.

Cuba denunció por octavo año consecutivo en la Organización Mundial de Comercio, la aplicación por parte del Gobierno de los Estados Unidos de la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Consolidadas Suplementarias y de Emergencia, que impide a los titulares cubanos o sus sucesores, entre ellas las empresas extranjeras con intereses en Cuba, el reconocimiento y disfrute en el territorio de los Estados Unidos de sus derechos sobre marcas o nombres comerciales registrados y protegidos en Cuba, vinculados a antiguas propiedades nacionalizadas por el Gobierno cubano.

No es ocioso recordar que esta medida fue aprobada en octubre de 1998 por el Congreso estadounidense, mediante un proceso carente de transparencia y en beneficio de la compañía Bacardí, la cual tiene considerable influencia en los círculos de poder estadounidenses y un grueso historial en la promoción de acciones contra la Revolución Cubana.

La aplicación de la Sección 211 tiene, por tanto, implicaciones muy negativas, no sólo en el marco bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, sino también en el ámbito multilateral.

En lo bilateral, refuerza el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, porque pretende impedir el desarrollo de inversiones extranjeras en la Isla, asociadas a la comercialización internacional de productos cubanos, cuyas marcas y nombres comerciales gozan de prestigio a nivel mundial. Hasta la aprobación de la Sección 211 se había mantenido, a pesar del bloqueo, el reconocimiento mutuo de los derechos de los titulares naturales y jurídicos de ambos países en la esfera de la propiedad intelectual.

La aplicación de la referida Sección por parte de un tribunal de Nueva York, impidió el fallo favorable a una compañía con intereses cubanos y franceses (Havana Club Holding) en el litigio iniciado desde 1996, es decir, con anterioridad a la aprobación de la Sección 211.

En cumplimiento de sus obligaciones internacionales y a pesar de la política de bloqueo y hostilidad mantenida por el Gobierno de los Estados Unidos, Cuba ha honrado y continúa protegiendo los derechos de centenares de compañías estadounidenses que mantienen actualizados en el territorio nacional, los registros de más de 5 mil marcas, nombres comerciales y patentes de estas compañías.

El Órgano de Apelaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), decidió en enero de 2002, a instancias de la Unión Europea, que la Sección 211 viola las obligaciones de Trato Nacional y de Nación Más Favorecida del Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), instando a los Estados Unidos a ajustar dicha legislación a esas obligaciones en un período razonable de tiempo.

La postergación reiterada por parte del Gobierno estadounidense del acatamiento del veredicto del órgano de competencia de la OMC, corrobora de modo fehaciente su falta de voluntad política para dar solución a este litigio

El 28 de julio del 2006, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, negó la concesión de una licencia específica a la empresa cubana Cubaexport, la cual le hubiese permitido a esa entidad cubana la renovación del registro de la marca Havana Club ante la Oficina de Marcas y Patentes de ese país.

Ante la imposibilidad de realizar el pago de la tasa para renovar el registro, el 3 de agosto del 2006 la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos informó que el registro de la marca Havana Club a favor de la empresa Cubaexport sería cancelado.

La venta por la empresa Bacardí de un ron con la marca Havana Club, constituye una acción comercial violatoria de la legislación marcaria estadounidense e internacional.

Otro robo similar de una prestigiosa marca cubana se consumó el pasado 19 de junio del 2006, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a revisar la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en relación con la prestigiosa marca de puros cubanos "Cohíba". Según los razonamientos de la Corte de Apelaciones referida, en el caso de Cuba, las ilegítimas y unilaterales normas que regulan la política hostil de bloqueo primarían sobre las obligaciones internacionales de los Estados Unidos.

Dicha actuación contó con el estímulo del Gobierno de los EE.UU., que recomendó a la Corte Suprema no revisar el caso, argumentando que la Empresa cubana propietaria de la marca "Cohíba" tenía la opción de recurrir a una licencia del Gobierno norteamericano para registrar a su nombre la referida marca.

El Gobierno norteamericano omitió en su opinión legal a la Corte Suprema que dicha licencia ya ha sido solicitada por la Empresa cubana y nunca se ha dado respuesta a tal solicitud.

El mantenimiento de la Sección 211 por parte de los Estados Unidos, así como el desarrollo de otras acciones dirigidas a usurpar en territorio norteamericano marcas cubanas de amplio prestigio internacional que se encuentran protegidas por convenios y tratados internacionales, podría conducir a un clima de incertidumbre y cuestionamiento de estos derechos, con afectaciones concretas no sólo para Cuba, sino también para los intereses económicos y comerciales de entidades de los propios Estados Unidos.

3. Afectaciones a diversos sectores económicos y sociales

3.1 Afectaciones en los sectores de mayor impacto social y otros.

Los daños a la economía y a las condiciones de vida de la población cubana derivados del bloqueo son sensibles. Aunque todos los sectores, ramas o actividades económicas sufren las afectaciones del bloqueo, en la alimentación, la salud, la educación el deporte y el transporte se evidencia con mayor intensidad el efecto nocivo de esta política sobre la población cubana.

Alimentación

En el período de abril de 2005 a marzo de 2006, el bloqueo provocó afectaciones a la Industria Alimenticia que alcanzaron un valor que supera los 62 millones 900 mil dólares, fundamentalmente debido a su negativo impacto sobre la producción de alimentos para el consumo de la población. Con un monto similar, se habría podido ejecutar el reacondicionamiento tecnológico y la modernización parcial de la Industria Láctea cubana.

La prohibición del acceso al mercado de los Estados Unidos - que cuenta con empresas líderes en la industria avícola - limitó la capacidad de Cuba para introducir mejoras tecnológicas en esta rama, impidiendo la adquisición de maquinarias, plantas de incubación y otros insumos necesarios para su uso en el Programa nacional de producción avícola. De haber podido desarrollar estas capacidades tecnológicas, Cuba hubiese logrado un incremento productivo de 133 millones de huevos adicionales, que habría garantizado una fuente estable y segura de proteínas para la alimentación de nuestro pueblo.

El bloqueo económico, adicionalmente, genera riesgos para el país que implican pérdidas financieras para la economía cubana, como los ocasionados por la inmovilización de cuantiosos recursos almacenados por largos períodos. En el 2005, a consecuencia del bloqueo, Cuba tuvo que invertir más de 12 millones de dólares debido a la necesidad de tener inventarios en exceso de productos alimenticios, con el consecuente incremento en un 70% de las capacidades de almacenamiento refrigerado respecto al total que existiría de no estar afectado el país por esta política hostil.

La imposibilidad de acceder al mercado de los Estados Unidos también provocó que las empresas cubanas del sector de la pesca no pudieran adquirir los kits de análisis basados en el HACCP[6], que suministra la compañía estadounidense NEOGEN. Este método analítico permite el monitoreo de los sistemas de gestión de seguridad de los alimentos. Por este motivo, hubo que aplicar procedimientos de control que encarecieron los gastos de operaciones de nuestros sistemas de calidad.

Salud

En el período que abarca este informe, el bloqueo ocasionó afectaciones en el sector de la salud valoradas en 48,6 millones de dólares, cifra que no valora el dolor y los sufrimientos que ha producido esta política sobre nuestro pueblo. Con este monto, Cuba habría podido invertir en los programas de remodelación de policlínicos y hospitales o en la compra de material gastable de uso médico necesario para un año de trabajo de las instituciones de salud del país.

A continuación se relacionan algunos ejemplos que evidencian las afectaciones del bloqueo en este sector:

El tratamiento a pacientes que necesitan diálisis en Cuba se ha visto afectado. Compañías líderes mundiales en la materia, como la estadounidense Baxter, se han visto impedidas de responder a solicitudes de Cuba para desarrollar su servicio de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA). Cuba propuso a dicha empresa iniciar la aplicación de la DPCA en niños afectados de Insuficiencia Renal Crónica Terminal residentes en áreas rurales de difícil acceso, aprovechando la infraestructura que brinda la Red de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud, que cuenta actualmente con 2032 pacientes necesitados de este tratamiento, de ellos 30 niños. El bloqueo impidió que estos niños enfermos se beneficiaran de la nueva técnica, limitando su tratamiento a continuar el método tradicional de diálisis peritoneal intermitente, que los obliga a concurrir días alternos a los hospitales para recibir atención.

La ONG norteamericana "Atlantic Philantropic" se vio imposibilitada de efectuar la donación de un Laboratorio de Biología Molecular para el Instituto de Nefrología, debido a que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no la autorizó. Esta negativa impidió que la citada institución utilizara tecnologías avanzadas que habrían permitido un mayor porcentaje de supervivencia en los pacientes a los que se le realiza trasplante renal.

La imposibilidad de adquirir piezas de repuesto en el mercado estadounidense impidió al Instituto de Oncología y Radiobiología reparar impresoras a color de alta resolución de la marca estadounidense Lex Mark, que son empleadas por los equipos de radioterapia.

La importación de plaguicidas, equipos de fumigación y recursos de Entomología médica desde mercados lejanos, debido a la prohibición de acceder al mercado de los Estados Unidos, provocó afectaciones por concepto de precios, transportación y tiempo de entrega de los productos. Esto significó erogaciones en exceso en un 25% respecto al costo de esos equipos y plaguicidas en los Estados Unidos.

El Instituto de

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