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Actualizado el 2006-06-12 a horas: 18:43:03

Decretos de la Tierra N: 28733, 28735, 28732, 28734, 28736 y 28738

DECRETO SUPREMO N° 28733: C O N S I D E R A N D O: Que las recomendaciones para Bolivia, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del año 2001, establecen que se debe considerar la Reforma Agraria como una prioridad en el programa del Gobierno y que se deben poner a disposición, los recursos económicos y humanos necesarios para su aplicación, debiendo activar sin tardanza los procedimientos de concesión de títulos de propiedad;

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Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Bolivia mediante Ley de la República Nº 1257 del 11 de julio de 1991, determina en su artículo 14, que se deberá reconocer el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, así como las que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia;

Que el artículo 136º de la Constitución Política del Estado, consagra el dominio originario del Estado, además de los bienes a los que esta Ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales;

Que el artículo 165 de la Constitución Política del Estado, establece que las tierras son del dominio originario de la Nación y corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme a las necesidades económico -sociales y de desarrollo rural;

Que el artículo 166 de la misma carta magna, establece el derecho del campesino a la dotación de tierras;

Que es deber del Estado planificar y fomentar el desarrollo económico y social de las comunidades campesinas y de las cooperativas agropecuarias;

Que el artículo 43 de la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 18 de octubre de 1996 privilegia la dotación gratuita de tierras fiscales a favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o de aquellas que las posean insuficientemente, en el marco de las políticas nacionales de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras;

Que durante la vigencia de la citada norma sustantiva agraria se han identificado, bajo diferentes modalidades, tierras fiscales disponibles, que se encuentran inscritas en el Registro de Derechos Reales a nombre del Estado, las cuales no han sido redistribuidas entre quienes no tienen tierras o las poseen de manera insuficiente;

Que en un Estado Social y Democrático de Derecho, que sostiene como valores superiores la libertad, la igualdad y la justicia, no es concebible que miles de campesinos e indígenas no tengan acceso a dichas tierras, profundizándose su situación de marginación y pobreza;

Que para proveer a una distribución más ágil y expedita de tierras fiscales disponibles bajo las preferencias legales establecidas, es necesario introducir modificaciones al Título III del Reglamento de la Ley Nº 1715 aprobado con D.S. 25763 de 5 de mayo de 2000;

Que el artículo 96º, numeral I de la Constitución Política de Estado (CPE), establece la atribución del Presidente de la República ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin definir privativamente derechos, alterar los definidos por Ley ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en la Constitución y a la vez es la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria, de conformidad al numeral 24 del precitado artículo;

Que en este sentido, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, corresponde emitir la presente norma por la vía rápida, en el marco del parágrafo IV, Artículo 88 del Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, aprobado por Decreto Supremo 28631, de fecha 08 de marzo de 2006.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto Supremo tiene por objeto destinar exclusivamente a favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o aquellas que las posean insuficientemente, todas las tierras fiscales disponibles declaradas hasta fecha y las que sean declaradas como tales a la conclusión de los procesos de saneamiento en curso, en el marco del artículo 43 de la Ley 1715. Así como incorporar modificaciones al Régimen y procedimientos de Distribución de Tierras Fiscales, establecidos en el Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25763 del 5 de mayo del 2000.

ARTICULO SEGUNDO. Para los fines del presente Decreto Supremo, el concepto de comunidad campesina, comprende: a las comunidades extractivistas, comunidades de trabajadores asalariados del campo en todos sus rubros productivos y todas las modalidades de relación y dependencia laboral y comunidades de colonizadores.

ARTICULO TERCERO. Se introducen las siguientes modificaciones al Capítulo I Disponibilidad de Tierras Fiscales del Titulo III Régimen y procedimientos de Distribución de Tierras Fiscales:

ARTÍCULO 67. (Tierras Fiscales Disponibles y no Disponibles). Se sustituye el contenido del artículo bajo el siguiente texto:

I. Tierras Fiscales Disponibles:

Aquellas en las que al término de su saneamiento, no se hayan reconocido derechos de propiedad agraria y se las hayan declarado en esa calidad;

Las revertidas;

Las expropiadas que de acuerdo a Ley puedan ser distribuidas;

Las identificadas o certificadas como fiscales mediante otros procedimientos;

Aquellas certificadas o declaradas fiscales en las que no se hayan otorgado derechos de concesión forestal, sin perjuicio de la preferencia establecida en la disposición final segunda de la Ley No. 1715 y lo dispuesto en el Art. 98 del reglamento de la Ley No. 1700;

Las que estén ubicadas en área protegida, y que de acuerdo a su norma de creación, no tengan restricción expresa y puedan ser distribuidas.

II. No se consideran tierras fiscales disponibles aquellas susceptibles de ser objeto de conversión a concesiones forestales no maderables en el marco del Decreto Supremo No. 27572

ARTÍCULO CUARTO. Se introducen las siguientes modificaciones al Capítulo II Determinación de Modalidades de Distribución del Titulo III Régimen y procedimientos de Distribución de Tierras Fiscales:

1) ARTÍCULO 68. (Aplicación de la Capacidad de Uso Mayor). se sustituye el contenido por la siguiente redacción.

I. El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, identificadas las tierras fiscales, solicitará en un plazo no mayor a dos (2) días calendario al Superintendente Agrario, la certificación sobre su capacidad de uso mayor.

II. Recibida la solicitud, el Superintendente Agrario certificará, en el plazo de diez (10) días calendario, sobre la capacidad de uso mayor de la tierra identificada.

III. Si la Superintendencia Agraria no certificare en el plazo establecido, el INRA tomará en cuenta la capacidad de uso mayor de la tierra aprobada por Resolución Ministerial correspondiente y los planes de uso de suelo antes de la determinación de la modalidad de distribución.

2) ARTÍCULO 69. (Proyecto de Resolución de Modalidad de Distribución). Se sustituye el contenido por la siguiente redacción.

El Director Nacional del INRA, dentro del plazo de diez (10) días, elaborará y remitirá a la respectiva comisión agraria departamental, copias del proyecto de resolución determinativa de modalidad de distribución y antecedentes, tomando en cuenta la capacidad de uso mayor de la tierra y el plan de uso de suelo, las necesidades socioeconómicas contempladas en las solicitudes y las preferencias legales, en el marco de las políticas nacionales de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, de manera previa a hacer conocer a las organizaciones sociales agrarias del departamento.

3) ARTÍCULO 70. (Dictamen de las Comisiones Agrarias Departamentales). Se sustituye el contenido del artículo con el siguiente texto

Ls Comisiones Agrarias Departamentales dictaminarán sobre los proyectos de resolución determinativa de modalidad de distribución dentro del plazo de diez (10) días calendario, computables a partir de su recepción.

Cumplido este plazo, la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria proseguirá con el trámite de distribución.

4) ARTÍCULO 71. (Resolución de Modalidad de Distribución). Se sustituye el contenido del artículo con el siguiente texto

El Director Nacional del INRA emitirá las resoluciones de modalidad de distribución de tierras en el plazo perentorio de diez (10) días calendario, desde conocido el dictamen de las Comisiones Agrarias Departamentales o en ausencia del mismo cumplido el plazo determinado en el presente procedimiento.

5) ARTÍCULO 72. (Aprobación de Resoluciones Determinativas). Queda derogado.

ARTICULO QUINTO. Se introducen las siguientes modificaciones a la Sección III Procedimiento de Dotación Extraordinaria para Asentamientos Humanos del Capítulo III Dotación de Tierras Fiscales del Titulo III Régimen y procedimientos de Distribución de Tierras Fiscales:

1) ARTÍCULO 91. (Inicio de Procedimiento). Se modifica el artículo 91 quedando de la siguiente manera:

El Director Nacional del INRA, de oficio o a solicitud fundada de cualquier entidad pública o de las personas señaladas en el parágrafo II del artículo 42 de la Ley 1715, en el plazo de cinco (5) días hábiles, iniciará el procedimiento de dotación extraordinaria, requiriendo a sus departamentos competentes que en un plazo igual, emitan informe conteniendo

a) Identificación del interés público especial, previa revisión de las solicitudes y del Registro Único Nacional de Beneficiarios.

b) La identificación de un área de tierras disponibles afectadas a la dotación como modalidad de distribución, susceptible de afectarse al procedimiento de dotación extraordinaria, de acuerdo al Registro Único Nacional de Tierras Fiscales, especificando su ubicación y posición geográfica, superficie y límites; representada en un plano; y

c) La evaluación preliminar sobre la necesidad de incorporar en el programa de asentamientos humanos, componentes de infraestructura, servicios básicos y/o asistencia técnica, para la satisfacción del público especial determinado.

2) ARTÍCULO 92. (Elaboración del Programa). Se modifica el contenido del parágrafo I, y se incluye un parágrafo III con la siguiente redacción:

El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, cumplidas las diligencias señaladas en el artículo anterior, solicitará en el plazo de cinco (5) días hábiles al Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente la elaboración de un Programa de Asentamientos Humanos dentro del área identificada; el tiempo de su elaboración no podrá ser mayor a veinte (20) días calendario, término en el que será puesto a conocimiento del Director Nacional. Si correspondiera se coordinará con las entidades públicas o privadas con las que se suscriba convenio interinstitucional al efecto.

III. En casos de necesidad y urgencia, el Director Nacional del INRA, podrá autorizar el asentamiento humano de los solicitantes en las tierras objeto del trámite de dotación extraordinaria, con cargo a las modificaciones que se pudieren introducir en el programa de asentamientos que se elabore.

3) ARTÍCULO 94. (Contenido del Programa). Se incluye un inciso g) bajo la siguiente redacción:

Criterios técnicos que permitan establecer las actividades a desarrollarse en el área objeto de dotación extraordinaria considerando la certificación de la capacidad de uso mayor de la tierra en base al mapa de aptitud de uso de la tierra aprobada por Resolución Ministerial.

4) ARTÍCULO 96. (Autorización de asentamiento). Se sustituye el contenido del artículo con la siguiente redacción:

En el plazo de cinco (5) días calendario computables a partir de la recepción del Programa de Asentamientos Humanos, el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, autorizará el asentamiento de los beneficiarios.

5) ARTÍCULO 97. (Ejecución del Programa). Se sustituye el inciso a) del artículo con el siguiente texto:

a) Dictará resolución de dotación y titulación en favor del beneficiario, en el plazo máximo de cinco (5) días calendario, con el alcance y contenido establecidos en los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley 1715, aprobado mediante Decreto Supremo No. 25763; y

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN PRIMERA. Se crea el Registro Único Nacional de Tierras Fiscales (RUNTF), a cargo de la Dirección Nacional del INRA, en el que se inscribirán las tierras fiscales con la finalidad de transparentar la información y generar un proceso ordenado de distribución de las mismas El RUNTF será reglamentado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.

DISPOSICIÓN SEGUNDA. Se crea el Registro Único Nacional de Beneficiarios (RUNB), a cargo de la Dirección Nacional del INRA, en el que se inscribirán las categorías establecidas en los artículos primero y segundo del presente decreto supremo, con la finalidad de contar con información transparente y generar un proceso ordenado de distribución de tierras fiscales. El RUNB será reglamentado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.

DISPOSICIÓN TERCERA. En todas las modalidades de saneamiento se dispone que a partir de los resultados de las pericias de campo, el INRA, a través de sus departamentos técnicos y/o legales, una vez identificadas las tierras potencialmente fiscales las inscriba preventivamente en el Registro de Derechos Reales, debiendo hacerse el respectivo control de las mismas hasta la declaratoria de área saneada.

El INRA priorizará la conclusión del proceso de saneamiento, de las áreas donde se identifiquen tierras potencialmente fiscales.

DISPOSICIÓN CUARTA. Las tierras dotadas a comunidades campesinas, indígenas y originarias que no se usen de manera sostenible y conforme a la capacidad de uso mayor de la tierra, serán susceptibles de expropiación por la causal de conservación y protección de la biodiversidad.

DISPOSICIÓN QUINTA. Las comunidades campesinas, indígenas y originarias que sean beneficiarias del proceso de dotación, en el marco de lo establecido en el artículo 3 parágrafo III y 41 de la Ley 1715, no podrán transferir las tierras objeto de la dotación. Corresponde al Viceministerio de Tierras e INRA iniciar proceso penal sin perjuicio de otra acción por este hecho.

DISPOSICIÓN SEXTA. Los Gobiernos Municipales y las Prefecturas de los departamentos, en el marco de sus jurisdicciones y competencias, y en concordancia con los principios rectores y atribuciones, deberán contribuir técnica y económicamente en la ejecución y consolidación de los programas de asentamientos humanos, aprobados por el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los proyectos de resolución determinativa elaborados por el Director Nacional, de las tierras fiscales señaladas en el objeto del presente Decreto Supremo, deberán considerar la dotación como modalidad de distribución al momento de solicitar los dictámenes de las comisiones agrarias departamentales correspondientes.

Abróganse y deróganse todas las normas y disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

El Señor Ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de junio de dos mil seis años.

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DECRETO SUPREMO N° 28735

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

C O N S I D E R A N D O:

Que entre los objetivos de la Ley No. 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, de fecha 18 de octubre de 1996, se encuentra el garantizar el derecho propietario sobre la tierra, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria.

Que el artículo 64 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, determina que el saneamiento de la propiedad agraria es el procedimiento técnico jurídico destinado a la regularización y perfeccionamiento del derecho propietario, asignándole al Instituto Nacional de Reforma Agraria esta facultad.

Que el proceso de saneamiento, de acuerdo con el artículo 69 la precitada ley; se ejecutará en alguna de sus tres modalidades, Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO), Saneamiento Simple (SAN-SIM) y Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN), en áreas definidas o que hayan sido objeto de distribución por el Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y el Instituto Nacional de Colonización (INC).

Que las normas sobre colonización reconocen el concepto de colonizador individual determinando para tal calidad una extensión superficial y declarando zonas o áreas de colonización.

Que el Artículo 74 parágrafo I de la Ley No. 1715 reconoce la adjudicación simple en favor de colonizadores individuales, debiendo realizarse a valor concesional fijado por la Superintendencia Agraria.

Que el Artículo 202 parágrafo I del Reglamento de la Ley 1715 aprobado por el Decreto Supremo 25763, considera como colonizador individual a toda persona que se encuentre en posesión de una superficie de tierra que sea igual o menor a la pequeña propiedad agrícola o ganadera.

Que la realidad jurídica agraria ha hecho que, en el desarrollo del proceso de saneamiento se emita una serie de normas que efectúan interpretaciones legales que no se contrastan con la realidad social y la necesidad básica de algunos campesinos y en determinadas áreas.

Que dentro del marco legal y la realidad social se destaca la necesidad de establecer normas adecuadas, para viabilizar la adjudicación de tierras a propietarios agrícolas individuales en la zona de los valles del Departamento de Santa Cruz.

Que de conformidad con el Artículo 96, numeral 1, de la CPE, el Presidente de la República tiene la atribución de ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin alterar los definidos por ley ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en esta Constitución.

Que en este sentido, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, corresponde emitir la presente norma por la vía rápida, en el marco del parágrafo IV del Artículo 88 del Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, aprobado por Decreto Supremo 28631 de fecha 08 de marzo de 2006.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

ARTÍCULO PRIMERO. El objeto del presente Decreto Supremo es el de adecuar criterios para la fijación del valor concesional de adjudicación simple, en favor de colonizadores individuales, en la subzona Santa Cruz, enmarcados en el contenido del artículo 15 de la Ley Fundamental de Reforma Agraria No. 3464.

ARTÍCULO SEGUNDO. Las unidades económico familiares objeto del presente Decreto Supremo estarán sujetas a la fijación del valor concesional, cuando la extensión superficial total no supere las sesenta y cinco hectáreas (65 Ha.), siempre que no se exceda las cincuenta hectáreas (50 Ha.) de terreno cultivable.

ARTÍCULO TERCERO. La aplicación de este valor concesional, comprenderá el área mencionada en el artículo primero, incluso cuando el precio no haya sido pagado en su totalidad. A este efecto, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, de oficio en los casos específicos, realizará las consultas de precios ante la Superintendencia Agraria.

ARTÍCULO CUARTO. Las disposiciones del presente Decreto Supremo, bajo ningún argumento, podrán ser utilizadas para encubrir fraccionamiento de propiedades. Quienes incurran en fraccionamiento de propiedades serán pasibles a las acciones legales correspondientes.

Abróganse y deróganse todas las normas y disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

El señor Ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de junio de dos mil seis años.

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DECRETO SUPREMO N° 28732

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

C O N S I D E R A N D O:

Que el Artículo 165 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que las tierras son de dominio originario de la nación y corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme con las necesidades económico- sociales y de desarrollo rural.

Que el Artículo 166 de la CPE consagra al trabajo como la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria.

Que el Artículo 169 de la CPE establece que el solar campesino la pequeña propiedad se declaran indivisibles, constituyen el mínimo vital y tienen el carácter de patrimonio familiar; que la mediana propiedad y la empresa agropecuaria reconocidas por ley gozan de la protección del Estado, en tanto cumplan una función económico social de acuerdo con planes de desarrollo, sin hacer mención alguna a ningún otro tipo de propiedad.

Que el Artículo 41 de la Ley No. 1715, prescribe que la propiedad agraria se clasifica en Solar Campesino, Pequeña Propiedad, Mediana Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de Origen y Propiedades Comunarias, señalando las características que fundan su reconocimiento y respeto legal.

Que el Artículo 3, inc. b), de la Ley No. 1700 establece que los planes de Manejo Forestal, así como los planes Operativos Anuales Forestales, son instrumentos de gestión forestal, resultantes de procesos de planificación para el uso y aprovechamiento racional de los recursos forestales en un área determinada.

Que el Artículo 12 de la Ley No. 1700 reconoce las clases de tierras en función del uso apropiado que corresponde a sus características: a) Tierras de Protección; b) Tierras de Producción Forestal Permanente; c) Tierras con Coberturas Boscosas Aptas para Diversos Usos; d) Tierras de Rehabilitación y e) Tierras de Inmovilización, que en ningún momento se reconoce la calidad o característica de Propiedad Forestal.

Que el Artículo 28 de la Ley Forestal No. 1700 reconoce los derechos de utilización forestal a la concesión en tierras fiscales, la autorización de aprovechamiento en tierras de propiedad privada y los permisos de desmonte.

Que en fecha 17 de mayo de 2005 se aprueba el Decreto Supremo 28140, reconociendo la calidad de propiedad forestal en sus artículo 1 y 2, modificando tácitamente el Artículo 41 de la Ley No. 1715.

Que el Artículo 228 de la Constitución Política del Estado, establece la primacía de la Constitución Política del Estado y de las leyes con referencia a cualquier otra resolución.

Que de conformidad con el Artículo 96, numeral 1, de la CPE, el Presidente de la República tiene la atribución de ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin alterar los definidos por ley ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en esta Constitución.

Que en este sentido, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, corresponde emitir la presente norma por la vía rápida, en el marco del parágrafo IV, Artículo 88 del Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, aprobado por Decreto Supremo 28631, de fecha 08 de marzo de 2006.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. Abrógase el Decreto Supremo No. 28140, de fecha 17 de mayo de 2005. Las acciones efectuadas y derechos adquiridos durante la vigencia de la citada norma legal deben ajustarse a las disposiciones constitucionales y legales agrarias y forestales vigentes en la materia.

El señor Ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de junio de dos mil seis años.

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DECRETO SUPREMO N° 28734

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

C O N S I D E R A N D O:

Que de conformidad con el Artículo 96, numeral 1, de la CPE, el Presidente de la República tiene la atribución de ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin alterar los definidos por ley ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en esta Constitución.

Que entre los objetivos de la Ley No 1715 de 18 de octubre de 1996, se encuentran, el garantizar el derecho propietario sobre la tierra, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria.

Que dando impulso a la política de acceso a tierras y desarrollo agrario, se ve por conveniente establecer algunas modificaciones al contenido del Decreto Supremo 28160, de 17 de mayo de 2005.

Que en este sentido, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, corresponde emitir la presente norma por la vía rápida, en el marco del parágrafo IV del Artículo 88 del Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo aprobado por Decreto Supremo 28631, de fecha 08 de marzo de 2006.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

ARTICULO ÚNICO. Introducir las siguientes modificaciones al contenido del Decreto Supremo 28160 del 17 de mayo de 2005.

1) ARTÍCULO 6. (ELEGIBILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS). Se elimina el punto siete de este artículo.

2) ARTÍCULO 7. (ELEGIBILIDAD DE LAS PROPIEDADES). Se elimina el punto cuarto y se sustituye el punto tercero con la siguiente redacción:

Propiedades en las que sus propietarios posean titulo ejecutorial o certificado de saneamiento emitidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, inscritos en Derechos Reales.

3) ARTÍCULO 8. (AREAS DE EJECUCIÓN). Se sustituye el contenido del artículo con la siguiente redacción:

Los proyectos enmarcados en el objeto del presente decreto, se ejecutarán inicialmente en tres municipios del Departamento de Santa Cruz: Mineros, Pailón y Charagua (TCO´s Charagua Norte y Bajo Isoso) a través de la Unidad Técnica dependiente del Viceministerio de Tierras, por medio de la celebración de convenios de apoyo y co-ejecución con la Prefectura de Santa Cruz y los gobiernos municipales respectivos.

El Señor Ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de junio de dos mil seis años

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DECRETO SUPREMO N° 28736

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

C O N S I D E R A N D O:

Que el contenido del Artículo 96, numeral 24, de la Constitución Política del Estado establece como atribución del Presidente de la Republica ejercer la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria y otorgar Títulos Ejecutoriales.

Que el Artículo 18, parágrafo II, de la Ley No. 1715, determina que el Instituto Nacional de Reforma Agraria es el órgano técnico-legal ejecutivo, encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria.

Que el Artículo 65 de la Ley No. 1715 establece que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en coordinación con las direcciones departamentales, es la instancia facultada, a nombre del Estado, para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria en el país, dentro del plazo máximo de 10 años computables a partir de la publicación de la ley citada.

Que a casi diez años de la vigencia de la Ley 1715, no se han cubierto los resultados establecidos en la precitada Ley, por lo que es necesario establecer el grado de su avance y determinar emergencia nacional para la titulación de todo el territorio nacional.

Que uno de los aspectos esenciales de la Reforma Agraria es garantizar los medios y mecanismos para que los sectores sociales más deprimidos y excluidos del campo, en cumplimiento de sus derechos, accedan al recurso tierra. En este sentido se hace necesario efectivizar lo establecido por el Artículo 3, parágrafo V de la Ley 1715, en relación a las medidas que debe determinar el Estado para lograr la equidad de género.

Que la participación y control social ejercido por las organizaciones indígenas en los procesos de saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen, conforme al artículo 260 del Reglamento de la Ley 1715, aprobado por Decreto Supremo No. 25763, de 5 de mayo de 2000, han contribuido al cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 146 de dicho cuerpo reglamentario, permitiendo transparencia y mejores resultados, en los procesos de saneamiento de tierras comunitarias de origen, debiendo ser replicados en todas las modalidades del saneamiento.

Que es prioridad del gobierno nacional, dar mayor celeridad, transparencia y control social al proceso agrario, resultando imprescindible ampliar y garantizar la participación de las organizaciones sociales y de productores a todas modalidades de saneamiento y en todas las etapas del mismo.

Que conforme con la naturaleza y atribuciones del Defensor del Pueblo, emergentes de la Carta Magna y la Ley del Defensor del Pueblo, se debe facilitar su actuación en los mencionados procedimientos.

Que en la ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria en las modalidades establecidas por el Artículo 69 de la Ley 1715, se ha notado la ausencia de mecanismos que permitan efectivizar el cumplimiento de medidas precautorias, lo que ha ocasionado alteraciones de la pacifica convivencia en el área rural, poniendo en riesgo la vida de las personas y ocasionando cuantiosas pérdidas económicas. En consecuencia, es necesario efectivizar y aclarar el alcance de las medidas precautorias para asegurar la conclusión de los procesos de saneamiento de la propiedad agraria, así como para el resguardo de las tierras fiscales identificadas ante asentamientos ilegales y dentro la sustanciación de cualquier otro procedimiento de la competencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Que por las razones expuestas, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, corresponde emitir la presente norma por la vía rápida, en el marco del parágrafo IV del Artículo 88 del Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, aprobado por Decreto Supremo 28631 de fecha 08 de marzo de 2006.

Que de conformidad con el Artículo 96, numeral 1, de la Constitución Política del Estado, el Presidente de la República tiene la atribución de ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin alterar los definidos por ley ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en esta Constitución.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DE C R E T A:

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar de Emergencia Nacional la conclusión del proceso de saneamiento de la propiedad agraria, para cuyo efecto el Estado Nacional dispondrá de todas sus capacidades, a requerimiento de los órganos del Servicio Nacional de Reforma Agraria.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria, en un plazo no mayor a tres meses, deberá determinar el grado de avance del proceso de saneamiento en todo el territorio nacional, documentación que deberá ser remitida a la máxima autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se garantiza la participación de las organizaciones sociales y de productores, en los procesos de saneamiento en todas las modalidades establecidas en el artículo 69 de la Ley 1715, mediante lo previsto por los incisos a) y b), parágrafo I del Artículo 260 del Reglamento de la Ley No. 1715; al efecto, los representantes de esas organizaciones sociales y de productores están facultados para firmar formularios de saneamiento, hacer sentar las observaciones que consideren necesarias en cualquier fase de su sustanciación y obtener copias de los mismos. La no participación de estos representantes no suspende ni anula la ejecución de ningún acto programado.

El Defensor del Pueblo, mediante sus órganos competentes, podrá intervenir en dichos procesos en el marco de sus atribuciones, así mismo cualquier persona podrá solicitar información del proceso de saneamiento.

ARTÍCULO TERCERO. Priorizar y garantizar la participación en el proceso de saneamiento y titulación para las mujeres jefas de familia. En caso de matrimonios y de uniones conyugales libres o de hecho, los títulos ejecutoriales y/o certificados de saneamiento, serán emitidos a favor de ambos cónyuges o convivientes.

En todos los demás casos de copropietarios, mujeres y hombres, los títulos ejecutoriales y/o certificados de saneamiento deberán emitirse también a nombre de la o las mujeres que se encuentren trabajando la tierra, independientemente de su estado civil.

A los efectos de orden y prelación, en la emisión de títulos ejecutoriales y/o certificados de saneamiento, siempre se consignará el nombre de la mujer en primer lugar, seguido de los demás nombres.

ARTÍCULO CUARTO. Disponer, de conformidad con el artículo 29 inciso a.19) y el artículo 30-I inciso a.7) del Decreto Supremo Nº 25763 del 5 de mayo del 2000 que aprueba el reglamento de la Ley 1715, que las medidas precautorias a adoptarse dentro de cualquier procedimiento de competencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria deberán ser proporcionales con la amenaza o riesgo del caso concreto. Enunciativamente pueden ser de inmovilización, desalojo, paralización de trabajos y otras, bajo responsabilidad de quien deba asumirlas oportunamente, contemplando el apoyo de la fuerza pública.

ARTÍCULO QUINTO. Para el caso particular de la ejecución de un desalojo, se deberá aplicar lo dispuesto por el Artículo 360 del Reglamento de la Ley 1715, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25763 del 5 de mayo del 2000. Los agentes de la fuerza pública están obligados a prestar apoyo inmediato sin más requisitoria que la exhibición del Testimonio o copia legalizada de la Resolución Administrativa.

Abróganse y deróganse todas las normas y disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

El señor Ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de junio de dos mil seis años.

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DECRETO SUPREMO N° 28737

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

C O N S I D E R A N D O:

Que el Artículo 96 de la Constitución Política del Estado establece entre las atribuciones del Presidente de la República las de ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes pertinentes, así mismo ejercer como autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria.

Que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha sido creado mediante Ley de la República No. 1715, de 18 de octubre de 1996, como organismo responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país; estando bajo tuición y como entidad pública descentralizada del actual Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente, teniendo este Ministerio, de conformidad con la Ley No. 3351 de Organización del Poder Ejecutivo, de 21 de febrero de 2006, la atribución específica de supervisar el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Que el Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, aprobado mediante Decreto Supremo No. 28631 de 8 de marzo de 2006, en su artículo 70 establece, dentro de la estructura jerárquica del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente, al Viceministerio de Tierras con atribuciones propias y específicas descritas en el artículo 72 de la citada norma.

Que el INRA por su naturaleza es un órgano de carácter técnico y ejecutivo, en el que deben primar criterios técnicos para la contratación de su personal operativo que debe ser altamente calificado.

Que es necesario observar criterios sociales que acerquen al Instituto Nacional de Reforma Agraria a los beneficiarios, en el marco del relanzamiento de la Segunda Reforma Agraria a cargo del presente Gobierno.

Que se debe velar porque los procesos de contratación de personal en el Instituto Nacional de Reforma Agraria sean llevados adelante con total transparencia, en el marco de lo establecido en la Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), así como en la Ley No. 2027 del Estatuto del Funcionario Público y las normas básicas de Administración de Personal y de contratación de servicios.

Que, en este sentido, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, corresponde emitir la presente norma por la vía rápida, en el marco del parágrafo IV, Artículo 88 del Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, aprobado por el Decreto Supremo 28631, de fecha 08 de marzo de 2006.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto regular los procesos de selección y contratación de personal del Instituto Nacional de Reforma Agraria, estableciendo, como norma específica, los principios y lineamientos que deberán ser observados en estos procesos; el ámbito y forma de participación y control de organizaciones sociales y de la sociedad civil, para garantizar transparencia, así como la conformación del Comité de Selección de Personal.

ARTÍCULO 2. (ALCANCE). Todos los procesos de selección y contratación de personal en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, deberán observar las normas, principios y lineamientos establecidos en el presente Decreto Supremo, sin perjuicio de los instituidos en las normas generales y específicas sobre la materia.

ARTÍCULO 3. (PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS). I. En los procesos de selección y contratación de personal, además de los establecidos en las normas generales y específicas, se deberán tomar en cuenta los siguientes principios y lineamientos:

La total y absoluta transparencia, que consistirá en la efectividad de la publicidad de los procesos.

La impugnación debidamente fundada de candidatos o postulantes.

La participación de organizaciones sociales y de la sociedad civil, cuando así se requiera.

Establecer como requisito indispensable, para el personal que ejecute trabajo de campo en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, el conocimiento del idioma nativo correspondiente.

En los demás departamentos el conocimiento de un idioma nativo será tomado en cuenta como un mérito deseable, al que se asignará un puntaje determinado en la evaluación.

Establecer como requisito, el conocimiento de la realidad social, de organizaciones sociales y agropecuarias relacionadas con el tema tierra, medio ambiental y forestal.

Establecer como requisito, el conocimiento de la problemática de la tenencia de tierra, los conflictos agrarios, ambientales, forestales y de uso del suelo.

II. Respecto de los principios y lineamientos señalados en los incisos d), e) y f), sólo podrá omitirse su observancia y cumplimiento en casos excepcionales, bajo recomendación del Comité de Selección de Personal o mediante resolución fundada.

ARTÍCULO 4. (CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN). I. Para la contratación de personal en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se constituye un Comité de Selección conformado de la siguiente manera:

El INRA, con los miembros establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, Sistema de Contratación de Servicios u otras establecidas.

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente.

El Viceministerio de Tierras.

Cada uno de los miembros representa una tercera parte del Comité, requiriéndose para la adopción de decisiones el voto de por lo menos dos terceras partes de los miembros.

II. El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente, y el Viceministerio de Tierras podrán delegar su participación con funcionarios específicos.

Los funcionarios que por delegación representen al Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente y al Viceministerio de Tierras, estarán sujetos a las responsabilidades establecidas por ley, sin perjuicio del ejercicio de control externo posterior.

IV. La conformación en la forma prevista en este artículo no exime de las responsabilidades de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y de los otros miembros de los Comités de Selección de Personal del INRA.

V. El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente y el Viceministerio de Tierras, en el marco de sus atribuciones, podrán participar también en los procesos previos de contratación de personal, comprendidos en el Sistema de Administración de Personal.

ARTÍCULO 5. (ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN). Además de las específicas que les competen de acuerdo con las normas vigentes, el Comité de Selección tendrá las siguientes atribuciones:

De acuerdo con el proceso de contratación que se trate, podrá definir la participación de instancias especializadas, organizaciones sociales y sociedad civil, cursando las invitaciones correspondientes.

Valorar las impugnaciones fundadas presentadas en contra de los candidatos o postulantes a cada cargo.

ARTÍCULO 6. (PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES). Las organizaciones sociales y de la sociedad civil participarán como veedores en los procesos de selección y contratación de personal.

La inasistencia de las organizaciones sociales y sociedad civil que hubieren sido invitadas a participar en los procesos de contratación no dará lugar a la nulidad del proceso.

ARTÍCULO 7. (COMPATIBILIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS NORMAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL). El INRA, dentro del plazo de 30 días, compatibilizará y adecuará sus normas específicas de contratación de personal y servicios, conforme con lo previsto en el presente Decreto Supremo.

El señor Ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de junio de dos mil seis años.

*****************

DECRETO SUPREMO N° 28738

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CO N S I D E R A N D O:

Que el contenido del Artículo 96, numeral 24, de la Constit6ución Política del Estado (CPE) establece como atribución del Presidente de la República ejercer la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria y otorgar los Títulos Ejecutoriales.

Que el Artículo 20, parágrafo I, de la Ley No. 1715 establece como el máximo nivel de autoridad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a la Dirección Nacional, encargada de la dirección, coordinación y supervisión del cumplimiento de las atribuciones conferidas al Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Que el Artículo 65 de la Ley No. 1715 establece que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en coordinación con las direcciones departamentales es la institución facultada a nombre del Estado para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria en el País.

Que el Artículo 67, parágrafo II, numeral 2, de la Ley No. 1715 establece que el Director Nacional del INRA tiene la atribución de dictar las resoluciones administrativas finales del saneamiento. Que así mismo, el Artículo 29 del Reglamento de la Ley 1715 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25763 del 5 de mayo de 2000, determina expresamente las atribuciones técnicas y administrativas del Director Nacional del INRA.

Que el Artículo 30 del Reglamento de la Ley 1715, aprobado por Decreto Supremo 25763, señala de manera expresa las atribuciones específicas de los Directores Departamentales del INRA.

Que el Artículo 32, parágrafo I, del Reglamento de la Ley 1715, aprobado por el Decreto Supremo 25763, establece que los órganos del Instituto Nacional de Reforma Agraria pueden delegar sus atribuciones a sus inferiores cuando una norma legal no lo impida.

Que el contenido del Decreto Supremo 28148, de fecha 17 de mayo de 2005, altera el orden de atribuciones y competencias establecidas en la Ley No. 1715 y modifica en parte el Reglamento de la Ley, aprobado por el Decreto Supremo 25763, generando con ello contradicciones y dilaciones en la aplicación de normas agrarias.

Que siendo necesaria la restitución de la legalidad agraria, a fin de evitar contradicciones, observaciones e impugnaciones ante instancias jurisdiccionales.

Que en fecha 31 de agosto de 2005 se emite el Decreto Supremo 28320, dejando en suspenso entre otros el Decreto Supremo 28148, con excepción de las modificaciones al Reglamento de la Ley No. 1715 aprobado por el Decreto Supremo 25763, en lo que respecta a la Sección III "Evaluación Técnica Jurídica", Subsección III "Procedimiento Especial para la Titulación y Certificación Sin Más Trámite".

Que en este sentido, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, corresponde emitir la presente norma por la vía rápida, en el marco del parágrafo IV, del Artículo 88 del Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, aprobado por Decreto Supremo 28631 de fecha 08 de marzo de 2006.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. Derogase el Decreto Supremo No. 28148, de fecha 17 de mayo de 2005, manteniendo vigentes con carácter excepcional, las modificaciones al Reglamento de la Ley No. 1715 aprobado por el Decreto Supremo 25763, en lo que respecta a la Sección III "Evaluación Técnica Jurídica", Subsección III "Procedimiento Especial para la Titulación y Certificación Sin Más Trámite", contempladas en el Artículo 6 del Decreto Supremo 28148, para procesos de saneamiento en curso iniciados en el marco de la citada disposición, debiendo proseguirse hasta su conclusión.

El señor Ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de junio de dos mil seis años.

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