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Actualizado el 2006-06-06 a horas: 13:10:55

Política Departamental de Acceso y Uso Sostenible de los Recursos Naturales Renovables de Santa Cruz

La Prefectura del Departamento de Santa Cruz, en el marco de la Constitución Política del Estado y las normas nacionales vigentes en materia Medioambiental, Forestal, Agraria y otras relacionadas con los recursos naturales, y en procura de crear las condiciones de estabilidad social, seguridad jurídica y desarrollo productivo sostenible, define los lineamientos y principios que orientarán sus decisiones en materia del manejo sostenible de la Tierra, entendida ésta como un recurso natural que incorpora aspectos de suelo, bosques, agua, biodiversidad, servicios ambientales y hábitat para la población.

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Lineamientos y principios:

Se debe garantizar el acceso equitativo y democrático a la tierra y asimismo el respeto de los derechos legalmente otorgados. La capacidad de uso mayor de la tierra es el factor fundamental para acceder y conservar los derechos sobre este recurso natural.La Prefectura priorizará acciones para favorecer a los sectores campesinos e indígenas del Departamento. En este marco, por un lado se promoverán y favorecerán los asentamientos planificados de acuerdo a la Ley y los procedimientos establecidos para estimular las actividades económicas. Por otra parte, se evitarán acciones de avasallamiento de tierras, el mantenimiento de tierras adquiridas ilegalmente y la concentración de la propiedad agraria con fines especulativos y sin cumplir la función económica social. La gestión productiva y sostenible de los recursos naturales, a través del manejo, recuperación y conservación de la tierra, agua, bosques y biodiversidad, en beneficio de la sociedad, se orienta a promover la utilización de la tierra con base en su capacidad de uso mayor. Plantea el desarrollo económico para todos los actores de la sociedad, mediante el manejo sostenible del bosque en tierras de uso forestal, el estímulo del uso más intensivo de suelos agrícolas ya intervenidos, la recuperación de suelos degradados, la gestión integral de los recursos hídricos, las áreas protegidas y servidumbres ecológicas, el ecoturismo y la conservación de los valores culturales de las diferentes etnias de la región, garantizando la calidad de vida para los ciudadanos de las áreas rural y urbana. El respeto y fortalecimiento de la institucionalidad agraria tiene como propósito garantizar la ejecución ágil y transparente del proceso agrario y consolidar y profundizar el régimen forestal, resguardando el derecho de las personas. En materia agraria, será la Comisión Agraria Departamental la que dictamine y defina las acciones sobre distribución por dotación o adjudicación, de acuerdo al uso mayor y a las necesidades socioeconómicas del Departamento.En materia forestal y agraria, debe fortalecerse el accionar de las Superintendencias Forestal y Agraria y la coordinación con la Prefectura, las entidades del Estado, los Gobiernos Municipales y los actores sociales y económicos, en la ejecución de las políticas forestales y ambientales promoviendo la certificación forestal voluntaria.El Plan Departamental de Ordenamiento Territorial (PDOT) y los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), son los instrumentos esenciales para la planificación y fiscalización del uso sostenible de los recursos naturales y la adecuada ocupación del territorio en función de sus características biofísicas, socio-económicas, culturales y político-institucionales. El Plan Departamental de Ordenamiento Territorial (PDOT) será formulado en base al Plan de Uso del Suelo (PLUS), y la espacialización de las políticas sectoriales propuestas en el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social. El PDOT será el instrumento que orientará el desarrollo sostenible del departamento. Se establecerá el funcionamiento de la Comisión Departamental de Uso de la Tierra, como instancia del seguimiento y control de uso sostenible de los recursos, incorporando en la misma todos los actores sociales e institucionales relacionados en su manejo sostenible. El acceso a la tierra necesariamente debe estar acompañado de acciones complementarias que desarrollen las capacidades productivas de sus poseedores en tecnologías adecuadas de manejo de los recursos naturales, apoyo a las inversiones productivas, créditos e infraestructura social, lo que garantizará el mejoramiento de los ingresos de las familias rurales y el logro de un empleo digno para las mismas.La educación ambiental deberá ser un instrumento esencial para que la sociedad, los actores productivos e institucionales, asuman su responsabilidad social en la adopción de prácticas amigables con el medio ambiente y la conservación.La responsabilidad social de los sectores productivos, los ciudadanos y el Estado, en el uso sostenible de los recursos naturales y el reconocimiento de los servicios ambientales que los benefician, son los factores fundamentales en una visión de desarrollo social sostenible en procura de una mejor calidad de vida. La responsabilidad económica consiste en la consolidación de la actual estructura productiva del departamento y su crecimiento en un proceso económico, social, cultural y ambientalmente sostenible.I. Marco Legal e Institucional de la Política Departamental de Uso Sostenible de los Recursos Naturales RenovablesLa Constitución Política del Estado, en su Artículo 170°, señala que el Estado regulará el régimen de explotación de los recursos naturales renovables, precautelando su conservación e incremento.La Ley Nº 1333 del Medioambiente, establece en su Artículo 33° que se garantiza el derecho de uso de los particulares sobre los recursos naturales renovables, siempre y cuando la actividad que se establezca sobre los mismos no sea perjudicial al interés colectivo y asegure su uso sostenible.En lo referido a los bosques y tierras forestales, el Artículo 46º de la Ley establece que los bosques naturales y tierras forestales son de dominio originario del Estado y su manejo y uso debe ser sostenible.Con relación al recurso agua, el Artículo 36º señala que la utilización de este recurso tiene relación e impacto en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad.Asimismo, con relación al recurso suelo, el Artículo 43º establece que el uso de los suelos para actividades agropecuarias y forestales deberá efectuarse manteniendo su capacidad productiva, aplicándose técnicas de manejo que eviten la pérdida o degradación de los mismos, asegurando de esta manera su conservación y recuperación. Con relación a la actividad agropecuaria en el Artículo 66º se establece que la producción agropecuaria debe ser desarrollada de tal manera que se pueda lograr sistemas de producción y uso sostenible, considerando que la utilización de los suelos para uso agropecuario deberá someterse a prácticas que aseguren la conservación de los agroecosistemas.En lo referente a la flora y fauna silvestre, el Artículo 52º señala que el Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, consideradas como patrimonio del Estado, en particular las especies endémicas, de distribución restringida, amenazadas y en peligro de extinción.La Ley Forestal Nº 1700, establece en su Artículo 4º, que los bosques y tierras forestales son bienes del dominio originario del Estado, sometidos a competencia del Gobierno Nacional. El manejo sostenible y protección de los bosques y tierras forestales son de utilidad pública e interés general de la Nación. Sus normas son de orden público, de cumplimiento universal, imperativo e inexcusable.El Artículo 12º establece que, las tierras deben usarse obligatoriamente de acuerdo a su capacidad de uso mayor, cualquiera sea su régimen de propiedad o tenencia, salvo que se trate de un cambio de uso agrícola o pecuario a uso forestal o de protección.La indicada Ley, dio a los propietarios privados individuales, campesinos y grupos indígenas, el derecho de determinar el uso y destino de sus recursos forestales y al mismo tiempo modificó el sistema de otorgación de derechos forestales estableciendo que las empresas que tenían suscritos contratos de aprovechamiento forestal de corto, mediano y largo plazo deberían recibir de la Superintendencia Forestal concesiones forestales de largo plazo. Asimismo, se establecieron mecanismos para que pequeños productores forestales que desarrollaban informalmente sus operaciones, puedan hacerlo de manera legal a través del acceso a concesiones dentro de las reservas forestales municipales, previa su constitución en Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL). Esas reservas deberían constituir hasta el 20 % de las tierras forestales fiscales dentro de cada municipio. La Ley Nº 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria determinó una nueva política de tierras en el país con la finalidad de garantizar el derecho propietario, promover un acceso más equitativo y su uso sostenible, estableciendo entre sus objetivos el dar acceso a la tierra a quien no la posee o la posee de manera insuficiente, otorgar seguridad jurídica, reconocer los derechos comunales a pueblos indígenas e incorporar variables ambientales para garantizar el uso adecuado del recurso tierra. También se dispuso la creación de la Superintendencia Agraria, Comisión Agraria Nacional, Comisiones Agrarias Departamentales y de la Judicatura Agraria. En su artículo 2º la citada Ley, establece que la función económico social en materia agraria, establecida en el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.El marco legal que regula el recurso agua se basa en la Ley de Dominio y Aprovechamiento de Aguas de 1906, la misma que ha sido modificada en varias partes por normas posteriores. La Capacidad de Uso Mayor de la Tierra Bajo el concepto que el uso de los recursos naturales debe ser realizado en atención a su Capacidad de Uso Mayor de la Tierra, el Departamento de Santa Cruz formuló su Plan Departamental de Uso del Suelo el año 1995, el mismo que fue aprobado posteriormente por Ley de la República, estableciéndose diferentes Unidades de Uso de la Tierra para determinar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales acorde con las potencialidades y limitaciones de éstos en los distintos espacios geográficos del Departamento. Producto de estos estudios, el PLUS determinó la siguiente estructura de uso de la tierra en el Departamento:

Categorías De UsoSuperficie(ha)%
Uso Agropecuario Intensivo2.668.597,007,30
Uso Agrosilvopastoril6.854.452,0018,80
Uso Ganadero/Agricultura bajo riego2.325.638,006,40
Uso Ganadero3.760.529,0010,30
Uso Ganadero y Forestal8.775.902,0024,10
Uso Forestal4.224.170,0011,60
Áreas protegidas existentes2.999.894,008,20
Áreas protegidas propuestas4.570.729,0012,50
Otras Áreas281.566,000,80
Total36.489.477,00100,00
La Política Departamental de Uso Sostenible de los Recursos Naturales Renovables LA TIERRA. SEGURIDAD JURIDICALa variada topografía, diversidad de climas, suelos y vegetación, las características socio-culturales propias de las poblaciones, así como el diferenciado desarrollo de la infraestructura de transporte, ha llevado a la emergencia de diferentes sistemas de propiedad y tenencia en el Departamento. Estos van desde sistemas comunales que combinan derechos individuales y colectivos, campesinos con sistemas de propiedad individual, establecimientos agrícolas comerciales, propiedades ganaderas semi-intensivas y extensivas y concesiones forestales otorgadas a empresas privadas y Agrupaciones Sociales del Lugar. En los últimos años, se ha venido planteando que en el Departamento de Santa Cruz existen tierras fiscales en abundancia y que éstas poseen una riqueza y fertilidad inagotable. A la fecha, si bien no se cuenta con datos actualizados, se puede afirmar que se tiene poca disponibilidad de tierras fiscales y aquellas que existen son de uso forestal. Los argumentos para justificar la demanda de distribución de tierras giran en torno a la existencia de latifundios improductivos, mencionándose que un número pequeño de propietarios de grandes explotaciones agrícolas y pecuarias tiene el control de una porción significativa de las tierras del Departamento. Para verificar la validez de estos juicios, la Prefectura Departamental considera imprescindible una exhaustiva revisión de estos casos por parte del INRA, órgano que tiene competencia y jurisdicción del proceso de saneamiento, la misma que deberá ser transparente y observar en todo momento el debido proceso. De igual manera el INRA debiera investigar la presunta venta de tierras que han sido dotadas a las comunidades indígenas y campesinas colectivas, que por Ley son inalienables.Por otro lado cabe señalar que las políticas de ajuste estructural implantadas en el país, junto con el programa de desarrollo de las tierras al Este del Río Grande, promovieron un dinámico proceso de ocupación de la frontera agrícola asociada a la producción de granos, especialmente de la soya, lo que llevó al desarrollo de un activo mercado de tierras estimulado por la llegada de inversionistas extranjeros, asociado a la continua expansión de las colonias menonitas. A la fecha existe una enorme expectativa por parte de las organizaciones campesinas-indígenas del altiplano y los valles respecto a la reversión de tierras en el Oriente para su redistribución, situación que es además alentada por posiciones políticas. Ello se deriva en gran parte por el hecho de que las organizaciones sociales consideran que todos los habitantes del país deben contar con tierra, sin considerar que la tierra es un recurso productivo finito y que la mejora de las condiciones de vida de la población no viene sólo por su acceso a la tierra.Al respecto, si se analizan las tendencias en todos los países del mundo, la población dedicada a la agricultura tiende progresivamente a su disminución, orientándose el empleo de las poblaciones desplazadas de las áreas rurales al desarrollo de los sectores de la transformación y servicios en los ámbitos urbanos. Cabe mencionar que en el Departamento, según los datos del censo del 2001, el 70% de la población habita en espacios urbanos.Con relación al acceso a la tierra, en los tiempos contemporáneos se pueden establecer tres etapas diferenciadas. Una primera la otorgación de tierras en el marco de la Ley de Reforma Agraria (1953-1992), una segunda las ocupaciones de hecho que se dieron en el período de intervención del sistema de reforma agraria (1992-1996) y la tercera etapa (1996-actual), que se inicia con la promulgación de la Ley INRA, orientada a regularizar y perfeccionar el derecho propietario y la posesión sobre la tierra.El principal mecanismo de aplicación de la Ley 1715 es el saneamiento de la propiedad agraria, sin embargo a la fecha no se ha logrado culminar satisfactoriamente con la titulación de tierras y el catastro legal de la propiedad agraria, así como la identificación de tierras fiscales para su distribución y redistribución. Se puede determinar que en la mayoría de las formas de acceso, reconocimiento y otorgación de derechos sobre la tierra, no se ha tomado en consideración la capacidad de uso mayor de ella, tampoco se han aplicado tecnologías apropiadas y menos aún usando instrumentos de gestión territorial, situación esta que ha ocasionado un proceso de degradación de los recursos naturales que motiva que uno de los elementos esenciales de esta política sea la recuperación de la capacidad productiva de la tierra. La equidad es la base central de esta política, de modo de ofrecer a los pobladores y pobladoras del Departamento las mismas oportunidades en los procesos de distribución y redistribución de tierras para fines de uso agropecuario y en la otorgación de derechos para el aprovechamiento forestal. El respeto a la capacidad de uso mayor de la tierra, es otro principio fundamental para acceder y mantener los derechos otorgados. Bajo estos conceptos, y considerando que la seguridad jurídica es la base fundamental para el desarrollo económico, esta política está orientada a garantizar el respeto a los derechos legalmente otorgados y a favorecer los asentamientos planificados en el marco de la Ley y los procedimientos establecidos para estimular las actividades económicas sostenibles y evitar acciones de avasallamiento de tierras, el mantenimiento de tierras adquiridas ilegalmente y la concentración de la propiedad agraria con fines especulativos y sin cumplir la funcion económica social Las propuestas de acción con relación a este componente de la política de acceso y uso sostenible de los recursos naturales renovables son las siguientes:La Propiedad AgrariaLa Prefectura del Departamento, además de encargarse de dinamizar el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental, haciendo de ella el espacio de conciliación de las diferentes posiciones de los actores sociales, tendrá un rol más activo en el tema del seguimiento, gestión de los procesos de saneamiento y prevención de conflictos agrarios. Asimismo, brindará las condiciones necesarias para una participación concertada y coordinada de las instituciones nacionales, departamentales, municipales y del conjunto de los actores de la sociedad civil, particularmente de los habitantes rurales más necesitados, con el propósito de facilitar su acceso al recurso tierra. De igual manera, la Prefectura propondrá a las instancias correspondientes las modificaciones necesarias para la abreviación de los plazos de ejecución del saneamiento, la simplificación de los trámites y la reducción de los costos a ser invertidos en el proceso.La modalidad del saneamiento por municipio deberá ser el nuevo marco de orientación del saneamiento de la propiedad agraria. Para ello, la Prefectura Departamental apoyará a los Gobiernos Municipales para que éstos puedan asumir un rol más activo en el seguimiento del proceso de saneamiento de la propiedad agraria que se realiza en sus correspondientes jurisdicciones. A través de la CAD, la Prefectura Departamental coadyuvará para que el INRA concluya en el plazo más breve con el proceso de saneamiento de tierras, para determinar las superficies existentes de tierras fiscales, las mismas que de acuerdo a la Ley deberán ser sujetas al proceso de dotación que será preferente a favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o aquellas que la posean en forma insuficiente. Para ello, la Prefectura, precautelando los derechos de los hijos de los pobladores actualmente asentados, velará porque se aplique lo establecido en el Artículo 43º de la Ley INRA, el mismo que señala que la dotación de tierras será preferente a favor de quienes residan en el lugar. Un instrumento a ser utilizado para la determinación de la residencia serán los padrones electorales a nivel de circunscripción con los que cuenta la Corte Departamental Electoral u otros que dispongan los diferentes gobiernos municipales. (Registros de miembros de las TCOs, OTBs y otras). Asimismo en el marco de la legislación ambiental y de la Ley INRA, se verificará que las tierras a ser dotadas estén localizadas en las Unidades de Uso agropecuario establecidas por el PLUS Departamental y Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOTs) en aquellos municipios que dispongan de este instrumento. La Prefectura y los Gobiernos Municipales deberán contar con la información sobre todos los procesos de saneamiento ejecutados y en curso en materia agraria, forestal y áreas protegidas, con la finalidad de administrar un sistema de catastro integral con fines ambientales, técnicos, jurídicos, económicos y fiscales, y la determinación de áreas sin derechos otorgados, el mismo que será alimentado por la información del INRA, las Superintendencias Agraria y Forestal. La Prefectura brindará capacitación a los diferentes Gobiernos Municipales para que vayan asimilando los sistemas que deberán administrar en un futuro inmediatoFormalización del Mercado de TierrasEl Artículo 169º de la Constitución Política del Estado establece que la pequeña propiedad y el solar campesino son inembargables, además la Ley 1715 prohíbe su división y su embargo; o sea estas tierras, están prohibidas de hipotecarse pero no de venderse. Tomando en cuenta que en los hechos estas tierras se compran y venden, resulta necesario formalizar esta práctica para que los pequeños productores perfeccionen sus títulos propietarios y sus derechos sobre las mismas. Para ello, la Prefectura en coordinación con las instancias nacionales correspondientes procurará el establecimiento de una disposición legal que permita la hipoteca de la pequeña propiedad, no así el solar campesino, a fin de que éste sector social sea sujeto de crédito.La Prefectura promoverá la creación de un Fondo de Tierras como un instrumento que permita a los habitantes rurales del Departamento, acceder a predios con aptitud agropecuaria. Las superficies a ser transferidas por medio del Fondo de Tierras serán otorgadas en calidad de venta, estableciéndose plazos de pago racionales y su precio se establecerá en función del valor catastral establecido por el Gobierno Municipal. Con estos recursos el Fondo de Tierras podrá efectuar nuevas operaciones de compra. El Fondo de Tierras, tendrá las siguientes fuentes: Laa Prefectura constituirá un fondo rotativo para la compra de propiedades.La Financiera de Desarrollo (FINDESA), se halla en proceso de liquidación, contando en su cartera un número considerable de propiedades rurales como garantía. La Prefectura efectuará las gestiones correspondientes para que éstas sean asignadas al Fondo de Tierras y a través de los mecanismos que defina aplicar, se distribuyan a los productores rurales.Se formularán los proyectos orientados a distribuir pequeñas propiedades agrícolas, los mismos que servirán de base para la gestión de apoyo financiero nacional e internacional que coadyuve con estas iniciativas. Se promoverá entre los propietarios que cuentan con tierras ya saneadas, que éstos en calidad de donación solidaria cedan una parte de su propiedad al Fondo para que sean distribuidas. La Prefectura, en coordinación con los Gobiernos Municipales, establecerá un Registro de Demandantes de Tierras para que sean beneficiarios del Fondo, que especifique el domicilio, edad, sexo, composición del grupo familiar, datos que deberán ser verificados con los registros de la Corte Electoral, Derechos Reales y del INRA. Los Gobiernos Municipales deberán establecer programas de comunicación para que los demandantes de tierras conozcan las modalidades de acceso a la propiedad de la misma.La Ley Forestal, estableció como responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Sostenible, a través de la Superintendencia Forestal, el efectuar las correspondientes licitaciones públicas para la otorgación de nuevas concesiones forestales en las áreas fiscales de uso forestal que no cuenten con derechos otorgados. Este proceso sin embargo no ha sido ejecutado hasta el presente.Por ello se propondrá ampliar, a través de una Ley, la superficie de las Áreas Forestales de Reserva Municipal para aquellas áreas fiscales identificadas por el INRA dentro de la jurisdicción de cada municipio, que tengan aptitud como tierras de producción forestal permanente y que no correspondan a las concesiones privadas forestales. En estas AFRM, se promoverá por parte de los Gobiernos Municipales, su distribución a través de concesiones a nuevas ASL para desarrollar programas de forestaría comunitaria.Para el aprovechamiento integral de los recursos forestales se promoverá el desarrollo de empresas locales de transformación y de provisión de servicios forestales. Asimismo, la Prefectura del Departamento formulará los proyectos para la venta de bonos ambientales por la conservación del bosque. LA GESTIÓN PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Las necesidades identificadas de conservación de los recursos de biodiversidad del Departamento en los últimos años dieron lugar a la constitución de Áreas Protegidas en un total de 11.753.377 hectáreas, de las cuales 9.256.220 (ha) corresponden a las Áreas Protegidas Nacionales, 2.097.931 a las Áreas Departamentales y 399.226 a las Áreas protegidas municipales. A esta superficie debe adicionarse 45.477 que corresponden a las Reservas Privadas de Patrimonio Natural y asimismo a las áreas protegidas al interior de las concesiones forestales.El aprovechamiento selectivo y la sobreexplotación de algunas especies con mayor valor comercial en las tierras forestales del Departamento ha impactado en el valor de los bosques en el período previo a la promulgación de la Ley Forestal 1700, antes de la cual la extracción de madera se efectuaba en el marco de contratos de aprovechamiento de corto, mediano y largo plazo, no siendo de responsabilidad ni interés del contratista el velar por la sostenibilidad del bosque. En el marco de la Ley Forestal, los recursos forestales son principalmente aprovechados por empresas forestales y agrupaciones sociales del lugar (ASL) a las que han sido otorgadas concesiones forestales y asimismo por los miembros de las TCOs y propietarios particulares. La superficie de bosques bajo manejo alcanza actualmente las 4.301.437 ha. Cabe mencionar que en el país se han producido avances en la certificación voluntaria de aprovechamiento forestal, colocando al país en el primer lugar a nivel mundial de bosques tropicales certificados, con poco más de 2 millones de hectáreas certificadas, de las cuales 1.4 millones corresponden a nuestro departamento. La estructura de tenencia de la tierra junto con el desarrollo diferenciado de las regiones del Departamento ha tenido repercusiones importantes en la dinámica productiva regional. En los valles si bien existe una mayor fragmentación de la propiedad agraria, los productores cuentan con una mejor articulación con los mercados y una parte se beneficia de mejores condiciones para el desarrollo de una agricultura más intensiva, en áreas con riego. Por otro lado sin embargo, las tierras de los valles presentan en gran parte una alta degradación de sus suelos puesto que han perdido casi totalmente sus bosques nativos debido a la recolección masiva de leña, sobrepastoreo y habilitación de tierras con fines agropecuarios. El aumento de la población en esta región tiende a incrementar la presión sobre la tierra en el área del Parque Nacional Amboró, violando la normativa vigente. Los grupos indígenas, por su parte, practican una agricultura de subsistencia, complementada por actividades de caza, recolección y ganadería en pequeña escala, con parcelas de cultivo distribuidas en tierras comunales. Sus densidades de población son relativamente bajas, y tienen poco acceso a infraestructura y mercados. Los pequeños productores migrantes del occidente del país, denominados genéricamente “colonos”, poseen parcelas individuales. Ellos están asentados principalmente en el Norte y Este del Departamento, practicando sistemas manuales de corte y quema, en cierto grado diversificados, complementando la agricultura con ganadería en pequeña escala y la venta ocasional de madera. Debe señalarse sin embargo que existen algunas zonas de “colonización”, como ser San Pedro, Yapacaní, Antofagasta, San Julián y otras, donde están desarrollando una agricultura mecanizada y se encuentran articulados a los mercados agropecuarios. Los productores agropecuarios medianos y grandes han desarrollado una agricultura mecanizada intensiva en el uso de capital y articulada a mercados externos, particularmente de granos, siendo la soya el principal cultivo, alentando su integración con proveedores de maquinarias, insumos y con la agroindustria. Un 50 % de la producción de soya proviene de medianas y grandes propiedades.La actividad ganadera ha crecido en los últimos años sobre todo en la Chiquitanía, Guarayos y la provincia Germán Busch, regiones donde existe una mayor presión para la conversión de los bosques hacia áreas de pastos para fines de una ganadería extensiva. En la región integrada, se ha desarrollado una actividad ganadera intensiva y semi-intensiva, dedicada a actividades de produccion de leche, engorde y re-cría, persistiendo sin embargo sectores con actividad ganadera extensiva. En el Chaco, por las condiciones naturales, la actividad ganadera demanda superficies de tierra relativamente extensas.Las actividades agropecuarias han entrado en competencia con el aprovechamiento forestal. Según datos de un estudio efectuado por la Superintendencia Forestal, se estableció, que hasta el año 2000 se habían desmontado en el Departamento de Santa Cruz, 3.180.000 ha, de las cuales 1.430.000 se desboscaron entre el 1993 y 2000, con una tasa de deforestación promedio de 203.000 ha por año.Del total desboscado en el período señalado, 423.370 ha corresponden a tierras de aptitud forestal y 174.215 en zonas con severas limitaciones para uso agropecuario. Entre el 2001 y 2005, los desbosques han continuado en un promedio de 170.000 ha/año, o sea que a la fecha se puede estimar que el área deforestada en el departamento ya ha alcanzado las 4 millones de ha en tanto que los cultivos agrícolas abarcan una superficie de cerca de 2.200.000 de hectáreas. Una parte importante de las áreas deforestadas que han sido sujetas a usos agrícolas intensivos, debido al proceso de empobrecimiento y degradación del suelo han sido convertidas a usos menos productivos. Tal es el caso de las áreas con mejor infraestructura en ciertos sectores de la región integrada, así como parte de la zona sur, que han sido convertidas a un uso ganadero extensivo. El uso del fuego para la quema de chacos y limpieza de pastos es otra causa para la pérdida de nutrientes del suelo y la degradación de los bosques.Otro efecto de la expansión de usos agropecuarios en áreas forestales ha sido la fragmentación de los bosques, aislando poblaciones de animales y afectando a la biodiversidad.Adicionalmente la eliminación de los bosques provoca el empobrecimiento de los servicios ambientales, como ser: disminución del secuestro de carbono, de la capacidad de control de las escorrentías, de la infiltración del agua a las corrientes subterráneas y de la intensidad de los vientos que provocan daños mecánicos a los cultivos y pérdida de humedad de los suelos.Recursos hídricosEl Departamento de Santa Cruz, cuenta con abundantes recursos hídricos puesto que dispone de grandes volúmenes de agua en sus 14 cuencas hidrográficas, almacenados en innumerables ríos, lagunas, e importantes volúmenes no cuantificados de aguas subterráneas. Un aspecto positivo es que las áreas protegidas y las tierras de protección establecidas en el PLUS vienen cumpliendo el papel de proteger los recursos hídricos y se constituyen en áreas de recarga de las cuencas hidrográficas.Sin embargo, las malas prácticas agrícolas en los terrenos de pendientes, unidas a la eliminación de la cobertura vegetal en las márgenes de los ríos, arroyos y quebradas en las zonas altas de las cuencas, están dando lugar a una altísima deposición de sedimentos en las partes bajas, en las cuales las riberas han sido debilitadas por los desbosques, dando lugar a permanentes desbordes y cambios de cauce de los ríos, con graves daños sociales, productivos y económicos. La utilización del riego mayormente se viene desarrollando en la región de los valles cruceños y en forma poco significativa en la región de la llanura, en la cual la producción depende básicamente de las aguas de lluvia, situación que genera una alta inseguridad en la producción y pérdidas frecuentes de las inversiones realizadas.Si bien actualmente no aparecen en forma notoria conflictos por el uso del agua en los espacios urbanos relacionados con la competencia por el uso del recurso para consumo domestico, industrial y agropecuario, éstos se presentarán en el mediano plazo, especialmente en la ciudad de Santa Cruz, en el entendido que los caudales de aguas subterráneas, además de contaminarse, están disminuyendo en forma muy acelerada, producto de la gran demanda por el crecimiento urbano no controlado y la disminución de la recarga de los acuíferos producto de la deforestación. Los principios básicos son: El uso de la tierra con base en su capacidad de uso mayor, El manejo racional y sostenible de los recursos naturales, La gestión integral, La protección de las servidumbres ecológicasLa recuperación de suelos y espacios forestales ya degradados por la intervención humanaEl incremento de la productividad y la valorización de los bienes y servicios ambientales de los bosques La aplicación de estos principios permitirá evitar procesos de degradación tanto de los suelos como de las áreas forestales y de las cuencas hidrográficas, garantizando la protección, conservación y desarrollo de los recursos naturales, maximizando los beneficios para la sociedad. Para favorecer la conservación de los bosques es necesario hacer uso de medidas de seguimiento y control, involucrando efectivamente a las Subprefecturas y Gobiernos Municipales en coordinación con la Superintendencia Forestal, en la verificación del cumplimiento estricto de las regulaciones para el manejo forestal y por otro lado mejorar los ingresos que los productores rurales puedan obtener de sus bosques tanto por la producción de bienes forestales, venta de servicios ambientales, ecoturismo y bio-comercio.En este sentido se prohíbe la utilización de las tierras de aptitud forestal determinadas por el PLUS, para fines agrícolas o pecuarios. La Prefectura y los Gobiernos Municipales no deberán construir ni autorizar ningún tipo de infraestructura productiva o social, ni prestar servicios a pobladores que ocupen las tierras forestales para fines ajenos a su capacidad de uso mayor.Consecuentemente se determina que las actividades forestales deberán ser realizadas en las Unidades determinadas por el PLUS Departamental con esta aptitud, de acuerdo con las siguientes Categorías de Uso.
Categorías De UsoSuperficie(ha)(%)Sobre el Total Departamental
Uso Forestal4.224.170,0011,58
Uso Ganadero y Forestal8.775.902,0024,05
Total Uso Forestal13.000.072,0035,63
Total Departamental36.489.477,00100.00
Importantes avances se han hecho en la certificación de manejo forestal, y el departamento tiene la mayor área de Bolivia con bosques forestales certificados voluntariamente. La certificación, aunque no conlleva beneficios directos de mejores precios, facilita el acceso de los productos a mercados cada vez más sensibles a la problemática ambiental. La Prefectura coadyuvará las iniciativas existentes por parte de las empresas para continuar con el proceso de certificación voluntaria. Por otro lado considerando los altos costos de la certificación, las ASL y TCO no han podido avanzar en este proceso, por lo cual la Prefectura adoptará un rol más activo en ayudar a esos productores forestales a certificar sus operaciones y beneficiarse de nuevos mercados. Para mejorar la capacidad de gestión de los propietarios individuales o colectivos se propone apoyar el manejo integral del bosque con un enfoque de bio-comercio, para aumentar los beneficios que las poblaciones locales obtienen de sus bosques. Dada la capacidad productiva de los bosques naturales, la política forestal que se ha llevado adelante en la región, privilegió el aprovechamiento forestal en los bosques naturales, lo que ha llevado a que se inviertan pocos esfuerzos en plantaciones forestales de especies atractivas en el mercado. Existen sin embargo buenas posibilidades de iniciar un programa de plantaciones forestales con los siguientes objetivos:Recuperar tierras degradadas y en proceso de desertificaciónIncrementar los ingresos de los productores forestales y agropecuariosDisminuir la presión sobre el bosque naturalMejorar las condiciones ambientales a través de la mitigación de los vientos y reducción de la erosión eólicaIncorporar proyectos de secuestro de carbono en el marco del convenio de Kyoto.Este programa de apoyo al desarrollo de plantaciones forestales deberá ser implementado con la participación de empresarios, campesinos, comunidades y los gobiernos municipales interesados. Los principales componentes de ese programa incluirían regulaciones para promover acuerdos entre industrias de transformación con los propietarios, además de crédito en condiciones preferenciales para propietarios de tierra dispuestos a reforestar. Este programa privilegiará la implantación de especies nativas y realizará los estudios para determinar la viabilidad del establecimiento de plantas exóticas.El acceso de comunidades indígenas y campesinas a la tierra ha hecho que crezca su interés para realizar aprovechamiento forestal, sin embargo muchas veces ellos no tienen los recursos para financiar la elaboración de los instrumentos exigidos en la materia, lo cual impide que puedan hacer aprobar sus operaciones.

Por ello, la Prefectura brindara apoyo a la Superintendencia Forestal para la simplificación de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de manejo y gestión forestal para comunidades y pequeños productores, adaptándolos a las condiciones locales y las propondrá para su aprobación por el MIDRAMA. Esta labor será coordinada con los Gobiernos Municipales, para que estos hagan efectivo el apoyo técnico, como lo establece la legislación.

La Prefectura ha constituido el Sistema Departamental de Áreas Protegidas y ha creado la Unidad Departamental de Áreas Protegidas para gestionar las mismas. Será responsabilidad de esta instancia velar por la eficiente administración de las áreas protegidas departamentales y municipales. Igualmente creará las condiciones para la participación efectiva de los Gobiernos Municipales y la sociedad civil en la gestión de las Áreas Protegidas de nivel nacional que están bajo responsabilidad del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).La presente política con relación a la gestión de las áreas protegidas, está orientada a que las mismas generen posibilidades económicas para las comunidades. En este sentido se promoverá el aprovechamiento forestal con estándares de sostenibilidad más exigentes y acciones de bio-comercio sostenible, ecoturismo e investigación sobre recursos genéticos.La rehabilitación de las áreas forestales, implicará promover prácticas diversas para restaurar las funciones de los bosques como servidumbres ecológicas a lo largo de ríos, reservorios de agua y biodiversidad. La rehabilitación tiene que ser una iniciativa de responsabilidad compartida y colaboración que involucra a todos los actores que obtienen algún beneficio de los bosques, ya sean comunidades locales, colonos, pequeños productores de madera, concesionarios forestales y recolectores de productos no maderables. Ellos deben priorizar los bienes y servicios más importantes y las mejores opciones para restaurarlos, pudiéndose integrar bosques de plantación y sistemas agroforestales a través de tecnologías que sean apropiadas para las diversas realidades locales.Se prioriza la necesidad de desarrollar modelos de manejo integral de cuencas beneficiando a grupos vulnerables del área rural con el objetivo de asegurar fuentes de agua, prevenir y manejar los riesgos, proteger los ecosistemas y su biodiversidad, control de la erosión y la desertificación y protección de las inversiones. Una acción prioritaria será la de ejecutar programas de manejo en las partes altas de las cuencas que aportan recursos hídricos para los proyectos de riego en actual desarrollo en los valles cruceños, debiéndose incorporar en el futuro la condición básica en la aprobación de los proyectos de riego que éstos, necesariamente contemplen acciones de manejo integral de las cuencas.Un programa particular a ser establecido será el de promover la utilización del riego para la producción de cultivos en la región integrada, la zona de expansión y la región chaqueña, con el propósito de garantizar la producción, elevar la productividad y como consecuencia evitar el avance de la frontera agrícola hacia zonas que no tienen aptitud para uso agropecuario.Asimismo se efectuarán programas para garantizar la disponibilidad de agua, para la actividad ganadera, en la Chiquitania y el Chaco.Es política de la Prefectura Departamental que la utilización de la tierra se realice de acuerdo a su capacidad de uso mayor. Por tanto, todas las actividades agropecuarias deberán desarrollarse cumpliendo las reglas y recomendaciones determinadas por el PLUS Departamental para las Unidades con esta aptitud y que se hallan dentro de las siguientes Categorías de Uso.

Categorías De UsoSuperficie(ha)(%) sobre el Total Departamental
Uso Agropecuario Intensivo2.668.597,007,30
Uso Agrosilvopastoril6.854.452,0018,80
Uso Ganadero/Agricultura bajo riego2.325.638,006,40
Uso Ganadero3.760.529,0010,30
Uso Ganadero y Forestal8.775.902,0024,10
Total Uso Agropecuario24.385.118,00
Total Departamental36.489.477,00100,00
Fuente: PLUS/SCZAcciones a desarrollar:AgrícolaLa tendencia en los últimos años, ha sido la de lograr incrementos en la producción, en función de la expansión de la frontera agrícola y no en la misma dimensión, en la mejora de la productividad. Existen tierras con alta vocación productiva para la agricultura que podrían aumentar sus niveles de rendimiento a través de su uso intensivo y sostenible, promoviendo la incorporación de mejoras tecnológicas como ser las prácticas de siembra directa, rotación de cultivos, incorporación de abonos verdes, utilización del riego y otras prácticas agronómicas desarrolladas en otras regiones. Una parte del deterioro de la capacidad productiva agrícola está relacionada con las dificultades para la manutención y/o aumento de la fertilidad de los suelos, siendo preciso otorgar a los agricultores oportunidades para identificar la condición de sus suelos y conocer las necesidades de fertilizantes y abonos requeridos para sus terrenos, unidas a prácticas de recuperación y mantenimiento de la estructura de los suelos. La Prefectura promoverá el establecimiento de emprendimientos para la producción de fertilizantes, abonos y biorreguladores, aprovechando las ventajas comparativas de nuestras materias primas como ser el gas, calcáreos y otras fuentes minerales.La agricultura de corte y quema ejecutada por los pequeños productores para la producción de granos debe ser mejorada en sus niveles de productividad con épocas de siembra adecuadas, la utilización de variedades mejoradas, control eficiente de malezas, introducción de la mecanización y riego a pequeña escala. Por otro lado la agricultura campesina debe tender hacia la diversificación de la producción con el establecimiento de especies frutales y la ganadería mayor y menor. La Prefectura, en coordinación con el sector ganadero, promoverá el desarrollo de la actividad ganadera que incluya prácticas de manejo sostenible, como ser la rotación de pasturas, recuperación de áreas con sobrepastoreo, ensilaje y henificación racional para suplementación en la época seca, implantación de cortinas rompevientos, quema controlada de pasturas, provisión y manejo racional del agua.La actividad agropecuaria, en la generalidad de los casos, no ha respetado los bosques de protección y las servidumbres ecológicas establecidas por Ley, no habiendo dejado las cortinas rompevientos en los desmontes, eliminado la cobertura forestal en las márgenes de los ríos, humedales, tierras de origen eólico y en terrenos con pendientes.La Prefectura en coordinación con los Municipios y demás órganos competentes, exigirá a los propietarios de los terrenos ejecutar las prácticas requeridas de restauración, para lo cual promoverá la reforestación en todos los sectores en los que se haya verificado el incumplimiento de lo normado por el PLUS, la Ley Forestal y la Ley del Medioambiente.Se deberá avanzar en el control, prevención y erradicación de plagas y enfermedades, tanto en el campo agrícola como pecuario, a través de la ejecución de acciones de manejo integrado. Asimismo para avanzar en la disminución de afectación de las plagas deberá considerarse el control biológico como una alternativa o complementación al uso de agroquímicos. Ello debe lograrse a través de alianzas entre el CIAT, el SENASAG, las Universidades y las entidades privadas de investigación destinadas a difundir su uso entre los productores agropecuarios, lo que además puede llevar a fomentar la producción orgánica.La Prefectura del Departamento mantendrá su apoyo al SENASAG en sus programas de vacunación, contra las principales enfermedades y fortalecerá sus relaciones con las universidades para desarrollar investigaciones que favorezcan al sector pecuario. La Producción OrgánicaLa producción orgánica es otra de las prioridades de la Política Departamental de tierras con el propósito de salvaguardar la salud de la población y estará orientada a los productores que quieren aprovechar las ventajas comparativas que ofrecen los mercados nacionales y de exportación para este tipo de productos. La Prefectura promoverá y apoyará su desarrollo aprovechando ventajas comparativas que ofrecen algunas eco-regiones, como ser la ganadería chaqueña de ramoneo y por otro lado las experiencias ya desarrolladas por algunas organizaciones de productores, y las de otros países para incorporar nuevos grupos sociales en esta actividad.Dada la magnitud de los procesos de degradación de suelos, se impulsarán programas de recuperación de los mismos que se orienten a aquellas áreas donde el proceso de pérdida de la capacidad productiva de los suelos es más crítica y particularmente en la región integrada en la cual se cuenta con la mejor infraestructura y servicios del Departamento. La Prefectura fortalecerá al CIAT para que prosiga desarrollando investigaciones en procura de opciones tecnológicas adecuadas para la recuperación de suelos degradados y continúe el programa específico que está ejecutando con financiamiento del SIBTA. Estas actividades deberán ser incrementadas y difundidas entre los productores afectados. Los programas de recuperación de suelos deberán integrarse a otras estrategias de manejo de las actividades agrícolas y pecuarias y considerar como otra opción la utilización de los suelos degradados en programas de reforestación. Se promoverá la aplicación de los incentivos establecidos en la Ley forestal, para aquellos ciudadanos que se comprometan a la recuperación de suelos ya degradados, y se velará por la aplicación de las normas establecidas para evitar mayor degradación.FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD AGRARIA y FORESTAL. La gestión de los recursos naturales agrarios y forestales en el país y en el departamento es débil. Ello contribuye a que no exista un buen control del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Las instituciones locales coordinan poco entre sí y son muchas veces vulnerables a influencias políticas o de grupos de poder. Además, muchos actores que hacen uso de los recursos naturales buscan su propio beneficio pensando poco en las implicaciones de sus acciones en el bien colectivo. Por parte de determinados actores agropecuarios tanto empresariales y de pequeños productores existe el interés de promover la apertura de la frontera agrícola sin tomar en cuenta la capacidad de uso mayor de la Tierra, mientras que en los concesionarios forestales tanto empresariales y de las ASL, se impone la visión que áreas cubiertas por bosques deberían ser destinadas a manejo forestal, siendo necesario conciliar una visión que armonice las necesidades de un desarrollo sostenible, teniendo como elemento central en todos los casos, el uso mayor de la tierra establecido en el PLUS, el PDOT, PMOTs y POPs. En materia agraria, el INRA ha incentivado la deforestación para justificar la Función Económica Social (FES), por una mala aplicación del concepto que implica la FES en la ejecución del saneamiento, respecto al empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, como ser las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo. A lo anterior, deben sumarse las ocupaciones ilegales de tierra, advirtiéndose que las vías legales para resolver esos conflictos son lentas, y muchas veces las decisiones que se han tomado son poco prácticas lo que aumenta las tensiones entre los actores en conflicto. En el marco de una política de descentralización efectiva hacia los niveles departamentales, la Prefectura Departamental a través de la CAD, planteará ante del Gobierno Nacional como acción prioritaria del INRA Nacional, la ejecución de la desconcentración técnica, operativa, jurídica y administrativa-financiera del Instituto Nacional de Reforma Agraria__INRA, en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo No. 28148, con el pleno convencimiento que es imprescindible acercar la administración publica a la sociedad para que esta se involucre y pueda ejercer el control social.La Prefectura del Departamento, desarrollará programas conjuntos con las instituciones involucradas en materia forestal y agraria, en procura de fortalecer sus capacidades de planificación, supervisión y control de las operaciones relacionadas con la otorgación de los derechos y el buen uso de los recursos naturales.

La probabilidad del surgimiento de problemas que afecten los derechos agrarios y forestales legalmente otorgados, hace necesario consolidar un sistema para el monitoreo de las demandas y conflictos relacionados con la tierra y el desarrollo sostenible de los recursos naturales.Este sistema estará basado en la creación de una red interinstitucional de coordinación, intercambio, procesamiento y análisis de información, recopilando datos e información relevante sobre conflictos, desarrollando estrategias para su prevención y/o tratamiento y dando seguimiento a los procesos de su resolución y estará bajo la responsabilidad de la Dirección de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Dirección Jurídica de la Prefectura. La Tierra El “ordenamiento territorial” es el proceso que planifica el uso sostenible de los recursos naturales y la adecuada ocupación del territorio en función de sus características biofísicas, socio-económicas, culturales y político-institucionales y su integración con los mercados. La Prefectura ha tomado la determinación de formular el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial para cuyo propósito ya se cuenta con el Plan de Uso del Suelo (PLUS) el mismo que ha sido aprobado por Ley de la República. Asimismo al contar con el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social, se procederá a la espacialización de las políticas sectoriales propuestas en el mismo para contar con un instrumento de planificación territorial que asegure la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y oriente el desarrollo Departamental. Un elemento fundamental en el proceso de ordenamiento territorial será considerar las vías de comunicación, tanto carreteras, ferroviarias, aéreas y fluviales que permitan al Departamento salir con su producción agropecuaria y forestal a los mercados internos y externos.La Prefectura Departamental, ha venido apoyando la formulación de Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), acción que será continuada en los próximos años hasta cubrir la totalidad de los Municipios. Un elemento que deberá ser incorporado en los PMOTs, en aquellos Municipios con población originaria: Guaraní, Chiquitanos, Guarayos y Ayoreos, es la constitución de “distritos indígenas” como alternativa a los cantones. De esta manera la planificación y la administración de los recursos económicos y gestión de los recursos naturales podrá ser delegada por parte de los Gobiernos Municipales a las autoridades distritales indígenas.La etapa subsiguiente a la formulación de los PMOTs contando los Gobiernos Municipales con sistemas de información geográficos sobre sus jurisdicciones municipales, deberá ser el establecimiento del catastro rural para ejecutar la gestión local y fiscalización del uso adecuado de la tierra y planificar la inversión pública en infraestructura y equipamiento social.Para este propósito, se fortalecerá la capacidad técnica de la Prefectura para avanzar de manera progresiva en el ordenamiento territorial para que este instrumento, cumpla un rol estratégico en las decisiones políticas departamentales y municipales. Para darle la capacidad de participación y concertación del proceso de planificación territorial, se establecerá la Comisión Departamental de Ordenamiento Territorial, que incorporará a todos los actores institucionales, productivos y sociales.La Comisión Departamental de Ordenamiento Territorial, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el PLUS Departamental y los PLUS Municipales, estará apoyada por un sistema de monitoreo de cambios de uso de la tierra bajo responsabilidad de la Unidad de Ordenamiento Territorial y Cuencas de la DIREMA.5. ACCESO A LOS CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS PRODUCTIVOS Una de las demandas fundamentales de los actores rurales es sin lugar a dudas el acceso a la tierra. Sin embargo, la poca capacidad tecnológica de sus poseedores no les permite garantizar una producción sostenible, la conservación y recuperación de los recursos naturales. La puesta en marcha de un proceso de capacitación efectivo en tecnologías adecuadas de manejo podrá garantizar el mejoramiento de los ingresos de las familias rurales y el logro de un empleo digno para las mismas. Los elementos mencionados en la política de la gestión sostenible de los recursos naturales con relacion al manejo, recuperación y conservación de la tierra, agua, bosques y biodiversidad requieren indispensablemente el desarrollo de conocimientos y su correspondiente difusión a los actores productivos, por lo que la investigación y la transferencia de sus resultados es indispensable para lograr en el Departamento un modelo de desarrollo agrícola y ganadero sostenible que no deteriore el recurso tierraUn elemento a tener presente en las tareas de investigación es el relativo al proceso de cambios climáticos que se están presentando en el mundo, de los cuales no está ajeno el país y el departamento. Por ello los trabajos de investigación deberán tomar debida cuenta de la necesidad de incorporar el concepto de adaptación a los cambios climáticos, ajustando por ello, en forma permanente, el conocimiento de las prácticas agronómicas a las situaciones cambiantes.En este contexto, resulta indispensable otorgar el apoyo a los sectores productivos en infraestructura y servicios, sin los cuales la actividad agropecuaria no puede ser llevada adelante. Las inversiones en infraestructura vial, centros de almacenamiento, sistemas de provisión de agua y riego y dotación de servicios de provisión de insumos, crédito para la producción, son fundamentales para garantizar el mejoramiento de los ingresos de las familias rurales y el logro de una vida digna para las mismas.El CIAT debe fortalecer su liderazgo y ampliar la cobertura geográfica que le permita la generación de conocimientos tecnológicos adecuados para las distintas regiones del departamento. En tal sentido la Prefectura potenciará al CIAT y le dará una nueva orientación incorporando en sus objetivos la generación de tecnologías para el desarrollo y uso sostenible de los recursos naturales para propósitos de producción agropecuaria y forestal, gestionando la incorporación en su directorio nuevos actores institucionales como ser la Cámara Forestal, la Universidad Gabriel René Moreno, representantes de las ASL y la representación de los productores campesinos e indígenas, retomando su presencia en los distintos ámbitos geográficos del Departamento. El SEDAG será la instancia operativa responsable de la ejecución de las políticas para el desarrollo de una actividad agropecuaria sostenible en estrecha coordinación con el CIAT y el SENASAG. Asimismo deberá constituir los consejos técnicos zonales a nivel provincial como instancias de transferencia y socialización de los conocimientos tecnológicos generados, como también la coordinación del trabajo de los extensionistas de las distintas organizaciones públicas y privadas y las Fundaciones de Desarrollo Tecnológico que se hallan localizadas en el Departamento de Santa Cruz. (Trópico Húmedo, Chaco y Valles).Será por otro lado responsabilidad del SEDAG el formular un programa departamental de investigación y transferencia de tecnología, en el que se involucren además del CIAT, a los actores productivos, las Universidades, Institutos Técnicos, ONGs, con el propósito de aunar esfuerzos e iniciativas y así optimizar la utilización de los recursos humanos, logísticos y financieros.La Prefectura Departamental en el marco de la política de desarrollo sostenible concertará con las universidades tanto públicas como privadas para que a través de sus facultades e institutos técnicos, se involucren activamente en la generación de tecnologías y su correspondiente difusión a los sectores productivos agropecuarios y forestales.Fortalecimiento de las Unidades Técnicas MunicipalesEn el marco de lo dispuesto en la Ley Forestal, la Prefectura, desarrollará un programa de fortalecimiento institucional de la Unidades Forestales Municipales, a fin de que estas puedan apoyar efectivamente al cabal cumplimiento del régimen forestal de la Nación en sus respectivas jurisdicciones.Asimismo se apoyará a los Municipios para que estos puedan c

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