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Área: Sociedad >> Sociedad
Actualizado el 2006-04-04 a horas: 21:20:53

Los costureros bolivianos declaran dos semanas de paro para reivindicar sus derechos

Bolivianos piden fin de allanamientos indiscriminados a talleres textiles en Buenos Aires

(ABI-Vocero Boliviano).- El lunes por la mañana miembros de la colectividad boliviana se reunieron con el gobernador de la ciudad de Buenos Aires Jorge Télerman; la ministra de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno porteño, Gabriela Cerruti; y el ministro de Producción Enrique Rodríguez para entregarle un petitorio de seis puntos referentes al trabajo que cumplen en el ramo textil y ante la amenaza de allanamientos a los talleres de costura.

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Según las declaraciones de los asistentes a la reunión, el gobierno porteño accedió a no allanar en forma indiscriminada y mas bien contará con la presencia de una comisión conformada por la comunidad. Participarían el Ministerio de Trabajo de la Nación, Migraciones, la AFIP, la Policía Federal e incluso (secretarías de) Derechos Humanos de la Nación y de la Ciudad.También se logró acordar que se les conceda un plazo de seis meses para poder lograr que los talleristas puedan regularizar su situación y trabajar en blanco. Para ello también existiría el compromiso de migraciones para poder facilitar de forma rápida y efectiva el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) que muchos no tienen tramitado.Mientras los representantes y el cónsul de Bolivia se reunían con las autoridades, en las afueras del edificio del gobierno de la ciudad, Rivadavia 500, más de mil personas coreaban “queremos trabajar, no a los allanamientos”.Una vez que salieron los dirigentes de ese encuentro, la masa se trasladó hasta el obelisco donde tuvieron una reunión informativa. Al cabo de la misma se decidió marchar hasta el Parque Nicolás Avellaneda.Durante el trayecto la cantidad de marchistas fue creciendo a medida que se aproximaba al barrio de Flores y cuando estaban en el punto de Rivadavia y Nazca hicieron un viraje para trasladarse a la avenida Avellaneda. Es aquí donde fabricantes coreanos y judíos tienen sus fábricas y de donde los talleristas bolivianos retiran las prendas para costurarlas. “Coreanos, judíos son explotadores”, “queremos precios justos, queremos precios justos”, eran algunas de las consignas que la gente gritaba. Muchos locales cerraron sus puertas temiendo algún desmán, lo que jamás ocurrió.Acto seguido, se trasladaron hasta la esquina Lacarra y Directorio donde unos mil bolivianos esperaban a los marchistas y juntos escracharon el comedor Alameda. Un fuerte contingente policial resguardaba el lugar para evitar enfrentamientos.La presencia de los medios de comunicación fue masiva, aquella prensa que desde el jueves pasado se había encargado de difundir información desde una sola óptica, ahora estaba frente a otra realidad. Una comunidad unida en torno a un solo deseo, trabajar dignamente y sin represalias de parte del Estado. Lo dirigentes improvisaron la rueda de prensa y los medios escucharon que “están viendo con un solo ojo, filmaron casas con rejas y manifestaron que los bolivianos están viviendo como en una cárcel, queremos objetividad en la información y de varias fuentes, no solo de Gustavo Vera que los utiliza para hacer quedar mal a la colectividad ante la sociedad argentina”, manifestó Isaac Laura.Otros miembros de la colectividad desmintieron que haya “trabajo esclavo” y que más bien “nosotros trabajamos varias horas del día porque queremos y no porque nos obligan”. Estas palabras recibieron un cerrado aplauso de los más de cinco mil presentes que expresaron su malestar a los medios argentinos.El comedor comunitario Alameda tenia puesta una whipala en la parte superior de la casa y pintado un letrero con los colores de la bandera boliviana, la presión de la gente hizo que la sacaran y estaban a la espera de que también retiren el letrero “ya que no representa a nuestra colectividad” dijo Daniel Chura, ciudadano boliviano.Por determinación propia, los presentes decidieron realizar un paro de actividades durante dos semanas. “No se va a costurar por dos semanas y haber si los fabricantes aguantan ese tiempo, tendrán que reunirse con nosotros para hablar de precios porque las autoridades quieren cortar el hilo por lo más delgado” manifestó Fidel Colque, dirigente de la Asociación Deportiva Altiplano.En horas de la noche de este martes, el gobierno de la ciudad, a través de su secretaria de prensa, informó que labró cerca de 100 actas y se clausuraron 12 talleres en los que se verificaron, entre otras irregularidades, condiciones de hacinamiento, presencia de aguas servidas, falta de las mínimas condiciones de seguridad e higiene. Además, se constató un importante número de trabajadores, en su mayoría ciudadanos bolivianos, que vivían en los talleres. Por esa razón, tras la clausura de esos talleres, las familias fueron atendidas por personal del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. La tarea del área fue llevada adelante por equipos interdisciplinarios socio-comunitarios formados a los efectos de brindar información, contención, orientación y seguridad en términos de la plena vigencia de sus derechos humanos y sociales. Estos equipos --conformados por: trabajadores sociales, psicólogos, abogados y sociólogos-- estuvieron coordinados por la Dirección General de Asistencia Social Inmediata de la Subsecretaría de Promoción e Integración Social. En total se trabajó con 46 grupos familiares más unas 15 personas solas.Se les brindó orientación acerca de trámites de documentación, acceso a recursos sociales con que la ciudad cuenta y se confeccionaron informes sociales de cada una de las familias. Finalmente se brindó orientación acerca de las distintas alternativas habitacionales.Ninguna de las familias relevadas accedió a trasladarse a los Centros de evacuación por lo que se prevé continuar el trabajo socio-comunitario en el marco de acciones que se definan programáticamente dentro del área de la Dirección General de Asistencia a la Victimas. En cambio, fueron trasladadas y recibirán en el Centro de evacuación toda la asistencia social que requieran unas 10 personas que se hallaban en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.Por su parte el consulado de Bolivia en Buenos Aires se vio rebasado en su capacidad debido a la gran cantidad de personas que fueron en busca de algún documento para poder iniciar los trámites de radicación. La mayoría gente asustada por los allanamientos ocurridos en la mañana.

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