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Área: Política >> Elecciones
Actualizado el 2005-12-09 a horas: 21:22:57

En un análisis de las propuestas electorales del MAS, PODEMOS, UN y MIP

CEDLA: la nacionalización de los hidrocarburos es la estrategia de la ilusión

Las ofertas electorales del MAS, PODEMOS y UN, ?intentan cubrir con un velo de sombra su interés por mantener, con ciertas diferencias, la situación de control monopólico de las empresas transnacionales sobre los recursos hidrocarburíferos en el país?, afirma el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y agrario (CEDLA), en un documento en el que analiza las propuestas electorales de esas fuerzas políticas, con miras a las elecciones generales del 18 de diciembre.

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En lo concerniente a las propuestas de esos partidos respecto a la demanda popular de nacionalización de los hidrocarburos, el análisis del CEDLA afirma que bajo el postulado de armonizar las relaciones entre las transnacionales petroleras y la participación estatal, las propuestas de esos tres partidos “crean expectativas falsas en la población y prolongan la actual dinámica del sector (hidrocarburífero), sujeta a la acumulación de capital fuera del país. Proponer recuperar –progresiva y/o parcialmente- el dominio sobre estos recursos naturales, no significa más que prolongar la apropiación privada del excedente hidrocarburífero”.

PODEMOS: Continuidad del neoliberalismo en peores condiciones

Desconociendo la posesión real que ejercen las empresas transnacionales sobre la propiedad de los hidrocarburos, PODEMOS señala que la recuperación de estos recursos es innecesaria porque –indica- según la Constitución Política del Estado, el gas natural y el petróleo nunca dejaron de pertenecer a los bolivianos. Obligado por las circunstancias, esa agrupación inventa la “nacionalización de los beneficios del gas”, fórmula que tendría el limitado objetivo de dar transparencia al uso y destino de las regalías e impuestos mediante la fiscalización del gasto público.

Asimismo, el CEDLA indica que PODEMOS postula para YPFB un papel similar al que le dio la Ley 1689 de Sánchez de Lozada: administrar los contratos con las petroleras. “Aunque señala la necesidad de que YPFB lidere la negociación de contratos de exportación y que se busquen mejores precios en los mercados externos, elude toda referencia a la capacidad real de YPFB para definir los términos en que se dispondría la comercialización de los hidrocarburos, situación comprensible en la medida en que ratifica el control monopólico de las transnacionales en el sector”.

Por tanto, según el CEDLA, la propuesta de PODEMOS apunta a modificar la actual Ley de Hidrocarburos que, en su criterio, habría “incrementado la incertidumbre y el riesgo país”. Más aún, desconociendo absolutamente el carácter limitado de dicha norma y con la intención de justificar su modificación futura, le imputa un supuesto carácter expropiador y, por tanto, atentatoria a “los principios de seguridad jurídica”.

UN: Nacionalización progresiva

El documento del CEDLA sostiene que el programa de UN también se inscribe en la lógica neoliberal de la política de hidrocarburos, pues concibe la “nacionalización” como la participación de capitales nacionales y del Estado en las empresas capitalizadas y en las refinerías, mediante la compra de acciones. Esta participación nacional se llevaría a cabo progresivamente y en el mediano plazo lograría la armonización entre el capital transnacional petrolero, los empresarios nacionales y el Estado.

Según el CEDLA, Unidad Nacional considera inviable la nacionalización de los hidrocarburos en el sentido histórico de expropiación que ha prevalecido en nuestro país. En su lugar, dice, Un postula la compra paulatina de acciones de las empresas capitalizadas por inversionista nacionales o por el Estado, asignándole a YPFB el papel de representación de los intereses nacionales en los directorios de las nuevas empresas mixtas. “Para ello plantea el establecimiento –negociado con las empresas transnacionales- de la ‘acción de oro o voto decisivo’ como mecanismo que permita a YPFB asumir las principales decisiones relativas a los términos de los negocios que realicen esas sociedades empresariales, pero siempre bajo la premisa de que los resultados beneficien a ambos y de que se otorgue seguridad jurídica a las empresas privadas”.

Aunque UN plantea la participación de YPFB en la cadena hidrocarburífera, su propuesta invalidad esa posibilidad al mantener incólume el control monopólico, pues reitera la necesidad de cumplir la Ley 3058 que, bajo los principios de neutralidad y competencia, descarta el papel activo de YPFB y deja los principales mecanismos de definición de la dinámica del sector en manos de la “inversión extranjera”.

MAS: De una política de Concesiones a una de Prestación de Servicios

El documento del CEDLA afirma que la propuesta del MAS concibe la nacionalización como el cambio de la política nacional desde una política de Concesiones a una de Prestación de Servicios. Equivocadamente, el MAS considera que la Ley 3058 establece este nuevo régimen de “Contratos de Prestación de Servicios o Producción Compartida” que permitiría al Estado boliviano controlar soberanamente toda la cadena hidrocarburífera.

En esa lógica, el MAS considera que la obligatoriedad para que las petroleras entreguen el 100% de la producción a YPFB en Boca de Pozo sería la efectiva recuperación de los hidrocarburos por el Estado. Sin embargo, contradiciéndose, ese partido ratifica que bajo la figura de los nuevos contratos de producción compartida, el Estado “retribuirá al productor en especie”, con lo que la posesión real de los hidrocarburos sólo llegará hasta el Punto de Fiscalización.

MIP: Nacionalización sin indemnización

La propuesta del MIP es la de nacionalizar los recursos hidrocarburíferos sin indemnización alguna, planteamiento que parece responder a las demandas de los movimientos sociales en los conflictos recientes de este año.

Esta nacionalización es concebida por el MIP como “el efectivo dominio y control estratégico del Estado Originario” y realizada a través de la estatización de empresas privadas y la expulsión de las empresas extranjeras, tareas que serían asumidas por “un nuevo gobierno revolucionario”, a través de un decreto supremo.

Sin embargo, la propuesta del MIP no resuelve ni intenta aclarar la contradicción básica entre la constitución de un nuevo Estado Originario y la asunción de este partido por la vía electoral, que es el mecanismo por excelencia del actual sistema político para la constitución de un gobierno nacional.

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