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Área: Política >> Elecciones
Actualizado el 2005-12-09 a horas: 01:10:00

Las promesas del MAS, UN, y Podemos: Desarrollo y política económica; nacionalización de los hidrocarburos; tierra y territorio; empleo y seguridad social

El prestigioso Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) retoma la agenda de la gente forjada en la lucha callejera y la contrasta con las propuestas electorales del Movimiento Al Socialismo (MAS), Poder Democrático y Social (PODEMOS) y Unidad Nacional (UN).

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Luego de 20 años de hegemonía neoliberal, Bolivia se halla en medio de una crisis política, cuyas bases estructurales se encuentran en su atraso económico, una inserción a la economía mundial basada en productos primarios y un Estado que responde de manera funcional al ordenamiento económico capitalista en su fase concentradora del excedente económico en manos de las corporaciones transnacionales. En este sentido, cuando se habla de crisis política, se refiere a que las bases materiales e ideológicas –el neoliberalismo– que dieron sustento económico y legitimidad política a este ordenamiento se agotaron y ya no pueden ocultar sus contradicciones.

Lo anterior plantea la necesidad de reparar en que el agotamiento de la legitimidad no sólo se da por negligencia o falta de liderazgo de la clase dominante, sino por un proceso social de insurgencia de sectores populares de la sociedad boliviana, expresado en conflictos sociales en los que obreros, campesinos e indígenas se han movilizado en contra de un Estado excluyente y de las empresas transnacionales.

Fueron las luchas sociales, desde el año 2000, las que se han encargado de construir una agenda de transformación social respecto de temas centrales como el control sobre la propiedad y el uso del excedente generado por la explotación de recursos naturales como el gas, el (desigual) acceso a recursos productivos como la tierra, la privatización (mercantilización) de los servicios públicos, el cambio de las políticas neoliberales, la transformación del régimen político, entre otros.

Este proceso insurreccional, iniciado con la denominada “guerra del agua” en Cochabamba y las movilizaciones campesinas del año 2000, tuvo como hitos a la “guerra del gas” en octubre de 2003 y a las movilizaciones por la nacionalización del gas en mayo-junio de 2005. Ambos conflictos marcaron el fin anticipado de dos gobiernos y pusieron en evidencia la fragilidad política del Estado y su necesidad de reconstituir una nueva legitimidad que le permita continuar reafirmando su rol como “garante” de los intereses de clase de una burguesía primario exportadora fuertemente articulada al capital transnacional.

Frente a esta demanda de cambio, planteada fundamentalmente desde el occidente del país, las fracciones de clase de la burguesía primarioexportadora, encarnadas en los agroindustriales y el movimiento cívico cruceños, contrapusieron a lo planteado por los sectores populares una agenda pro autonómica, que rearticula sus intereses de clase bajo la retórica de la “profundización” de la descentralización, en torno a la cual se plantea conservar el control y el uso privado del excedente resultante de la explotación de recursos naturales como la tierra y el gas.

Este escenario –en el que se confrontan dos visiones opuestas de país– llevó a que desde el Estado se plantee la realización de elecciones generales y de prefectos para fines de 2005, la realización del referéndum sobre autonomías departamentales y de la Asamblea Constituyente para junio de 2006. Esta agenda logró frenar el conflicto social y camufló las contradicciones esenciales a las que está sometido un país capitalista atrasado como Bolivia, bajo el viejo ropaje de la democracia liberal representativa; es decir, nuevamente un mecanismo electoral reemplaza el debate genuino planteado por las organizaciones sociales por un debate preso del marketing electoral, que delegará al próximo gobierno electo –confusión y manipulación mediante– una supuesta agenda de transformación social.

El sentido del presente documento busca, precisamente, retomar la agenda de la gente y contrastarla con las propuestas electorales de los partidos políticos. Por razones estrictamente prácticas, este documento sólo analiza en su totalidad las propuestas electorales del Movimiento Al Socialismo (MAS), Poder Democrático y Social (PODEMOS) y Unidad Nacional (UN). Incluye además un análisis parcial en dos temáticas específicas de la propuesta del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP). Se acepta que esta mirada es parcial y poco inclusiva, pero el tránsito hacia las elecciones del próximo 18 de diciembre no ha estado exento de dificultades y tropiezos, lo cual ha afectado el mismo desarrollo de las campañas y la presentación de las propuestas por otros partidos políticos en carrera.

En muchas partes del análisis es preciso reconocer que se hace un énfasis mayor a la propuesta del MAS. Esto se debe fundamentalmente a dos aspectos: i) a que la expectativa de los sectores sociales que demandan transformaciones estructurales son mayores hacia lo que propone esta agrupación y ii) a que la propuesta del MAS intenta abordar la problemática del país desde una perspectiva más integral.

Los procesos políticos recientes traen consigo la necesidad de contextualizar el debate desde una mirada más amplia, una lectura crítica del país y su relación con la economía mundial, bajo la égida del capital transnacional que tiende a concentrar gran parte de la ganancia generada por países atrasados como Bolivia. Para comprender esta relación es que el documento plantea dos aproximaciones conceptuales –patrón de acumulación y reforma estatal– y despliega luego el análisis de las políticas macroeconómicas y sectoriales que proponen los partidos políticos.

Se considera que tanto el patrón de acumulación como la reforma estatal permiten abordar, de manera más precisa: i) la articulación “dominante” entre una economía fundamentalmente primario-exportadora y el capital transnacional; y ii) las tendencias de la reforma estatal, que no modifican la naturaleza de clase del Estado boliviano y más bien confirman una fuerte subordinación a los intereses de clase de fracciones de la burguesía local primario exportadora articulada con el capital transnacional.

Este abordaje brinda un marco interpretativo para una lectura crítica de las políticas económicas y el sentido que ellas tienen como acciones intencionales desde un Estado capitalista atrasado.

Para ello, se ha ordenado el análisis de las propuestas en torno a: i) la política macroeconómica y el financiamiento estatal, ii) la nacionalización de los hidrocarburos, iii) transformación productiva y empleo, y iv) problemática agraria y tenencia de la tierra.

Patrón de acumulación y reforma estatal

Entendemos como patrón de acumulación a “una modalidad de la acumulación capitalista históricamente dada” (Valenzuela 1990: 61); modalidad que está definida por los siguientes componentes: una relación de subordinación y de succión del excedente entre un sector de la economía capitalista dominante (sector succionador del excedente) y otros sectores económicos (capitalistas y no capitalistas) subordinados (sectores a los cuales se les succiona excedente). El segundo componente de un patrón de acumulación es la forma de inserción económica predominante de un país en la economía mundial; inserción que nuevamente se define a partir del sector de la economía local que de modo preponderante se articula con los polos dominantes de la economía mundial. Y, finalmente, un patrón de acumulación es “una forma históricamente delimitada de reproducción capitalista (…) una unidad específica entre formas específicas de acumulación, producción y realización de la plusvalía” (Valenzuela 1990: 65, énfasis nuestro).

Por ejemplo, cuando en un país determinado se caracteriza a un patrón como “primario-exportador”, se puede indicar que el polo dominante de la producción es el sector productor de materias primas; es decir, el que subordina a los demás sectores y formas de producción (capitalistas y no capitalistas) a su lógica de acumulación. Pero además, a esta caracterización se añade “exportador”, pues la caracterización de patrón de acumulación no solamente alude al polo dominante donde se produce y acumula lo esencial de la plusvalía, sino también al lugar de la realización de dicha plusvalía: en el caso de un patrón primario-exportador el lugar de la realización está fuera del país, es el mercado mundial.

Como puede verse en el ejemplo anterior, el polo o sector económico dominante hacia adentro y el patrón de inserción dominante hacia fuera definen una forma históricamente delimitada de reproducción capitalista; es decir, una determinada relación entre la producción, realización y acumulación de la plusvalía. Así es como los distintos componentes de un patrón de acumulación constituyen una unidad, es decir, una modalidad específica de acumulación capitalista.

La propuesta de un “nuevo patrón de desarrollo” del MAS

Entre las propuestas electorales, la del Movimiento Al Socialismo (MAS) es la única que propone cambiar el “patrón de desarrollo” que se sustenta en el “modelo primario-exportador”, generando una matriz productiva con base en la industrialización de los recursos naturales.

La propuesta promueve el inicio de una “nueva era estatal” en la que el Estado – “protagonista central del desarrollo nacional”– recupere el control de todo el ciclo de la producción y comercialización de los hidrocarburos, así como la soberanía sobre el excedente económico, generando ahorro e inversión, empleo estable e ingresos y producción destinada al mercado interno y externo. Además, explica, que sólo con trabajos estables puede fortalecerse la demanda interna: en este sentido, la propuesta del MAS plantea la abolición del artículo 55 sobre la “libre contratación” de la fuerza de trabajo del D.S. 21060. Desde esta perspectiva, la base del “nuevo patrón de desarrollo” es interna, “es decir con una visión endógena” (p.17).

Los sujetos de este programa de cambio son los pequeños productores, la empresa privada nacional y extranjera, cuya convivencia sería posibilitada por un Estado solidario, fuerte y productivo. En este sentido, el MAS propone “dejar de concebir” las relaciones entre empresarios privados nacionales y extranjeros como antagónicas y excluyentes y concebirlas más bien como complementarias y equitativas (p.17).

Lo ilusorio del planteamiento consiste en concebir la posibilidad de la coexistencia entre las empresas transnacionales, las empresas nativas y los pequeños productores, purgada de contradicciones. En los hechos, las relaciones “antagónicas y excluyentes” no son el resultado de una “concepción”, sino de una lacerante realidad material y objetiva: mientras que localmente predominan procesos de explotación del trabajo del pequeño productor por la “empresa nacional”; a un nivel más general, prima la ley de la acumulación capitalista: los procesos de concentración y centralización del capital que, como tendencia general, conducen a la formación de los grandes monopolios y a la asfixia de la pequeña y la mediana producción. Se trata más bien de relaciones profundamente antagónicas, atravesadas por relaciones de dominación y de subordinación.

Lo ideológico de la propuesta del MAS consiste precisamente en disfrazar como “equitativas” y “complementarias” un conjunto de relaciones que, dentro de la lógica de la acumulación de capital, se sustentan en la expoliación del trabajo del productor directo –artesanos, trabajadores a domicilio, campesinos, “microempresarios”– y en la exacción del excedente económico de los sectores económicos subordinados por el capital transnacional.

Un nuevo Estado “solidario” parecería ser el agente llamado a reestablecer el “equilibrio”, posibilitando el intercambio “equitativo” entre los distintos sectores, además, que un “Estado fuerte” contrarrestaría la exacción del excedente por parte de las empresas transnacionales. Ahora bien, el carácter “redistributivo” del Estado capitalista, así como su fortaleza y solvencia económica dependen de su capacidad para acumular el excedente.

¿Cuáles son las posibilidades para que el Estado se apropie del excedente cuando son las empresas petroleras transnacionales quienes controlan el flujo mundial de la circulación y la realización de las mercancías, en este caso de los hidrocarburos? Las limitaciones del planteamiento de acumular capital por la vía de la industrialización de los hidrocarburos, cuyo mercado principal es el mundial, estriban en que precisamente el mercado mundial es el escenario de la realización de las mercancías del capital monopolista, que controla las fuentes principales de producción de los hidrocarburos, los destinos principales de la venta de estas mercancías y, en esta medida, el proceso de la formación de los precios.

Ello evidencia justamente el carácter demagógico del planteamiento de “recuperar la soberanía sobre el excedente” y de la “autonomía en la formulación de políticas del Estado”, cuando lo evidente es que dicha “soberanía” no existe si no se rompe con la economía política de las empresas trasnacionales. Una de las debilidades del programa del MAS es justamente abstraerse de los límites que las relaciones de dominio internacional establecen sobre la economía boliviana. El planteamiento de industrializar la producción de los recursos naturales con el protagonismo de las empresas transnacionales, y los ejemplos que proporciona el programa del MAS al respecto, permiten evidenciar la defección política de su planteamiento, es decir, la naturaleza no nacionalizadora de su propuesta: al respecto, el caso chileno tiene un carácter paradigmático, que no obstante ser un importador neto del gas argentino, según indica el programa del MAS, “sea el mayor exportador de Metanol del mundo, a través de la planta de la canadiense Methanex ubicada en Punta Arenas” (28).

El hecho de que las empresas transnacionales industrialicen los hidrocarburos dentro del territorio nacional no cambia la relación de enajenación de los recursos, ni la naturaleza de economía primarioexportadora. Hoy en día las transnacionales producen dentro del territorio boliviano gasolina especial para motores, gasolina tipo premium para automotores, lubricantes para transmisión, aceites pesados, grasas lubricantes, entre otros productos industriales. El problema no es geográfico, sino de las relaciones económicas de exacción del excedente que se establecen entre las empresas transnacionales y la economía boliviana. Dentro de esta perspectiva, el hecho de que se formen polos industriales controlados por las empresas transnacionales dentro del territorio nacional, no modifica el patrón de acumulación primario-exportador.

Vale lo mismo que las empresas transnacionales operen en sus casas matrices en el exterior, o que lo hagan dentro de las fronteras bolivianas, la relación de expoliación no cambia substancialmente: seguimos siendo proveedores de materias primas baratas, cuya posterior transformación en productos industriales es en beneficio de los consorcios extranjeros.

Ahora bien, esta relación de exacción acontece inclusive aunque sea el Estado capitalista el que controle toda la cadena de la producción de materias primas, pues el control sobre los flujos comerciales y de la provisión de materias primas en el mundo, no corresponde a Estados ni economías de capitalismo atrasado. Es decir, por más que el Estado capitalista asuma de modo predominante el control de la producción de los recursos naturales, no tiene la capacidad de “ejercer el control soberano sobre el excedente”. Ello limita las posibilidades de la acumulación del capital, de generar ahorro e inversión, y, consecuentemente, de industrializar el país. La experiencia del capitalismo de Estado que se inauguró después de la revolución del 52 en Bolivia, la venta del estaño a precios irrisorios, supuso la transferencia del excedente al exterior, esto aún cuando el Estado no controlaba solamente el 51% de la propiedad sobre los recursos naturales, sino el 100%.

El remanente del excedente acumulado por el Estado capitalista, acorde a su naturaleza de clase, no industrializó el país, sino que fortaleció a una burguesía primarioexportadora, que se concentró en la agroindustria cruceña y en la minería mediana, ambas con intereses unidos al capital transnacional. Esta experiencia indica que el capital no se orienta por consideraciones altruistas (la solidaridad, la equidad), sino que emigra allí donde va a obtener ganancias: en Bolivia el capital se ha orientado históricamente de modo predominante hacia el sector primario-exportador; es decir, allí donde ha existido demanda para la realización de las mercancías producidas en Bolivia. Dado el reducido mercado interno, las expectativas de obtener ganancias a partir de la inversión en el sector industrial son igualmente reducidas. La inversión del capital se orienta allí donde éste puede valorizarse. El raquitismo del sector industrial no es producto de la “mentalidad señorial” y “preburguesa” de sus clases dominantes; muy por el contrario, la vocación básicamente comercial de los estratos superiores de la clase dominante es más bien un producto de las posibilidades de la acumulación y realización de la plusvalía en una formación social de capitalismo atrasado como la boliviana. La burguesía local no invierte su capital por patriotismo. Trabajos como los de Villegas y Aguirre (1988) o los de Grebe (1983) muestran que la burguesía puede inclusive preferir despilfarrar el excedente y no buscar reinvertirlo, cuando las perspectivas de valorizar el capital son limitadas.

Por tanto, concebir que a partir de políticas deliberadas desde el Estado se transformará el patrón de acumulación, sin tomar en cuenta las limitantes impuestas por las condicionantes estructurales internacionales (capital monopolista) y locales (el reducido mercado interno, el peso del precapitalismo, el atraso), es puro voluntarismo. No existe ni agente económico, ni estrato social que en Bolivia esté económicamente interesado en impulsar un proceso de industrialización capitalista. Desde esta perspectiva, el planteamiento del MAS es económicamente inviable: no es posible cambiar el patrón de acumulación; es decir, cambiar el lugar dentro del patrón de acumulación imperial que asigna el rol de exportadores de materias primas en el mundo, sin cambiar la naturaleza de la misma dominación imperial que se ejerce en el país.

El planteamiento de cambiar el “patrón de desarrollo” a partir de la equitativa y complementaria articulación entre las empresas transnacionales, las empresas nacionales y la pequeña producción, es en consecuencia utópica; una negación de las leyes de la economía mundial, fundamentalmente de la ley del desarrollo desigual del capitalismo, de los procesos de concentración y centralización del capital, que de modo tendencial concentra la riqueza en cada vez más pequeños polos capitalistas (monopolios) y generaliza la miseria, profundizando la explotación del trabajador y acrecentando los antagonismos sociales.

En el caso de las propuestas de UN y PODEMOS, la discusión sobre el cambio de patrón de acumulación está ausente. Su discurso se centra en el cambio del modelo económico vigente en los últimos veinte años. En consecuencia, las dos agrupaciones políticas asumen que dentro del patrón de acumulación actual se pueden superar las actuales condiciones sociales de la mayoría de la sociedad boliviana. En adelante, se abundará en el análisis de las propuestas sobre reforma estatal y las políticas públicas.

Las reformas neoliberales “de segunda generación” fueron planteadas por sus gestores como la creación de una “nueva institucionalidad” del Estado, para “atraer el capital extranjero” y “garantizar la seguridad jurídica de las inversiones”, bajo el supuesto de que la “capitalización” generaría mayores ingresos para el Estado, “promovería el crecimiento económico” y “generaría más empleo”. El planteamiento ideológico central fue que el Estado se retiraba del terreno de la producción, para dejar al “sector privado” el protagonismo económico. En este sentido, el “nuevo rol del Estado” pasaba a ser el de “regulador”, bajo el presupuesto de la “neutralidad del Estado” con relación a los “inversores privados nacionales y extranjeros”. La expresión institucional paradigmática de esta concepción fue la creación del Sistema de Regulación Sectorial (las Superintendencias Generales y Sectoriales), acompañadas de un cuerpo jurídico que incentivaba el ingreso del capital transnacional.

A diferencia del pensamiento liberal, para una análisis más objetivo el Estado capitalista no es un órgano neutral. El Estado tiene un carácter de clase, pues se halla estructuralmente relacionado a la acumulación de capital (Borón 1990), realidad cuyos indicadores se pueden identificar a partir de los efectos que tienen las decisiones estatales en las relaciones sociales de producción, en el aparato estatal y en el sistema ideológico (Therborn 1978, citado en Borón 1990).

En Bolivia, el principio liberal de la “neutralidad del Estado” mistificó el carácter real de las reformas neoliberales de esta institución, que se orientaron a garantizar las nuevas condiciones de valorización del capital transnacional. Mientras que la ideología de la globalización plantea la expansión de “los flujos financieros y de capital” fuera de los marcos del Estado, anunciando el “ocaso de los Estados nacionales” (concepción compatible con la idea neoliberal sobre el “retiro del Estado del terreno de la producción”), en realidad los intereses del capital transnacional se han internalizado en una diversidad de Estados nacionales en el mundo, reestructurando los Estados locales en función de las necesidades de valorización del capital transnacional. Así, el proceso de expansión del capital transnacional en el mundo, bajo el dominio del capital norteamericano, se desarrolla a través de una diversidad de Estados locales (Poulantzas, citado en Bieler y Morton 2003: 467).

En el caso boliviano, el cambio de política económica y el inicio de las reformas neoliberales del Estado coinciden con el ascenso y la consolidación de una alianza de estratos de clase en el poder del Estado (burguesía primario-exportadora). Las reformas estatales deben entenderse, por tanto, como la reestructuración del Estado en función de los intereses de estos nuevos estratos de clase en el poder del Estado, articulado en condición de subordinación al capital transnacional.

Ello permite afirmar que las reformas neoliberales del Estado se asentaron en una alianza de estratos de clase transnacional y local, cuyos intereses permiten explicar el sentido y la orientación de tales reformas. En el caso de la agrupación PODEMOS, el planteamiento de reforma estatal se caracteriza por una constitución más liberal en los ámbitos de sistema político como económico y social. El régimen económico y financiero propuesto se sustenta en el principio de la libre competencia, la iniciativa privada y la libertad de empresa. El Estado deberá estimular y proteger el desarrollo de estas iniciativas y su inserción al mercado internacional. En contraprestación, las empresas deberán generar empleo. En salud y educación, esta agrupación elimina la obligatoriedad del Estado para asegurar el acceso gratuito a la salud y la educación, reduciendo la gratuidad y, en ese sentido, el ejercicio del derecho a las prestaciones básicas de salud.

Política económica y financiamiento estatal

¿A quién beneficia la estabilidad?

La política económica neoliberal no se puede comprender sólo desde el análisis de los agregados macroeconómicos. Ésta debe entenderse a partir de sus efectos en el proceso de reproducción del capital; es decir, en el encadenamiento entre los procesos de concentración de la propiedad y renta de los recursos naturales y productivos de sectores articulados a la economía mundial en empresas transnacionales y la dinámica de transferencias del excedente vía utilidades, pago de la deuda externa y apertura irrestricta a las importaciones.

Es por eso que los equilibrios macroeconómicos se entienden en su finalidad mayor que es el funcionamiento de la economía y la subordinación de las políticas económicas a la estabilidad de precios; estabilidad que en lo substancial se asentó en la caída del salario real y en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, durante casi dos décadas de reformas estructurales, que se asentaron en tres aspectos esenciales: i) la “liberalización” de los mercados, ii) la apertura de la economía, y iii) la reforma del Estado. (Aguirre et al: 1992).

La dinámica se inició con la estabilización de precios mediante la política monetaria que contrajo la oferta monetaria interna con el objetivo de abatir la hiperinflación. Paralelamente, la reducción de la cantidad de dinero en el mercado aumentó la tasa de interés, lo cual permitió un incremento de las ganancias apropiadas por el capital financiero y desincentivó la inversión del capital en la producción y el comercio. La política monetaria restrictiva tuvo como efecto adicional la disminución de la capacidad de compra de los hogares y la destrucción del mercado interno; lo anterior es un complemento dialéctico del abatimiento de los salarios y de la destrucción de fuerzas productivas (despido de trabajadores, cierre de centros de producción, etc.).

La flexibilización laboral se tradujo en el congelamiento de los salarios y en la negociación salarial de modo directo entre patrones y trabajadores, sin intervención del Estado. La nueva correlación de fuerzas, favorable al capital, posibilitó la depresión del salario y la explotación del trabajo por debajo del valor necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, empujando al trabajador y su familia a buscar modos alternativos que les permitieran reponer el ingreso familiar.

La política fiscal restrictiva, a la vez que liberó de impuestos al capital, gravó el consumo, lo cual derivó a su vez en la disminución de la demanda interna. Las empresas transferidas al capital extranjero fueron liberadas de los impuestos que generaban ingresos al Tesoro General de la Nación (TGN). En los hechos, la política fiscal disminuyó el volumen del excedente captado por el Estado, en beneficio de la apropiación de mayores utilidades en manos del capital transnacional.

La disminución de aranceles a las importaciones de bienes de capital favoreció de manera directa a las empresas transnacionales, caracterizadas por la elevada composición orgánica de su capital. La política cambiaria estuvo dirigida expresamente a favorecer las exportaciones, obteniendo un “tipo de cambio real competitivo”, manipulando el tipo de cambio nominal. La caída del poder adquisitivo del Boliviano, una consecuencia directa de esta política cambiaria, derivó nuevamente en la reducción de la demanda interna, expresada en el encarecimiento de varios bienes y servicios “dolarizados” de la canasta familiar.

En síntesis, la política económica neoliberal favoreció las condiciones de acumulación del capital transnacional y de los sectores primario-exportadores, a costa de la sobreexplotación de los trabajadores, la destrucción del mercado interno (destrucción de fuerzas productivas, desindustrialización) y la enajenación de las condiciones de producción (agua, gas, bosques, biodiversidad, etc.) a manos de consorcios extranjeros.

A partir de estas consideraciones sobre lo que supusieron las políticas económicas de orden neoliberal, y cuya eliminación o transformación ha sido demandada por la mayoría de los sectores sociales, se confrontan las propuestas electorales en el orden de las políticas económicas.

El planteamiento del MAS está dirigido a preservar el equilibrio macroeconómico a través de una política monetaria, implementada por el Banco Central de Bolivia, que buscará la estabilidad de los precios y, al mismo tiempo, contraerá la cantidad de dinero en la economía, lo que supondrá que los intereses seguirán manteniéndose altos. Esta política, a su vez, afectará a la contracción del mercado interno que, durante los últimos años, se expresó en la reducción del crecimiento del consumo de los hogares con relación al Producto Bruto Interno (PIB). En resumidas cuentas, la aceptación acrítica de los equilibrios macroeconómicos por parte del MAS, permitirá reproducir la misma dinámica de los últimos 20 años, cuyas consecuencias ya se las ha retratado en párrafos anteriores.

La política fiscal continuará siendo restrictiva y buscará lograr un reducido déficit a costa de la disminución del gasto y la inversión antes que incrementar los ingresos. Éstos, como se explica más ampliamente en el capítulo siguiente, continuarán con una estructura regresiva, profundizándola con la implementación de un impuesto a los ingresos de las personas.

Finalmente, el MAS sostiene que la política cambiaria mantendrá las mismas características; es decir, que estará abocada a favorecer las exportaciones mediante la manipulación de un tipo de cambio competitivo.

El programa de PODEMOS expresa muy poco sus planteamientos respecto de la política económica, ya que asume implícitamente que el “modelo” es el correcto y que lo que falló fue el ritmo y la secuencia de las reformas y la instrumentación de la política económica.

PODEMOS propone la continuidad de las políticas macroeconómicas y hace énfasis en políticas dirigidas a reformas microeconómicas, buscando mayor productividad y competitividad de la economía nacional.

De manera similar, el programa de UN también sustenta su propuesta en una aceptación implícita de la actual política macroeconómica. Sobre esa estructura, se reproduce otra vez la orientación microeconómica, fomentada por las políticas neoliberales, al plantear la creación de empresas populares, que mediante la formulación de la Ley Económica de Inclusión, el Estado transferirá recursos para su fomento y creación.

Política fiscal: ¿Cómo se repartirá la torta?

Como se explicó anteriormente, la orientación de las políticas económicas neoliberales ha sido la de favorecer al proceso de acumulación de capital –en contra de los intereses de los trabajadores– definiendo un rol activo del Estado para facilitar la expansión del capital transnacional en sectores estratégicos. La política fiscal no podía escapar a este imperativo. Gobiernos sucesivos se esmeraron en favorecer la acumulación capitalista, inicialmente con un cambio en la política tributaria y luego con las privatizaciones. Se aplicaron sucesivas reformas al sistema de impuestos con el objetivo de incrementar la presión tributaria.

La presión tributaria a los consumidores ha aumentado desde 7,2% en el inicio de las políticas de ajuste hasta más de 13% en los últimos años. La trayectoria seguida por este indicador está relacionada estrechamente con los cambios discrecionales en las alícuotas de los distintos impuestos y con la introducción o cambio de algunos de ellos. El aspecto más importante de la dinámica tributaria es la orientación hacia la preeminencia de los impuestos indirectos – que gravan el consumo– en lugar de los impuestos que gravan las rentas de las personas y de las empresas. Este viraje modificó completamente la estructura impositiva del país. El promedio de recaudación de impuestos pagados por consumidores entre 1990 y 2006(1) alcanza al 77% del total; el restante proviene de impuestos a las empresas. Como se indicó en el acápite anterior, la política fiscal se orientó a aumentar la apropiación privada del excedente en manos del capital fundamentalmente transnacional, incrementando la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

Este proceso de explotación indirecta del trabajo se evidencia en el incremento de los niveles de recaudación. Entre 1990 y 2000, los impuestos indirectos representaban el 84% de las recaudaciones.

Recientemente, la orientación regresiva de la política fiscal fue contrarrestada por el cambio en la correlación de fuerzas de clase en las luchas por la defensa de los hidrocarburos (contra las empresas transnacionales) y sus efectos en la nueva Ley de Hidrocarburos; para el año 2006, este proceso permitirá disminuir el peso de las recaudaciones resultantes de los impuestos indirectos hasta el 66%, e incorporará el incremento resultante de la recaudación por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Lo anterior ampliará, de alguna manera, el excedente que es redistribuido por el Estado.

Como puede evidenciarse, dar un giro a esta política impositiva significa afectar el excedente del cual se apropia la clase dominante, acción ajena a las perspectivas de los gobiernos oligárquicos constituidos desde 1985. Medidas como el Impuesto al Patrimonio Neto, denominado también impuesto a la riqueza y, recientemente, la modificación en la alícuota del IEHD para el diesel, fueron medidas resistidas principalmente por el sector empresarial.

El primer impuesto jamás llegaría a ser aplicado, mientras que el segundo tuvo dos modificaciones que disminuyeron sus efectos sobre la ganancia de las empresas.

Recientemente, la gestión del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en términos relativos, ha reflejado un cambio en la estructura del sistema tributario. Empero, a pesar de que este impuesto incrementó extraordinariamente los recursos financieros del Estado, las propuestas de los tres partidos políticos analizados pretenden mantener la orientación del actual régimen tributario, haciendo énfasis en incrementar los ingresos tributarios buscando mayor eficiencia de los impuestos vigentes (IVA, IT, ICE, IEHD), los cuales gravan el consumo de los hogares. Desde esta perspectiva, la orientación de la política fiscal de corte neoliberal no se modifica y continúa con la exacción del excedente generado por los trabajadores, en vez de recaudarlo de la renta capitalista.

Lo llamativo en la propuesta de PODEMOS es que busca cambiar la actual Ley de Hidrocarburos, señalando que se requiere “asegurar” el 50% de los ingresos por la explotación de los hidrocarburos en el país. Esta agrupación afirma que los campos grandes permiten cobrar incluso más del 50%, pero los campos pequeños requerirán de una tasa menor para seguir produciendo. Este planteamiento, de acuerdo con el análisis, aludiría a la inexistente reglamentación del artículo 64 de la Ley 3058 (2), que se refiere a la creación de un premio para los campos marginales y pequeños según el nivel de producción y la calidad de hidrocarburos.

Sin embargo, la diferenciación de campos supondría un menor nivel de ingresos por la actividad Hidrocarburífera (3); por lo menos, eso expresaría porqué PODEMOS estima los mismos en sólo 400 millones de dólares anuales(4), que se incrementarían en la medida en que consigan más mercados y se logren mayores inversiones. No obstante, estas estimaciones se contradicen con el proyecto de PGN para la gestión 2006, el cual estima recibir 708 millones de dólares por concepto de IDH y regalías (32% por IDH y 18% por regalías, ambos sobre el valor bruto de producción de hidrocarburos). En otras palabras, a través de la reforma planteada por PODEMOS se beneficiaría a las empresas transnacionales que producen en los campos pequeños.

Por el contrario, el MAS plantea mantener la actual Ley Nº 3058. En su política de recursos públicos, el MAS plantea dos escenarios: primero, pretende estructurar un nuevo sistema tributario (política fiscal), aplicando el principio de progresividad, en el que propone la incorporación de un impuesto al ingreso de las personas. La propuesta no abunda en la explicación de las reglas de este impuesto (objeto y sujeto del impuesto, nacimiento del hecho imponible, alícuota, exenciones, etc.). La experiencia reciente sobre la creación del impuesto al ingreso de las personas, de febrero de 2003, muestra que el universo que sirvió de base para la estimación de este impuesto fue el sector de asalariados formales (listas de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones) que alcanzaba al 12% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Este impuesto afectaba a los salarios desde el monto de Bs. 880 adelante. En este sentido, proponer este impuesto supone caer nuevamente en la tendencia de gravar el trabajo, rehuyendo afectar la apropiación de la plusvalía. Paradójicamente, en contraposición al principio de progresividad que se propone en el documento, el MAS reconoce que “las mayores posibilidades para aumentar los recursos radican en el control de la evasión y la elusión, así como en la lucha decidida contra la corrupción”. Con todo, su segunda alternativa se dirige a mantener la estructura del sistema tributario vigente, que expolia al trabajador y favorece a la empresa privada.

En resumen, UN y PODEMOS no tienen la intención de cambiar el carácter regresivo del sistema tributario. Por su lado, el MAS pretende introducir un impuesto a los ingresos, pero que es desestimado por el aporte que proporcionaría al erario nacional; al final, todos convergen en desarrollar acciones dirigidas a solucionar la evasión y la elusión (presión fiscal).

Finalmente, además de mantener un sistema tributario regresivo, las propuestas de UN y PODEMOS introducen el riesgo de disminuir los ingresos por el IDH debido a la intención de diferenciar este tributo según grandes y pequeños pozos hidrocarburíferos.

Esto podría considerarse como una señal frente a las “recomendaciones” expresadas en la sexta revisión del Stand By Arrangement del Fondo Monetario Internacional (FMI) y frente a la demanda de las transnacionales. Por tanto, los perdedores siguen siendo los trabajadores, con cuyo trabajo se continúa sosteniendo a un Estado capitalista que mantiene un sistema tributario regresivo, y privilegia la actividad empresarial. La exención de impuestos, la liberalización arancelaria y los programas transitorios, como el perdonazo, son otras tantas medidas por las que el Estado favorece la acumulación capitalista.

Deuda externa: dependencia económica y exacción de recursos estatales

En la estructura de financiamiento del Estado, se puede identificar dos rubros que se han constituido en los mecanismos por los que los organismos internacionales han incidido sobre la política económica del país; es decir, los desembolsos por deuda externa y las donaciones. Si bien éstas últimas suponen recursos sin contraprestación, debemos considerar que se acceden en general a estos recursos previas gestiones con el FMI y Banco Mundial (BM)(5).

En los últimos seis años, estas dos fuentes representan en promedio el 21 por ciento de los ingresos del Estado, importancia que se explica por los efectos que tuvieron las reformas desarrolladas en poco más de 20 años, obligando al Estado a recurrir a estas fuentes para reducir y cubrir la actual brecha entre los ingresos y gastos. Es decir, el proceso de reproducción de la deuda externa, tiene como origen las reformas estructurales emprendidas fundamentalmente en la década de los noventa. No está demás indicar que la deuda externa fue el mecanismo principal por medio del cual el Estado boliviano, dependiente de los créditos del capital financiero, fue reorientado en función de las necesidades de valorización del capital transnacional.

Frente al problema de la deuda externa, hay dos elementos que deben ser diferenciados: primero, el peso que significa en las finanzas públicas, y segundo, las condicionalidades que la acompañan, que no son otras que las políticas públicas dirigidas a profundizar la penetración de los consorcios extranjeros en Bolivia. Los partidos políticos abordan esta problemática fundamentalmente desde el campo económico, coincidiendo, implícitamente, que es uno de los factores de inflexibilidad del gasto público.

Sin embargo, los partidos asumen la condonación como una posibilidad en el corto plazo. En el caso de PODEMOS, el endeudamiento es incluso considerado como una de sus principales fuentes de financiamiento. Además de ocultar la lógica perversa de dominio de la cual forma parte el mecanismo de la deuda, en su conjunto las propuestas electorales disimulan algunos elementos que reducen el impacto “positivo” de la condonación y mantienen la incertidumbre en su desarrollo. Entre algunos elementos, están los siguientes: (i) En las condiciones actuales de la condonación del G8, el impacto sobre el servicio de deuda externa es reducido. De los 277 millones de dólares cancelados el 2004, únicamente 44 millones de dólares corresponden al servicio de deuda con el BM y el FMI, es decir el 16% del servicio total. Por tanto, en estas condiciones el monto liberado del servicio de deuda externa no significaría una fuente real de financiamiento público. Así, los partidos políticos, con distintos énfasis, proponen la condonación total de la deuda externa. En el caso de PODEMOS, garantiza que (…) los bancos regionales participen de esta iniciativa de condonación de la deuda (…), es por ello que consideran a la condonación como una de sus principales fuentes de financiamiento. En el caso del MAS, es más cauto, pero no desecha gestiones para la incorporación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF). (ii) La iniciativa también significará mayor presión fiscal, porque estará acompañada por una reducción de dólar por dólar en flujos brutos de asistencia (6); esto significa que por cada dólar que condone el organismo, éste se deduce de los flujos de asistencia programados para el país. En los hechos, esto representaría una reducción de los recursos de asistencia que proporcionaría la

AIF y el FMI. A modo de ejemplo, los 179 millones de dólares recibidos el 2004, bajo la lógica propuesta en la condonación, no habrían ingresado al país, lo que obligaría al Estado implementar medidas fiscales que logren cubrir este hueco financiero.

(iii) Por otro lado, debemos recordar que, en esencia, el BM y el FMI son instituciones bancarias que otorgan créditos en condiciones “concesionales”; por tanto, la condonación significaría afectar la cartera de estos bancos (7). Este es uno de los principales puntos de controversia dentro de la iniciativa y que otorga a la misma cierta incertidumbre, pues significa identificar los mecanismos de reposición del monto condonado, ¿cómo?, ¿quiénes?, ¿en qué tiempo?. (iv) Estimaciones del BM sostienen que el efecto de la medida recaería principalmente en la Asociación Internacional de Fomento (AIF), casi el 75% del costo. Sin embargo, el costo variaría según los acuerdos que asumen los organismos internacionales respecto a la fecha de corte de la iniciativa, a la fecha de implementación –preliminarmente se está manejando el 31 de diciembre de 2005 como la fecha de corte, y el 1 de julio de 2006 como la fecha de implementación–, y a la cobertura elegible del crédito, éste último determinaría si la condonación es menor o igual al 100%.

Pero además, no debemos perder de vista dos aspectos: primero, la condonación de la deuda externa es una demanda histórica de los trabajadores. Por tanto, no es extraño que los partidos políticos la asuman como una de sus medidas centrales para atenuar el grado de inflexibilidad del gasto público; segundo, en junio de 2005, los ministros de Hacienda del G8 acuerdan un nuevo alivio de deuda externa, acuerdo que es ratificado en julio por los jefes del G8 en la cumbre de Gleneagles, remarcando que el objetivo principal es proporcionar alivio adicional a los países HIPC para alcanzar las metas del milenio. Por tanto, es demagógico asumir la condonación como una propuesta de gobierno.

El proceso de condonación de la deuda externa debe ser analizado de forma más integral, como el resultado de una estructura económica, social y fiscal en crisis, pero además, como parte de una estructura de dominación transnacional sobre el Estado boliviano. Si bien recibimos reducciones de deuda, los factores de reforma que acompañan estos procesos generan en la economía otros problemas que mantienen o agudizan la situación fiscal. Frente a ello, el país no tiene otra alternativa que seguir recurriendo a nuevos préstamos, reproduciendo un círculo perverso de contratación de deuda, que sólo tendría solución si los países acreedores y los organismos internacionales renunciasen a las condicionalidades. Sólo entonces Bolivia podrá realizar una transformación de sus políticas económicas sustentadas en la libre determinación y en un mayor control de los excedentes de la explotación de sus recursos estratégicos.

Por otro lado, el programa de PODEMOS menciona como otra fuente de financiamiento, los recursos de la Cuenta del Desafío del Milenio (CDM), que es un instrumento de injerencia económica promovida por el gobierno norteamericano, que oculta políticas similares a las promovidas por organismos como el BM y el FMI. Dentro de la apertura comercial promovida por el gobierno norteamericano, el control de la inflación y el manejo de la política fiscal, son elementos que permitirían determinar si un país cumple con los requisitos para acceder a los recursos del CDM. Según estimaciones de PODEMOS, se prevén 80 millones de dólares anuales para el Estado. Al igual que la deuda externa, debe realizarse un análisis sobre el tipo de condicionalidades que acompañan estos recursos; es decir, hacer un balance de costo beneficio sobre este plan.

En resumen, todas las propuestas se desenvuelven en el marco de los límites del Estado capitalista, donde la política económica cumple con el papel de garante de las condiciones generales de la producción capitalista y de la realización de la plusvalía. Pero además, varias de las propuestas no van más allá de la política económica neoliberal y de las relaciones de dominación imperial sobre el país: no existen cambios en los componentes de la política fiscal (8).

Por un lado, el sistema tributario en esencia sigue siendo regresivo, donde la población, a través de su consumo, sostiene las políticas públicas, y además funciona como incentivo para determinados sectores empresariales. Por otro lado, la crisis fiscal, económica, social y política proporciona los justificativos y condiciones para la reproducción de la lógica de penetración de los consorcios extranjeros en el territorio nacional.

1 Se utiliza el Presupuesto General de la Nación programado para el año 2006, como una ilustración de una tendencia que continuará el siguiente año.

2 ARTICULO 64.- (Incentivo a la Producción de Hidrocarburos de Campos Marginales y Pequeños).

3 Según un documento oficial citado por el semanario Energy Press (Nº 248), de los 29 campos que producen gas natural, 27 no estarían en condiciones de pagar el IDH, por tanto se beneficiarían del premio establecido en el artículo 64 de la Ley 3058.

4 Lamentablemente en el programa de PODEMOS no se explicita el origen de los $us 400 millones, dejando al lector la interpretación libre sobre este monto.

5 A modo de ejemplo, podemos mencionar el Grupo Consultivo de París. En este espacio, el gobierno accede a nuevos recursos previa presentación de una estrategia, antes la EBRP y últimamente el programa de gobierno vigente, pero además demostrando que se ha cumplido con las medidas “sugeridas” por el FMI y el BM y previa firma de los mecanismos que utilizan estos organismos (Stand By, PRGF, CAS, etc.).

6 Implicancias del Acuerdo Sobre Deuda del G7, Documento ONG EURODAD, 14 de junio de 2005.

7 Para la AIF el costo estimado sería de $us 42.500 millones, es decir es el servicio de deuda acumulado que la AIF dejará de percibir de los 38 PPME, lo que significa la cancelación de aproximadamente el 27% de los activos de la AIF, si sumamos la actual iniciativa para los PPME, se cancelaría hasta el 46% de los activos de la AIF (ver Nota Sobre la Propuesta del G8 Relativa al Alivio de la Deuda).

8 Si sumamos los ingresos recibidos por deuda externa, donaciones e impuestos, en promedio entre 2000 y 2006 éstos representan el 67 por ciento de los ingresos públicos. En la gestión 2006 la proporción sería del 72 por ciento.

Nacionalización de los hidrocarburos: La estrategia de la ilusión

El ingreso de la economía mundial en una fase de declinación de reservas petroleras, elevación de la demanda e incremento de precios de las materias primas, convierte a los hidrocarburos en un preciado botín que justifica el uso de cualquier medio para obtenerlo. Aquí radica la importancia de la nacionalización, que significa el control soberano por el Estado de esa riqueza natural para aprovechar los beneficios de su explotación.

Para comprender la magnitud de las implicaciones de la nacionalización y contrastarla con las propuestas electorales analizadas, se señalan algunas características esenciales de la economía de los hidrocarburos. A diferencia de otras ramas, en las industrias extractivas el aprovechamiento de condiciones excepcionales presentes en la naturaleza –como la existencia de yacimientos minerales o hidrocarburíferos– permite la obtención de ganancias extraordinarias superiores a la ganancia media que logran los capitales invertidos en otras ramas, la misma que refleja la media de su productividad social. La condición necesaria para el disfrute de esa situación extraordinaria es la conversión de la propiedad de la tierra (y sus recursos) en monopolio, motivo que genera, entre otros, los violentos procesos de apropiación y ocupación de los territorios nacionales por parte de los Estados industrializados a favor de sus inversionistas.

De manera concreta, la ganancia extraordinaria se obtiene mediante la fijación de un precio de venta monopólico por el grupo o asociación de capitalistas bajo las formas de cártel, trust, etc. Ese precio artificial, que no responde a los costos de producción, “permite al participante que trabaja con la productividad más baja realizar la tasa media de ganancia. La diferencia entre el precio de producción de los demás participantes del cártel y el precio de venta del participante más desfavorecido, representa la renta del cártel” (Mandel 1971). Esta renta constituye, precisamente, la parte que disputan las empresas extranjeras concesionarias y el Estado en los países productores en forma de regalías. El monopolio implica la exclusión de toda competencia y la posibilidad de determinar las condiciones de producción y venta más favorables para la obtención de dicha ganancia extraordinaria o “renta”. Más aún, constituye la forma contemporánea en que el capital ejerce su dominio sobre los países donde se ubican las fuentes de recursos naturales, abarcando no sólo la esfera económica, sino sometiendo la propia política estatal, mediante la subordinación de las clases dominantes locales.

En la industria petrolera, el cártel mundial permitió a un número reducido de empresas (“Las siete Grandes”) controlar el mercado mundial durante gran parte del siglo XX. Esas empresas estadounidenses y europeas imponían precios muy bajos en los lugares de producción –a efectos de pagar bajos impuestos y regalías– y precios elevados en los mercados de consumo. Esos precios finales se fijaban de manera unificada por encima de los costos de las empresas menos productivas y permitían la obtención de rentas elevadas. En 1973, la creación de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y la subsiguiente nacionalización del petróleo en Oriente Medio, ocasionaron un vuelco radical en el control del mercado al reducir el papel determinante de las empresas transnacionales, “los acontecimientos que se desarrollaron en el terreno de la fijación de los precios del petróleo (…) desembocaron en la transformación más importante de la estructura del comercio internacional de las materias primas. Provocaron tal cambio verdadero en la relación de fuerzas del poder económico mundial, que resultó en un reparto más equitativo del crecimiento económico engendrado por una materia prima, el petróleo, entre sus propietarios y sus consumidores” (1).

Guardando las distancias, podemos afirmar que las actuales luchas sociales por la nacionalización de las industrias extractivas se inscriben en esa disputa general por el control del excedente bajo la forma de renta entre las empresas transnacionales y los Estados nacionales; constituyen un paso crucial en la perspectiva de suprimir el dominio del capital transnacional sobre las economías atrasadas. En otras palabras, implican un cuestionamiento radical a la forma fundamental de funcionamiento de la acumulación capitalista.

Por esas profundas implicaciones, no se puede soslayar que un proceso nacionalizador es un paso esencialmente político, pues involucra los intereses de las fracciones de clase dominantes y porque su plena realización trasciende las fronteras nacionales. En este sentido, pretender imponer una concepción que reduce la nacionalización a la convivencia igualitaria entre el Estado y las transnacionales es un síntoma de extrema ingenuidad o de cálculo político.

En el extremo más alejado del verdadero significado de nacionalización se ubica la propuesta de la agrupación PODEMOS. Su concepción liberal se opone totalmente al dominio estatal de los hidrocarburos y postula la “nacionalización de los beneficios del gas”. Desconociendo la posesión real que ejercen las empresas, señala que la recuperación de los hidrocarburos es innecesaria porque –indican– según la Constitución Política del Estado, el gas natural y el petróleo nunca dejaron de pertenecer a los bolivianos. Obligada por las circunstancias inventa la “nacionalización de los beneficios del gas”, fórmula que tendría el limitado objetivo de dar transparencia al uso y destino de las regalías e impuestos mediante la fiscalización del gasto público.

Consecuentemente, postula un papel para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) similar al que le había dado la Ley 1689 de Sánchez de Lozada: administrar los contratos con las empresas petroleras. Aunque señala la necesidad de que YPFB lidere la negociación de contratos de exportación y que se busquen mejores precios en los mercados externos, elude toda referencia a la capacidad real de la empresa estatal para definir los términos en que se dispondría la comercialización de los hidrocarburos, situación comprensible en la medida en que ratifica el control monopólico de las empresas transnacionales en el sector.

Queda claro, entonces, que la propuesta de PODEMOS apunta a modificar la actual Ley de Hidrocarburos 3058 que, en su criterio, habría “incrementado la incertidumbre y el riesgo país”. Más aún, desconociendo absolutamente el carácter limitado de dicha norma y con la intención de justificar su modificación futura, le imputa un supuesto carácter expropiador y, por tanto, atentatorio a “los principios de seguridad jurídica”.

En esa dirección afirma que el nuevo régimen de impuestos y regalías del 50% sobre el valor de la producción hace inviable la inversión extranjera y promete reducir esa tasa para los campos considerados pequeños, ratificando la intención de la propia Ley 3058 de devolver bajo la forma de “premio” parte de la renta que están obligadas a pagar las empresas transnacionales.

La orientación neoliberal que ha primado desde 1996 en lo relativo a la fijación de los precios internos de los hidrocarburos, haciéndolos depender de la paridad de exportación, es ratificada en la propuesta de PODEMOS. Como no está en su mente afectar las ganancias de las petroleras, asume que en los casos del abastecimiento interno de GLP y gas natural podrá recurrirse a los subsidios estatales.

Su apego a los intereses del capital transnacional es tal que, contradiciendo su discurso a favor de “asegurar la seguridad energética”, “la valorización de las exportaciones”, “gas por redes”, etc., plantea una agresiva política de exportaciones –incluido el mercado de Chile– justificándola con la conocida afirmación de los voceros de las transnacionales de que “los hidrocarburos sólo nos sirven si identificamos mercados donde exportarlos. El gas bajo tierra no tiene ningún valor y no beneficia a ningún sector de la población”.

En sentido estricto, la posibilidad de impulsar una política nacional soberana dirigida a promover el incremento del consumo interno y la industrialización es impensable bajo el programa de PODEMOS. En resumen, éste no hace más que postular la continuidad de la política neoliberal en peores condiciones que las establecidas por la actual Ley 3058.

La propuesta de UN también se inscribe en la lógica neoliberal de política de hidrocarburos que sigue rigiendo en el país. Concibe la “nacionalización” como la participación de capitales nacionales y del Estado en las empresas capitalizadas y en las refinerías, mediante la

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