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Área: Política >> Elecciones
Actualizado el 2005-12-07 a horas: 21:42:57

Ningún candidato quiere respetar la Ley del Funcionario Público

Wilson García Mérida

(Datos & Análisis).- El Superintendente del Servicio Civil, Reynaldo Irigoyen, defiende un Estatuto, la Ley 2027, que elimina el ?cuoteo? partidario en la administración pública y prohíbe el uso de personal y bienes estatales con fines privados o proselitistas.

Wilson García Mérida

Es periodista. Reside en Cochabamba.

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Al momento ninguno de los candidatos presidenciales se ha pronunciando frente al pedido del Superintendente General del Servicio Civil, Reynaldo Irigoyen Castro, esperando que los políticos que aspiran a ser nuevos gobernantes se comprometan a respetar la estabilidad laboral en la función pública, en aplicación estricta a la vigente Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público.

A tiempo de formular aquella importante demanda, el pasado 26 de noviembre, el superintendente Irigoyen informó que actualmente se encuentran protegidos por la Ley 2027 alrededor de 60.000 funcionarios aspirantes a la carrera administrativa que obtuvieron sus cargos mediante exámenes de competencia, de los cuales 3.700 ya han sido incorporados inamovible y plenamente en dicha carrera a partir de minuciosos procesos de institucionalización que siguen en curso.

Irigoyen pide a los candidatos respetar este avance en la modernización democrática del Estado boliviano; pero las candidaturas recibieron la exigencia del Superintendente con total indiferencia. Explicó que interpone esta solicitud a los candidatos porque “pasaron cuatro años y medio desde la creación de la Superintendencia del Servicio Civil y se dieron grandes avances para acabar con prácticas como el nepotismo y el ‘cuoteo’ en las entidades públicas”.Esta Superintendencia pretende evitar que tras las elecciones próximas se produzca un asalto a las planillas fiscales mediante “masacres blancas” como la sucedida en el 2002, cuando miembros del gobierno entrante, violando flagrantemente la Ley 2027, conculcaron los derechos laborales de funcionarios que fueron designados vía concursos de méritos en gestiones anteriores.

La Ley 2027

Los ciudadanos que aspiran a ejercer cargos en la función pública después del 21 de junio del 2001 —fecha en que se reforzó y modificó la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público que rige desde 1999— deben someterse a estrictos procedimientos de reclutamiento y selección vía convocatorias a exámenes de competencia, en todos los niveles ejecutivos, técnicos y de apoyo (desde directores hasta mensajeros), lo cual reduce saludablemente injerencias partidarias en las designaciones.

Dicho Estatuto, complementario a la Ley Safco (1178), sienta asimismo sólidas bases para el fortalecimiento institucional de la Administración Pública, desde su primer artículo que consagra el principio de “servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno”.

Bajo ese mismo principio, el artículo 9 inciso b) prohíbe taxativamente a los servidores públicos “realizar actividades partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o durante el ejercicio de sus funciones”.

El inciso c) del mismo artículo prohíbe también “utilizar bienes inmuebles, personal o recursos públicos en objetivos políticos, particulares o de cualquier otra naturaleza que no sean compatibles con la específica actividad funcionaria”.

La infracción a cualesquiera de tales disposiciones, según el artículo 26 de la misma Ley, origina que las máximas autoridades ejecutivas podrán ser “sujetos de responsabilidad civil con cargos de daño económico al Estado, sin perjuicio de otras responsabilidades previstas en la Ley 1178”.

A pesar de esta normativa vigente, las agrupaciones políticas que ejercen control de entidades fiscales persisten en prácticas prebendales y arbitrarias, que a criterio del superintendente Reynaldo Irigoyen “son atavismos que debilitan la modernización democrática del país”.

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llactacracia@yahoo.com

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