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Área: Política >> Elecciones
Actualizado el 2005-11-22 a horas: 20:11:27

El Tribunal Constitucional rechaza un recurso de nulidad contra resoluciones de la Corte Electoral

(ABI).- El Tribunal Constitucional rechazó el Recurso Directo de Nulidad (RDN) interpuesto por el diputado nacional José Daniel Barrientos Barrón en contra de dos resoluciones de la Corte Nacional Electoral (CNE); la primera referida a la readecuación de las etapas del proceso electoral y la delimitación de las circunscripciones uninominales.

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El parlamentario presentó un recurso en contra del presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Oscar Hassenteuffel, demandando la nulidad de las Resoluciones 207/2005 y 209/2005, de 3 y 4 de noviembre, respectivamente.

El tribunal, como ocurrió en el caso del recurso presentado por el diputado Juan Gabriel Bautista, contra el Presidente de la República, demandando la nulidad del DS 28429, decidió rechazarlo.

Los miembros de la Comisión de Admisión comprobaron que el recurrente "no cumplió con los requisitos básicos de admisión establecidos por la Ley 1836 en su artículo 80 para la interposición de este tipo de recursos", señala el boletín difundido esta tarde.

"El recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad, por mandato expreso del art. 55 inc. 2) y 56 de la LTC, puede ser interpuesto, entre otros, por cualquier Diputado o Senador, a sola condición de acreditar: a) la personería de la autoridad recurrente, y en su caso el poder suficiente de su representante, y b) precisar la norma constitucional que se entiende infringida; empero el recurso directo de nulidad previsto por el art. 79 de esta Ley, a diferencia del anterior, solamente puede ser interpuesto por la 'persona agraviada', que puede ser un parlamentario, un particular o una persona jurídica; consiguientemente, para el planteamiento del recurso directo de nulidad, no es suficiente acreditar la condición de parlamentario en ejercicio", señala el Auto Constitucional 581/2005-CA, de 17 de noviembre de 2005.

El Tribunal Constitucional entiende que agraviada es la persona que ha sido directamente perjudicada material y moralmente por un acto o resolución proveniente de autoridad pública.

El recurrente argumentaba en su memorial de demanda que la CNE emitió las Resoluciones 207/2005 y 209/2005, de 3 y 4 de noviembre, respectivamente, al amparo del DS 28429 (redistribución de escaños), norma que se encuentra en la actualidad bajo cuestionamiento de inconstitucionalidad en la medida en que no es una Ley sancionada por el Poder Legislativo.

Mediante la Resolución 207/2005, la Corte Nacional Electoral readecuó las etapas del proceso electoral; mientras que con la Resolución 209/2005 aprobó la nueva delimitación de las circunscripciones uninominales para los departamentos beneficiados y perjudicados con la nueva distribución de escaños parlamentarios.

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