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Área: Internacional >> Latinoamérica
Actualizado el 2005-10-30 a horas: 11:39:28

La justicia chilena procesó por corrupción a una médica, pero quiere cárcel para los periodistas que la denunciaron

Ernesto Carmona

El periodismo chileno sufrió un nuevo embate con la decisión de una jueza de castigar a cuatro periodistas que denunciaron a una doctora que a cambio de dinero emitió licencias médicas por enfermedades que nunca existieron. La paradoja es que el mismo tribunal procesó también a la facultativa que cometió el delito de fraude contra el sistema de salud pública basándose ...en el mismo trabajo de los periodistas que desea castigar.

Ernesto Carmona

Es periodista chileno.

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La joven magistrada Viviana Cecilia Toro Ojeda, del 22 Juzgado del Crimen de Santiago, procesó al jefe de prensa de ChileVisión, Patricio Caldichoury Ríos, y a los periodistas Jaime Lara Montecinos, Raúl Poblete Barrios y Eugenio Salinas Cánepa, por supuesta infracción al artículo 161-A, inciso 1º, del Código Penal, por grabar con cámara oculta la venta de licencias médicas efectuada por la psiquiatra María Luisa Cordero Velásquez, un personaje local que utilizó la medicina para ingresar a la farándula en programas de radio y televisión.

La norma invocada por la magistrada castiga con penas de 61 días a 3 años "a quienes capten, reproduzcan imágenes o conversaciones privadas en lugares que no sean de libre acceso". El mismo delito fue invocado contra los periodistas Caldichoury y Alejandro Guillier, más el ejecutivo Fernando de Aguirre, por demostrar con cámara oculta que el juez Daniel Calvo frecuentaba saunas gay en las horas libres que le dejaba un sonado caso de pedofilia que adquairió ribetes políticos.

Delito de corrupción

La jueza Toro Ojeda procesó a la doctora Cordero por el delito de fraude previsional demostrado en las imágenes y sonidos de un reportaje del programa "En la Mira" que exhibió a la facultativa negociando precios con los "pacientes" que la buscaron para obtener licencias médicas sin estar enfermos. En la discusión de la tarifa, la psiquiatra utilizó con sus "clientes" un lenguaje poco común en una galena.

El Colegio Médico expulsó a Cordero en junio de 2004, casi un año después que se difundió el reportaje, el 12 de agosto de 2003. Según el relato del diario La Cuarta, "el equipo ingresó con cámaras ocultas a la consulta de la doctora en avenida La Paz. Una vez dentro, dos reporteros (Lara y Poblete) se hicieron pasar por "enfermos". Entonces, sin tomarles siquiera la presión sanguínea, Cordero les extendió las licencias".

La psiquiatra, además, les instruyó acerca de qué debían responder ante una eventual fiscalización sobre sus síntomas:

?"¿Qué tengo que decir?", le consultó un "paciente".

?"Que empezaste con insomnio, crisis de pánico. Que te venía una cosa en el corazón y que creías que te ibas a morir". Además, les ofreció recetas de fármacos por si eran fiscalizados.

Las imágenes mostraron a la psiquiatra cobrando y contando 30.000 pesos, unos 60 dólares. A uno de los pacientes que dijo estar afiliado al sistema público llamado Fondo Nacional de Salud (Fonasa) le ofreció boletas de honorarios a nombre de un tercero ?o un amigo? para recuperar lo gastado en su consulta, en perjuicio de cualquier Isapre u organización del sistema privado de salud previsional.

?"¡Calleuque el loro!" [mantén la boca cerrada], recomendó la doctora. El Fonasa no reembolsa gastos por consultas psiquiátricas.

La doctora Cordero explota hoy el papel de "víctima de la prensa, que invadió su intimidad". Su abogado, Daniel Mackinnon, pidió el viernes al tribunal que extienda el procesamiento a otros periodistas que comentaron o exhibieron el bochornoso episodio, Jaime de Aguirre, Iván Núñez, Macarena Pizarro, Giancarlo Petaccia, Patricia Larraín y Alejandro Guillier, presidente del Colegio de Periodistas y hombre ancla de ChileVisión.

Reacción del Colegio de Periodistas

"La acción judicial contra estos periodistas es contradictoria con el procesamiento dictado por ese mismo tribunal en contra de la doctora María Luisa Cordero Velásquez, debido a que la jueza se basó esencialmente en las mismas pruebas presentadas por el programa "En la Mira", de ChileVisión", dijo Guillier.

El presidente del Colegio considera que "este nuevo atentado contra la libertad de información se suma a la petición del director general de Carabineros a la Fiscalía Nacional, en orden a restringir la entrega de información a los medios de comunicación y coincide con las críticas de personeros oficiales a la labor fiscalizadora de los periodistas".

A juicio del dirigente de los periodistas, "este clima adverso a la libertad de información encuentra un eco soterrado en el Congreso, que ha postergado por años sus compromisos de modificar, precisar o suprimir normas restrictivas de la libre expresión, pese al reconocimiento expreso formulado por la Corte Suprema, en orden a que se trata de leyes ambiguas y mal redactadas".

El periodista defendió indirectamente el uso de las cámaras ocultas, manifestando que "el fraude previsional es un delito de acción pública", por lo que estimò "un absurdo jurídico pretender castigar a quienes descubireron el delito y lo denunciaron a la opinión pública".

Guillier cree que los tribunales viven una "contradicción vital", porque aceptan en los juicios la prueba de grabaciones con cámara oculta, pero simultáneamente persiguen a quienes las realizan. "Mas incoherente aún es procesar a periodistas por usar como elementos de prueba de un delito flagrante una grabación oculta, documento que los tribunales aceptan como prueba válida en los litigios judiciales", afirmó Guillier, recordando que el Colegio Médico expulsó, además, a la facultativa por faltas graves contra la ética profesional tras conocer la información periodística que se hizo pública.

Guillier anunció que el Colegio de Periodistas convocará a las organizaciones gremiales y empresariales vinculadas al periodismo para reclamar local e internacionalmente por el libre ejercicio de la libertad de información. Según el dirigente de la orden, habrá que "recurrir en conjunto a todas las instancias nacionales e internacionales y poner término a esta reiterada violación del derecho a la información, contemplada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

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