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Actualizado el 2005-10-12 a horas: 12:33:49

El bloqueo norteamericano, un intento de asfixia al desarrollo de Cuba

(www.embacubabol.com).- El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba es el más prolongado y cruel que haya conocido la historia de la humanidad, y forma parte esencial de su política de hostilidad y agresiones contra el pueblo cubano. Su objetivo, definido desde el 6 de abril de 1960, ha sido la destrucción de la Revolución Cubana: ?(?) a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas (?) negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno (?)?.[1]

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Constituye, asimismo, un componente fundamental de la política de Terrorismo de Estado que, de forma silenciosa, sistemática, acumulativa, inhumana y despiadada, afecta a la población sin distinción de edad, sexo, raza, credo religioso o posición social.

Esta política, aplicada y recrudecida por diez administraciones norteamericanas, califica además como un acto de genocidio, en virtud del inciso (c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948 y constituye, por tanto, un delito de Derecho Internacional. Dicha Convención define como tal a "(...) los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso", y en esos casos contempla "el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial".

El bloqueo contra Cuba es un acto de guerra económica. No existe norma alguna del Derecho Internacional que justifique el bloqueo en tiempos de paz. Desde 1909, en la Conferencia Naval de Londres, quedó definido como principio del Derecho Internacional que el "bloqueo es un acto de guerra" y sobre esta base, su empleo es posible únicamente entre los beligerantes.

Aunque el bloqueo total del comercio entre los Estados Unidos y Cuba fue decretado formalmente mediante Orden Ejecutiva del presidente John F. Kennedy el 3 de febrero de 1962, las medidas del bloqueo se iniciaron pocas semanas después del triunfo de la Revolución Cubana, el 1ro de enero de 1959.

El 12 de febrero de 1959, el Gobierno de los Estados Unidos negó la concesión de un modesto crédito solicitado por Cuba para mantener la estabilidad de la moneda nacional. Posteriormente fueron aplicadas otras medidas como la restricción del suministro de combustible a la Isla por las transnacionales norteamericanas, la paralización de plantas industriales, la prohibición de exportaciones a Cuba y la supresión parcial y luego total de la cuota de azúcar.

En virtud del bloqueo, entre otras restricciones, Cuba no puede exportar ningún producto a los EE.UU., ni importar de ese país mercancía alguna; no puede recibir turismo norteamericano; no puede utilizar el dólar en sus transacciones con el exterior; no tiene acceso a los créditos, ni puede realizar operaciones con instituciones financieras multilaterales, regionales y norteamericanas y sus barcos y aeronaves no pueden tocar territorio norteamericano.

El bloqueo tiene un marcado carácter extraterritorial. Para agravar los nefastos efectos de la pérdida del 85% del comercio exterior cubano producida tras la desintegración del campo socialista europeo y la Unión Soviética, Estados

Unidos aprobó en 1992 la llamada Ley Torricelli. En virtud de esta ley fueron interrumpidas bruscamente las importaciones cubanas procedentes de subsidiarias norteamericanas en terceros países, que ascendían en 1991 a 718 millones de dólares, de los cuales, el 91 % lo constituían alimentos y medicinas desde terceros países. Dicha Ley impuso severas prohibiciones a la navegación marítima desde y hacia Cuba, institucionalizando graves disposiciones extraterritoriales. El buque de un tercer país que toque puerto cubano, no podrá entrar a puerto de los Estados Unidos hasta que no transcurran seis meses y obtenga un nuevo permiso.

La Ley Helms-Burton de 1996, recrudeció los efectos del bloqueo; incrementó el número y alcance de las disposiciones de efecto extraterritorial; impuso la persecución y sanción a actuales y potenciales inversionistas extranjeros en Cuba y autorizó el financiamiento de acciones hostiles, subversivas y agresivas contra el pueblo cubano.

Desde fines del 2001, y en virtud de una legislación aprobada por el Congreso norteamericano en el año 2000 como resultado de las exigencias del sector agroexportador y de la sociedad norteamericana en general, Cuba inició sus compras de alimentos en los EE.UU. que alcanzaron en el año 2004 un valor de 474,1 millones de dólares. No obstante, las importaciones cubanas están sujetas a severas restricciones y complicados procedimientos. Cuba debe efectuar los pagos al contado y por adelantado - sin posibilidad de obtener créditos financieros, ni siquiera privados. La venta y el transporte de las mercancías requieren la obtención de licencias para cada operación. Cuba no puede utilizar en la transportación su flota mercante; debe recurrir a buques de terceros países y, fundamentalmente, de los EE.UU. Los pagos se realizan a través de bancos de terceros países, por estar prohibidas las relaciones bancarias directas.

Las restricciones a la importación de productos médicos son de tal magnitud que resultan inviables. Incluyen la verificación por el exportador estadounidense del uso del producto o equipo en el destino final y la prohibición de vender a Cuba productos y equipos de tecnología avanzada.

Más del 70 % de los cubanos han nacido y vivido bajo el bloqueo por su decisión soberana de defender su derecho a la libre determinación y no claudicar en su determinación de independencia, justicia social y equidad.

El daño económico directo causado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo, a partir de cálculos conservadores preliminares, supera los 82 mil millones de dólares, con un promedio de 1 782 millones de dólares anuales. Esa cifra total no incluye los más de 54 mil millones de dólares imputables a daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y acciones terroristas estimuladas, organizadas y financiadas desde los Estados Unidos, ni el valor de los productos dejados de producir o los daños derivados de las onerosas condiciones crediticias que se le imponen a Cuba. El perjuicio ocasionado por el bloqueo en el último año superó los 2 mil 764 millones de dólares.

La exigencia de la Asamblea General de que se ponga fin a esa política de bloqueo, incluida en trece de sus resoluciones adoptadas con el apoyo casi unánime de los Estados miembros de las Naciones Unidas, ha sido desafiada por las autoridades estadounidenses, confirmando su más absoluto desprecio a las Naciones Unidas, al multilateralismo y al Derecho Internacional.

El 30 de junio de 2004 entraron en vigor las medidas incluidas en el Informe de la llamada "Comisión de Ayuda a una Cuba Libre", aprobado por George W. Bush el 6 de mayo del propio año. En sus 450 páginas, se incluyen propuestas de nuevas acciones y medidas dirigidas a recrudecer el bloqueo, agravando las acciones contra el turismo y las inversiones en Cuba, restringiendo los flujos financieros y los viajes a la Isla, y limitando aún más las remesas familiares y los intercambios en diferentes esferas, con el objetivo de propiciar las condiciones que faciliten una intervención estadounidense en la Isla que les permita imponer un "cambio de régimen", como fuera proclamado por el Presidente de los Estados Unidos el 20 de mayo de 2004.

El período que abarca este informe - segundo semestre de 2004 y primer semestre de 2005 ? ha sido testigo de la aplicación de tales medidas, lo que resulta coherente con las criminales pretensiones de la administración norteamericana contra el pueblo cubano.

Acciones de recrudecimiento del bloqueo por parte de los EE.UU.

El 8 de julio de 2004, en cumplimiento de la Proclama 7757 del Presidente George W. Bush, el servicio de Guardacostas promulgó nuevas regulaciones que establecen restricciones para la salida de embarcaciones de recreo que tengan la intención de entrar en aguas cubanas. Se prevén sanciones de 25 mil dólares, o cinco años de prisión, o ambas, así como la confiscación de las embarcaciones de los infractores;

A partir del segundo trimestre de 2004, el Gobierno de los EE.UU., conjuntamente con los congresistas federales de la mafia anticubana de Miami, arreció una campaña de especulaciones y calumnias sobre el origen y el destino de los fondos cubanos en dólares, así como de presiones y amenazas de investigaciones y sanciones para atemorizar a todos los bancos extranjeros que pudieran tener relaciones financieras con Cuba. En el marco de dicha campaña, la Reserva Federal de los EE.UU. impuso en mayo de 2004 una multa de 100 millones de dólares al banco suizo UBS AG, por supuestamente haber violado las sanciones estadounidenses contra Cuba, Libia, Irán y Yugoslavia. El fin era impedir el depósito, canje a otras monedas o transferencias a través de bancos de terceros países de los dólares que Cuba obtiene legítimamente por concepto de turismo, remesas y ventas en centros comerciales, con el objetivo de impedir las importaciones cubanas, fundamentalmente de alimentos, medicinas y combustibles, potenciando un colapso económico y una situación social extremadamente crítica.

El 27 de agosto de 2004, el presidente George W. Bush al pronunciar un discurso electoral en Miami,reafirmó la necesidad de mantener el bloqueo para derrocar a la Revolución Cubana, indicando que "el bloqueo es una parte necesaria de esa estrategia".

El 30 de septiembre de 2004, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos indicó que según los cambios recientes a las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, 31 C.F.R. Part 515 (the "Regulations"), los ciudadanos o residentes permanentes en los EE.UU. no pueden comprar legalmente productos de origen cubano, incluyendo tabaco y alcohol, en un tercer país, ni siquiera para su uso personal en el exterior. Las sanciones penales por la violación de estas Regulaciones pueden alcanzar el millón de dólares en multas para corporaciones y los 250 mil dólares y hasta 10 años de cárcel para personas naturales. Penas civiles de hasta 65 mil dólares pueden ser impuestas por la Oficina de Control de Activos Cubanos (OFAC), del Departamento del Tesoro de los EE.UU.

El 9 de octubre de 2004, el Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Dan W. Fisk, en una agresión sin precedentes en la historia de las relaciones financieras internacionales, anunció el establecimiento de "un Grupo de Persecución de Activos Cubanos" para investigar y detener nuevas vías de movimiento de divisas hacia y desde Cuba, mencionando en particular al "turismo, que ha sustituido a las exportaciones de azúcar como principal fuente de divisas".

En el segundo semestre de 2004, la OFAC declaró "nacionales especialmente designados" a las compañías Melfi Marine Corporation S.A. y Tour Marketing Ltd., y "nacional cubana" a la empresa SERCUBA, lo que conllevó la aplicación inmediata de las regulaciones del bloqueo a estas empresas.

En enero de 2005, trascendió que la OFAC ha venido interpretando las regulaciones sobre los viajes a Cuba de modo tal, que a los ciudadanos norteamericanos no se les permite participar en reuniones en Cuba que sean patrocinadas y organizadas por agencias de la ONU, salvo que obtengan previamente una licencia.

El 22 de febrero de 2005, la OFAC reinterpretó el concepto de "pago al contado y por adelantado" a las compras por parte de Cuba de productos agrícolas y médicos en los EE.UU., estableciendo que se entiende por ello que el pago se realice antes de que las mercancías sean cargadas en un puerto estadounidense para su envío a Cuba. La medida, que constituye un obstáculo adicional a las limitadas importaciones de alimentos, entró en vigor el pasado 24 de marzo. La inseguridad en los suministros derivada de dicha interpretación, obligó a Cuba a recurrir durante el primer cuatrimestre del año, a suministradores alternativos en terceros países para asegurar la compra de 300 millones de dólares en productos alimenticios y agrícolas que originalmente se planificaron importar de los EE.UU. Las transacciones cayeron 26 por ciento entre enero y abril de 2005 con relación a igual período de 2004, de acuerdo a las estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La contracción incluye una caída de 52 por ciento en las compras de arroz.

El 24 de febrero de 2005, una Corte de Apelaciones revocó la decisión de un juez de Nueva York de fecha 29 de marzo de 2004, que determinó que los EE.UU., en cumplimiento de tratados internacionales, están obligados a reconocer los derechos de la empresa cubana CUBATABACO sobre la marca Cohíba en el territorio de los Estados Unidos, bajo la doctrina de las marcas de renombre. El nuevo fallo es contrario a las regulaciones internacionales sobre la protección de marcas.

El 13 de abril del 2005, trascendió que la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito restituyó el veredicto de culpabilidad contra el ciudadano norteamericano Stefan Brodie, ex presidente de la compañía Purolite, quien fuera juzgado en el año 2002 por haber conspirado para violar el bloqueo contra Cuba. Brodie había sido absuelto por la jueza de primera instancia, quien determinó que no había evidencia directa que demostrara su participación en las ventas a Cuba de resinas ionizadas para la purificación del agua.

El 29 de abril del 2005, el presidente George W. Bush ordenó al Departamento del Tesoro entregar 198 mil dólares de los fondos cubanos congelados a la residente de origen cubano, Ana Margarita Martínez, en cumplimiento de una sentencia arbitraria en contra de Cuba, que una corte estatal de La Florida emitió en el año 2001, determinando el pago de 27.1 millones de dólares.

En abril, se negó el ingreso a los Estados Unidos a los nuevos directivos de la compañía canadiense Sherritt y sus familiares, en aplicación del Título IV de la Ley Helms-Burton.

Asedio, amenazas y sanciones a personas, instituciones y ONGS

El 6 de julio de 2004, la OFAC advirtió a los participantes de la Caravana solidaria de la organización norteamericana "Pastores por la Paz", que quienes viajen a Cuba sin la correspondiente licencia del Departamento del Tesoro deberán atenerse a las sanciones previstas en las regulaciones. Pastores por la Paz es un proyecto ecuménico de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria, que entre 1992 y 2004, ha traído a Cuba computadoras de uso, medicamentos, alimentos, juguetes, libros, etc., como ayuda solidaria para el pueblo cubano, sin una licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El 9 de noviembre de 2004, la compañía Xael Charters recibió la visita de funcionarios de la OFAC, que solicitaron información sobre las operaciones a Cuba, en el marco del reforzamiento de las medidas de persecución.

El 12 de noviembre de 2004, el presidente de la Alianza Cubanoamericana para Fondos Educacionales (CAAEF), recibió una carta de la OFAC, solicitándole la lista de todas las personas e instituciones a las que ha beneficiado su licencia de viajes en los últimos cinco años.

El 13 de noviembre de 2004, la Brigada Venceremos emitió una nota de protesta, en la que dio a conocer que había recibido una carta de la OFAC solicitándole información sobre viajes organizados a Cuba.

El 23 de noviembre de 2004, la Galería de Arte Corcoran de Washington, tras presiones de la OFAC y del Departamento de Estado, canceló un evento cultural patrocinado por la Sección de Intereses de Cuba.

El 30 de marzo de 2005, la OFAC envió una carta a la organización U.S-Cuba Labor Exchange, instándola a que "cese y desista" de promover y organizar el viaje a Cuba de una delegación que asistiría al IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA y a las actividades por el Día Internacional de los Trabajadores. La OFAC exigió además, que en un plazo de 20 días laborables, se le remitiera una lista detallada con los datos de los miembros de la citada delegación.

En abril de 2004, se cursaron invitaciones a los Sres. Christopher Schenk, ciudadano norteamericano y geólogo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, adscrito al Departamento del Interior, y a Richard T. Buffler, geofísico norteamericano de la Universidad de Austin, en Texas, para que participaran en la Convención de Ciencias de la Tierra.

Inmediatamente el Sr. Buffler respondió que, a pesar de su interés en la Convención, le resultaría imposible asistir debido a otros compromisos previos. Con relación al Sr. Schenk ? quien presentó en la Conferencia y Exhibición Anual de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, efectuada en Cancún, en noviembre de 2004, una evaluación de las reservas previsibles de petróleo en las aguas profundas al norte de Cuba ?, se supo por un correo electrónico del Sr. Buffler que: "(.....) cuando el Gobierno de los Estados Unidos encontró que él había hecho una evaluación de las aguas de Cuba, lo humillaron duro y le dijeron que no podía tener comunicación con Cuba y lo amenazaron con multarlo si lo hacía. (...). Los expertos norteamericanos se disculparon por no poder asistir al evento.

En abril de 2005, la OFAC envió una carta circular a las organizaciones que poseen licencias para viajes con fines religiosos a Cuba, informándoles que se están investigando supuestos "abusos de licencias religiosas", lo que podría conllevar la suspensión o revocación de las licencias y la imposición de multas administrativas o sanciones penales. La misiva insistió en que sólo podían viajar a Cuba los afiliados de la organización en cuestión que estén involucrados en actividades religiosas, que las licencias religiosas no permitían transferir fondos a ciudadanos o entidades cubanas y que las donaciones a individuos o grupos en Cuba requerían la autorización del Departamento del Comercio.

En el año 2004, la OFAC impuso multas a 316 ciudadanos y residentes de los EE.UU. por violar distintas disposiciones del bloqueo. En el primer cuatrimestre de 2005, ya se habían impuesto 307 multas, casi la misma cantidad que en todo el año anterior. Como parte del recrudecimiento de la persecución de los viajes a Cuba, se ha producido un cambio en la política anterior que en ocasiones dilataba, incluso por años, la notificación de la violación y la aplicación de sanciones a personas.

A pesar de que las nuevas restricciones a los viajes se comenzaron a aplicar en el segundo semestre del 2004, el pasado año disminuyeron en un 40,5% las visitas de los norteamericanos a Cuba, al viajar 51 mil 27 respecto a los 85 mil 809 que lo hicieron en 2003. Los viajes de los cubanos residentes en los EE.UU. se redujeron en un 50,3% en igual período, al visitar Cuba 57 mil 145 en comparación con los 115 mil 50 que lo hicieron en el año anterior.

Creciente oposición al bloqueo dentro de los Estados Unidos

El Gobierno de los EE.UU. continúa desconociendo la oposición al bloqueo por parte de la opinión pública de su país, que se ha manifestado, entre otras, en numerosas expresiones y acciones en el Congreso y en gobiernos estaduales y de personalidades políticas e intelectuales, organizaciones no gubernamentales y sectores empresariales. Entre ellas destacan:

En el año 2004, la Cámara de Representantes aprobó cuatro enmiendas que se proponían revocar las regulaciones sobre el envío de paquetes a Cuba, eliminar las restricciones a las visitas familiares de los emigrados cubanos a la Isla, suspender las medidas que obstaculizan los programas estudiantiles norteamericanos en Cuba y rescindir las restricciones a las exportaciones de alimentos y medicinas, incluidas las relativas al acceso a créditos privados. Sin embargo, como resultado de las presiones del liderazgo republicano y de la amenaza de veto del Presidente, todas estas enmiendas fueron eliminadas del texto final de las leyes en las cuales fueron incluidas.

En el 2005, aunque en la Cámara de Representantes se presentaron enmiendas dirigidas a eliminar las restricciones a los intercambios académicos, las visitas familiares, los viajes religiosos y el envío de paquetes a Cuba, estas fueron derrotadas como resultado de las presiones de la Administración y del liderazgo republicano, así como de las contribuciones financieras de la extrema derecha cubanoamericana a las campañas políticas de un número considerable de representantes, realizadas con la condición de que estos se opusieran a cualquier flexibilización del bloqueo contra Cuba.

A pesar de que en el Senado un número mayoritario de sus miembros favorece la eliminación de las restricciones a los viajes a Cuba de los norteamericanos y de los cubanos residentes en los Estados Unidos, los defensores en dicho órgano de la política anticubana de la actual Administración, han recurrido a maniobras procesales para impedir que iniciativas dirigidas a promover cambios en la misma puedan prosperar en el debate legislativo.

Del 9 al 12 de enero de 2005, la Convención Anual de la Federación Americana de Granjeros (AFBF por sus siglas en inglés) aprobó una resolución solicitando a la administración del presidente George W. Bush la inmediata normalización del comercio con Cuba.

El 10 de febrero, el Senado Estatal de Alabama aprobó la resolución conjunta SRJ.26 para "exigir al Congreso de los EE.UU. eliminar las restricciones comerciales, financieras y de viajes a Cuba".

El 3 de marzo, los Representantes de los puertos norteamericanos del Golfo de México, aprobaron una Resolución donde expresan su apoyo al levantamiento del bloqueo para las ventas de medicinas y alimentos a Cuba. Además, solicitaron al Congreso restablecer las condiciones que existían para el pago al contado y por adelantado antes de ser publicadas las nuevas medidas de la OFAC sobre este tema.

El 16 de marzo de 2005, la Federación del Arroz de los EE.UU., exhortó al Congreso a revertir la regulación sobre los pagos por las compras de alimentos que realice Cuba y a permitir que los contratos existentes se ejecuten, cumpliendo la Ley de Reforma de las Sanciones del año 2000.

El 26 de abril de 2005, se anunció oficialmente la formación de la Asociación Comercial Cuba-EE.UU., compuesta por más de 30 compañías, agencias estaduales y organizaciones de 19 estados norteamericanos, con el fin de trabajar por la eliminación de las restricciones al comercio con Cuba. Entre los miembros se encuentran las grandes empresas ADM, Caterpillar y Cargill. La Junta de Directores está encabezada por el ex Secretario de Comercio, Bill Reinsch. La Asociación está presidida por Kirby Jones y cuenta en su junta de asesores con el ex Secretario Adjunto de Estado, William D. Rogers; David Rockefeller; la ex representante comercial, Carla Hills; el ex Secretario de Defensa, Frank Carlucci y el ex secretario de Defensa y ex director de la CIA, James Schlesinger, entre otros.

El pasado 8 de junio, la Asamblea estadual de Nueva York adoptó sin votación una resolución legislativa, presentada por un numeroso grupo de miembros, que exhorta al Presidente de los EE.UU. a estimular las visitas de pueblo a pueblo entre los residentes de Nueva York y Cuba. El texto fue presentado inicialmente por un grupo nutrido de asambleístas, por iniciativa de José Rivera, entre otros.

1. LA EXTRATERRITORIALIDAD EN LA POLÍTICA DE BLOQUEO

La falsedad del cínico empeño del Gobierno de los Estados Unidos de presentar la política de bloqueo contra Cuba como un asunto exclusivamente bilateral, se ha visto fehacientemente demostrada por las afectaciones a numerosos Estados, ciudadanos y empresas de terceros países provocadas por las disposiciones extraterritoriales del bloqueo, de las que no han logrado sustraerse siquiera organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas.

No resulta ocioso recordar algunas de las disposiciones extraterritoriales del bloqueo, que continúan vigentes y siguen provocando cuantiosos daños y perjuicios, tanto a Cuba como a terceros países, a los que se coarta el derecho a beneficiarse plenamente de las oportunidades que genera la economía cubana; entre ellas:

Se prohíbe a subsidiarias de empresas estadounidenses radicadas en terceros países llevar a cabo cualquier tipo de transacción con empresas cubanas, o que adquieran bienes cuya elaboración haya requerido algún producto procedente de Cuba.

Se prohíbe a empresas de terceros países exportar a los Estados Unidos cualquier producto si contienen alguna materia prima cubana.

Se prohíbe a empresas de terceros países que vendan a Cuba bienes o servicios en los que se utilice tecnología estadounidense o que requieran en su fabricación productos de esa procedencia que excedan el 10% de su valor, aún cuando sus propietarios sean nacionales de terceros países.

Se prohíbe la entrada a puertos de los Estados Unidos a buques que hayan transportado mercancías hacia o desde Cuba.

Se prohíbe a bancos de terceros países abrir cuentas en dólares estadounidenses a personas naturales o jurídicas cubanas o que efectúen cualquier transacción financiera en dicha divisa con entidades o personas cubanas, en cuyo caso serán decomisadas.

Se prohíbe a empresarios de terceros países llevar a cabo inversiones o negocios con Cuba, bajo el supuesto de que estas operaciones estén relacionadas con propiedades sujetas a reclamación por parte de los Estados Unidos. Los empresarios que no se sometan a esta prohibición serán objeto de sanciones y represalias.

1.1 Acentuación del bloqueo por la creciente participación de los EE.UU. en la economía internacional

Los daños provocados por el carácter extraterritorial del bloqueo se multiplican por la importante participación de los EE.UU. y sus empresas en el comercio y las inversiones transnacionales. Los EE.UU. controlan el 45% de las principales empresas transnacionales del orbe, incluidas 8 de las 10 principales. También son la principal fuente de inversiones del mundo. De 125 mil millones de dólares invertidos en el exterior en el 2002, pasaron a 152 mil millones de dólares en el 2003. La proporción de la participación norteamericana en la inversión extranjera directa en el mundo creció en ese período del 19% al 25 %.[2] EE.UU. es el primer importador de mercancías a nivel internacional (21,9 %) y es líder en el intercambio comercial de servicios en el mundo.

En materia de tecnologías, los EE.UU. se encuentran entre los cinco primeros países en cuanto a desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y ostenta el liderazgo global en cuanto al potencial de negocios. Además, posee 11 de las 14 mayores empresas transnacionales en ese sector y absorbe alrededor del 80% del comercio electrónico que se realiza en el mundo. [3]

De las 50 compañías líderes del mercado farmacéutico mundial, 20 son estadounidenses. Sólo 10 compañías transnacionales (5 de ellas norteamericanas), realizan casi la mitad de las ventas mundialesde fármacos, algunos de ellos únicos. Los EE.UU. concentran alrededor del 75 por ciento del mercado mundial de productos recombinantes (en su mayoría productos biofarmacéuticos) y generan el 31% del valor de la producción farmacéutica mundial, con una tendencia a seguir creciendo. [4]

Tanto las inversiones de empresas de terceros países en los EE.UU., como las norteamericanas en el exterior, fundamentalmente en la forma de fusiones y adquisiciones totales o parciales de empresas, agravan el impacto extraterritorial del bloqueo, al reducir el espacio económico externo de Cuba y hacer más difícil, a veces imposible, la búsqueda de socios y suministradores para sortear el férreo bloqueo norteamericano.

A continuación algunos ejemplos:

Una parte de la tecnología, equipos e insumos de los centros de investigación científica en biotecnología, que desarrollan y producen medios diagnósticos y terapéuticos, como vacunas contra el cáncer, provenía de la empresa sueca Pharmacia, comprada por la Amersham y posteriormente por la norteamericana General Electric. Esta última, una vez propietaria, dio un plazo de una semana para cerrar la Oficina de Amersham en Cuba y suspender todos sus contactos con la Isla.

A través del Proyecto Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis, ejecutado por el PNUD, se adquirió carne en conserva para los enfermos del SIDA por un monto de 50 mil 400 dólares, a la empresa brasileña Oro Rojo. Con posterioridad, dicha empresa comunicó que la fábrica había sido adquirida por una firma norteamericana y que una de las primeras orientaciones recibidas fue cancelar los negocios con Cuba.

Teniendo en cuenta la importancia del mercado y el desarrollo tecnológico norteamericano, numerosas empresas de diversas partes del mundo, aún sin tener inversiones de capital accionario de, o en los EE.UU., ni presencia significativa en el mercado de ese país, se abstienen de realizar negocios con Cuba o interrumpen sus relaciones con la Isla, con el fin de no poner en peligro cualquier eventual vínculo futuro con capitales de la superpotencia:

El First Caribbean International Bank de Bahamas, envió una carta a la empresa HAVANATUR, comunicándole que a partir del 7 de febrero de 2005 terminaban sus relaciones bancarias, porque "no querían tener problemas con los norteamericanos".

El banco británico "Barclays" manifestó recientemente a los ejecutivos de la Empresa CUBANIQUEL en Londres, que estaba valorando la posibilidad de no establecer negocios con dicha empresa, ya que su gerente era de origen norteamericano y las leyes del Gobierno de los Estados Unidos no sólo se aplicaban a compañías, sino también a individuos.

1.2 Sanciones civiles impuestas por la OFAC contra compañías, instituciones bancarias y ONGS

En el 2004, un total de 77 compañías, instituciones bancarias y ONGS de diversas partes del mundo fueron multadas por acciones consideradas violatorias de las regulaciones del bloqueo. El monto de las multas aplicadas por violar solamente el bloqueo contra Cuba fue de 1 millón 262 mil dólares.

De las entidades multadas, 11 son empresas extranjeras o subsidiarias de compañías norteamericanas radicadas en terceros países, como México, Canadá, Panamá, Italia, Reino Unido, Uruguay, Bahamas e Indias Occidentales Británicas (Anguila). Otras siete, como Iberia, Alitalia, Air Jamaica, Daewoo y el Banco de China, fueron sancionadas alegándose que sus filiales en los Estados Unidos violaron determinadas disposiciones del bloqueo contra Cuba. Ocho de ellas pagaron multas superiores a 50 mil dólares.

Entre las multas más significativas impuestas en el 2004 destacan:

Alpha Pharmaceutical, Inc.; ICN Farmacéutica S.A. de C.V.; Laboratorios Grossman, S.A., radicadas en Panamá y México D.F. ? 198 mil 711 dólares por la importación y exportación de mercancías desde y hacia Cuba entre 1998 y 2003;

Trinity Industries de México, S.A. de C.V., radicada en Ciudad México, México ? 55 mil dólares, por la venta de mercancías destinadas a Cuba y el financiamiento de su transportación en 2001;

Chiron Corporation Ltd., en nombre de Chiron S.p.A. y Chiron Behring GmbH, sita en Emerville, California, EE.UU. ? 168 mil 500 dólares por la exportación de vacunas a Cuba en el período 1999-2002;

Daewoo Heavy Industries America Corp., con sede en Suwanee, Georgia, EE.UU. ? 55 mil dólares, por la exportación de mercancías destinadas a Cuba en 1999.

En los primeros cuatro meses de 2005, cinco entidades fueron sancionadas por la OFAC con multas ? 1 banco, 3 empresas y una organización no gubernamental. Entre ellas, se incluye la Compañía Martinair Holland N.V.dba, Martinair USA, con sede en los Países Bajos, multada con 6 mil 300 dólares por haber prestado servicios de viajes sin contar con licencia y por transferencia de fondos en el año 2003.

La disminución de las multas de la OFAC a instituciones en el primer cuatrimestre de este año, en comparación con las 42 sancionadas civilmente en la misma etapa del año 2004, no es el resultado de una flexibilización en la aplicación de las medidas del bloqueo; por el contrario, se deriva del terror y por tanto, del desestímulo provocado en las actividades del sector empresarial con relación a Cuba.

1.3 La extraterritorialidad en las afectaciones al comercio exterior y a las inversiones

Se estima que en el año 2004 las afectaciones al comercio exterior cubano provocadas por el bloqueo alcanzaron 822,6 millones de dólares, cifra que supera la suma del año anterior en 57,2 millones de dólares.

El monto mayor de las afectaciones identificadas estuvo asociado a la aplicación de regulaciones extraterritoriales, calculadas en 380 millones de dólares, aunque continúa teniendo una gran incidencia la imposibilidad de acceder al mercado estadounidense, según se demuestra en los siguientes gráficos.

La imposibilidad de acceder a un mercado como el de los Estados Unidos, potencialmente natural para Cuba ? con una afectación estimada en 305,2 millones de dólares ?, ha provocado la necesidad de reubicar en terceros países las importaciones y exportaciones, con los consiguientes incrementos de seguros y fletes.

Incluso, en las limitadas compras de alimentos en los EE.UU., se produjeron afectaciones económicas por 23,7 millones de dólares, como resultado de las restricciones bajo las cuales se han ejecutado, que imponen gastos adicionales por: cambio de monedas, al efectuarse las transacciones a través de bancos intermediarios; demoras en la descarga de los buques, debido a dilaciones en el cobro de los pagos; y fletes, al tener que regresar los buques a los EE.UU. en lastre.

Las exportaciones cubanas de materiales informativos, que por excepción podrían realizarse a los EE.UU., requieren ser efectuadas a través de terceros países, por lo que estas transacciones se encarecen en un 40%. Por esta causa, algunas entidades estadounidenses dejaron de adquirir publicaciones cubanas, lo que ocasionó una pérdida de ingresos al país.

Desde el punto de vista financiero, el bloqueo ha tenido una incidencia decisiva en el alto Riesgo País adjudicado a Cuba. Por este concepto, se cuantificaron daños económicos por 72,2 millones de dólares, a partir de las difíciles condiciones para acceder a financiamientos externos.

Afectaciones en el desarrollo de la inversión extranjera y la colaboración económica

Cuba no puede recibir inversiones norteamericanas ni créditos para el desarrollo de las principales instituciones financieras y monetarias norteamericanas e internacionales.

En el año 2004, el Banco Mundial asignó 5 mil 300 millones de dólares a América Latina y el Caribe, mientras el BID desembolsó 4 mil 232 millones de dólares para programas de desarrollo en la región. Ni un centavo de esos recursos financieros fue entregado a Cuba. En el caso del BID, si se tomara como referencia la suma obtenida por una economía similar a la cubana en cuanto a Producto Interno Bruto y población ?como Ecuador?, Cuba habría tenido acceso a aproximadamente 48,8 millones de dólares de financiamiento blando si no existiera el bloqueo.

En el año 2003, Estados Unidos concedió 1 818 millones de dólares por concepto de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) a América Latina y el Caribe. Cuba no recibió beneficio alguno de estos flujos.

El Gobierno norteamericano manipula fraudulentamente la información sobre los recursos que recibe Cuba desde los EE.UU, planteando que anualmente ascienden a más de mil millones de dólares en donaciones autorizadas por el Departamento del Tesoro y el Departamento del Comercio. La realidad es que en el año 2004, sólo se recibieron a través de ONGS que, tras intensos esfuerzos, han sido autorizadas por el Gobierno de los Estados Unidos, donaciones por valor de 4 millones 368 mil 279 dólares.

Las afectaciones del bloqueo en materia de inversiones y colaboración han sido cuantiosas. A modo de ejemplo:

Se le impidió a la empresa VECO Canadá Ltd., con participación norteamericana, vincularse con la Empresa CUPET S.A. en proyectos de desarrollo de infraestructura y capacidades tecnológicas para la distribución y almacenamiento de combustibles en Cuba. Luego de haber comenzado las conversaciones y avanzado en varias propuestas, la empresa canadiense se vio obligada a retirarse del proyecto.

Se contrató a una firma europea la compra de equipamiento de sistemas eléctricos de riego por un monto de 5 millones 83 mil euros, de un crédito de la OPEP. Como la patente de la tecnología de las máquinas de riego Valmont es norteamericana, fue necesario fabricarlas en un tercer país para evitar penalizaciones o multas al fabricante. Esto provocó que las máquinas no estuvieran listas para la campaña de siembra de frío de 2004 ? su llegada estaba prevista para el mes de septiembre -, y las últimas llegaron en febrero de 2005, lo que ocasionó un atraso considerable en la producción agrícola.

En el primer trimestre del 2005, debió haberse recibido un donativo, a través de la cooperación internacional, consistente en tres plantas eléctricas, valorado en más de 30 millones de dólares cada turbogenerador, con vista a aliviar los problemas energéticos del país. Tan necesario donativo no pudo materializarse por presentarse dificultades con la autorización de su envío a Cuba, por ser los componentes de procedencia norteamericana, además de no asegurarse el servicio de mantenimiento.

Debido a la amenaza del cierre de las empresas y la prohibición de realizar negocios en los Estados Unidos, 3 operadores de Zona Franca tuvieron que cambiar su denominación; otros operadores para suministrar accesorios y maquinarias procedentes de los Estados Unidos a Cuba tuvieron que hacer las importaciones desde un tercer país, con los correspondientes incrementos de costos que esto ocasiona. Se reportó el caso de una compañía radicada en la Zona Franca de Berroa, al Este de La Habana, la cual tuvo que cambiar su representante legal, dado que el existente poseía permiso de trabajo en Cuba y realizaba visita de negocios a los Estados Unidos.

Por razones obvias, se omiten los nombres y otros detalles en varios casos para no facilitar la persecución al Gobierno de los Estados Unidos.

1.4. La Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Consolidadas Suplementarias y de Emergencia de los Estados Unidos de 1999 y las nuevas agresiones en el tema marcario.

Por séptimo año consecutivo, Cuba denuncia ante las Naciones Unidas la aplicación por parte del Gobierno de los Estados Unidos de la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Consolidadas Suplementarias y de Emergencia, que impide a los titulares cubanos o sus sucesores, entre ellas las empresas extranjeras con intereses en Cuba, el reconocimiento y disfrute en el territorio de los Estados Unidos de sus derechos sobre marcas o nombres comerciales registrados y protegidos en Cuba, vinculadas a antiguas propiedades nacionalizadas por el Gobierno cubano.

No es ocioso recordar que esta medida fue aprobada en octubre de 1998, por el Congreso estadounidense, mediante un proceso carente de transparencia y en beneficio de la compañía Bacardí, que aún cuando se encontraba radicada fuera de los Estados Unidos, tiene importantes intereses de negocios en ese país, a partir de los cuales ejerce considerable influencia política con vista a mantener y reforzar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba.

Tampoco es casual que la Sección 211 extienda al ámbito de la propiedad intelectual los propósitos de la Ley Helms-Burton, que como es conocido, fue promovida también, entre otros, por Bacardí.

La aplicación de la Sección 211 tiene, por tanto, implicaciones muy negativas no sólo en el marco bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, sino también en el ámbito multilateral.

En lo bilateral, refuerza el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, porque pretende impedir el desarrollo de inversiones extranjeras en la Isla, asociadas a la comercialización internacional de productos cubanos, cuyas marcas y nombres comerciales gozan de prestigio a nivel mundial. Hasta la aprobación de la Sección 211 se había mantenido, a pesar del bloqueo, el reconocimiento mutuo de los derechos de los titulares naturales y jurídicos de ambos países en la esfera de la propiedad intelectual.

La aplicación de la referida Sección por parte de un tribunal de Nueva York, impidió el fallo favorable a una compañía con intereses cubanos y franceses (Havana Club Holding) en el litigio iniciado desde 1996, es decir, con anterioridad a la aprobación de la Sección 211, para resolver la usurpación por parte de Bacardí del derecho al uso de la marca Havana Club en los Estados Unidos, mediante la comercialización fraudulenta en ese país de un ron producido fuera de Cuba.

En cumplimiento de sus obligaciones internacionales y a pesar de la política de bloqueo y hostilidad mantenida por el Gobierno de los Estados Unidos, Cuba ha honrado y continúa protegiendo los derechos de centenares de compañías estadounidenses que mantienen actualizados en el territorio nacional, los registros de más de 5 mil marcas, nombres comerciales y patentes.

El Órgano de Apelaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), decidió en enero de 2002, a instancias de la Unión Europea, que la Sección 211 viola las obligaciones de Trato Nacional y de Nación Más Favorecida del Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), instando a los Estados Unidos a ajustar dicha legislación a esas obligaciones en un período razonable de tiempo.

El Gobierno de los Estados Unidos está obligado a acatar esa decisión, y ha acordado con la Unión Europea diversos aplazamientos en su ejecución. El más reciente de los plazos acordados expiró el 30 de junio de 2005, concedido bajo el pretexto que las autoridades norteamericanas estarían trabajando con el Congreso en el ajuste de la legislación.

Cuba ha expresado de modo reiterado en las instancias pertinentes de la OMC, en particular en las reuniones periódicas de su Órgano de Solución de Diferencias, su preocupación por los sucesivos plazos acordados, instando al Gobierno estadounidense a acatar la decisión del Órgano de Apelación y a derogar la Sección 211, como única solución posible a la disputa.

La vigencia de la Sección 211, violatoria de los derechos de propiedad intelectual protegidos por convenios y acuerdos internacionales específicos, evidencia una clara doble moral del Gobierno de los Estados Unidos en materia de respeto a los derechos de propiedad intelectual y cuestiona, además, todo fundamento ético al liderazgo que dicho gobierno pretende desempeñar con relación al tema en el seno de la OMC.

La postergación reiterada por parte del Gobierno estadounidense del acatamiento del veredicto del órgano de competencia de la OMC, corrobora de modo fehaciente su falta de voluntad política para contribuir a la efectividad de los procedimientos de solución de diferencias de esa organización, en una coyuntura particularmente difícil de las negociaciones multilaterales.

El Proyecto S. 691, introducido el 4 de abril de 2005 por el Senador Pete Domenici (R-NM) y copatrocinado por senadores anticubanos como Mel Martínez (R-FL), pretende disfrazar mediante cambios cosméticos la Sección 211, fabricando la falsa imagen de que han sido realizado los ajustes necesarios para atender las recomendaciones del Órgano de Apelación de la OMC y de esta forma, poder mantener su vigencia. Dicho proyecto cuenta con la versión correspondiente en la Cámara de Representantes (Proyecto HR-1689), introducida el 19 de abril de 2005 por el Representante Tom Feeney (R/FL) y copatrocinada por congresistas opuestos al levantamiento del bloqueo a Cuba, como Ileana Ros-Lehtinen y Dan Burton.

En enero del 2004 la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América (USPTO), desestimó la demanda de Bacardí de cancelar el registro de la marca Havana Club otorgado desde 1976 a la compañía cubana CUBAEXPORT, ratificado por el fallo parcial del tribunal de Nueva York en 1998. Dicho fallo ha sido apelado por Bacardí ante los tribunales, en clara evidencia del interés de esa compañía en usurpar la marca y hacer prevalecer la Sección 211.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva Cork, ha ratificado recientemente y de forma inaudita, su decisión de dejar desamparado los legítimos derechos marcarios de la Empresa Cubana del Tabaco "CUBATABACO", propietaria de la prestigiosa marca de puros cubanos "Cohíba".

Con esta decisión, además de darle continuidad a las políticas del Gobierno norteamericano, se pretende desconocer las obligaciones internacionales de los Estados Unidos en materia de protección marcaria y comercial. Según los razonamientos de dicha Corte de Apelaciones, sobre las obligaciones internacionales de los Estados Unidos primarían en el caso de Cuba, las ilegítimas y unilaterales normas que regulan la política hostil de bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla, las cuales han sido rechazadas sistemáticamente por la casi totalidad de la comunidad internacional.

Cuba alerta a la comunidad internacional de que el mantenimiento de la Sección 211 por parte de los Estados Unidos, así como el desarrollo de otras acciones con la pretensión de usurpar en territorio norteamericano marcas cubanas de amplio prestigio internacional, que se encuentran protegidas por convenios y tratados internacionales, podría conducir a un clima de incertidumbre y cuestionamiento de estos derechos, con afectaciones concretas no sólo para Cuba, sino también para los intereses económicos y comerciales de entidades de los propios Estados Unidos.

1.5. Ejemplos de afectaciones por la aplicación extraterritorial del bloqueo

La persecución feroz contra cualquier empresa o institución comercial o bancaria extranjera que establezca o pretenda establecer relaciones económicas, comerciales o financieras con instituciones cubanas, ha continuado marcando negativamente este período y se ha hecho sentir en todas las esferas de la vida del país. A continuación, se presentan sólo algunos ejemplos:

ALIMENTACION

En agosto de 2004, se contrató a la Empresa brasileña MEBRAFE, equipos para la remodelación de todas las instalaciones frigoríficas de la UNIÓN LÁCTEA, como parte del programa social de distribución de yogurt de soya a todos los niños cubanos de 7 a 13 años de edad. Dentro del equipamiento contratado, se incluían 14 compresores de refrigeración de la marca danesa SABROE, por un importe de 339 mil 389 dólares, precio ya de por sí superior en un 40% al que podría haberse obtenido en el mercado norteamericano. La compañía SABROE de Dinamarca, fue adquirida por la York norteamericana y, en consecuencia, el proveedor de la York de Brasil, informó haber recibido una instrucción de su casa matriz en los Estados Unidos, indicando que quedaba prohibida la venta de los compresores a Cuba.

En marzo de 2005, la representación en Canadá de la compañía norteamericana International Flavors and Fragances, comunicó a la empresa canadiense Reuven International, su decisión de no venderle más aromas para la fabricación de alimentos instantáneos con destino a la empresa mixta canadiense-cubana Coracan S.A., lo cual ha afectado desde el pasado mes de mayo la producción en Cuba de refrescos instantáneos. Esta operación se hacía con la compañía canadiense Reuven Internacional, dada la imposibilidad de contratación directa, lo que ya encarecía la transacción en un 8%.

Durante el 2004 y hasta el presente, el Gobierno de los Estados Unidos ha mantenido la prohibición al laboratorio europeo Intervet Holanda, para la venta a Cuba de vacunas destinadas a la prevención de enfermedades aviares, alegando que contienen un 10% o más de antígenos producidos en los EE.UU. Esta prohibición incluye la vacuna Marek, específicamente destinada a un tipo de enfermedad aviar y la vacuna cuádruple, contra otras enfermedades como Gumboro, New Castle, Bronquitis y Reovirus. Cuba tiene que adquirir las referidas vacunas a través de terceros países, con diferencias de precios que aumentaron ? con relación a los precios que el país pagaba en el pasado a la firma WINCO ?, de 7 a 9.50 dólares la unidad en el caso de la vacuna Marek y de 68 a 150 dólares la unidad para la vacuna cuádruple. Al afectar la masa avícola en la Isla, se pretende cortar una importante fuente de proteínas en la alimentación del pueblo cubano.

En el presente año, Cuba está fabricando o importando 3 millones de ollas de presión e igual número de ollas eléctricas arroceras, para distribuir una a cada núcleo familiar a precios subsidiados, con vista a mejorar las condiciones de vida de la población. En el caso de las ollas de presión, fracasaron los intentos de adquirir a tres compañías mexicanas materias primas necesarias para la fabricación de uno de sus componentes o el producto terminado en su conjunto, como se relaciona a continuación:

1) En marzo de 2005, se le solicitó a la firma VAFE S. A. DE C.V. el producto FENOL, que se emplea en la fabricación del cabo de las ollas. Esta empresa, después de iniciar su oferta, se vio obligada a suspenderla, debido a que el material era de procedencia norteamericana.

2) Se decidió entonces cambiar la tecnología utilizando el POLIPROPILENO. Se solicitó a la firma INDELPRO S. A. una oferta de este material. Se recibió una propuesta con un buen precio (mil 200 dólares la tonelada), que el proveedor canceló al conocer que el destino era Cuba.

3) Se procedió seguidamente a firmar contratos para la compra de 185 mil unidades de la marca EKCO. Se realizó la transferencia del dinero a través de MOTOINSA al banco mexicano BANAMEX, filial del Banco norteamericano "CITYBANK". La operación fue frustrada, como consecuencia de las presiones de las autoridades norteamericanas.

SALUD

Con relación al tratamiento del cáncer, no se han podido adquirir los recambios y las fuentes radiactivas para dos máquinas de carga diferida automática para el tratamiento de tumores ginecológicos (equipos de braquiterapia), adquiridos a la empresa canadiense MSD NORDION, pues dicha empresa vendió la marca de estos equipos a la firma norteamericana VARÍAN. Como consecuencia, 120 pacientes no pudieron recibir la mejor opción de tratamiento hasta que dichas máquinas fueron sustituidas por otras de procedencia europea.

La Compañía RADIOMETER, productora danesa de Gasómetros ? equipos que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales para el análisis de gas en sangre ?, con vínculos directos con la empresa importadora MEDICUBA por más de 35 años, fue forzada en 2004 a cerrar su representación en La Habana, al ser adquirida por la compañía estadounidense "DONAHER", imponiendo gastos adicionales al sistema de salud cubano en el orden de 200 mil dólares al año.

En octubre de 2004, especialistas del Hospital "Hermanos Ameijeiras" solicitaron a los representantes de la compañía japonesa Hitachi High-Technologies Corporation la adquisición de un nuevo microscopio electrónico para la reposición de uno que data de hace 20 años y aún presta servicios en el laboratorio de Anatomía Patológica de esa institución. Los ejecutivos de Hitachi confirmaron que no podían colaborar con Cuba, porque la política de su compañía era la de respetar el bloqueo impuesto por los EE.UU. a nuestro país. La comercialización de un solo microscopio electrónico con un costo aproximado de 400 mil dólares no fue lo suficientemente atractiva como para intentar cambiar la política comercial de la compañía. Esgrimieron como problema crucial, el tema de la imposibilidad de ofertar el servicio post-venta. Aún cuando los ingenieros cubanos pudieran ser entrenados en fábrica, argumentaron que la obtención de licencias comerciales de exportación a través de la Cámara del Comercio de los EE.UU. era complicada y podía ser costosa.

EDUCACIÓN

A la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana se le negó la posibilidad de obtener un juego de reactivos para la extracción de DNA y RNA de muestras biológicas útiles para estudios con aplicaciones en la biotecnología, por parte de las empresas SIGMA y CLONTEC. Aunque el financiamiento para dicha adquisición procedía de un proyecto con fondos suecos, el suministrador denegó la adquisición alegando el bloqueo.

El Instituto de Farmacia y Alimentos, la Facultad de Química, y la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, no han podido adquirir recientemente espectrofotómetros o sus piezas de repuesto para la realización de prácticas de laboratorio. El Instituto había comprado equipos por valor de 13 mil dólares la unidad a la firma europea LKB-Pharmacia. Al ser adquirida la firma por los EE.UU., una subsidiaria de dicha empresa en España se negó a suministrar las piezas de repuesto. Al agotarse las lámparas de halógeno de dichos equipos, cuyo valor es de 12 dólares cada unidad, una Profesora intentó adquirir nuevas lámparas en la mencionada sucursal en España, siéndole negada esa posibilidad al conocer su nacionalidad cubana.

Entre febrero y abril de 2005, a Cuba le fue negada la conexión con el supercomputador de la Universidad de Minas Gerais, Brasil, aduciendo que la contratación de tal servicio excluye de forma explícita aquellos países bloqueados por los Estados Unidos. La negación del acceso a supercomputadores, ubicados en ciertas universidades latinoamericanas, limita el trabajo cooperativo con otros grupos académicos internacionales y en el desarrollo de investigaciones de punta como la informática, la nanotecnología, las neurociencias y la meteorología. Por ejemplo, el grupo de química computacional de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, al serle denegado el acceso al supercomputador y a software especializado, ve limitado el alcance de sus resultados científicos y con ello, el intercambio con otros grupos de punta del mundo.

TURISMO

A principios de julio de 2004, la empresa canadiense VIP INTERNACIONAL CORPORATION, que representaba al grupo hotelero cubano GRAN CARIBE en los Sistemas Globales de Distribución (reservaciones hoteleras y de otros servicios), informó que el 31 de ese mes interrumpiría sus servicios, ya que las reservaciones las realiza por medio de empresas basificadas en los Estados Unidos, y el Gobierno de ese país había dispuesto que no continuarían procesando las mismas. Las pérdidas potenciales de reservaciones se calcularon en 300mil dólares.

El 2 de diciembre de 2004, el gran consorcio hotelero y de viajes CENDANT CORPORATION, con casa matriz en los Estados Unidos, adquirió la compañía EBOOKERS, una de las empresas de reservaciones "online" más grande del Reino Unido, la que tramitaba reservaciones para el grupo hotelero GRAN CARIBE. A partir del 1º de enero de 2005, se interrumpió el referido servicio como consecuencia de las disposiciones del bloqueo.

Otra compañía norteamericana compró otros dos canales de distribución "online" en el Reino Unido, "OCTOPUS" y "TRAVELBAG", limitando aún más las alternativas disponibles para las reservaciones de los servicios turísticos cubanos.

FINANZAS

La compañía canadiense Paymentech Canadá, siguiendo instrucciones de su casa matriz en los EE.UU., Paymentech L.P., decidió cancelar sorpresiva y unilateralmente los servicios de procesamiento de pagos de las tarjetas de crédito VISA a las sociedades canadienses Hola Sun Holidays Limited y Canadá Inc. (Caribe Sol), en virtud de las disposiciones del bloqueo contra Cuba. Las compañías afectadas, que facilitan el turismo canadiense a Cuba, han tenido que contratar abogados para recuperar los fondos que les fueron retenidos por Paymentech Canadá, así como para reparar los daños y perjuicios causados por esta decisión, que ocasionó entre otras dificultades, que ambas hayan tenido que enrutar nuevamente todo su sistema de cobro a los miles de clientes que adquieren los paquetes turísticos que ofrecen. Además, fue necesario eliminar la tarjeta VISA como medio de pago, al no contar con otro centro de procesamiento. Los gastos en abogados y derechos judiciales ya han superado los 100 mil dólares canadienses (80 mil 400 dólares norteamericanos) y aún los procesos judiciales por daños y perjuicios y por violación de las leyes canadienses están en su fase inicial.

El 6 de abril de 2005, la empresa SEISA recibió una comunicación del Banco Sabadell Atlántico de España, informándole la congelación de la transferencia bancaria emitida el 10 de noviembre de 2004 por dicho Banco a nombre de SEISA, para pagar operaciones comerciales a uno de sus proveedores llamado SUR CONTINENTE, entidad de nacionalidad chilena que opera en el BBVA[5] de Santiago de Chile. El importe de la transferencia asciende a la cantidad de 32 mil 918 dólares, cuantía que fue bloqueada por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos.

El 4 de marzo de 2005, la sociedad Octubre Holdings S.A. instruyó al Banco COOP de Ginebra, Suiza, girar a la cuenta de Galax Inc., en el "Banco Nacional de Canadá", el equivalente de 400 mil dólares americanos en dólares canadienses. Por error del Banco COOP, este pago se realizó en dólares norteamericanos al Bank of New York y, por consiguiente, estos fondos fueron bloqueados el 10 de marzo de 2005.

TRANSPORTES

La Empresa Navegación Caribe, se ha visto afectada en sus ingresos por la reducción de sus maniobras portuarias y de sus servicios de agua a buques extranjeros, fundamentalmente cruceros, dejando de percibir 1,13 millones de dólares. Además, se vio obligada a realizar desembolsos adicionales en la adquisición de piezas de repuesto y materiales para la reparación y el mantenimiento de las embarcaciones en terceros mercados, dada la prohibición de adquirirlos en el estadounidense, lo cual encareció los costos en cuanto a fletes e intermediarios en el orden de los 63,8 millones de dólares.

Recientemente, a la naviera extranjera ZIM se le solicitó información sobre cotizaciones de tráfico Habana?Chile, respondiendo que era imposible ofrecernos información, ni poder realizar la operación debido a la Ley Torricelli, ya que los buques de esta línea viajan frecuentemente a puertos norteamericanos. Se tuvo que aceptar una tarifa más alta de otra empresa extranjera. En la ZIM los contenedores de 40 pies tienen un costo de 2 mil 700 dólares/contenedor, mientras que hubo que pagar a la otra empresa 4 mil 500 dólares/contenedor.

El bloqueo ha causado pérdidas en el último año a las empresas de la pesca cubana por valor de 3 millones 593 mil 400 dólares, de los cuales 615 mil 100 dólares fueron por concepto de fletes. Con esos recursos, se podrían haber adquirido 5 mil 246 toneladas de pescado para el consumo de la población.

En diciembre de 2004, la empresa Transcargo-Panalpina, transitario internacional que mantiene relaciones de corresponsalía con Transcargo para transportar 1800 vehículos desde Asia con destino a Cuba, tuvieron que realizar trasbordo en un tercer país, lo que encareció la operación en 360 mil dólares. Ello se debió a la necesidad de evitar la posible interferencia de la transacción, que incluye el eventual decomiso de las mercancías por las autoridades federales o regionales de los EE.UU., en virtud de las regulaciones estadounidenses extraterritoriales impuestas a Cuba.

AERONAÚTICA

El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba se vio imposibilitado de arrendar un motor PW 127, lo que causó la paralización durante 17 días de una aeronave de fabricación europea ATR, con un daño económico de 126 mil dólares.

En el mes de septiembre de 2004, la compañía aérea de Suecia NOVAIR, la cual había suscrito con la aerolínea CUBANA DE AVIACIÓN un contrato de arrendamiento de una aeronave Airbus 330 desde febrero de 2003, notificó que su proveedor de mantenimiento SR TECHNICS, había manifestado tener problemas para continuar prestando los servicios en La Habana, puesto que estaba violando las regulaciones del Departamento del Comercio de los EE.UU. El 30 de abril de 2005, cesó el arrendamiento del A330 y CUBANA tuvo que arrendar otra aeronave más costosa a fin de poder cumplir sus compromisos con los usuarios, con un gasto en exceso de más de 2 millones de dólares.

En noviembre de 2004, la empresa estadounidense ARINC advirtió a la aerolínea canadiense AIR TRANSAT, que no podía seguir brindando servicio de "check-in" a la aerolínea CUBANA en el aeropuerto de Montreal, mediante el IMUSE SYSTEM de esa empresa, pues ello constituía un beneficio indirecto para Cuba y el Gobierno de los EE.UU. tenía un "embargo" hacia la Isla. Dejó claro que cualquier "uso impropio" en el futuro daría lugar a la terminación del servicio a la propia aerolínea AIR TRANSAT. Finalmente, el 19 de marzo de 2005, ARINC suspendió unilateralmente a la empresa canadiense HANDLEX y a ADM (Aeroports de Montreal), el acceso a los servicios contratados destinados a CUBANA DE AVIACIÓN. Producto de lo anterior, se ven afectados los usuarios que sufren demoras en el chequeo por ser este manual (o sea, la elaboración de pase a bordo, etiquetas de maletas, entre otros), se daña la imagen de la empresa CUBANA DE AVIACIÓN y su competitividad comercial, la cual además, se ve obligada a tomar medidas excepcionales para garantizar la seguridad de los vuelos. ARINC es la única proveedora de estos servicios en el aeropuerto de Dorval, en Montreal y, en consecuencia, a la aplicación extraterritorial de la legislación norteamericana, se suma el abuso derivado del control monopólico de la oferta en el servicio.

PETRÓLEO

En el último cuatrimestre de 2004, la compañía IES, Sistemas Integrados de Exploración, domiciliada en Alemania, solicitó un espacio de 2 horas en el marco de la Primera Convención de Ciencias de la Tierra (Cuba, 5 al 8 de abril de 2005), para una demostración de la tecnología en software de esa firma, relativa a las modelizaciones 2D y 3D de Sistemas Petroleros. Interesa a Cuba la adquisición de estas aplicaciones informáticas, ya que el costo de modelizaciones similares en otros países supera con creces la oferta de IES. El creciente desarrollo de la exploración petrolera costa afuera, hace necesario trabajar durante todo el año con las modelizaciones de los sistemas petroleros, basadas en la utilización de un número cada vez mayor de líneas sísmicas. Disponer de estas herramientas de tecnología avanzada en el país, resultaría económicamente ventajoso y brindaría mayor seguridad para nuestra información de exploración.

Finalmente, se recibió una notificación de IES negando la venta de software, alegando que aunque IES no es propiedad de ciudadanos norteamericanos y sus operaciones se realizan en Alemania, hay una parte de IES incorporada a los EE.UU., por lo que la firma no puede en manera alguna tener relaciones con compañías cubanas. Adicionalmente, también canceló su participación en la Convención de Ciencias de la Tierra, celebrada en abril pasado.

En el mundo existen 40 plataformas y barcos que pudieron haber participado en la licitación realizada para la perforación del pozo de exploración petrolera en aguas profundas (1600 metros). Sólo 3 compañías estuvieron en disposició

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