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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2005-08-31 a horas: 11:06:47

Sigue fortaleci?ndose el puente de la sociedad civil entre Colombia y Europa

Cristiano Morsolin*En estos ?ltimos tiempos se est? fortaleciendo el puente de la sociedad civil entre Colombia y Europa para exigir el respecto de los derechos humanos. En respuesta de la excepci?n de inconstitucionalidad de la ley de ?Justicia y Paz? presentada en Bogot? por el? Movimiento de V?ctimas de Cr?menes del Estado?, un grupo de 150 ONGs y organizaciones sociales de EUROPA han firmado una carta abierta para presionar a la Uni?n Europea para que no apoye el proceso de desmovilizaci?n de los grupos paramilitares con relaci?n a la ley antes mencionada, ya que en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros UE tendr? un espec?fico debate el pr?ximo 6 de septiembre.

El Movimiento de V?ctimas de Cr?menes de Estado solicita excepci?n de inconstitucionalidad de la ley de "Justicia y Paz"

El martes 9 de agosto, el Movimiento de V?ctimas de Cr?menes de Estado, recientemente constituido, ha entregado al Vicepresidente Francisco Santos, un derecho de petici?n donde se le solicita aplique la excepci?n de inconstitucionalidad de la ley No. 975 de 2005, y por ende no conforme la Comisi?n Nacional de Reparaci?n y Reconciliaci?n, prevista en el art?culo 50 de dicha ley.

Para los miembros del Movimiento de V?ctimas, esta Comisi?n carece de legitimidad y su conformaci?n significar?a una nueva violaci?n a la dignidad de las v?ctimas y su derecho a la participaci?n. Como lo han mencionado en varias oportunidades p?blicamente, la mencionada ley desconoce los est?ndares internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y principios fundamentales de la Constituci?n Pol?tica de Colombia.

Por el contrario, "es de facto, una ley de impunidad que posibilita a los victimarios seguir encubriendo tanto las circunstancias de modo, tiempo, lugar, como a los determinadores de los cr?menes que cometieron, impide tambi?n, que los victimarios reciban el castigo proporcional a los delitos cometidos, que las v?ctimas participen en la toma de decisi?n de los procedimientos para la reparaci?n integral...", asegurando as? la consolidaci?n paramilitar en todos los campos.

Este es el quinto Derecho de Petici?n que los representantes del Movimiento de V?ctimas han realizado desde el a?o pasado. El primero, enviado el 1 de julio de 2004, solicita informaci?n sobre el estado de 2,137 casos de cr?menes de lesa humanidad debidamente enunciados y detallados- cuyos presuntos autores son los jefes paramilitares Hern?n Giraldo, Diego Fernando Bejarano, Salvatore Mancuso G?mez, Jos? Vicente Casta?o, Rodrigo Tovar Pupo, Iv?n Roberto Duque, Hern?n Hern?ndez, Jos? Miguel Arroyave Ruiz, Lorenzo Gonz?lez Quinch?a y Carlos Casta?o. El segundo, remitido el 28 de julio del mismo a?o, solicita informaci?n y apertura de investigaci?n de otros 143 casos de "desaparici?n forzada"; y el tercero, emitido el 1 de octubre de 2004 pide la investigaci?n de los homicidios que estar?an cometiendo presuntamente los jefes paramilitares concentrados en la llamada "zona de ubicaci?n" de Santa Fe de Ralito, y de los cuales, daban cuenta las grabaciones magnetof?nicas trascritas por la revista Semana (edici?n del 27 de septiembre al 4 de octubre de 2004) en las que el Alto Comisionado para la Paz habla de tales hechos con los voceros de los grupos paramilitares.

El pen?ltimo, dirigido al nuevo Fiscal de la Naci?n, Mario Iguar?n, adem?s de solicitarle la excepci?n de inconstitucionalidad de la ley, le pide que haga efectiva la posibilidad de que las v?ctimas de los casos rese?ados por el movimiento, se constituyan en parte civil en el procedimiento que adelanta la Fiscal?a en el marco de la ley de "justicia y Paz", haciendo uso del derecho de las mismas a la verdad con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

El Movimiento de V?ctimas de Cr?menes de Lesa Humanidad se materializ? durante la clausura del Segundo Encuentro Nacional de V?ctimas, realizado en Bogot? el pasado 23, 24 y 25 de junio, fecha en la cual, m?s de mil representantes de todo el pa?s se dieron cita con el ?nimo de evaluar y definir estrategias jur?dicas y pol?ticas dentro y fuera del pa?s para buscar la derogatoria de la reci?n aprobada ley de "Justicia y Paz", conformar una Comisi?n Internacional de Observaci?n del proceso de avance del paramilitarismo en Colombia, entre otras cosas.

Comentarios de la sociedad civil colombiana

Sobre este desacuerdo de la sociedad civil colombiana presentamos el comentario de Alirio Uribe Mu?oz y Diana Teresa Sierra G?mez del "Colectivo de Abogados Restrepo":

"En el marco de la Pol?tica de Seguridad Democr?tica de ?lvaro Uribe V?lez, se ha mantenido un ataque sistem?tico y generalizado contra la poblaci?n civil, los sectores ind?genas, sociales y de derechos humanos. Se hace evidente la militarizaci?n de las regiones donde estrat?gicamente se desarrollan megaproyectos y la expansi?n de las multinacionales, favoreciendo intereses privados nacionales y de inversores extranjeros. El Plan Colombia y el Plan Patriota vienen acrecentando la fuerte presencia militar de los Estados Unidos en nuestro territorio con el fin de resguardar sus intereses. Frente a este punto, vale la pena recordar que dicho pa?s tiene un Acuerdo de Inmunidad firmado con Colombia para no permitir que sus ciudadanos responsables de cr?menes de competencia de la Corte Penal Internacional sean llevados ante dicha instancia internacional.

En Colombia la administraci?n de justicia es casi inexistente frente a los cr?menes de lesa humanidad. Por el contrario, la justicia colombiana ha cumplido y cumple un papel muy importante a la hora de esconder la responsabilidad directa e indirecta del Estado en la gran mayor?a de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; al igual que los m?viles y verdaderos intereses que se entretejen a su alrededor. Ello se debe a que no investiga, ni juzga, ni sanciona a los responsables de su comisi?n y por el contrario les absuelve o les beneficia, como se viene haciendo con los desmovilizados y como se pretende hacer con las prerrogativas que contienen los Proyectos de Ley que se adelantan actualmente en el Congreso de la Rep?blica, proyectos dirigidos a los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluyendo reconocidos narcotraficantes, en el marco de las negociaciones que se adelantan con dicho grupo en Santa F? de Ralito. Este proceso de di?logo compromete la responsabilidad pol?tica y penal del gobierno y de sus funcionarios de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con el Derecho Penal Internacional.

Primero, porque no se reconoce al Estado como creador del paramilitarismo en el pa?s y precursor de la connivencia entre las autoridades civiles y militares y los miembros de dichos grupos. Segundo, porque no existe un antagonismo pol?tico y econ?mico entre el gobierno nacional y los grupos paramilitares, como se supone en la frase que dice "la paz se hace entre enemigos y no entre amigos". Tercero, porque con su pol?tica de sometimiento de la poblaci?n civil al conflicto a trav?s de los programas de soldados campesinos, la red de informantes y cooperantes y la multiplicidad de empresas de seguridad privadas, se est? realizando una reconversi?n de las estructuras paramilitares que puedan sustituir las existentes entrando a un nuevo modelo de Estado Paramilitar. Cuarto, porque los paramilitares no cumplieron el cese al fuego que propusieron desde el 2003 y ni el Estado ni el designado Jefe de la Misi?n por la Secretar?a General de la Organizaci?n de Estados Americanos (OEA), hicieron nada para lograr que se cumpliera, de modo que solamente durante el 2003 se cometieron 1243 ejecuciones extrajudiciales, 139 desapariciones forzadas, 115 torturas, masacres y otras acciones en contra de los colombianos. Quinto, porque el papel de las v?ctimas ha sido completamente borrado de estos espacios al neg?rseles categ?ricamente sus derechos a la verdad, la justicia y la reparaci?n.

La sociedad civil en su conjunto, los organismos internacionales de la ONU, de la OEA, y las ONG internacionales, han demandado al gobierno el desmonte de los grupos paramilitares debido a que con este proceso no se est? garantizando dicho desmonte, sino un proceso de impunidad sin verdad (sin confesiones plenas), sin justicia, sin devoluci?n de los secuestrados y desaparecidos, sin devoluci?n de los bienes fruto de sus cr?menes y de sus actividades de narcotr?fico. De ah? que para el pa?s las p?ginas enviadas por el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, sean s?lo una advertencia de que los ojos del mundo est?n puestos sobre esta negociaci?n, que es apenas el inicio de un proceso que puede llevar a abrir el caso Colombia en el seno de la CPI por los innumerables cr?menes de lesa humanidad que se siguen cometiendo en el pa?s con absoluta impunidad. De igual manera es un llamado para que las v?ctimas y todos los que luchamos contra la impunidad denunciemos los cr?menes, los responsables (sean personas particulares o servidores p?blicos), los m?viles y las pol?ticas que los amparan y pretenden dejarlos en la impunidad. Este es un espacio que hoy tenemos que aprovechar para alzar nuestras voces, para decir lo que realmente est? sucediendo" concluyen los representantes de la organizaci?n colombiana afiliada a la Federaci?n Internacional de derechos humano FIDH (www.fidh.org ).

Lilia Solano, Directora de "Proyecto Justicia y Vida" denuncia que "la impunidad pas? de estar cantada a ser legitimada por la llamada ley de "justicia y paz". Los voceros del paramilitarismo han anunciado que al menos que la ley se ajuste a sus exigencias, van a prender el ventilador que expondr?a p?blicamente los nombres de miembros del gobierno; muchos congresistas, hacendados, pol?ticos que controlan las regiones y militares, sin contar el juego de empresas transnacionales. Este proyecto que el Congreso est? a punto de convertir en ley, pretende borrar ol?mpicamente de la memoria del pa?s que el Estado ha creado grupos de mercenarios y ha promovido acciones terroristas.

Se quiere borrar la responsabilidad estatal por la pr?ctica de la "guerra sucia"; guerra que adem?s de usar grupos paramilitares, cre? estructuras encubiertas dentro de las fuerzas militares que llevaron a cabo toda clase de aberraciones de forma sistem?tica y generalizada. Es decir que estas pr?cticas no s?lo est?n enfocadas a ciertas personas sino que golpea a algunos sectores selectivamente para producir efectos que se extienden a la sociedad en general. Esto no se puede lograr de no ser por la participaci?n del Estado a sus m?s altos niveles. En este proyecto de ley que pretende sacar adelante el gobierno, l?gicamente no se est? considerando la responsabilidad del terrorismo estatal ni las flagrantes violaciones de los derechos humanos del Estado. Por el contrario, se siguen justificando estas violaciones a nombre de la llamada pol?tica de "Seguridad Democr?tica" cuyas pr?cticas est?n en contrav?a de los m?s elementales preceptos de la dignidad humana".

La respuesta de la sociedad civil europea

El pr?ximo 6 de septiembre, la UE decidir? si apoya el pretendido proceso de desmovilizaci?n de los grupos paramilitares. En diciembre del 2004, la UE se comprometi? a apoyarlo s?lo si fuera regulado por un marco legal acorde con el derecho internacional y si los grupos paramilitares respetaban el cese de hostilidades. Sin embargo, la reci?n aprobada ley de "justicia y paz" no cumple con los est?ndares internacionales requeridos y los paramilitares persisten en incumplir con el cese de hostilidades pactado con el Gobierno.

Mas de 150 organizaciones sociales y de derechos humanos de Alemania, Espa?a, Italia, B?lgica, Francia, Holanda, Suiza, Gran Breta?a, han firmado una carta abierta (la lista completa se encuentra en: www.kolko.net ) para presionar la Uni?n Europea para que no apoye el proceso de desmovilizaci?n de los grupos paramilitares con relaci?n a la ley antes mencionada, que ya fue anteriormente criticada por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por varios diarios de la prensa internacional como New York Times, The Guardi?n, El Pa?s.

En la carta abierta se subraya que "el marco legal compuesto por la ley de "justicia y paz" y los decretos 128 y 2767 no garantiza los derechos de las v?ctimas a la verdad, la justicia y la reparaci?n. As?, el proceso de desmovilizaci?n contraviene las normas del derecho internacional y obstruye el camino para un genuino proceso de esclarecimiento de graves cr?menes y reconciliaci?n que contribuya al establecimiento de una paz duradera en Colombia.

En la medida en que el marco legal establecido no contiene reglamentaci?n que garantice el efectivo desmantelamiento de las estructuras paramilitares, dif?cilmente el di?logo y las negociaciones entre los grupos paramilitares contribuir?n a la paz. En cambio, la impunidad que permite cada vez m?s podr?a dar lugar a que los grupos paramilitares se reciclen y legalicen.

La ley de "justicia y paz" y el decreto 128 refuerzan la impunidad que ha imperado durante las ?ltimas d?cadas, pues los mecanismos de investigaci?n y las sanciones que prev?n no son ni apropiados ni suficientes.

A pesar de que esas normas deber?an revertir los desplazamientos forzados de aproximadamente tres millones de personas y la expropiaci?n de sus tierras, muchos paramilitares (autores de miles de cr?menes) conservar?an las propiedades usurpadas. Adem?s, en virtud del decreto 2767, los paramilitares que se acrediten como desmovilizados recibir?an beneficios econ?micos equivalentes a 40 veces la ayuda que el Gobierno destina para las familias desplazadas.

Por lo tanto, las organizaciones firmantes exigen a la UE y a sus Estados miembros que no apoyen pol?tica ni econ?micamente el proceso de desmovilizaci?n de los grupos paramilitares en las condiciones en que se presenta actualmente.

Solicitamos a la UE y a sus Estados Miembros que exijan al Gobierno colombiano que garantice el efectivo desmantelamiento de las estructuras paramilitares y los derechos de las v?ctimas a la verdad, la justicia y la reparaci?n. Pedimos a la UE que haga valer toda su influencia para evitar que a trav?s de la ley de "justicia y paz" y los decretos 128 y 2767 queden impunes graves violaciones de los derechos humanos, cr?menes de lesa humanidad y cr?menes de guerra. Las recomendaciones de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de NNUU para los Derechos Humanos y de la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos proporcionan un marco adecuado para el cumplimiento de los est?ndares internacionales.

Es fundamental no apoyar el actual proceso de desmovilizaci?n a trav?s del monitoreo del mismo o de proyectos de cooperaci?n, para no aplazar la b?squeda de la verdad de los graves hechos ocurridos en Colombia, durante las ?ltimas d?cadas, ni legitimar la impunidad. La efectiva desmovilizaci?n de los grupos paramilitares es un requisito necesario para una soluci?n pac?fica del conflicto colombiano. Sin embargo, esa desmovilizaci?n debe orientarse hacia el total desmantelamiento de las estructuras paramilitares y debe formar parte de una estrategia de paz integral. S?lo bajo esas condiciones y garantizando los derechos a la verdad, la justicia y la reparaci?n, el proceso de desmovilizaci?n paramilitar podr?a convertirse en un aporte para la paz" concluye el documento de la sociedad civil europea.

Seminarios y movilizaciones en EUROPA

La carta abierta de la sociedad civil europea se relaciona con algunos seminarios y eventos organizados en Espa?a, Italia y Portugal para alimentar la movilizaci?n con respecto a la violaci?n sistem?tica de los derechos humanos en Colombia.

"Territorio, Vida y Seguridad Humana frente a Planes Econ?micos y Militares - Resistencias sociales, deuda ecol?gica y alternativas a la impunidad y la globalizaci?n neoliberal en Am?rica" fue el t?tulo del seminario internacional realizado del 8 al 11 de junio en Madrid, convocado por Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalizaci?n Neoliberal (varios pa?ses de Am?rica Latina, principalmente); Comunidades de Autodeterminaci?n, Vida, Dignidad del Cacarica ? CAVIDA (Colombia); Consejo Comunitario de Jiguamiand? y familias de Curvarad? (Colombia); Comisi?n Intereclesial de Justicia y Paz (Colombia).

H?ctor Arenas, destacado periodista del semanario "Desde Abajo" de Bogot? enfatiza que "la reuni?n fue un espacio de memoria creadora en el que se destac? la excepcional calidad de las ideas, informes y propuestas presentadas junto a la sorprendente concurrencia de organizaciones y movimientos que en Europa laboran a favor de la verdad, del fin de la impunidad y la lucha por el respeto verdadero integral a los derechos humanos y la participaci?n de una asombrosa diversidad de comunidades que en Am?rica Latina resisten el destierro y el exterminio ordenado por los planes econ?micos multinacionales sobre la regi?n. La nutrida asistencia al Seminario mostr? el inter?s creciente por lo que acontece en Colombia y en Am?rica Latina por parte del amplio tejido de organizaciones y personas que laboran en Europa en favor del respeto a la vida y su dignidad".

Padre Javier Giraldo, famoso Jesuita Presidente de la Comision eclesial "Justicia y Paz" de Colombia (cesantemente amenazado por su compromiso firme por la paz y la verdad) analiza la perspectiva global de este seminario internacional: "desde el mundo de la exclusi?n y su autoritarismo nos pretenden imponer los conceptos y planes de la globalizaci?n neoliberal y de la impunidad de cr?menes de lesa humanidad. Este seminario busca se?alarlos certera y modestamente, de lo general a lo concreto, para hablar con autoridad desde las v?ctimas, que es tambi?n el lugar de muchas de las resistencias sociales que hoy enfrentan desaf?os como el Plan Puebla Panam? y otras proyecciones dominantes, que descomponen a los pueblos y que atentan contra la vida, el territorio colectivo, las aspiraciones de seguridad humana y dignidad de millones de personas, especialmente de las comunidades que han sido azotadas por la militarizaci?n y paramilitarizaci?n al servicio de intereses hegem?nicos y de multinacionales, como se patenta hoy en el laboratorio de la guerra neoliberal en Colombia.

Colombia fue admitida como observadora en el Plan Puebla Panam?, para extender proyectos relacionados con la explotaci?n de recursos y el establecimiento de infraestructuras como puertos, el Sistema de Interconexi?n El?ctrica, el trazado de un gaseoducto desde Venezuela hasta Centroam?rica, as? como la finalizaci?n de la Carretera Panamericana, que destruye no s?lo la regi?n del Dari?n colombiano y paname?o, sino que amenaza otras zonas ?nicas por su biodiversidad y riqueza. En ellas viven desde hace siglos y d?cadas, comunidades que han sido objeto de salvajes estrategias militares de arrasamiento a trav?s de grupos paramilitares y de otras expresiones autoritarias, que han expulsado de su territorio a cientos de miles de pobladores afro descendientes, ind?genas y campesinos mestizos. Se vienen poniendo en marcha esos planes por mercenarios, ej?rcitos y capitales asociados, que ejecutan y escoltan la siembra de la palma aceitera, la extracci?n de los recursos forestales y el saqueo de especies vegetales y animales, dentro de una descomunal destrucci?n de la vida humana y de la naturaleza, en esta reserva singular en el mundo, declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y designado como Reserva de la Biosfera.

Como segunda cuesti?n el seminario internacional ha analizado "La Cartograf?a de la Esperanza"? La frontera entre Panam? y Colombia, esa esquina de Am?rica, es hoy lugar de espantosas realidades de muerte, al tiempo que de esperanza frente a: los planes econ?micos y militares, a los grupos paramilitares y la impunidad, al saqueo y la expoliaci?n, a los programas de rehegemonizaci?n de poderes pol?ticos y econ?micos que desconocen acumulados del derecho internacional m?s progresista, frente a todo esto, las comunidades y organizaciones de esa regi?n y muchas otras desde La Florida hasta Argentina, a lo largo del continente, se vienen reuniendo mediante encuentros internacionales y articulando redes y propuestas alternativas durante estos ?ltimos a?os, para unirse y acordar gritos de resistencia de cara a esos planes que buscan comerciar con la vida, el territorio y nuestras posibilidades de futuro convirtiendo absolutamente todo en una mercanc?a.

En las comunidades del Cacarica, Jiguamiand? y Curvarad?, departamento del Choc?, y otras propuestas hermanas en la regi?n de Urab? (Colombia), se desarrolla por afro descendientes de aquellas cuencas y por las poblaciones ind?genas, campesinas y los y las acompa?antes defensoras y defensores de los derechos humanos y de los pueblos, una amplia propuesta de afirmaci?n del derecho a la vida y al territorio. Esa propuesta es plural, pero busca su coherencia ?tica y pol?tica, para socializarla frente a las ofensivas y estrategias que pretenden imponer tales planes de infraestructura y comercio. El exterminio tras las obras de infraestructura y los proyectos econ?micos representan no s?lo el aniquilamiento de esas comunidades, la negaci?n de su derecho a la existencia y a la identidad sociocultural, sino que mina las bases m?s costosas de la conciencia humana: cr?menes de verdadero genocidio se suman a la destrucci?n ambiental irreversible, y a la consumaci?n de la impunidad de los autores materiales se suma la inmunidad de sus beneficiarios.

Es ya inobjetable lo que sangra. Estas comunidades de esta esquina de Colombia y Am?rica han sido atacadas sin tregua desde 1997. Pero tambi?n han sido acompa?adas por decenas de organizaciones del continente, como el MST de Brasil, el pueblo Mapuche de Chile, Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina (l?nea fundadora); hay apoyos de entidades humanitarias, de gente solidaria, religiosas y religiosos, de acad?micos y activistas de los derechos humanos, de militantes de los movimientos sociales, etc. Han integrado en medio de la guerra y la voracidad neoliberal una red de alternativas. Oponi?ndose as? a los intereses puramente econ?micos, para ser humanos y humanas en otro escenario que sea la voz y las propuestas de vida de los despose?dos y perseguidos en el continente.

Las organizaciones que reivindican su derecho al territorio, a la vida y a la seguridad humana, que creen en la cooperaci?n como solidaridad para la justicia, que en suma luchan por los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos, buscan fortalecer la sensibilizaci?n y los lazos de apoyo en el ?mbito europeo, y espec?ficamente espa?ol, para actuar removiendo las desventajas frente a las pol?ticas del despojo.

Las comunidades de Cacarica, Jiguamiand? y Curvarad?, la Comisi?n de Justicia y Paz, de Colombia, junto con la Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalizaci?n, decidieron en el V Encuentro Internacional (Hacia un mundo posible - Construyendo alternativas al Plan Puebla Panam? y el TLC, por la Defensa de la Vida, la Biodiversidad y el Territorio de la Humanidad, en Cacarica, diciembre de 2004), convocar a un SEMINARIO INTERNACIONAL: Territorio, Vida y Seguridad Humana frente a planes econ?micos y militares. Resistencias sociales, deuda ecol?gica y alternativas a la impunidad y la globalizaci?n", concluye el destacado jesuita director del Banco de Datos sobre violencia pol?tica en Colombia "Noche y Niebla" (www.nocheyniebla.org ).

Siempre en Madridel 20 y 21 de junio se ha realizado el seminario "UE-Espa?a-Colombia: Propuestas para la paz y los derechos humanos", coordinado por el Grupo SUR, Centro de Investigaci?n para la paz CIP e Instituto Complutense de Estudios Internacionales ICIEI, con la participaci?n del candidato presidencial colombiano Senador Carlos Gaviria. En las conclusiones Lourdes Castro, Presidenta del Grupo Sur, recuerda que "la Uni?n Europea no conoce suficientemente que es el paramilitarismo en Colombia. No hay que olvidar el origen del paramilitarismo y ?l vinculo entre paramilitares y Fuerza Armadas, que exige por parte del Estado el desmantelamiento de las estructuras, una depuraci?n ideol?gica de la doctrina militar y una depuraci?n de las fuerzas armadas. La ley de "Justicia y Paz" esta dise?ada para beneficiar con la impunidad a los cabecillas, pero el decreto que rige actualmente las desmovilizaciones esta permitiendo el "reciclaje legal" de las estructuras paramilitares".

David Listar, Coordinador del Observatorio de la Deuda en la Globalizaci?n de Barcelona (www.observatorideute.org ), qui?n, al regresar de un viaje a Bogot? y la Costa Atl?ntica, ofreci? una esclarecedora entrevista a H?ctor Arenas sobre las relaciones Espa?a ?Colombia, pocos d?as antes de la visita presidencial a Espa?a de julio.

"Lo que m?s me ha impresionado - se?alo David Listar - ha sido la atm?sfera de terror. No es f?cil contemplar un pa?s con un trato humano tan c?lido y asombrosa belleza natural, tan militarizado y con la gente tan amedrentada. Subleva conocer las dificultades extremas con las que tienen que moverse los ambientalistas y los defensores de derecho humanos para realizar su labor y palpar de cerca una realidad tenebrosa en el norte de Colombia en donde en los ?ltimos meses se han cometido mas de 300 asesinatos que no han sido reportados por ser parte de un despliegue de control paramilitar".

"En un escenario global de crisis energ?tica, se produce una presi?n de las empresas transnacionales de este sector por ubicar y apropiar los ?ltimos yacimientos en el mundo. En un lugar de conflicto las multinacionales adoptan nuevas estrategias. La "Seguridad" se convierte en una obsesi?n, sin la "Seguridad" de corto plazo requerida para recuperar inversi?n y garantizar r?pidos y cuantiosos dividendos es imposible actuar."

"En Colombia, mas del 56% del sector energ?tico est? en manos de multinacionales espa?olas: Uni?n FENOSA cubre la Costa Atl?ntica y en Bogot? funciona Endesa; Electro caribe, Electro norte, Engesa, pertenecen a estas empresas espa?olas. La expansi?n de las empresas de energ?a y de agua - Aguas de Barcelona- en Am?rica Latina en los noventa se hace de la mano de los Bancos: SCH y BBVA. Estos facilitan los mecanismos financieros que les permiten aprovechar la oleada privatizadora que discurre en medio de la corrupci?n. En la primera mitad de los noventa se privatizaron los monopolios p?blicos espa?oles beneficiando a gente muy cercana a los dos partidos: PSOE y PP. De all? vienen Villalonga, Rodrigo Rato... Privatizaci?n y Corrupci?n avanzaron y avanzan unidas con una burgues?a de tradici?n muy rentista. Repsol, por ejemplo, es una petrolera de un pa?s sin petr?leo, una empresa enana que se come a un gigante como YPF en Argentina a precios incre?blemente bajos. Una Comisi?n independiente se?al? que el precio de venta de YPF fue un 10% de su valor real en el mercado. Eso solo lo puedes lograr, como sucedi? en toda Am?rica Latina, con presi?n del FMI forzando las privatizaciones y una corrupci?n sin limites" ? concluye el activista catalano.

Se han organizados actividades tambi?n en Portugal...

Andrea Regelmann, miembro del equipo de Colombia del Instituto por la Paz Global IGF de Tamera (Portugal) ha declarado que "dos habitantes de la Aldea de Paz San Jos? de Apartado en Colombia han visitado la Universidad de Verano de Tamera en Julio de 2005. Quien ha o?do a esa gente, quien los ha visto y ha re?do y llorado con ellos, no puede permitir que pronto puedan formar parte de las v?ctimas. Con publicidad internacional podr?a surgir un primer anillo de protecci?n. Entonces tendr?amos tiempo para desarrollar una visi?n com?n para una aldea solar de paz global. El miembro del Bundestag alem?n y portador del premio N?bel alternativo de paz Herman Scheer y la organizaci?n Eurosolar han anunciado aceptar el patronato para ello.

Del 21 al 26 de Septiembre de 2005 los habitantes de San Jos? han invitado a hu?spedes internacionales a una "fiesta de la vida", para juntos hacer honor a los muertos y para entonces mirar a la visi?n de una aldea-modelo de paz, una semilla de esperanza para Colombia. El IGF enviar? a tres colaboradoras para este encuentro".

En Italia esta programado el III Foro Internacional Colombia Vive!, que se realizar? en la ciudad de Cascina el 17-18 de septiembre. La secretaria de la Red Italiana de Solidaridad con las Comunidades de Paz del Choc? y Urab? en Colombia (que esta conformada por varios gobiernos regionales de Umbr?a y Toscana, por Municipios importantes como Roma y Narni, entre otros) Carla Mariani explica que "el Foro estar? dedicado a profundizar el tema de la protecci?n de los procesos de resistencia civil en Colombia (en particular modo las comunidades de paz y de resistencia civil), en la perspectiva de concertar tanto con los representantes colombianos como las organizaciones italianas y europeas participantes, l?neas generales de acci?n que califiquen en t?rminos de eficacia los esfuerzos que colectiva e individualmente estas organizaciones realizan y/o podr?an realizar en esta materia".

Posici?n del Observatorio Mundial por la protecci?n de defensores de derechos humanos

En ocasi?n de la 93? Sesi?n de la Conferencia Internacional del Trabajo OIT (Ginebra, 13.06.2005) Mariana Duarte del secretariado internacional de Ginebra del Observatorio Mundial por la protecci?n de defensores de derechos humanos OMCT (www.omct.org ) ha declarado que: "la OMCT est? particularmente preocupada por la situaci?n de los l?deres sindicales y sus familias en Colombia, donde la lucha por los derechos de los trabajadores y los campesinos es frecuentemente asimilada con una actividad subversiva, bajo el pretexto de la existencia de grupos guerrilleros izquierdistas. S?lo en 2004[1], la OMCT registr? cerca de 25 asesinatos de sindicalistas, mientras que s?lo fue pronunciada una condena.[2] Los l?deres sindicales en Colombia son, cada vez m?s, objeto de amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares (amenazas que a menudo se convierten en asesinatos), y de arrestos arbitrarios por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En las semanas recientes, la OMCT fue informada de los arrestos de dos sindicalistas: el Sr. Hernando Hern?ndez Tapasco, del Departamento de Derechos Humanos de FENSUAGRO (Federaci?n Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria), ocurrida el 1? de junio de 2005, y el Sr. Javier Dorado, afiliado a SIMANA (Sindicato del Magisterio de Nari?o), ocurrida el 26 de mayo de 2005. Ambos est?n acusados de rebeli?n. En un informe publicado con ocasi?n de esta Conferencia (titulado Colombia: El Aniquilamiento del Sindicalismo por la Norma y la Pr?ctica), tres federaciones sindicales colombianas (CUT, CGT y CTC)[3] anunciaron la existencia de un plan de liquidaci?n del movimiento obrero, bajo la mirada c?mplice del Estado. La existencia de este plan, dirigido contra los opositores pol?ticos, ya ha sido denunciada en el pasado. A pesar de advertencias bien documentadas, la comunidad internacional no se ha movilizado para impedir la ejecuci?n y las desapariciones forzadas de los opositores pol?ticos.

La OMCT espera que la decisi?n de la OIT, en el sentido de enviar una delegaci?n de alto nivel a Colombia, sea un signo de voluntad pol?tica renovada por parte de la comunidad internacional, para poner fin al actual hostigamiento de los l?deres sindicales en Colombia, y para evitar los peores presagios en cuanto a su destino. La OMCT se suma a las federaciones antes mencionadas, con la esperanza de que haya en el futuro una acci?n global conjunta entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la OIT, con le fin de lograr ese objetivo".

Mafia italiana lidera grupo armado colombiano

El puente de la sociedad civil entre Europa y Colombia tiene que activarse transformando tambi?n la indignaci?n en propuestas pol?ticas para enfrentar la problem?tica del narcotr?fico como elemento dinamizador del conflicto.

"Uno de los mayores grupos de la mafia italiana lidera un grupo armado en Colombia para asegurar el paso de la coca?na a Europa", inform? el jueves 9 de junio del 2005 el Ministro del Interior de Italia Giuseppe Pisanu.

Pisanu dijo que el grupo no identificado es liderado por un "representante" de la ''Ndrangheta, una organizaci?n criminal familiar con sede en las afueras de Calabria, de la que dijo se habr?a convertido en una de las m?s peligrosas en el sur de Italia. "Nuestra polic?a identific? a un grupo (...) en Colombia liderado por un representante de la ''Ndrangheta", dijo a periodistas. Pisanu explic? que esa organizaci?n trabaja con otro grupo "que protege el pasaje de la droga de los centros de recolecci?n al mercado". Al ser consultado si la ''Ndrangheta estaba relacionada con los paramilitares de ultra derecha o las guerrillas de izquierda, Pisanu no hizo comentarios.

"No quiero decir demasiado, porque se trata de informaci?n muy sensible", declar?.

La comisi?n anti-Mafia del Parlamento Italiano dijo el a?o pasado que la ''Ndrangheta ocup? el puesto de la Cosa Nostra siciliana como la organizaci?n criminal m?s peligrosa y dominante en ese pa?s, que desarrolla un creciente comercio de coca?na.

Pisanu dijo que la ''Ndrangheta tambi?n parece tener un rol dominante en el tr?fico de coca?na en Europa.

"La ''Ndrangheta es una organizaci?n de familia, muy s?lida", explic?. "Al mismo tiempo, logr? un sistema de relaciones internacionales muy sofisticado, que hace que hoy la ''Ndrangheta (...) sea quiz?s la organizaci?n dominante del tr?fico de coca?na en Europa". Pisanu tambi?n dijo que la ''Ndrangheta incluso le suministra coca?na a otras familias de la mafia italiana.

"Cuando se trata del tr?fico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo se unen", concluy?.

Necesita tomar en cuenta que Salvatore Mancuso, principal chefe de los paramilitares tiene pasaporte italiano y su familia es originaria de la misma regi?n del Sur Italia donde se ubica la Ndrangheta, antes mencionada.

Al comparecer ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de agosto del 2005, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso insisti? en la influencia paramilitar sobre algunos congresistas, dijo que esos legisladores provienen de zonas donde "nosotros ?ramos el poder" (El Tiempo 4.08.2005); a pesar que sea responsable de varios cr?menes de lesa humanidad el jefe Salvatore Mancuso goza de total impunidad en Colombia y puede salir libremente del Palacio de Justicia en el centro de Bogot?.

El camino para buscar justicia es todav?a muy largo...

--- ---*Cristiano Morsolin, educador-periodista italiano y operador de redes internacionales. Trabaja en Latinoamerica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Per?, Colombia, Brasil. Fundador del Observatorio Independiente sobre la Regi?n Andina SELVAS.
NOTAS
[1] Informe Anual 2004 del Observatorio para la Protecci?n de Defensores de Derechos Humanos.
[2] Asesinato de Diofanol Sierra, el 8 de agosto de 2002.
[3] Central Unitaria de los Trabajadores, Confederaci?n de Trabajadores de Colombia y Confederaci?n General de Trabajadores. Este informe se basa en los datos emitidos por la Escuela Nacional Sindical (ENS) y la ONG Comisi?n Colombiana de Juristas (CCJ).

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