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Área: Sociedad >> Sociedad
Actualizado el 2005-08-03 a horas: 10:36:03

Investigaciones científicas demuestran que las ejecuciones no tienen mayor efecto disuasivo que la cadena perpetua

La pena de muerte, un castigo inhumano e innecesario, según Amnistía Internacional

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, pues la pena capital es la negación más extrema de los derechos humanos. Consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia. Esto viola el derecho a la vida que proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos y constituye el castigo más cruel, inhumano y degradante.

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Nunca puede haber justificación para la tortura ni para el trato cruel. Al igual que la tortura, una ejecución constituye una forma extrema de agresión física y mental a una persona, considera la organización de derechos humanos.Si la mayoría de la gente se indigna cuando oye relatar casos de individuos a quienes se les han aplicado 100 voltios de electricidad en zonas sensibles del cuerpo para torturarlos, ¿no debería sentir aún más indignación por la aplicación de 2.000 voltios a una persona para matarla deliberadamente? El dolor físico que provoca la acción de matar a un ser humano no puede ser cuantificado, ni tampoco el sufrimiento mental de saber de antemano que se va a morir a manos del Estado.

La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra los económicamente desfavorecidos, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas. Se impone y se ejecuta arbitrariamente. La pena capital legitima un acto de violencia llevado a cabo por el Estado, y es inevitable que se cobre víctimas inocentes. Mientras la justicia humana siga siendo falible, no se podrá eliminar el riesgo de ejecutar a un inocente. Amnistía Internacional continúa pidiendo incondicionalmente la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

Al oponerse a la pena de muerte, ¿no está Amnistía Internacional mostrando falta de respeto hacia las víctimas de delitos violentos y sus familiares? En su pagina web, Amnistía Internacional explica que su intención no es en modo alguno restar importancia ni dar su aprobación a los delitos de los que fueron declarados culpables los condenados a muerte. Como organización hondamente preocupada por las víctimas de abusos contra los derechos humanos, Amnistía Internacional no trata de menospreciar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de asesinato, cuyo dolor comparte plenamente. Sin embargo, la finalidad y la crueldad inherentes a la pena capital hacen que ésta resulte incompatible con las actuales normas de conducta civilizada y que sea una respuesta inadecuada e inaceptable a los delitos violentos.

¿Utilizan los gobiernos la pena de muerte para suprimir la disidencia? La pena de muerte ha sido y continúa siendo utilizada como instrumento de represión política, como forma de silenciar para siempre a los oponentes políticos o de eliminar a los individuos políticamente «molestos». En la mayoría de estos casos, las víctimas son condenadas a muerte tras juicios sin garantías.

Es el carácter irrevocable de la pena capital lo que la hace tan atractiva como instrumento represivo. Miles de personas han sido ejecutadas bajo un gobierno para después ser reconocidas como víctimas inocentes cuando otro ha subido al poder. Mientras la pena de muerte se acepte como forma legítima de castigo, existirá la posibilidad de que se haga un mal uso político de ella. Sólo la abolición puede garantizar que eso no ocurra nunca.

¿No creen que a veces el Estado no tiene más remedio que cobrarse una vida? La defensa propia puede justificar en algunos casos que los agentes del Estado se cobren una vida, por ejemplo cuando un país está enzarzado en una guerra (internacional o civil) o cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben actuar inmediatamente para salvar su vida o la de otros. Pero incluso en estas situaciones, el uso de medios letales está rodeado de salvaguardias legales internacionalmente aceptadas para impedir los abusos. Este uso de la fuerza está encaminado a contrarrestar el daño inmediato que provoca la fuerza utilizada por otros.

Sin embargo, la pena de muerte no es un acto de defensa propia contra una amenaza inmediata a la vida, sino el homicidio premeditado de un preso al que podría tratarse de forma adecuada utilizando métodos menos duros.

¿La pena de muerte es una importante herramienta del Estado para combatir el delito? Demasiados gobiernos creen que pueden resolver problemas sociales o políticos urgentes ejecutando a unos cuantos presos, a veces a cientos. Demasiados ciudadanos de demasiados países siguen sin darse cuenta de que la pena de muerte no ofrece a la sociedad mayor protección, sino mayor embrutecimiento.

Científicamente, nunca se han conseguido pruebas convincentes de que la pena de muerte disuada del delito más eficazmente que otras penas. El estudio más reciente de resultados de investigaciones sobre la relación entre pena de muerte y tasas de homicidio, llevado cabo para las Naciones Unidas en 1988 y actualizado en 1996, concluyó: «[...] la investigación no ha conseguido demostrar científicamente que las ejecuciones tengan mayor efecto disuasivo que la cadena perpetua. Y no es probable que lo consiga próximamente. En conjunto, las pruebas científicas no ofrecen ningún respaldo a la hipótesis de la disuasión».

No es correcto suponer que personas que cometen delitos tan graves como el asesinato lo hacen tras haber calculado racionalmente sus consecuencias. A menudo los asesinatos se cometen en momentos en que las emociones vencen a la razón o bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Algunas personas que cometen delitos violentos son sumamente inestables o padecen enfermedades mentales. Por otra parte, quienes sí cometen graves delitos premeditadamente pueden decidir hacerlo a pesar de los riesgos, por creer que no van a ser capturados. En estos casos, la clave de la disuasión es aumentar las probabilidades de que los localicen, los detengan y los declaren culpables.

El hecho de que no existan pruebas claras que demuestren que la pena de muerte tiene un especial efecto disuasivo indica la inutilidad y el peligro que entraña basarse en la hipótesis de la disuasión para desarrollar una política pública sobre la pena de muerte. La pena capital es un castigo duro con el delincuente, no con el delito.

¿No es necesario ejecutar a ciertos presos para evitar que vuelvan a cometer los mismos delitos? A diferencia del encarcelamiento, la pena de muerte entraña el peligro de cometer errores judiciales que nunca pueden ser corregidos. Siempre existirá el riesgo de ejecutar a un preso que era inocente. La pena capital no impedirá que vuelva a cometer un delito que nunca cometió.

También es imposible, una vez ejecutada, determinar si una persona habría vuelto a cometer los delitos por los que fue declarada culpable. La ejecución supone cobrarse la vida de los presos para evitar un hipotético delito en el futuro, que en muchos casos nunca se habría cometido de todas formas. Es una negación del principio de la rehabilitación del delincuente.

Hay quienes argumentan que la cárcel no ha impedido a algunas personas volver a delinquir una vez en libertad. La respuesta es revisar los procedimientos de concesión de la libertad condicional para evitar la reincidencia, y no incrementar el número de ejecuciones.

¿No merece morir alguien que ha cometido un horrible delito o que mata a otra persona? Una ejecución no puede utilizarse para condenar el homicidio. Un acto así cometido por el Estado es fiel reflejo de la disposición del delincuente a usar la violencia física contra su víctima. Además, todos los sistemas de justicia penal son vulnerables a la discriminación y al error. Ninguno es ni puede concebirse que sea capaz de decidir de una forma justa, coherente e infalible quién debe vivir y quién morir. La conveniencia, las decisiones discrecionales y la opinión pública pueden influir en las actuaciones judiciales desde la detención inicial hasta la decisión de conceder el indulto en el último minuto.

Una característica fundamental de los derechos humanos es que son inalienables, es decir, que pertenecen a todas las personas, independientemente de cuál sea su condición, etnia, religión u origen. Nadie puede verse privado de ellos, no importa los delitos que haya cometido. Se aplican tanto al peor como al mejor de los seres humanos, y por eso están ahí, para protegernos a todos y salvarnos de nosotros mismos.

Además, la experiencia demuestra que, siempre que se emplea la pena de muerte y se ejecuta a alguien, es posible que otras personas que han cometido delitos similares, o incluso peores, se salven. Los presos ejecutados no son necesariamente aquellos que cometieron los peores delitos, sino los que eran demasiado pobres para contratar a un abogado hábil para defenderlos o los que se enfrentaron a fiscales más duros o jueces más severos.

¿No es necesaria la pena de muerte para poner fin a actos de terrorismo y de violencia política? Las autoridades encargadas de combatir el terrorismo y los delitos políticos han señalado reiteradamente que hay tantas probabilidades de que una ejecución incremente el número de actos de este tipo como de que los erradique. Las ejecuciones pueden crear mártires cuya memoria se convierte en aglutinador de las bandas armadas a las que pertenecieron. No es probable que la perspectiva de una ejecución disuada a personas que están dispuestas a morir y matar por sus ideas, como por ejemplo las que cometen atentados suicidas con explosivos, e incluso les puede servir de incentivo.

El uso de la pena de muerte por parte del Estado también ha sido utilizado por grupos armados como justificación para cometer actos de represalia, continuando con la espiral de violencia.

¿No es más cruel encerrar a alguien durante largo tiempo o de por vida que ejecutarlo? Mientras un preso está vivo, tiene esperanzas de rehabilitarse o de ser exonerado si se demuestra que es inocente. La ejecución elimina la posibilidad de compensar al preso por los errores judiciales o de que se rehabilite.

La pena de muerte es una forma excepcional de castigo que implica condiciones de las que carece el encarcelamiento: la crueldad de la ejecución en sí y la crueldad de tener que estar -a menudo durante muchos años- en el pabellón de los condenados a muerte esperando la futura ejecución.

¿Qué diría AI a esos países que afirman que pedir una suspensión mundial de la pena capital es en realidad otro intento del mundo occidental de «imponernos sus valores culturales»? Amnistía Internacional considera positiva la pluralidad de discursos sobre los derechos humanos arraigados en las diferentes culturas y religiones, y cree que esta diversidad de puntos de vista contribuye a nuestra comprensión del tema. Al mismo tiempo, la organización cree que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Aunque puede que se hayan desarrollado con frecuencia en un marco occidental, su contenido no es occidental, sino que se deriva de muchas tradiciones diferentes, y son reconocidos por todos los miembros de las Naciones Unidas como normas que se han comprometido a respetar.

¿La oposición de AI a la pena de muerte supone una crítica implícita a las grandes religiones mundo que aprueban su uso? En sus enseñanzas, las grandes religiones del mundo hacen hincapié en la misericordia, la compasión y el perdón. La petición de Amnistía Internacional de que cesen las ejecuciones no es contraria a estas enseñanzas.

Todas las grandes religiones se practican en Estados de diferentes regiones del mundo que continúan utilizando la pena de muerte, al igual que en todo el mundo, sin distinción de religiones, hay Estados que han abolido la pena capital en la ley o en la práctica. La pena de muerte no es exclusiva de ninguna religión concreta. Por consiguiente, no sería acertado interpretar la campaña de Amnistía Internacional en favor de la abolición de la pena de muerte como un ataque a una religión en concreto. Amnistía Internacional es una organización no política, étnica y culturalmente plural, que basa su trabajo en los derechos humanos internacionales. Sus miembros proceden de todos los países del mundo y pertenecen a multitud de religiones.¿Cómo pueden los Estados abolir la pena de muerte cuando la opinión pública está a favor de ella? Los motivos de un apoyo aparentemente fuerte a la pena de muerte por parte de la opinión pública pueden ser complejos y carecer de base real. Si al público se le diera una información completa de la realidad de la pena de muerte y de su aplicación, tal vez muchas personas estarían más dispuestas a aceptar su abolición.

Las encuestas de opinión que a menudo indican un apoyo aparentemente abrumador a la pena de muerte suelen simplificar la complejidad de la opinión pública y hasta qué punto se basa en una comprensión exacta de la situación de la criminalidad en el país, sus causas y los medios que existen para combatirla.

Una opinión pública informada se moldea mediante la educación y el liderazgo moral. Los gobiernos deben guiar a la opinión pública en cuestiones de derechos humanos y política penal. La decisión de abolir la pena de muerte debe ser tomada por gobiernos y legisladores. Y debe ser tomada aunque la opinión pública esté a favor de la pena capital, como casi siempre ha sucedido históricamente. Sin embargo, cuando la pena de muerte se suprime, la medida no suele ser recibida con grandes protestas por parte de la opinión pública, y casi siempre la abolición persiste.

Nadie justificaría a un gobierno que torturara a un destacado preso o persiguiera a una minoría étnica impopular simplemente porque la opinión pública lo exigiera. En su día, la esclavitud fue legal y estuvo ampliamente aceptada. Su abolición se produjo tras años de esfuerzos por parte de quienes se oponían a ella por razones morales.¿Cuáles son los signos de que se está ganando la batalla para abolir la pena de muerte? A comienzos del siglo XX, sólo tres países habían abolido permanentemente la pena de muerte para todos los delitos. En la actualidad, a comienzos del XXI, más de la mitad de los países del mundo la han abolido en la ley o en la práctica. De hecho, durante la pasada década, una media de más de tres países al año la abolieron en la ley o, habiéndola abolido para delitos comunes, ampliaron la abolición a todos los delitos. Además, una vez suprimida, es raro que vuelva a adoptarse.

Esta tendencia refleja una conciencia cada vez mayor de que hay castigos alternativos a la muerte que son eficaces y que no implican el homicidio premeditado y a sangre fría de un ser humano a manos del Estado en nombre de la justicia.

¿Es la inyección letal la forma menos dolorosa y más humana de matar a una persona? Han surgido problemas al utilizar la inyección letal. La primera ejecución mediante este sistema se llevó a cabo en Guatemala el 10 de febrero de 1998. Al parecer, los encargados de aplicar la inyección letal a Manuel Martínez Coronado estaban tan nerviosos (según los informes, debido en parte a los angustiosos lamentos de la esposa y los hijos del preso) que tardaron mucho en introducir la aguja para administrarle el veneno. Después el flujo de entrada del líquido se interrumpió debido a un corte de luz. El preso tardó en morir dieciocho minutos. Todo esto fue retransmitido en directo por la televisión estatal. En Estados Unidos, varias ejecuciones mediante inyección letal se han realizado de forma totalmente inadecuada al surgir problemas por las malas condiciones de las venas del preso debido al consumo de drogas por vía intravenosa.

La inyección letal evita muchos de los desagradables efectos de otras formas de ejecución: la mutilación corporal y la hemorragia en el caso de la decapitación, el olor a carne quemada en la electrocución, los gestos y sonidos perturbadores en la ejecución por gas y por ahorcamiento, así como el problema de la emisión involuntaria de heces y orina. Por esta razón, puede resultar menos desagradable para los que la llevan a cabo. Sin embargo, con este sistema aumenta el riesgo de que personal médico participe en el acto de matar para el Estado, lo cual vulnera los más tradicionales principios de ética médica.

Toda forma de ejecución es inhumana. Todos los métodos conocidos pueden ser dolorosos y tienen sus propias características desagradables. Además, es preciso recordar que la pena de muerte no dura solamente los minutos que transcurren desde que al preso lo sacan de la celda para su ejecución hasta que muere; el preso vive con la amenaza de la pena capital sobre su cabeza desde el momento en que es condenado hasta que pierde la conciencia y muere.

La búsqueda de una forma «humana» de matar a las personas debe considerarse como lo que es: el intento de hacer las ejecuciones menos desagradables para quienes las llevan a cabo, para los gobiernos que desean parecer humanitarios y para el público en cuyo nombre se llevan a cabo.

¿Qué dicen las leyes internacionales sobre el uso de la pena de muerte? La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948 en respuesta al asombroso grado de brutalidad y terror estatal de la Segunda Guerra Mundial, reconoce el derecho del individuo a la vida y afirma categóricamente: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». En opinión de Amnistía Internacional, la pena de muerte viola estos derechos. La aprobación de tratados internacionales y regionales que disponen su abolición apoya de forma manifiesta esta opinión:

El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, establece la total abolición de la pena de muerte, pero permite a los Estados Partes mantenerla en tiempo de guerra si hacen constar su reserva a tal efecto en el momento de ratificar el protocolo o de adherirse a él.

El Protocolo número 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado por el Consejo de Europa en 1982, dispone la abolición de la pena de muerte en tiempo de paz. Los Estados Partes pueden mantenerla para delitos «en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra».

El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1990, dispone la total abolición de la pena de muerte, pero permite a los Estados Partes conservarla en tiempo de guerra si hacen constar su reserva a tal efecto en el momento de ratificar el protocolo o de adherirse a él.

Además, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en 1998, excluyó la pena de muerte de las penas que está autorizado a imponer este tribunal, a pesar de que tiene competencia sobre delitos sumamente graves, como crímenes contra la humanidad, entre ellos el genocidio, y violaciones de las leyes que rigen los conflictos armados. Igualmente, al crear el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1993 y 1994, respectivamente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas excluyó la pena de muerte para estos delitos.

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