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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2005-06-09 a horas: 05:14:28

Cambio de rostro del sistema político boliviano

Jaime Villarroel

Luego de la previsible renuncia del presidente Mesa, una tensa calma se apodera del escenario político formal boliviano mientras, de fondo, las movilizaciones sociales en La Paz se radicalizan hasta extremos inauditos. La apuesta de los Poderes Públicos ?Ejecutivo, Legislativo y Judicial, reunidos al amparo de la Iglesia Católica- consistió en la sustitución de la figura más visible del aparato estatal y la apertura de un proceso de recambio, posiblemente en cadena, de los principales personeros del Estado boliviano.

Jaime Villarroel

Es abogado y profesor universitario

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La reunión propiciada por la Iglesia Católica en Santa Cruz de la Sierra se impuso una tarea urgente: aliviar la creciente presión social que amenazaba colapsar el mismo Estado. Se dejaron, para un momento posterior, las tareas importantes de resolver ?o al menos morigerar hasta circunstancias más propicias- cuales son las gravísimas contradicciones de la hora actual, especialmente el reclamo de la nacionalización efectiva del gas que, a estas alturas, parece ya incontenible.

Se razonó que si la movilización social no se avenía a los intentos pacificadores de la Iglesia, era imperativo un golpe psicológico de mano consistente en la misma renuncia del acorralado presidente. La asistencia de unos 100,000 movilizados ?en números redondos- a un Cabildo por la nacionalización de los hidrocarburos alejó toda duda razonable sobre las dimensiones de un movimiento actualmente extendido en casi todo el territorio nacional.

El proyecto de recambio institucional contempla las siguientes fases:

(i) un golpe de mano psicológico materializado en la renuncia misma;

(ii) la sustitución del escenario de las decisiones estatales, radicado formalmente en la ciudad de La Paz, por uno más propicio a la operación de recambio institucional; a través de

(iii) el aislamiento y regionalización de los focos más duros del conflicto social;

(iv) la posibilidad de ejercer activamente el poder coactivo estatal ?hasta ahora mediatizada por decisión de Carlos Mesa- y, desde luego,

(v) la apertura de un proceso de renovación institucional, no de cambio del sistema político, sino de sus principales personeros;

Esta reacción instintiva de pura supervivencia estatal no implica la promesa de un cambio duradero y, en verdad, la renuncia no resulta ninguna solución de fondo. Pero, en contrapartida, debiérase advertir que la transición podrá permitir algo hasta ahora vedado: el ejercicio de los poderes coercitivos del Estado. Esta autolimitación fue doctrina del presidente renunciante en la dudosa creencia que la utilización del aparato represivo es ilegítima o sinónimo de matanza indiscriminada.

Es tanto ilusorio suponer que el efecto psicológico de la renuncia presidencial alcance inmediatamente su objetivo inicial. Semejante movilización no se desbarata de un día a otro. En verdad, ahora ya no hay alguien en concreto al que reclamarle directamente las medidas exigidas. El presidente ha renunciado y el Congreso pidió, sugestivamente, garantías para su convocatoria, según pide Hormando Vaca Díez, el principal personero del Parlamento. El escenario de las decisiones, por tanto, se trasladará a Sucre, capital de la República.

La audaz estrategia adoptada viene ?en los hechos- a atribuir a Evo Morales del MAS, el principal referente y guía de la protesta social, la tarea del "desarme espiritual" que cierra la tarea urgente de la desmovilización. Aunque los hechos sociales de magnitud no son obra de una personalidad mesiánica es también evidente que la autoridad de Morales en las filas de filas de los movilizados puede jugar un papel notable en la pretendida pacificación. A cambio de este cometido, el MAS podría capitalizar prestigio como fuerza política constructiva y conciliadora, relanzado su perenne estrategia de llegar al Poder a través de las elecciones, esto es, a través de las reglas del sistema.

Pero, ¿y la nacionalización? Morales ha propuesto un "decreto no confiscatorio" o de "nacionalización de hecho" que, en sus palabras, satisfaría las expectativas de la movilización. Sugiere que la refundada YPFB, con presencia de policías -y acaso militares- "ocupe" los enclaves técnicos de medición del gas extraído reafirmando la propiedad estatal del gas en boca de pozo.

Finalmente, urge el recambio de los personeros del sistema vigente. La mayoría de los ciudadanos soslaya que las reglas del sistema político son definitorias, independientemente de quien titularice el sistema. Se cree, ingenuamente, que la personificación de un órgano estatal o de uno de los Poderes del Estado, en un determinado individuo de carne y hueso, explica el cambio de políticas. Esta visión explica la resistencia a abrir inmediatamente la sucesión presidencial según las reglas constitucionales a favor del resistido presidente del Senado Hormando Vaca Díez.

Este último, un político hábil y consumado se siente tentado a conformar un nuevo gobierno, posiblemente apoyado por los partidos mayoritarios en el Parlamento. Por tanto, la sucesión constitucional ?o acaso el llamamiento a elecciones generales anticipadas- sólo operará dependiendo de los resultados de la estrategia adoptada intuitivamente por los personeros de un aparato estatal que, en los últimos tiempos, vino a hacer grave crisis, según reconoció ?en constatación próxima a la de Perogrullo- el mismo presidente Carlos Mesa en los días previos a su última renuncia.

El mismo Mesa, cuya gestión agoniza irremediablemente, pidió una tregua urgente para paliar en algo la catástrofe que ya es una realidad inobjetable. La conformación de comités de "autodefensa" en algunos barrios paceños evoca los preparativos de la guerra civil. Este última posibilidad ya fue aludida por Mesa en un desesperado, último y emotivo discurso en el que pidió la renuncia a la sucesión de Vaca Díez y Cossío, los siguientes en la línea constitucional. Se generaliza el clamor de atribuir el mando al presidente de la Corte Suprema a fin de llamar a elecciones generales para renovar totalmente los personeros estatales.

¿Serán suficientes estas medidas para detener la avalancha que, en devolución de incomprensión absoluta, se reputa carente de legitimidad social desde el otro lado del país, la también ahora sitiada Santa Cruz de la Sierra?

Se abre un nuevo período de cambios institucionales, pero siempre formales, en el Estado boliviano en la azarosa marcha de su supervivencia orgánica. Empero, los clarines de batalla parecieran cerrar el clamor por una paz que nunca llega.

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