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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2005-06-06 a horas: 03:37:20

Breve radiografía de los últimos maestros del cinismo

Mauricio Ochoa Urioste

Las ira popular desatada en Bolivia durante los dos últimos años, así como sus secuelas negativas, son en gran medida resultado del cinismo de Gonzalo Sánchez de Lozada, y de su sucesor, Carlos D. Mesa Gisbert.

Gonzalo Sánchez de Lozada, inicialmente parlamentario del MNR ? gracias a su fortuna acumulada por el saqueo y la evasión tributaria de la mina de Porco, la mina Bolívar y el oro del norte paceño - luego Ministro de Planeamiento y Coordinación, era poco conocido en la población boliviana hasta el año 1989, cuando fue por primera vez candidato a la presidencia de la república.

A falta de un proyecto nacionalista y revolucionario, apeló siempre al sentimiento popular y las promesas de trabajo y bonos para ganarse distraídos adeptos. Su estrategia fue mostrarse bonachón ? una reencarnación criolla de Papa Noel con tonalidad anglófona -, sarcástico a la hora de debatir con sus adversarios, próspero empresario e impulsor de la tatcheriana Nueva Política Económica al lado de Víctor Paz Estenssoro.

En la campaña electoral de 1993, Sánchez de Lozada prometió a la población boliviana 500 mil empleos, un crecimiento acelerado del Producto Interno Bruto como resultado del proceso de capitalización, y una participación del capital extranjero con el límite del 49% de las acciones de las empresas estatales, bajo el razonamiento de ser ésta la única forma de preservar la propiedad del Estado sobre sus empresas.

Sin embargo, una vez electo presidente, Sánchez de Lozada sepultó la Corporación Minera de Bolivia con la consiguiente acumulación del desempleo y marginación social, dispuso arbitraria e inconstitucionalmente la enajenación de las empresas estratégicas estatales a partir de la promulgación de la Ley de Capitalización.

La realidad indica que la capitalización no fue una real inversión extranjera a partir de la transferencia parcial de acciones a manos privadas; sino el simple traspaso a título gratuito de las mismas, lo que se ve reflejado en la disminución de los ingresos públicos provenientes de su actividad económica, y la falta de control estatal sobre YPFB, ENTEL, LAB, ENFE y ENDE.

En este complejo proceso, se articuló una red mafiosa internacional, compuesta principalmente por Gonzalo Sánchez de Lozada, Alfonso Revollo Thenier, Hugo Banzer Suárez, Jorge Quiroga Ramírez y las trasnacionales Enron, Allied Delas, VASP, Bechtel Corporation, y más actualmente Marc Rich, considerado el evasor de impuestos más grande de la historia de Estados Unidos.

El 4 de agosto de 1997, Sánchez de Lozada dictó el monstruoso Decreto Supremo 24806, que aprueba en un solo artículo el modelo de contrato de riesgo compartido entre el Estado y las empresas petroleras, sin prever que esta atribución es exclusivamente legislativa, toda vez que el Parlamento debe autorizar y luego aprobar los contratos relativos a la explotación de hidrocarburos, de conformidad al artículo 59, numeral 5, de la Constitución Política del Estado.

El hecho más burdo e inaudito del Decreto Supremo 24806, es que no fue publicado por la Gaceta Oficial.

Al contrario, fue archivado silenciosamente; no obstante la publicidad de la ley es de carácter imperativo en cualquier sistema de gobierno democrático del mundo contemporáneo, para garantizar la legalidad de los actos parlamentarios y del Poder Ejecutivo.

A todo esto, se suma que la economía boliviana antes que mejorar sus indicadores, empeora dramáticamente.

Sólo como muestra, los estudios indican un incremento de la tasa de desempleo de 6,0 % el año 1993 al 9,7 % el año 2003; un ascendente déficit fiscal que alcanza a 631 millones de dólares el año 2003 ? representativo del 8,1 % del Producto Interno Bruto - y un decremento del flujo anual de inversiones extranjeras de 734 millones de dólares el año 2000, a 114 millones de dólares el año 2004.

No obstante lo anterior es suficiente para demostrar el grado de gigantesca demagogia y corrupción de Sánchez de Lozada, exacerbó el sentimiento popular, cuando se conoció públicamente su siniestra negociación para exportar gas boliviano por Chile a espaldas de la población boliviana y el congreso nacional. Una vez conocida la noticia, y además el interés personalísimo de Sánchez de Lozada de favorecer el aprovisionamiento de gas a su compañía minera ? COMSUR - sus socios chilenos y velar por interés del capital foráneo; el mes de octubre de 2003 la población boliviana se movilizó para hacer oír su voz de protesta.

En esta etapa, Sánchez de Lozada y su gabinete de ministros de Estado, ordenaron la represión de las fuerzas armadas y la policía, y con la más absoluta indiferencia del valor humano, se asesinaron a casi un centenar de personas, cifra que supera las muertes provocadas por todos los anteriores regímenes de facto.

Carlos D. Mesa, apartado del contexto histórico, continuó con la lógica del cinismo político de su antecesor, mediante un discurso llenado de verborrea, adulaciones y falto de voluntad política para enfrentar la oligarquía boliviana.

Así, desde el inicio de su mandato, Carlos D. Mesa fue afecto a la manipulación de la información, que se ve traducido con creces en su compromiso ante la población de recuperar los hidrocarburos para los bolivianos mediante un referéndum vinculante. Sin embargo, el referéndum sobre los hidrocarburos a raíz de sus preguntas inconcretas y difusas, fue un espectáculo de variedades para distraer la atención ciudadana, toda vez que su poca certeza influyó para que los parlamentarios interpretaran de mil maneras su contenido.

Acto seguido, Carlos D. Mesa apoyó un proyecto de ley de hidrocarburos más retrógrado que la ley de 1992: antes que recuperar la propiedad de los hidrocarburos, este proyecto mantenía el régimen tributario de la ley aprobada en el gobierno de Sánchez de Lozada y no se pronunciaba sobre los contratos de riesgo compartido con una vigencia de 40 años. Contrariamente, Carlos D.

Mesa atacó con vehemencia cualquier proyecto de nacionalización de los hidrocarburos o incremento del régimen tributario vigente.

Con la finalidad de continuar su mandato frente a su desenmascarada figura neoliberal, tradicional y oligarca, Carlos D. Mesa, fingió dos renuncias de su cargo ? imitando el maquiavélico artilugio de Sánchez de Lozada en ocasión de su renuncia como Jefe del MNR y aspirante presidencial el 26 de octubre de 1992 - decidió no pronunciarse sobre la ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso Nacional; pese a que su compromiso inicial fue recuperar los hidrocarburos para los bolivianos, y con su silencio posibilitó la promulgación de la nueva ley de hidrocarburos, que en la práctica continúa el sistema tributario anterior.

Más adelante, Carlos D. Mesa propuso en un solo artículo la fecha para la Asamblea Constituyente y el Referéndum sobre las Autonomías Departamentales; mientras es atribución del congreso nacional la aprobación de una ley en tales casos que establezca sus condiciones.

Por último, con una actitud propia de los emperadores romanos, delegó a la Iglesia Católica su responsabilidad constitucional de procurar la justicia social y la unidad nacional ? expresiva del Estado social y democrático de derecho -, pese a que su primer discurso presidencial fue apuntalar un genuino cambio social.

Carlos D. Mesa apuesta por el silencio y el metalenguaje, para no comprometer su creciente impopularidad y favorecer así los intereses del poder económico hasta el año 2007.

En definitiva, es difícil encontrar en países de América Latina personajes tan devastadores para la democracia.

La protesta social, en consecuencia, tiene la legitimidad de enfrentar el engaño, la mentira, la manipulación mediática, el estancamiento económico, la pobreza extrema, y más actualmente, la subrogación medieval del poder político en manos de curas con sotana.

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