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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2005-05-11 a horas: 16:35:35

A grandes males, grandes remedios

Rolando Morales Anaya

El descontento sobre la Ley de Hidrocarburos es total. En este artículo, sólo quiero referirme a aspectos que aún no han sido abordados. El primero es el impacto sobre el Tesoro General de la Nación (TGN), el segundo es el impacto sobre el precio interno de los hidrocarburos y el tercero se refiere al uso que deberían dar las regiones a las importantes sumas que la Ley pone en sus manos.

Rolando Morales Anaya

Rolando Morales AnayaEs doctor en economía. Fue candidato presidencial por el Partido Socialista.

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Las primeras estimaciones del efecto sobre el TGN de la Ley de Hidrocarburos arrojan una pérdida de por lo menos 60 millones de dólares anuales. Esta situación puede durar unos 5 años aproximadamente, pudiéndose esperar que poco a poco esta cantidad disminuya hasta reponer los ingresos que recibía el TGN antes de esta ley.

Para financiar el déficit suplementario del TGN será necesario endeudar aún más al Estado Boliviano. Al parecer ni los señores parlamentarios ni el gobierno se dieron cuenta del problema que han generado. Fue grave también la actitud de muchas instituciones, incluyendo a los municipios, universidades, pueblos indígenas, Fuerzas Armadas y Policía que sin vergüenza alguna se pusieron a roer el erario público. Recae también sobre el TGN el pago del Bonosol (más o menos 90 millones de dólares anuales). En estas circunstancias se esfuman las esperanzas del pueblo boliviano de financiar su desarrollo con la renta del gas.

Parlamentarios, gobierno y otras instituciones se han aplazado, estando a punto de causar un grave daño a Bolivia. Cuando muchos de mis estudiantes se aplazan, yo opto por recomenzar el curso desde sus inicios, incluso recordando conocimientos que los estudiantes deberían haber hecho suyos en los cursos previos. Creo que algo semejante deberíamos hacer ahora: empezar de nuevo el proceso de elaboración y discusión de la ley de hidrocarburos. Sin duda la propuesta que hago aparecerá a muchos irrealista, incluso ingenua, pero, ¿qué es mejor, dar paso por cobardía a un proceso social que corre el riesgo de ser cruento o si no es el caso, dañar en forma seria a la economía? o ¿proponer al país pensar todo de nuevo?. Y, si esto no es posible, ¿qué otra salida puede haber para semejante embrollo?.

No obstante los recaudos que adopta la ley con relación a los precios internos, los economistas sabemos que parte de los impuestos se transfieren al consumidor final. Es decir, parte del pretendido 50 por ciento del valor de la producción que corresponderá a Bolivia será finalmente pagada por los bolivianos.

Si se logra (lo que todavía está por verse) incrementar en forma significativa los volúmenes de producción y los ingresos consecuentes, los beneficiarios de éstos (prefecturas, municipios, pueblos indígenas, policía, fuerzas armadas, bonosolistas etc.) deberían invertirlos en aumentar la productividad hasta un nivel similar al de los países vecinos, caso contrario, el ingreso suplementario se traducirá simplemente en mayores importaciones, perjudicando a la producción nacional y echándole leña al fuego de la pobreza. ¿Cree Ud. que eso se les puede ocurrir a tan distinguidos señores?, ¿No será mejor comenzar todo de nuevo?

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