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Actualizado el 2005-05-07 a horas: 10:13:02

Bolivia: ¿estado fracasado?

Vincent Gómez-García

Varias publicaciones extranjeras vinculadas con el sistema financiero internacional, como el prestigioso semanario The Economist hace algunas semanas, han calificado a Bolivia como el prototipo de un ?Estado fracasado? ?situación similar a la de otros dos países andinos: Ecuador y Perú- en función a una serie de características, como una crónica inestabilidad política, debilidad institucional, aparatos estatales con escasa legitimidad social y un sector público incapaz de atender las demandas básicas de ciudadanía de sus poblaciones, entre otras.

Vincent Gómez-García

Es PhD. en Ciencias Políticas con mención en Economía Internacional del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales (IUHEI) de Ginebra, Suiza. Tiene una maestría en Econometría y Estadística en la Universidad de Ginebra, Suiza. En su experiencia profesional fue Consultor de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras organizaciones internacionales. Fue viceministro de Comercio Exterior e Inversión. Es docente universitario de maestrías en varias universidades bolivianas y columnista de varios periódicos.

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Una lectura superficial de lo que viene de acontecer en el Congreso nacional, donde se acaba de sancionar un Proyecto de Ley de Hidrocarburos rechazada por prácticamente todos los sectores sociales, económicos y regionales del país que hasta aquellos diputados que la votaron en última instancia la consideran incompleta e improvisada, tendería a confirmar este diagnóstico externo que se hace de nuestro país. Sin embargo, la situación es mucho más compleja de lo que aparenta y amerita de un análisis más profundo.

Primero, constatar que lo que ha fracasado es la actual institucionalidad democrática por el simple hecho de que no es representativo del conjunto de la población. En efecto, un marco institucional formal e informal que no representa a actores políticos estratégicos -léase sectores sociales populares, grupos étnicos mayoritarios y regiones emergentes- definitivamente no es legítimo y lógicamente no garantiza niveles mínimos de gobernabilidad. Justamente, lo sucedido con todo el tratamiento del Proyecto de la Ley de Hidrocarburos es una muestra de ello, donde la representación política de un sistema en crisis trata de proteger mañosamente los privilegios del poder petrolero y a los responsables bolivianos que lo han gestado y se han aprovechado de este orden. Es por demás evidente que una institucionalidad formal totalmente carente de legitimidad, difícilmente podría plantear propuestas nacionales aglutinantes con un horizonte de por lo menos 20 años. El denominador común de los actuales actores políticos, particularmente en el Parlamento, es tener la mira en el mantenimiento del status quo y conservar un mínimo de vigencia por lo menos hasta el 2007, en el mejor de los casos.

Si limitáramos nuestro análisis a factores políticos de orden interno, resultados tan mediocres e improvisados como el Proyecto de Ley de Hidrocarburos ahora en manos del Poder Ejecutivo se enmarcarían en las consabidas limitaciones intelectuales, éticas y morales de nuestra clase dirigente desde la creación de nuestra República. Sin embargo, la situación es mucho más compleja y los factores externos han jugado un rol determinante para la situación actual. La única manera de comprender la aglutinación de fuerzas políticas reaccionarias durante la última votación en la Cámara de Diputados, sancionando las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores al Proyecto de Ley de Hidrocarburos en un contexto de descomposición profunda y fragmentación del sistema político tradicional, es la presión externa ejercida con brutal fuerza por el poder transnacional, en todas sus formas: embajadas, empresas, agencias de cooperación, organismos de financiamiento internacional, etc. Por supuesto, que ello no disminuye en nada la grave falta de sentido patriótico de todos aquellos todavía líderes políticos y parlamentarios que han cedido a esta presión.

Volviendo al planteamiento inicial, diagnósticos externos que tildan a nuestro país de "Estado fracasado" o preocupaciones sobre las perspectivas de la democracia en Bolivia no sólo son superficiales, sino hipócritas; debido a que entre los principales responsables para la actual situación de convulsión social que se vive son justamente aquellos factores externos, donde nuestra democracia ?y su salud- es sólo instrumental para poder seguir explotando nuestros recursos naturales dentro del perfil estratégico asignado a Bolivia en el orden económico mundial.

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