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Actualizado el 2005-04-07 a horas: 14:18:14

Foro Internacional de Mujeres Indígenas: "Hacia la Asamblea Constituyente"

Mujeres indigenas hacia la asamblea constituyente

Elizabeth Salguero Carrillo

El Foro Internacional de Mujeres Indígenas: "Hacia la Asamblea Constituyente" realizado del 29 al 31 de marzo en la ciudad de La Paz, contó con mas de 200 mujeres lideres de organizaciones indígenas, originarias y campesinas de todo el país e invitadas de América Latina como Mariana Yumbay (Ecuador) Yolanda Terán (Ecuador)y Florina Lopez (Panamá).

Elizabeth Salguero Carrillo

Elizabeth Salguero CarrilloEs comunicadora social y activista del feminismo. En la actualidad es diputada del MAS.

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Según datos del censo 2001, Bolivia tiene una población total de 8.274.325 habitantes, de los cuales el 62% se auto identifica como perteneciente a alguna población indígena. De este grupo, más de la mitad (51%) son mujeres, de las cuales el 52.24% reside en el área urbana y 48.67% en el área rural. Las mujeres indígenas constituyen uno de los grupos más vulnerables de la sociedad boliviana y son la cara más visible de la pobreza.

En Bolivia, antes de 1952, las mujeres y l@s indígenas no eran considerad@s ciudadan@s plen@s, no tenían derecho al voto, por lo tanto, tampoco podían participar de la política. De esta manera las mujeres indígenas fueron doblemente excluidas de los procesos de consulta y de participación y no fueron consideradas en la formulación y ejecución de políticas públicas.

Los últimos veinte años han estado marcados por la constante y cada vez más decisiva emergencia de las mujeres y de los pueblos indígenas en el escenario político del país, habiendo logrado importantes avances; es así que en cada elección se incrementa el número de mujeres e indígenas que asumen representación política en los ámbitos de decisión. No obstante, la cultura política y la estructura socioeconómica del país aún mantienen un sistema de discriminación y subordinación que afecta de manera particular a las mujeres indígenas.

Este proceso sostenido de avances tuvo un hito fundamental en octubre de 2003, fecha que marcó el inicio de un proceso de reformas económicas, políticas y sociales de mucha importancia y gran expectativa, sobre todo para los sectores de la población históricamente postergados y subordinados. Entre los temas fundamentales colocados entonces en la agenda pública está la Asamblea Constituyente, que viene siendo exigida desde hacen varios años por las organizaciones indígenas. Las mujeres indígenas de todo el país ya se vienen preparando para participar de este acontecimiento histórico a objeto de poner en la agenda pública sus más caras aspiraciones.

Es por ello que el Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (MAIPO), a través del el Viceministerio de Políticas y Derechos de los Pueblos Indígenas y Originarios (VMDPPIO) y el Viceministerio de la Mujer (VMM), dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible (MDS), con la cooperación técnica del GTZ/PADEP y el APSA, se propusieron apoyar las iniciativas de las mujeres indígenas estableciendo una alianza estratégica orientada a promover y fortalecer el respeto y el ejercicio de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de las mujeres indígenas, a través de iniciativas conjuntas que constituyen los antecedentes directos de este evento.

La primera iniciativa, fue el impulso dado a organizaciones de mujeres indígenas para participar en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP). En este cometido se realizaron ocho encuentros departamentales en los que las mujeres rurales formularon propuestas en las áreas fiscal-financiera, normativa e institucional para ajustar la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP). En este contexto plantearon su necesidad de acceso a la capacitación, la asistencia técnica y la educación técnica y tecnológica; el acceso al crédito; la aplicación de normas y políticas en beneficio de las mujeres, como el cumplimiento efectivo de sus derecho a la tenencia de la tierra y el acceso al territorio. Estas propuestas fueron incluidas en los pactos departamentales y en el acuerdo nacional del DNBP.

La segunda iniciativa conjunta, es la ejecución del proyecto "Participación de las Mujeres Indígenas, Originarias y Afro-descendientes en la Asamblea Constituyente" que consiste en la realización de eventos departamentales destinados a informar a las participantes sobre este proceso, familiarizarlas con el texto de la Constitución Política del Estado (CPE), recoger propuestas a ser incluidas en la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (LECAC) y lograr consensos para proponer una agenda común de equidad de género e interculturalidad. En estas condiciones, el Foro Internacional vendrá a constituir el evento culminante de esta consulta, con la expectativa de darle continuidad a través de una agenda de trabajo que apoye una participación cuantitativa y cualitativamente importante de las mujeres indígenas en el proceso de la Asamblea Constituyente.

Por su parte, el MAIPO, completó una primera fase de difusión y comunicación sobre la Asamblea Constituyente, a nivel de organizaciones indígenas y originarias, y posteriormente pasó a una nueva fase de consultas departamentales sobre la LECAC, trabajo que también fue realizado con organizaciones de mujeres tanto sindicales como de organizaciones indígenas.

El objetivo general del Foro fue socializar los avances y fortalecer las alianzas entre las organizaciones de mujeres indígenas, originarias y afro-descendientes en torno a una plataforma temática, sobre participación política, educación, salud, acceso a la tierra y al territorio, desarrollo económico y seguridad alimentaria, para su participación en la Asamblea Constituyente, y que sirvan de insumos para el diseño de políticas públicas en un proceso de largo aliento.

Como resultado de los Encuentros Departamentales realizados en el marco de la "Participación de las Mujeres Indígenas, Originarias y Afro-descendientes en la Asamblea Constituyente", y de las consultas departamentales realizadas con mujeres indígenas y campesinas, y del proceso del Diálogo Nacional Bolivia Productiva se trabajaron los siguientes ejes temáticos que representan algunas de sus mayores inquietudes y preocupaciones:

Asamblea Constituyente:

Por una parte, el Foro Internacional tuvo el privilegio de contar con la participación de destacadas mujeres indígenas que han participado en recientes procesos de reforma constitucional en Ecuador y Panamá. Los testimonios de sus respectivas experiencias, acerca de las oportunidades y limitaciones que ofrece un espacio tan propicio para la reanudación del pacto social, como lo es una Asamblea Constituyente, otorgaron al Foro un "marco de realidad" a tener en cuenta en las propuestas que surgieron en el evento.

Por otra parte, el movimiento de mujeres bolivianas, conjuntamente el VMM, viene desarrollando un largo proceso de análisis y revisión del texto de la CPE, que data desde hace tres años aproximadamente, cuando se inició el debate para la redacción de la Ley de Necesidad de Reforma de la CPE, y que ha continuado de forma sostenida en el último año. A la fecha ya se cuenta con diversos documentos, desde propuestas de reforma constitucional en diversos artículos, pasando por planteamientos de las mujeres indígenas recogidos en varios eventos, hasta propuestas específicas para la redacción de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (LECAC). Una síntesis de estas propuestas se presentó en el Foro con el propósito de poner en conocimiento de las participantes los avances existentes.

La Agenda Temática

Participación política de las mujeres: El texto de la CPE (Ley Nº 2650 de 13/04/04), contiene en su Parte Primera (La persona como miembro del Estado), los Títulos referidos a Derechos y Deberes Fundamentales de la Persona (I), Garantías de las personas (II) y Nacionalidad y Ciudadanía (III), donde se establecen las condiciones básicas para el reconocimiento de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

En primer lugar, está el Artículo 6 (Personalidad y capacidad jurídicas) que en su primer parágrafo establece: "Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídicas, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera." (Subrayado nuestro)

De ahí en adelante, no existe disposición alguna que impida a las mujeres ejercer sus derechos de participación política y ciudadana. Sin embargo, la realidad es distinta, la preeminencia de la cultura política, de los usos y costumbres, sobre las leyes, definen un ámbito difícil y complejo para el ejercicio pleno de estos derechos, más aún para las mujeres indígenas. Es por ello que el movimiento de mujeres viene ejerciendo presiones políticas y sociales a objeto de introducir modificaciones constitucionales en el marco de las llamadas "acciones afirmativas" que tienen como objeto cambiar la correlación de fuerzas; entre estas medidas están: la obligatoriedad de presentar listas de candidaturas a cargos elegibles bajo los principios de paridad y alternancia, la modificación de usos del lenguaje en los textos normativos introduciendo el artículo femenino para hacer visible la presencia y diferencia de las mujeres, y otras.

En el marco de las organizaciones indígenas, el ejercicio de autoridad se constituye en una obligatoriedad de servicio a la comunidad tanto para las mujeres como para los hombres. Bajo la concepción del jaqi el rol de la mujer como autoridad se limita a los niveles local y regional; las instancias nacionales constituyen espacios de privilegio para los hombres, siendo excepcional que las mujeres ocupen cargos de decisión y poder en estas instancias.

Para poner este tema en contexto, se presentó una revisión de datos referidos a la participación y representación política de las mujeres en el ámbito público (Congreso Nacional, Concejos Municipales, organizaciones políticas y sociales) y de los avances logrados a la fecha, para proponer desde ahí las modificaciones que requiere el texto de la CPE para ampliar las oportunidades de las mujeres.

Educación: El Artículo 174 de la CPE señala: "Es función del Estado la supervigilancia e impulso de la alfabetización y educación del campesino en los ciclos fundamentales, técnico y profesional, de acuerdo a los planes y programas de desarrollo rural, fomentando su acceso a la cultura en todas sus manifestaciones".

Asimismo, en el Artículo 177 del Título Cuarto (Régimen Cultural) establece: "La educación es la más alta función del Estado, y, en ejercicio de esta función, deberá fomentar la cultura del pueblo. Se garantiza la libertad de enseñanza bajo la tuición del Estado. La educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de la escuela unificada y democrática. En el ciclo primario es obligatoria".

Sin embargo, tres aspectos fundamentales del tema educativo han sido planteados:

a. El acceso y permanencia de las niñas en la escuela: si se comparan los datos obtenidos en los últimos dos Censos Nacionales de Población y Vivienda (1992 y 2001), se observan importantes avances, puesto que la tasa de asistencia escolar de la población femenina de 6 a 19 años de edad del área rural se ha incrementado del 59,2% al 72,9% (INE, 2003:106)[1]. Sin embargo, aún existe una brecha de 3,5 puntos porcentuales con relación a los varones del área rural y una brecha de 8,5 puntos porcentuales con relación a la población femenina del mismo rango de edad del área urbana. Ligado a este tema es preciso reflexionar acerca de la violencia intrafamiliar (dentro de la cual hay que considerar la negación del acceso a la educación de las niñas como violación de derechos fundamentales), la violencia psicológica y sexual hacia las niñas y adolescentes en las escuelas y los riesgos a los que están sometidas al tener que recorrer cada vez mayores distancias para llegar a los establecimientos escolares en la medida en que suben los niveles de escolarización.

Al margen de la educación escolar, en los pueblos indígenas, las mujeres juegan un rol primordial en la educación de los niños y las niñas desde temprana edad, a través de una constante enseñanza de la vida, expresada en cuentos y mitos donde están simbolizados los valores culturales que dirigen la conducta de las personas a lo largo de su vida. Asimismo, el arte del tejido, la producción de cerámicas y otras actividades, son objeto de una constante innovación en el proceso de educación y transferencia de saberes.

b. El analfabetismo: la misma fuente (INE, 2003:100) reporta también avances en este aspecto. La tasa de alfabetismo de la población femenina rural de 15 años y más se ha incrementado de 50,07% al 62,09%, es decir que el analfabetismo se ha reducido de 49,93% al 37,91%, probablemente gracias a la aplicación de programas de alfabetización desarrollados en el periodo, entre los que se destacan los de "Bi-alfabetización" que se ejecutan con auspicio de UNICEF y UNFPA. No obstante, el dato sigue mostrando un importante déficit, ya que la brecha hombre ? mujer rural es de 23,49 puntos porcentuales y la brecha entre mujeres urbanas ? rurales alcanza a 27,9 puntos porcentuales

c. El acceso a la educación técnica y tecnológica: entre las conclusiones del Diálogo Nacional Bolivia Productiva[2], aparece una reiterada demanda de las mujeres rurales indígenas, originarias y afro-descendientes por acceso a la capacitación, la asistencia técnica y la educación técnica y tecnológica, como requisito indispensable para obtener mejores condiciones de productividad y competitividad. Esta demanda expresa una necesidad sentida a tener en cuenta.

En este marco ¿Cómo abordar una estrategia educativa integral intercultural, orientada a eliminar este déficit, en términos de derechos, para ser incluida en la agenda de las mujeres indígenas hacia la Asamblea Constituyente? Y ¿cómo considerarlos insumos para las políticas públicas referidas a la educación de las mujeres?

Salud: El Artículo 158 de la CPE (Ley Nº 2650 de 13/04/04) establece: "El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población; asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas; propenderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social".

Ahora bien, según estimaciones de UDAPE, con base en los resultados del Censo 2001, la mortalidad materna llegaba ese año a 214 por 10.000 nacidos vivos[3]. Como se puede observar, a pesar de la aplicación en los últimos diez años de distintos programas orientados a su reducción, éste continúa siendo uno de los más graves problemas de salud pública de las mujeres indígenas. La alta mortalidad materna está relacionada con múltiples factores, entre los que se reconoce la falta de acceso a los servicios de salud (SUMI), la persistente inadecuación de los servicios a usos y costumbres culturales relacionadas con la maternidad, la violencia intrafamiliar contra las mujeres, las restricciones de acceso a programas integrales de salud sexual y reproductiva, embarazo precoz en adolescentes, entre otros.

Estas preocupaciones están en la agenda de las organizaciones de mujeres de muchos países. Para acompañar el debate sobre el tema, el Foro contó con el aporte de una connotada activista del movimiento indígena de mujeres, proveniente de Panamá.

Bajo estas condiciones ¿Podría establecerse específicamente en la nueva CPE un marco de derechos dirigidos a la reducción radical de la mortalidad materna? ¿Podría construirse un marco legal que fortalezca e incorpore la medicina indígena? ¿Cómo crear políticas públicas referidas a la medicina indígena?

Tierra y Territorio: Siendo éste un tema amplio, abarcador de otros específicos como el manejo de los recursos naturales, la propiedad intelectual, los procesos de titulación, los problemas de sucesión hereditaria, etc., en el Foro se abordo desde una de sus aristas más complejas: la referida a la propiedad de la tierra por parte de las mujeres indígenas.

El Título Tercero (Régimen Agrario y Campesino) de la Parte Tercera (Regímenes Especiales) contiene las disposiciones establecidas en la CPE con relación a este tema. Entre éstas, conviene recordar particularmente el Artículo 171, que establece:

"Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lengua, costumbre e instituciones.

El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos.

Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado."

Como se puede observar, el anterior artículo es general (como corresponde al contenido de una CPE); pero, esta misma generalidad da lugar a diversas interpretaciones, puesto que no hay referencia específica alguna a los derechos de las mujeres.

Por otra parte, la Ley Nº 1715 18/10/96) "Estructura y Atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA)" en su Título I, Capítulo Único, Art. 3º (Garantías Constitucionales), señala:

"V. El Servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia con el artículo 6º de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de equidad en la distribución y administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra a favor de la mujer, independientemente de su estado civil".

Sin embargo, y no obstante la vigencia de estas y otras disposiciones legales, el derecho a la titularidad y acceso a la propiedad de la tierra por parte de las mujeres indígenas sigue siendo un tema no resuelto en virtud de condiciones objetivas que se mantienen vigentes: usos y costumbres que privilegian a los varones como titulares de la tierra, deficiencias de las entidades públicas en la aplicación de la normativa, carencia de documentación básica por parte de las mujeres indígenas, ausencia de programas de apoyo al desarrollo productivo orientados a las mujeres, y otras.

En este contexto ¿Cómo plantear el tema, en el marco del proceso de la Asamblea Constituyente y con perspectiva en la redacción de una nueva CPE, de modo que las mujeres indígenas tengan acceso efectivo a la propiedad de la tierra y al control del territorio?. Los mismos elementos servirán para el diseño de políticas públicas en el tema de tierra y territorio.

Desarrollo Económico y Productivo: La economía campesina e indígena sigue siendo una economía de auto-subsistencia básica que, sin embargo, no alcanza a cubrir los requerimientos fundamentales de la nutrición familiar y la seguridad alimentaria. En el proceso del Diálogo Nacional Bolivia Productiva realizado en 2004, las mujeres indígenas tuvieron una activa y destacada participación, logrando que los pactos departamentales y el pacto nacional incluyan ?como producto de los grupos de trabajo de género y mujer? una serie de consideraciones, propuestas y demandas referidas al desarrollo económico y productivo.

Históricamente las mujeres indígenas han garantizado la transmisión y pervivencia de las culturas originarias, preservando la medicina y la tecnología indígena, la biodiversidad y los recursos de la producción, ya que son portadoras de saberes invaluables, contribuyendo de ésta manera al proceso de fortalecimiento de la identidad de sus pueblos.

Seguridad Alimentaria

Bolivia es un país con déficit en alimentos y de bajos ingresos especialmente en los habitantes de las zonas rurales; de hecho, si se considera el total de la población en los últimos 10 años, no hubo capacidad para cubrir los requerimientos calóricos de la población. En promedio, a partir del consumo aparente las brechas del déficit calórico, entre 1988 y 1999 fueron mínimas. Las condiciones climáticas adversas afectaron la producción entre 1998 y 1999 con pérdidas elevadas en quinua maíz arveja haba papa y tomate. En término de acceso económico a los alimentos, la estimación de la inseguridad alimentaria se efectúa considerando la incidencia de pobreza medida por línea de pobreza. La pobreza extrema de la población rural es de 58.8%, contrastando con la pobreza extrema urbana que alcanza el 21,6%. La función de la mujer en la unidad familiar como productora de alimento., responsable de la administración del hogar, y artesana que genera ingresos familiares, son una contribución crucial en la seguridad alimentaria del hogar. En la mujer recae tradicionalmente la mayor parte de la responsabilidad de la seguridad alimentaria de la familia, que generalmente atienden con conocimientos técnicos tradicionales.

La seguridad humana significa libertad frente al miedo y la necesidad. Por tanto, implica crear sistemas políticos, sociales y económicos que garanticen la supervivencia y construyan la dignidad. En esos términos, el año 2003 fue dramáticamente negativo para Bolivia. Pero también fue una oportunidad para que la sociedad civil reaccionara frente a un Estado que exacerba las amenazas a la seguridad humana.

Los participantes de las movilizaciones de octubre de 2003 dieron, de manera aún muy caótica, un veredicto claro sobre los límites del modelo económico actual y expresaron la necesidad de cambios profundos. Los trabajadores movilizados exigieron ser consultados sobre el destino de los recursos estratégicos y reclamaron beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Demandaron, en definitiva, políticas públicas centradas en la crítica situación del mundo del trabajo. [4]

Cuando los datos de la realidad demuestran indiscutiblemente que las mujeres indígenas se encuentran entre las más pobres de los pobres, que asumen cada vez mayores responsabilidades en el sustento de sus familias, que tienen escasas oportunidades para lograr -tal como expresa la actual Constitución- una existencia digna de ser humano", es necesario incluir en el texto de la nueva CPE resguardos más categóricos para garantizar los derechos económicos y productivos de las mujeres indígenas

En la vigente Constitución Política del Estado (CEP) es el Título Primero (Régimen Económico y Financiero) de la Parte Tercera (Regímenes Especiales), que contiene las disposiciones generales y específicas relacionadas con el desarrollo económico y productivo:

Artículo 132.- La organización económica debe responder esencialmente a principios de justicia que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del ser humano.

Artículo 133.- El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano.

Artículo 136.- ( Capítulo II Bienes Nacionales)

I. Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la Ley da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.

II. La Ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los particulares

Al respecto se propone incluir un Artículo nuevo [5]: El Estado deberá garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, al acceso de los recursos productivos, incluyendo tierras, capital, crédito, tecnología, agua potable y energía.

En el Artículo 132...... de justicia social, se incluirá: "y equidad para hombres y mujeres) que tiendan a asegurar..... y en el 133.... de la independencia se incluirá: soberanía nacional...

En el 136[6] inc II se inclurá: "La ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su dotación, concesión y adjudicación a los particulares, priorizando en estos últimos casos a las mujeres indígenas, originarias y/o campesinas, en consulta y negociación con las poblaciones que hacen uso y manejo de los recursos naturales ( agua, bosque, recursos naturales, biodiversidad, fauna y otros)

Justificación:

La situación de extrema pobreza y vulnerabilidad que experimentan la mayoría de las mujeres de las zonas rurales del país, al no ser sujetos de crédito, de capacitación, de tecnología, ni reconocidas en los hechos, como titulares del derecho a la propiedad (el porcentaje de mujeres con titulo de propiedad es mínimo en comparación con los hombres, a pesar de ser reconocidas por ley, como sujetos de propiedad), constituye una flagrante violación a sus derechos que el Estado debe prevenir adoptando las medidas que aseguren, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios.

El Artículo 14 de la CEDAW, consigna el derecho de las mujeres rurales a acceder en igualdad de condiciones que los hombres a "obtener acceso a los créditos y prestamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento; a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones" (incisos g) y h).

En el Título Tercero del Régimen Agrario y Campesino Artículo 166

Dice:

El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria, y se establece el derecho del campesino a la dotación de tierras.

Deberá decir:

El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Se establece que la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento del recurso tierra, se realiza, para las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, independientemente del estado civil, sean campesinos, campesinas o indígenas.

En el Artículo 168 [7]

Dice:

El Estado planificará y fomentará el desarrollo económico y social de las comunidades campesinas y de las cooperativas agropecuarias.

Deberá decir:

El Estado adoptará medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios.

Justificación:

La Constitución Política del Estado que en su Art. 60 reconoce el principio de no discriminación, debe establecer con claridad la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, independientemente de su estado civil.

Este derecho se basa en el reconocimiento del aporte que realizan las mujeres al Producto Interno Bruto en el sector agropecuario. Sin embargo, es preciso que el Estado promueva acciones para superar las limitaciones y prejuicios que contraen muchos de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, a la hora de reconocer el derecho de las mujeres rurales a acceder a la propiedad de la tierra y a participar en las decisiones de la comunidad.

El acceso inequitativo de la mujer rural a la titularidad de la tierra, por razones de su sexo o estado civil, no solo que implica una violación a sus derechos de propiedad, sino que se constituye en la base de una cadena de discriminaciones que dificultan su derecho a ser sujeto de crédito y beneficiaria de programas de extensión agrícola, etc. Por lo que el Estado debe extremar esfuerzos por visibilizar estas desventajas, promoviendo una visión de género en las políticas públicas y en los instrumentos legales.

Asimismo, el Estado debe asegurar el derecho de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres a, "participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; a obtener crédito y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento" (CEDAW, Art. 14, incisos a), g)).

Artículo 171

Dice:

Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.

Deberá decir:

Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales, de hombres y mujeres de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando en igualdad de condiciones para ambos sexos, el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.

Artículo 173

Dice:

El Estado tiene la obligación de conceder créditos de fomento a los campesinos para elevar la producción agropecuaria. Su concesión se regulará mediante ley.

Deberá decir: [8]

El Estado tiene la obligación de conceder, en especial a la mujer campesina cabeza de familia, créditos de fomento, servicios y tecnología apropiada para elevar la producción agropecuaria. Su concesión se regulará mediante ley.

Artículo 174

Dice:

Es función del Estado la supervigilancia e impulso de la alfabetización y educación del campesino en los ciclos fundamental, técnico y profesional, de acuerdo a los planes y programas de desarrollo rural, fomentando su acceso a la cultura en todas sus manifestaciones.

Deberá decir:

Es función del Estado la supervigilancia e impulso de la alfabetización y educación de mujeres campesinas en igualdad de condiciones que los hombres, en los ciclos fundamental, técnico y profesional, de acuerdo a los planes y programas de desarrollo rural, fomentando su acceso a la cultura en todas sus manifestaciones.

Justificación:

El Estado deberá promover, reconocer y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y campesinas, dada las condiciones de discriminación y de escasa visibilidad que gozan en las políticas públicas y de desarrollo rural.

La CEDAW, en esta materia establece, que los Estados "tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención (Art. 14)

Debe fomentarse desde el Estado, particularmente el derecho a la educación y la alfabetización de las mujeres campesinas, por cuanto las tasas de analfabetismo femenina en las áreas rurales del país, casi duplica a la de los varones. Por otro lado, deberá asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso de las mujeres a la enseñanza técnica y profesional, eliminando los estereotipos de lo que se considera habilidades o conocimientos femeninos o masculinos. "Obtener todos los tipos de educación y de formación, académicas y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica" (CEDAW, Art. 14, inciso d)).

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[1] Fuente: INE. Bolivia: Características de la población con enfoque de género. La Paz, INE, 2003

[2] Véase conclusiones del DNBP en http://www.dialogo.gov.bo/

[3] Fuente: Bolivia. UDAPE. Revisión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 2004-2007. La Paz, 2003 (dato preliminar estimado, no oficial, con base en el Censo 2001; p.6)

[4] Pobreza endémica y violencia estatal. Tom Kruse Proyecto Control Ciudadano ? CEDLA 2004

[5] En base a la propuesta de Liz Escóbar C. (Plataforma de la Mujer, La Paz). Reformas a la Constitución Política del Estado con enfoque de género. Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia (VAGGF) Programa de las Naciones Unidas (PNUD) Articulación de Mujeres por la Equidad e Igualdad (AMUPEI) Foro Político de Mujeres Unión de Mujeres Parlamentarias La Paz, octubre del 2001.

[6] Propuesta de reformas a al Constitución Política del Estado desde las mujeres indígenas, originarias y/o campesinas. Viceministerio de Asuntos de género, generacionales y familia y Red-Ada 2002.

[7] En base a la sugerencia de Liz Escóbar (Plataforma de la Mujer - La Paz)

[8] En base a la propuesta de Julieta Montaño y Dra. E. Iñiguez de Salinas

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