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Área: Sociedad >> Sindicatos
Actualizado el 2005-03-29 a horas: 17:45:47

Mesa los resucitó y ahora buscan venganza contra los autores de la caída de Sánchez de Lozada

"Descrédito y cárcel patrocina el gonismo para los líderes sociales en Cochabamba"

Erick Fajardo

Las consecuencias políticas del golpe mediático del Presidente han materializado el racismo y la intolerancia de la casta criolla. Han ayudado a "resucitar" a las fuerzas políticas tradicionales que se recompusieron e iniciaron una "vendetta" contra los protagonistas de la caída del gonismo. La prensa le ha dado el nombre de "Efecto Mesa".

Erick Fajardo

Es periodista, reside en Cochabamba.

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Tras el enardecido Mensaje a la nación del presidente Mesa, del pasado 6 de marzo, cundió en Cochabamba una ola de intolerancia reaccionaria que coincidió con la reaparición de actores políticos ligados a los partidos tradicionales, que pretenden impulsar una campaña de escarmiento a los movimientos sociales. A horas de abrirse el tratamiento de la Ley de Hidrocarburos en plenaria de la Cámara Alta, una campaña para promover el desprestigio mediático y el ajusticiamiento legal de los líderes sociales, pretende conjurar la posibilidad de nuevas protestas; "Buscan destruir nuestra integridad moral primero, para poder procesarnos después. Es el Efecto Mesa" dijo a Bolpress el líder de la Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales, Oscar Olivera.

Dos son los ámbitos de la ola de reacción: la gestión de un movimiento de opinión que busca el procesamiento jurídico de los líderes sociales y su descalificación moral ante la opinión pública. Precisamente en este último ámbito, el exacerbado clima antisindical que inspiró Carlos Mesa, ha sido "capitalizado" por el MNR para promover el enjuiciamiento de dirigentes cocaleros que lideraron los bloqueos en el trópico como Cimar Victoria e instigar las agresiones del empresario Miguel Zambrana contra el diputado del MAS Evo Morales. Los partidos de "la Mega" también aprovecharon la coyuntura para retomar la propagación de acusaciones de corrupción contra el dirigente cochabambino Oscar Olivera, sobre quién nuevamente se sembraron sindicaciones de malversación de fondos durante su última gestión como dirigente fabril, una década atrás.

La re-emergencia conservadora

La chispa que inició la arremetida antisindical fue el mensaje presidencial del 6 de marzo y la aparición pública hecha el día 7 por el Presidente, que en ambas ocasiones convocó a la censura pública sobre las protestas y los líderes sociales que pretendían presionar al Parlamento para la sanción del 50% de regalías gasíferas para el Estado.

Pero si la chispa fue el mensaje de Mesa, la dimensión de la consecuente explosión superó los cálculos de sus asesores y desató una reacción en cadena de actitudes nacidas del resentimiento de la oligarquía criolla para con los sectores sociales, que se materializó en la "marcha de pañuelos blancos", el elemento objetivo en el que se incubó una posterior arremetida conservadora.

Esa segunda explosión de intolerancia, para nada espontanea y calculada con un objetivo político fue llevada adelante mediante la individualización de la culpa contra el dirigente cocalero Evo Morales. El detonante fue la actitud provocadora del empresario bananero Miguel Zambrana, que la noche del 14 de marzo agredió físicamente a Morales y le impidió abordar su vuelo en el aeropuerto Jorge Wilstermann. Todo desde ahí fue desencuentro y distanciamiento entre el gobierno y los movimientos sociales.

Elementos de provocación

El tercer acto de la arremetida reaccionaria se dio durante las dos últimas semanas de la Crisis de Marzo. Una secuencia de apariciones públicas del abogado emenerrista Cayo Salinas, enturbiaron el ambiente cochabambino de un afán revanchista e instigaron a sectores conservadores, como la Federación de Empresarios Privados, a imponer acciones contra las organizaciones sociales a título de resarcimiento por los daños económicos sufridos durante los bloqueos de la carretera Cochabamba-Santa Cruz; una intención que no cesa hasta hoy.

En el marco de una campaña de presión sobre el Ministerio Público y el Gobierno, Salinas abogó por los derechos de una empresaria del Chapare que inició una demanda por daños y perjuicios contra los cocaleros y propuso el enjuiciamiento y encarcelamiento de todos los que protagonizaron los bloqueos en Cochabamba. Los bloqueos se resolvieron en el marco de un ampliado de la Federación Única de Trabajadores campesinos de Cochabamba, pero la Coordinadora del Gas, la Federación de Regantes y las seis federaciones cocaleras del trópico fueron sus protagonistas.

La pulseta se ha centrado sobre el dirigente cocalero de Yapacaní Cimar Victoria, sobre quién las elites empresariales y políticas exigen que caiga todo el peso de la Ley.

Desacreditan a los dirigentes

La cuarta fase de la estrategia de recomposición de los partidos es la campaña de desprestigio que conducen el MNR y el MIR contra el líder de la Coordinadora Oscar Olivera. Según el mismo Olivera denunció a Bolpress, se estarían reactivando denuncias en su contra que pese a carecer de fundamento legal fueron usadas por el gobierno de Sánchez de Lozada para presionar a que la Coordinadora se mantuviera al margen de las protestas durante las crisis de febrero y octubre de 2003.

Olivera acusó al entonces Prefecto Gustavo Vargas, un cuadro político del entorno de confianza de Carlos Sánchez Berzaín, de haber sido el artífice de propiciar y dilatar cuanto pudo una denuncia que al final no pudo ser probada, para así socavar la credibilidad de la Coordinadora del Gas.

"Ha pasado más de un año y sigo esperando que las denuncias se concreten en una acción legal efectiva y que dejen de ser usadas como argumentos para calumniarme", dijo Olivera.

Según el dirigente, sus detractores no presentaron las pruebas de sus acusaciones ni siquiera ante un requerimiento judicial y esto sería la prueba de que no existe una intención de esclarecimiento del hecho, sino simplemente un afán de usar la acusación para desacreditar al dirigente ante la opinión pública.

Paralelamente, la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba hizo público un pronunciamiento de respaldo a Olivera y demandó que sin existe algo concreto contra él, se demuestre en las instancias legales o se deje de usar políticamente las acusaciones sin fundamento.

"El MNR no ha encontrado nada moralmente cuestionable en mi trayectoria dirigencial y es una vergüenza que deba escarbar en mi última gestión en el Sindicato Manaco de hace diez años y apoyarse en dirigentes prebendales para fabricar una infamia así", dijo.

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